Escrito por Claudia Mendoza
Carta al Presidente Tito Asfura PDF
Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, anunciando que su gobierno implementará una “política de austeridad” como uno de sus principales ejes. Este anuncio atrajo la atención de las mujeres organizadas porque la medida implica la reducción del Estado mediante el cierre y la fusión de algunas dependencias gubernamentales para disminuir el gasto público. Diversas organizaciones respondieron con un mensaje directo y contundente: la institucionalidad de las mujeres no se fusiona. Es una conquista histórica, no una concesión administrativa.
El gobierno de Asfura contempla la reducción de 113 a 74 instituciones públicas, eliminando 38 como parte de una política orientada a la austeridad y a mejorar la eficiencia administrativa, ha dicho en diversos medios de comunicación la designada presidencial, María Antonieta Mejía[1]. Entre estas acciones se encuentra la probable eliminación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el reordenamiento de otras áreas.
Este anunció ha generado alerta entre las organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas (FMP), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H), quienes conforman la Comunidad de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), un movimiento de mujeres y feministas que considera que es fundamental respetar y fortalecer las instituciones creadas específicamente para atender los asuntos de las mujeres, porque no son concesiones administrativas, sino conquistas históricas alcanzadas a través de décadas de lucha, incidencia y movilización de las mujeres hondureñas.
En este contexto, las organizaciones de mujeres enviaron una nota al presidente de Honduras para expresar su preocupación respecto a la posible fusión de la Secretaría de la Mujer (SEMUJER) con otras áreas como niñez, juventud o derechos humanos. Argumentan que, en lugar de avanzar, esta decisión podría representar un retroceso en la agenda de derechos de las mujeres, ya que diluiría una problemática estructural que requiere atención especializada, recursos propios y una capacidad de incidencia política adecuada.
Asimismo, se solicita al presidente de Honduras que garantice la continuidad del programa Ciudad Mujer, ya que es el único modelo de acción afirmativa que brinda servicios y atención integral a las mujeres. Este programa fue creado, precisamente, durante un gobierno nacionalista como una respuesta estatal a las desigualdades históricas que enfrentan las mujeres, y que con el tiempo se ha consolidado como un mecanismo fundamental para garantizar sus derechos.
Fundamento legal y compromiso internacional
Las mujeres y feministas realizaron un análisis técnico-político que coloca en la mesa de discusión los motivos por los cuales consideran “urgente” la continuidad de la SEMUJER como Secretaría de Estado, en el contexto de cualquier proceso de racionalización institucional.
Para las organizaciones de mujeres y feministas, la SEMUJER no presenta duplicidad funcional porque cumple una función rectora especializada y responde a obligaciones jurídicas nacionales e internacionales asumidas por el Estado de Honduras.
Desde el punto de vista técnico-institucional, “La SEMUJER no ejecuta programas sociales generalistas ni sustituye competencias de otras secretarías. Su rol principal es la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política pública de igualdad de género y derechos de las mujeres, una función que no es ejercida de manera integral por ninguna otra entidad del Estado”, sostiene Suyapa Martínez, directora del CEM-H.
En consecuencia, su eliminación o absorción generaría un vacío de rectoría, fragmentación de esfuerzos institucionales y debilitamiento de la transversalización del enfoque de género en la administración pública.
En el plano jurídico, la permanencia de la SEMUJER es coherente con los compromisos internacionales vigentes del Estado de Honduras, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, así como las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 (ODS 5).
Estos instrumentos requieren la existencia de una institucionalidad especializada, con jerarquía suficiente para garantizar la promoción, protección y restitución de los derechos de las mujeres. La supresión o degradación de la SEMUJER podría interpretarse como un retroceso institucional, con eventuales observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Desde una perspectiva política y de gobernanza, mantener la SEMUJER fortalece la imagen de un Estado y gobierno comprometidos con la igualdad, la inclusión y la prevención de la violencia contra las mujeres. También, facilita la coordinación interinstitucional, la captación de cooperación internacional y la alineación de políticas públicas sectoriales (salud, educación, seguridad, desarrollo social) con un enfoque común de derechos humanos y género.
En consecuencia, en lugar de eliminarla, “recomendamos fortalecer la SEMUJER como ente rector, concentrando bajo su coordinación programas y acciones dirigidas a las mujeres que actualmente se encuentran dispersos en otras instituciones, optimizando recursos y mejorando la eficiencia del Estado, sin debilitar la institucionalidad existente”, agrega Martínez.
Ciudad Mujer como modelo de éxito
El programa Ciudad Mujer fue inaugurado en el 2017, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, como el primer Centro de Atención Integral Ciudad Mujer para atender mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Las mujeres organizadas coinciden en que este es un modelo de atención integrada que optimiza recursos al reunir múltiples servicios para las mujeres en un solo lugar.
El análisis técnico político de las mujeres y feministas concluye que Ciudad Mujer debe mantenerse como un programa estratégico del Estado, adscrito a la SEMUJER, porque constituye un modelo de prestación integrada de servicios y no una entidad con funciones rectoras propias. Además, por su naturaleza programática, no genera duplicidad institucional, sino que articula servicios de distintas secretarías en un solo espacio, mejorando el acceso de las mujeres a derechos fundamentales.
Desde el punto de vista técnico-administrativo, Ciudad Mujer no sustituye ni duplica las funciones de las secretarías sectoriales (Salud, Educación, Trabajo, Seguridad, Desarrollo Social). Su valor agregado radica en la coordinación interinstitucional, la optimización de recursos y la atención integral a mujeres, especialmente en situación de vulnerabilidad.
Eliminar el programa implicaría dispersar nuevamente los servicios, lo que aumentaría los costos operativos, disminuiría la efectividad de la política pública y representaría un retroceso en el cumplimiento de derechos de las mujeres.
“Lejos de ser reducido o fusionado, Ciudad Mujer requiere la ampliación de su cobertura y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, a fin de asegurar una atención oportuna, especializada y con enfoque de género”, acotó la directora del CEM-H.
Los compromisos internacionales
En el plano jurídico y de derechos humanos, el programa Ciudad Mujer también contribuye directamente al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Honduras, en particular los derivados de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y ODM-5.
Desde una perspectiva política y de gestión pública, Ciudad Mujer representa un instrumento visible de política social, con alto impacto territorial y aceptación ciudadana, que fortalece la credibilidad del Estado y facilita la articulación con la cooperación internacional.
Suprimir este programa podría percibirse como una regresión en la política de atención integral a las mujeres, mientras que mantenerlo bajo la rectoría de la SEMUJER refuerza la coherencia institucional y evita la creación de estructuras paralelas.
Martínez dice: “nosotras le estamos planteando al presidente de la República que fortalezca, más bien, la secretaría de asuntos de la mujer y que se mantenga Ciudad Mujer porque es el único programa de acción afirmativa que se ha constituido a nivel del gobierno, que brinda servicios de atención integral a las mujeres”.
La falsa neutralidad en la toma de decisiones públicas
Según Dulce Davis, del CESPAD, “cualquier decisión que se adopte en materia de políticas dirigidas a las mujeres, debe partir de un enfoque de igualdad y no discriminación interseccional. Las decisiones aparentemente “neutrales” en contextos de desigualdad estructural, no son neutrales en sus efectos: tienden a reproducir y profundizar las brechas existentes, particularmente aquellas que afectan de manera diferenciada a las mujeres”.
En el caso de la institucionalidad y los programas orientados a las mujeres, Davis considera que las decisiones administrativas no solo impactan de manera individual, sino que generan efectos acumulativos e intergeneracionales. Una mujer que deja de acceder a servicios de atención integral, desde el acompañamiento institucional o a nivel técnico para generar medios de vida que le brinde autonomía económica, no es un caso aislado. Se trata de una familia (hijas, hijos, nietas y nietos) que ve reducidas sus oportunidades de bienestar, desarrollo y protección frente a la violencia.
La defensa de la Secretaría de la Mujer y del programa Ciudad Mujer no constituye una petición antojadiza ni sectorial. Está fundamentada en la evidencia de que las políticas con enfoque de género requieren institucionalidad especializada, recursos propios y capacidad de rectoría. Considerar estos derechos como asuntos secundarios o integrarlos en estructuras generalistas implica retroceder en conquistas históricas y prolongar los tiempos necesarios para alcanzar la igualdad sustantiva.
La experiencia histórica demuestra que cuando las decisiones públicas se toman desde una lógica de “neutralidad administrativa”, sin considerar las desigualdades preexistentes, las principales afectadas son las mujeres, especialmente las que sobreviven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“Avanzar hacia la igualdad requiere de decisiones diferenciadas, orientadas a la prevención de la violencia y a la construcción de horizontes reales de autonomía e igualdad de género”, agregó Davis.
Esta es la ruta sencilla pero profunda que proponen las mujeres:
Consolidación de programas: se propone que la SEMUJER integre los programas de empoderamiento femenino actualmente dispersos en diferentes instituciones, con el fin de mejorar la eficiencia y la coordinación.
Adscripción estratégica: se solicita la ratificación de Ciudad Mujer como un programa bajo la rectoría de la SEMUJER, evitando la creación de estructuras paralelas que puedan fragmentar las acciones.
Legitimidad política: se exige el reconocimiento de estas instituciones como conquistas históricas del movimiento de mujeres, ya que su permanencia fortalece la imagen de un gobierno inclusivo y comprometido con la prevención de la violencia.
No minimizar los derechos de las mujeres: las organizaciones de mujeres hacen un llamado al gobierno de Nasry Asfura para que no releguen los derechos de las mujeres a temas secundarios ni los diluyan en otras agendas.
[1] https://www.latribuna.hn/2026/01/26/nuevo-gobierno-de-asfura-reducira-el-aparato-estatal-de-113-a-74-entidades/