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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), como organización que le apuesta a la transformación democrática de Honduras mediante la garantía de la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades básicas, se pronuncia ante los hechos acontecidos en torno al proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (2023-2028), en el Congreso Nacional de Honduras.
En primer lugar, destacamos la creación de la Comisión Especial Multipartidaria para la Elección de los titulares del Ministerio Público, al igual que su reglamento especial, con el que inició el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto en ese Poder de Estado. Este precedente, implementado por primera vez, permitió el desarrollo de entrevistas públicas bajo los principios de transparencia, oralidad y participación ciudadana, y el hecho de que las y los congresistas tuviesen la oportunidad de conocer las capacidades de las personas postulantes.
Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación entorno a los siguientes aspectos:
- En un contexto democrático, es natural que surjan discrepancias y divergencias de opinión entre los diferentes actores políticos y representantes de la sociedad. En lo que respecta a los argumentos legales presentados, las principales fuerzas políticas han expuesto explicaciones jurídicas diversas y aparentemente válidas que respaldan sus candidaturas. Lamentablemente, esta situación ha generado un conflicto jurídico que, en lugar de contribuir a una solución efectiva, agrava la urgente necesidad de resolver la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto.
- Los vacíos en la normativa constitucional y otras leyes que rigen este proceso para resolver conflictos de este tipo, reflejan la debilidad en el sistema legal para manejar situaciones complejas y disputas políticas en procesos de selección de altos funcionarios públicos, en un sistema político que ha evolucionado del bipartidismo al multipartidismo. Esta normativa genera incertidumbre, prolonga las controversias, y socava la estabilidad y la confianza en las instituciones democráticas.
- La posibilidad de realizar una consulta a la ciudadanía sobre la elección del fiscal general y fiscal adjunto resulta poco viable y conlleva mayores implicaciones de reformas, lo que se traduce a un proceso largo y costoso. Una consulta ciudadana podría aumentar la polarización política en el país y allanar el camino para una crisis institucional.
El CESPAD, con el objetivo de contribuir a garantizar un Ministerio Público capaz de enfrentar los actuales desafíos y avances hacia la reconstrucción del Estado democrático de derecho y la lucha contra la corrupción, recomienda:
- A las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, superar sus actuales diferencias a través de un diálogo democrático e incluyente que supere las desconfianzas mutuas y sea capaz de construir acuerdos, priorizando el bienestar de la nación por encima de los intereses particulares.
- Que urgentemente se nombre al fiscal general y fiscal general adjunto, en apego a la nómina remitida por la Junta Proponente, para avanzar en la reconstrucción del Estado democrático de derecho, reducir la polarización y fortalecer las instituciones.
- En un futuro, revisar y actualizar la legislación y los procedimientos relacionados con la elección de altos funcionarios para que respondan al carácter multipartidario del actual sistema político y evite los riesgos recurrentes de situaciones de ingobernabilidad. Estos cambios contribuirán a prevenir futuras crisis y a fortalecer la integridad del proceso de selección democrática de altos funcionarios públicos.
Tegucigalpa, 07 de septiembre del 2023
