La jornada electoral del 9 de marzo de 2025, en el contexto de las elecciones primarias, evidenció fallas operativas graves en el Distrito Central y en San Pedro Sula, lo que afectó el derecho al sufragio de un porcentaje significativo de la población. Este incidente marcó el inicio de una peligrosa precrisis política que involucra directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y a los principales partidos políticos del país.
La confrontación pública entre autoridades electorales, los líderes partidarios y los actores institucionales ha profundizado el clima de polarización. Esta polarización no es solo un síntoma de tensiones temporales, sino parte de un fenómeno estructural más amplio que erosiona la democracia desde adentro. Esta erosión se manifiesta en la ruptura del carácter colegiado del CNE y el uso creciente de discursos confrontativos que reducen la política a una lógica de enemigos y aliados, anulando las condiciones mínimas para la deliberación democrático y la construcción de consensos.
A esta crisis se suman dos hechos clave relacionados con la actuación del Ministerio Público: la presentación de requerimientos fiscales contra funcionarios vinculados al proceso electoral, en el marco de denuncias por posibles delitos cometidos antes y durante la jornada electoral, así como la disputa pública sobre actas infladas o adulteradas. Esta situación ha generado un enfrentamiento directo entre los consejeros del CNE y los líderes de partidos políticos, lo que profundiza la desconfianza mutua y debilita la percepción de imparcialidad del ente electoral.
Lo que debería ser un espacio para procesar los conflictos de acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución de la República y Ley Electoral se ha transformado en un escenario donde las instituciones ya no estructuran ni absorben los desacuerdos, sino que los magnifican.
Ante este escenario, desde el CESPAD consideramos que la única salida legítima y sostenible a esta crisis debe fundamentarse en la política del diálogo, negociación y acuerdos, características propias de una democracia. En ese sentido, instamos al sistema de partidos políticos a:
- Restablecer el carácter colegiado, plural y técnico del Consejo Nacional Electoral, revirtiendo la concentración de vocerías individuales y devolviendo legitimidad a las decisiones del pleno, previo a la declaratoria de los resultados de las elecciones primarias.
- Asegurar las condiciones mínimas de legitimidad, transparencia y confianza para la celebración de elecciones generales en noviembre de 2025.
- Fortalecer el proceso de investigación del Ministerio Público, exigiendo celeridad, rigor técnico y garantías de debido proceso, para que los hechos denunciados —como la adulteración de actas— sean esclarecidos sin sesgos políticos partidarios.
La democracia no puede sostenerse sobre instituciones fracturadas, discursos de odio ni disputas de poder que ignoren el interés público. Requiere reglas claras, un compromiso con los principios republicanos y, sobre todo, una disposición genuina al diálogo democrático. El futuro de la democracia hondureña depende de la capacidad de sus actores para asumir esta responsabilidad.
Tegucigalpa M.D.C. 03 de abril del 2025
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