Por: René Estrada
A un año de la firma del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Política y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, Honduras continúa sin adherirse, a pesar de que se considera uno de los países más peligrosos en el mundo para la defensoría de los derechos humanos y del medio ambiente.
Adoptado en Escazú, Costa Rica (4 de marzo de 2018), este es el primer Acuerdo Regional que garantiza la implementación plena y efectiva del derecho de Acceso a la Información Ambiental, propicia la participación pública en el proceso de toma de decisiones (de las comunidades) y favorece el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú está abierto para la adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe. Pero hasta la fecha fue suscripto por 24 países, y entre los faltantes se ubica Honduras.
Datos más que preocupantes
En el 2021, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se reportaron 302 ataques a personas defensoras de los DDHH, de las cuales 169 se dedican a la protección de los bienes comunes de la naturaleza en comunidades indígenas, campesinas o afrodescendientes.
Asimismo, hasta el 20 de abril de 2022, se han registrado 27 atentados a defensoras y defensores de los DDHH: 5 fueron víctimas de asesinato y 19 se dedican a la protección del medio ambiente. Por eso para Isabel Albaladejo, representante de OACNUDH, “el Acuerdo de Escazú supone un hito para avanzar en la protección de las y los defensores del medio ambiente y de la tierra, en el entendido de que, para proteger y defender el medio ambiente, primero hay que empezar por defender a quienes lo protegen”.
Albaladejo, quien brindó esos datos en la participación que tuvo en el foro ¡Escazú en Honduras, hoy más que nunca!, recalcó que Honduras no puede continuar como uno de los países más peligrosos del mundo para defender derechos humanos y el medio ambiente y que, por lo tanto, urge la implementación de medidas para revertir esta situación y una es la adhesión al Acuerdo de Escazú y su posterior aplicación.
Ecocidios y genocidios, una situación de emergencia
“Los intereses de las grandes empresas transnacionales, de la empresa privada y los intereses estatales se están orientando hacia los territorios indígenas, que representan los últimos pulmones del planeta, lo cual, además, de arrastrar daños ecológicos que ocasionan el deterioro de la tierra, nos encaminan a una serie de ecocidios y genocidios de los pocos remanentes de poblaciones indígenas que han quedado en nuestro mundo”, afirmó el líder Tolupán Julio Cesar Paz, al manifestar la importancia de la adhesión al Acuerdo de Escazú por parte del Estado de Honduras en el foro.
En cuanto a los ecocidios, Paz afirma que en 18 años (del 2000 al 2018), Honduras perdió 387,887 hectáreas de bosque, que equivalen a 3,879 kilómetros cuadrados de la extensión territorial del país. Es decir, un 3.45% del territorio nacional ha sido deforestado desde principios del siglo.
Respecto a los proyectos extractivos, el líder Tolupán refirió que hasta el año 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), otorgó un total de 282 concesiones mineras, de las cuales 54 se encuentran en territorios indígenas y garífunas, representando el 20% de las concesiones que se han otorgado en el país.
Paz hizo un llamado a quienes tiene el poder de cambiar esta situación, para que tomen en cuenta su grito de auxilio, ya que por años quienes han dedicado su vida a defender la naturaleza y el territorio han sido asesinados, criminalizados y desplazados. Es en este punto cuando el acuerdo urge, porque les empodera debido a que les brindaría una herramienta legal más para salvaguardar sus vidas.
La voluntad del nuevo gobierno
Tras su discurso en la toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro, posicionó en el debate público la crisis en materia de defensa de los DDHH y el medio ambiente que enfrenta el país, en concordancia con los posicionamientos de la sociedad civil que exigen la adhesión de Honduras al acuerdo de Escazú.
El viceministro de la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), Malcolm Stufkens, enfatizó en que la adhesión a este acuerdo es el camino a seguir, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, ya que asegura que desde Mi Ambiente no se aprobarán licencias ambientales para proyectos que no hayan sido debidamente socializados y aprobados por las poblaciones afectadas.
Para el viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Gerardo Torres, “hacer incidencia de este acuerdo durante el gobierno anterior era imposible, pues el acuerdo contradecía las políticas del gobierno. Pero ahora, el cambio político permite ver la adhesión como una posibilidad”.
Escazú, importante para los diputados
El congresista del partido Libertad y Refundación y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ariel Montoya, invitado al foro, recalcó que parte importante de este acuerdo es su socialización para que el pueblo hondureño esté consciente de las herramientas que tiene a su disposición.
Afín a lo planteado por su compañero, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, reiteró el compromiso de su bancada con la agenda ambiental, pero, admite que parte importante de este acuerdo recae en la necesidad de fortalecer el Sistema de Derecho para erradicar la impunidad que impera en los casos de atentados en contra de las y los defensores.
La voluntad no lo es todo
A pesar de la demostración de interés por parte de los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, para la sociedad civil, este es el momento de pasar de la palabra a la acción, pues la necesidad de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú fue un requerimiento protagónico en las mesas de transición, en temas de derechos humanos y medio ambiente, que dirigió el gobierno de Castro antes de tomar el poder.
Para Ricardo Pineda, director ejecutivo de Sustenta Honduras y miembro de la Red Hondureña por Escazú, “más allá de ver esta buena disposición, hay que empezar a canalizar en acción, sobre todo por parte del Ejecutivo que es quien tiene que dar el primer paso.”
Si bien, estos son los primeros avances en temas relacionados con la agenda ambiental, la revisión de concesiones mineras y las políticas alrededor de la Biosfera del Río Plátano, la sociedad organizada cuestiona que temas como la mitigación a los efectos del cambio climático y la vulneración de los derechos ambientales, que están estipulados en el Acuerdo de Escazú, no se prioricen aún por el nuevo gobierno.
La Red Hondureña por Escazú, integrada por el ERIC-SJ, FOSDEH, CESPAD, Sustenta Honduras, la Tribu Tolupán Tepemechín, FIAN Honduras, el Movimiento Laudato SI, Coalición Ambientalista de Copán, COPA, ARCAH, MILPAH, Plataforma Internacional Contra la Impunidad, FES Honduras e IDAMHO, fueron las organizaciones que realizaron el foro ¡Escazú en Honduras, hoy más que nunca!
