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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) expresa su preocupación ante la realización del juicio político al fiscal general de la República y la posterior renuncia de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Estos hechos, en conjunto, representan una reconfiguración del poder institucional que tiene implicaciones directas sobre el Estado de derecho.
La coincidencia en el tiempo de estas decisiones sugiere una alteración del equilibrio constitucional entre los poderes del Estado, mediante el uso de mecanismos formalmente legales, pero potencialmente desnaturalizados en su finalidad. En una democracia constitucional, la legitimidad del control del poder no solo depende de los objetivos perseguidos, sino del respeto riguroso a las reglas que lo limitan.
El juicio político, por su naturaleza, requiere estándares reforzados de imparcialidad, motivación y debido proceso. Sin embargo, su activación en el caso actual se produjo en condiciones que generan dudas razonables sobre el cumplimiento de dichos estándares, particularmente ante la existencia de posicionamientos anticipados y la falta de adecuación normativa conforme a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este escenario se agrava aún más en un contexto de alteración de los tiempos constitucionales. El diseño institucional hondureño establece períodos diferenciados para los órganos de control con el fin de evitar su renovación simultánea y prevenir su captura por una misma fuerza política. Cuando esta lógica se ve alterada y se combina con mecanismos cuyo desenlace depende de mayorías circunstanciales, se generan propicias para condiciones para reorganizar el poder institucional en función de intereses político partidarios.
La activación del juicio político, seguida de la renuncia en la presidencia de la CSJ y la posibilidad de que se repitan procesos similares, provoca una reconfiguración simultánea de los principales órganos de control del sistema de justicia. Esta dinámica reduce los márgenes de fiscalización, autonomía e independencia entre los poderes y profundiza los riesgos de concentración del poder institucional. Todo ello en un momento en que estas instancias desempeñan funciones clave en materia de investigación penal y control constitucional.
En atención a la gravedad de la situación descrita, desde el CESPAD exhortamos:
- Al Congreso Nacional: suspender la activación de nuevos procesos de juicio político y revisar su aplicación de acuerdo con los estándares constitucionales e interamericanos en materia de debido proceso, imparcialidad e independencia.
- A las autoridades nombradas: ejercer sus funciones con verdadera independencia, garantizando que sus acciones respondan exclusivamente al interés público y no a compromisos políticos derivados de su designación.
- A los poderes del Estado: respetar los tiempos institucionales establecidos en la Constitución y abstenerse de promover procesos que conduzcan a la reconfiguración simultánea de órganos de control.
- A la comunidad internacional y organismos de derechos humanos: mantener una observación activa y sostenida sobre el desarrollo de estos procesos, con especial atención al respeto de las garantías de las libertades públicas, los derechos fundamentales y la independencia del sistema de justicia.
Desde el CESPAD, reiteramos que la estabilidad democrática no se construye mediante la sustitución acelerada de autoridades, sino a través del estricto cumplimiento de las reglas que limitan el ejercicio del poder. Cuando estas reglas se subordinan a la coyuntura política, el riesgo deja de ser puntual y se convierte en estructural, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema democrático.
27 de marzo de 2026.