El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), se encuentra profundamente preocupado ante la agudización de la violencia y de los conflictos en el departamento de Colón, Honduras. El incremento de violencia, manifestado en ataques a defensores de la tierra y territorio; asesinatos y actos de discriminación en contra de personas defensoras de derechos de los bienes comunes, ha generado un clima de miedo, terror y tensión en la zona.
Entre el mes de diciembre del 2022 y enero del 2023, se han registrado una serie de acontecimientos que elevan una alerta a la comunidad nacional e internacional, que describimos a continuación:
Asesinatos contra defensores:
- La noche del 21 de diciembre del 2022 fue asesinado Mauricio Esquivel, de 53 años de edad, quien era miembro de la empresa cooperativa de producción Agropecuaria de Campesinos “El Tranvío”, ubicada en la comunidad Quebrada de Arena del municipio de Trujillo. Hasta el momento se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen.
- Posterior a este hecho, en la zona de Guapinol, Tocoa, el 7 de enero del 2023, fueron asesinados Aly Dominguez y Jairo Bonilla, ambos identificados como jóvenes activos en las movilización, asambleas, conferencias, plantones, y otras actividades relacionadas a la defensa de la tierra y el territorio. Ambos crímenes acontecieron en el marco del estado de excepción decretado por el Gobierno de Honduras para hacerle frente a las maras y pandillas.
Despojo territorial:
- El 9 de enero del 2023, de acuerdo con testigos, unos 25 elementos de la Policía Nacional se hicieron presente a la zona donde se ubica la Cooperativa El Chile, en el Valle del Aguán, para desalojar a 190 familias que luchan por la recuperación de sus tierras otorgadas por el Instituto Nacional Agrario (INA) desde el año 1991.
- Estas acciones de violencia están respaldadas por la orden de desalojo promovido por Corporación Dinant, que emitió el juez en materia penal de la zona, Jorge Omar López Pineda.
- El acontecimiento estuvo marcado por acciones violentas por parte de elementos de la Policía Nacional, los que, de acuerdo con los pobladores de la zona, los agredieron con gritos e Asimismo, lanzaron bombas lacrimógenas y disparos con arma de balín en contra de los y las defensoras que se encontraban en la zona. Estas acciones generaron que dos de ellos fueran trasladadas al Hospital público más cercano para recibir atención médica.
Criminalización contra defensores:
- De acuerdo con datos brindados por el sector campesino a los medios de comunicación, alrededor 25 defensores de la tierra y el territorio enfrentan procesos de criminalización en la actualidad. Entre estas personas se encuentran Jaime Adalid Cabrera Del Cid, Rubén Darío Hernández y Emanuel Antonio Molina, representantes de cooperativas y dirigentes campesinos que históricamente han luchado por la recuperación de las tierras para sus comunidades.
- A los dirigentes los han caracterizado como “objeto de exterminio”, con la intención de desestabilizar la lucha que emprenden a favor de la recuperación de la tierra y el territorio del cual fueron despojados mediante la Ley de Modernización Agrícola.
El CESPAD reconoce las deplorables condiciones de inseguridad en las que cohabitan muchos grupos indígenas y asentamientos campesinos en la zona norte y del Atlántico hondureño. Asimismo, reconocemos la responsabilidad del Estado para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas.
Por lo antes expuesto:
- Manifestamos nuestra preocupación ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos el pasado 22 de febrero del 2022, así como la falta de actuación de instituciones de Derechos Humanos ante los hechos ocurridos.
- Exigimos al Estado de Honduras, como responsable de la integridad de los defensores y defensoras, actuar con inmediatez ante los hechos ocurridos y emplear los mecanismos necesarios para detener los asesinatos, despojos violentos, criminalización, persecución y amenazas contra defensores y defensoras que luchan por la recuperación de sus tierras.
- Exigimos al Ministerio Público actuar de oficio y emprender una investigación inmediata ante la criminalización contra los defensores que se encuentra en estado de vulnerabilidad, al identificarlos como “objetivo de exterminio”.
- Exigimos a las y los representantes del sistema de justicia apegarse a la ley y no actuar con sesgo, para favorecer a grupos de poder que históricamente han violentado los derechos del sector campesino.
- Exigimos a la Policía Nacional desistir del asedio contra los defensores y defensoras que luchan por la reivindicación de su derecho a la tierra.
Tegucigalpa M.D.C., 12 de enero del 2023.
