Análisis Semanal
29/01/2024
Escrito por: Gustavo Irías
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En los últimos días, la atención mediática nacional ha estado puesta en las audiencias del proceso de preparación del juicio de Juan Orlando Hernández (JOH) en la Corte Sur de Nueva York. Sin embargo, el otro lado de la moneda es la enorme herencia que Hernández dejó en la economía y la política del país. Coincidentemente la fecha de reactivación del proceso judicial en Nueva York se ha cruzado con el segundo año (27 de enero) de toma posesión del actual gobierno, cuyo contundente triunfo electoral fue la respuesta masiva de una ciudadanía diversa en contra de los ocho años de gobierno de JOH y sus secuelas de corrupción, represión e infracción de normas constitucionales básicas.
De ahí que el interés central de este artículo sea responder dos interrogantes: ¿cuál es la herencia de JOH y de los gobiernos post golpe de Estado? y ¿qué tanto ha avanzado la actual administración en desmontar esta herencia?
La herencia de JOH
Hasta el momento, Juan Orlando Hernández es el político hondureño, en el ejercicio en el poder, más relevante del siglo XXI. Marcó la economía y la política hondureña desde el 2010 hasta el 2021, es decir, por más de una década. En este proceso rediseñó el Estado y reconfiguró la élite dominante, profundizó el modelo de exclusiones y desigualdades heredado de los años 90, y pervirtió las reglas de la competencia electoral con fraudes, reelección presidencial ilegal y el financiamiento corrupto de las campañas electorales.
En ese contexto, cuatro elementos caracterizan su legado: a) el autoritarismo en el ejercicio del poder, b) la profundización de la privatización de los bienes públicos, con el esquema de las alianzas público-privadas, c) la ampliación del extractivismo y del carácter concesionario del Estado y, d) La corrupción y la impunidad como esquema de dominación y de perpetuación en el poder. Lo anterior, sin desconocer la pesada herencia de la narcoactividad, al grado de que modificó el carácter del Estado hondureño hasta convertirlo en un Estado mafioso.
A continuación, una breve descripción de cada elemento:
- Autoritarismo en el ejercicio del poder. Los tres sucesivos gobiernos del Partido Nacional remilitarizaron el Estado y la Sociedad, crearon nuevas unidades policiales y militares, entre ellas la temida Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante la cual se militarizó la seguridad pública y se reprimieron las acciones de protesta social y ciudadana. Igualmente, se despojó al Estado de su carácter republicano (pesos y contrapesos) y se concentraron todos los poderes del Estado en manos del autócrata, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. También se emitió un amplio marco jurídico para criminalizar al movimiento social, por sus implicaciones en el ejercicio de las libertades democráticas básica sobresale: Decreto Legislativo # 102-2017 (que incluye la usurpación de predios rurales como un delito de criminalidad organizada) y el Decreto 93-2021 que reforma el Código Penal. No poco importante, fue la derogación del decreto ejecutivo que permitía el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), en los primeros meses posteriores al golpe de Estado.
- La profundización de la privatización de los bienes públicos, con el esquema de alianzas público-privadas. Esta fue la continuación de las políticas públicas de privatización neoliberales de la década de los noventa, con la diferencia que en los gobiernos post golpe se adoptó la figura de las alianzas público-privadas (APP). Estas alianzas son iniciativas privadas (con capital nacional e internacional), mayoritariamente financiadas con recursos públicos, pero que recurren a las reglas del secreto comercial bancario, fiscal, corporativo, entre otros, quedando blindadas mediante la figura de los fideicomisos sin ninguna posibilidad de acceso a la información y rendición de cuentas gubernamentales. El Estado se capturó y esto facilitó el desarrollo de diversas modalidades de macro corrupción de la élite política y económica dominante. Muchas empresas públicas fueron entregadas al sector privado (ejemplo, la ENEE) y la construcción de una amplia gama de obras de infraestructura (carreteras, puertos y aeropuertos).
- La ampliación del extractivismo y del carácter concesionario del Estado. Históricamente el modelo de crecimiento del país ha sido extractivista (minas, banano y monocultivos) y, desde las elites dominantes, ha existido el convencimiento que sólo mediante amplias y generosas concesiones al capital transnacional y al gran capital nacional puede desarrollarse el país. En este aspecto, el rasgo distintivo de los gobiernos de esta última década ha sido la entrega de los recursos naturales (subsuelo, agua, tierras y otros) al capital privado. Su expresión más extrema lo constituyó la emisión de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo (concesionando el territorio y soberanía nacional). Estos procesos han implicado la resistencia de comunidades, la militarización de sus territorios y la amplia infracción de los derechos humanos a defensores/as de la tierra y el ambiente.
- La macro corrupción y la impunidad como esquema de dominación y de perpetuación en el poder. Si bien los incisos b y c están cruzados por mecanismos de macro corrupción, en los últimos años de la administración de JOH y para neutralizar las acciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH), se creó un amplio marco jurídico para impedir la acción penal del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Ese marco normativo se hizo para proteger o blindar a las redes de corrupción público-privadas en el drenaje de recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas y enriquecimiento personal. En general, el sistema de justicia resultó fallido, la institucionalidad democrática fue seriamente deteriorada y, por consiguiente, el Estado de derecho dejó de funcionar.
En resumen, la élite económica y política que se apoderó del Estado el 28 de junio del 2009, perfeccionó las condiciones para acaparar las principales riquezas y fuentes de enriquecimiento, asimismo, “capturó el Estado” para facilitar las actividades del narcotráfico. Su resultado fue una sociedad más desigual y empobrecida, asimismo, una alta infracción de los derechos humanos y la institucionalidad democrática seriamente deteriorada.
¿Por dónde vamos con el gobierno de la refundación?
La herencia de 12 años de la narco-dictadura es muy densa, difícil de revertir al corto plazo; es más compleja aún si se consideran los costos sociales que nos dejó la pandemia y los huracanes Eta y Iota. No obstante, la mayoría de la población, el 28 de noviembre del 2021, votó por un cambio del rumbo del país. Es más, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) presentó una propuesta de reformas sustantivas resumidas en el Programa y/o Plataforma del Bicentenario.
El propósito de este artículo es modesto, se enfoca en establecer qué tanto se ha avanzado en ir desmontando los 5 rasgos principales (arriba enumerados) de la administración de JOH. Con la aclaración que el rasgo relacionado con el narcotráfico se abordará más específicamente en otras entregas, el CESPAD está preparando una serie de análisis al respecto.
Principales logros y sus limitaciones
- En general, los grados de represión de la protesta social han disminuido en términos de brutalidad policial. Sin embargo, el permanente estado de excepción ha fortalecido a las fuerzas militares y policiales. Además, es un hecho que el enfoque de defensa y seguridad de la actual administración no tiene considerado avanzar hacia la desmilitarización del Estado y la sociedad heredada del régimen anterior.
- Mediante el Decreto Legislativo No. 66-2022, se han derogado los fideicomisos, y se ha restablecido el principio de la Caja Única (recursos públicos concentrados en la secretaría de finanzas). En la práctica se ha abandonado el esquema de las asociaciones público-privadas (APP). Sin duda, es un avance importante en la lucha contra la corrupción. No obstante, aún queda pendiente la promesa por un efectivo acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
- En la formulación del presupuesto nacional y de otras normas jurídicas (Ley de Energía), se ha logrado iniciar un proceso para recuperar lo público como factor de desarrollo. Innegablemente es un logro importante en los esfuerzos por sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Esto se expresa en los esfuerzos por recuperar las empresas estatales: ENEE y HONDUTEL, y mediante una mayor inversión pública en la construcción de infraestructura caminera y productiva (carreteras, caminos productivos y otros).
- El Congreso Nacional, en su legislatura del 2022, determinó la derogación de los artículos constitucionales que permitían el funcionamiento de las ZEDE, asimismo, toda la normativa que regulaba el funcionamiento de estas zonas especiales. Pero, hasta ahora, no ha sido posible la ratificación de las reformas constitucionales en el mismo Congreso Nacional.
- Un hecho innegablemente positivo es que en esta administración no se hayan aprobado nuevas concesiones sobre los recursos naturales. No obstante, la institucionalidad rectora de los asuntos ambientales se ha negado a revocar las ilegales concesiones a favor de Inversiones ECOTEK, reiteradamente demandada por las comunidades de Guapinol y San Pedro, en el departamento de Colón. Adicionalmente, una nueva preocupación ha surgido con la decisión gubernamental de construir una prisión de alta seguridad en la Isla del Cisne porque provocará múltiples daños ambientales.
- Se han pactado acuerdos para encontrar salidas pacíficas a la conflictividad agraria, especialmente en el Bajo Aguán. Aun así, han continuado los asesinatos, amenazas y estigmatización de los liderazgos de esta zona, por parte de actores clandestinos y para militares. Pero también, la policía nacional ha comenzado a involucrarse en esta escalada (ejemplo reciente es la captura injustificada de Leonel George, líder de Guapinol). Asimismo, en diversas zonas del país se han implementado más de 15 desalojos sin seguir los estándares internacionales de derechos humanos.
- En lo referido a la criminalidad organizada, los voceros de las Fuerzas Armadas reportaron la incautación de más de 6 millones de arbustos de coca y 24 laboratorios en 2023, una cifra muy superior a la del 2021 (531,000 arbustos), según datos manejados por el centro de investigación Insight Crime . Este es un logro, pero mezclado con la preocupante constatación que la siembra y procesamiento de cocaína se ha instalado de manera permanente en Honduras y en Centroamérica.
- Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), la tasa de homicidios llegó a 31.14 por cada 100,000 habitantes, un dato menor que el registrado en el 2022 (38.14), es decir 7 puntos menos. A pesar del esfuerzo, Honduras continúa ubicándose como el país más violento de Centroamérica. En ese contexto resulta muy preocupante el aumento sostenido de las muertes violentas de mujeres y los femicidios, en un contexto de alta impunidad. Esta es una de las expresiones más graves del Estado mafioso que se instaló en los gobiernos del post golpe.
- La elección una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), con una nueva normativa, ha sido un avance importante hacia la reconstrucción del Estado de derecho, pero aún está pendiente de determinar si su desempeño superará a la vieja Corte, que fuera cooptada por élites criminales.
- Se han derogado y/o reformado cuatro pactos de impunidad (marcos jurídicos) que obstruían la administración de la justicia y en especial la acción penal del Ministerio Público (MP) en contra de la macro corrupción. Estos pactos son los siguientes: derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (Decreto Legislativo 418-2013); derogación del Decreto 57-2020, el cual impedía el secuestro de documentos por parte del MP; la reforma del 93-2023 (en su articulado referido al lavado de activos), y la derogación del 116-2019, normativa que bloqueaba la acción penal contra funcionarios y personas particulares por delitos de corrupción pública. Sin duda, son avances en la lucha contra la corrupción, pero aún queda pendiente la derogación de otros marcos jurídicos y la creación de nuevas leyes.
- La Asamblea General de la ONU, el 22 de diciembre del 2023, aprobó otorgarle el mandato a su secretario general para continuar apoyando el proceso por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Este es un gran logro en la lucha contra la corrupción en el país. No obstante, aún queda completar la fase de creación de las condiciones básicas para su instalación, así como la negociación y firma del convenio final. Como también continúa el déficit de interlocución del gobierno con organizaciones sociales y de la sociedad civil.
- A través de un decreto ejecutivo (PCM), se logró la aprobación del uso de la Píldora Anticonceptiva de un Día Después (PAE). Empero, la aprobada Ley de Educación Sexual Integral fue vetada por la presidenta de la república y todavía está pendiente la aprobación de la Ley contra las violencias de las mujeres, igualmente, el protocolo facultativo de la CEDAW sigue a la espera de ser ratificado por el Congreso Nacional.
En resumen, en los primeros dos años de la actual administración se registran logros en relación con la herencia dejada por los gobiernos del Partido Nacional, pero aún hace falta mucho por avanzar para asegurar cambios y reformas sustanciales.
Principales desafíos
Teniendo presente los logros y limitaciones, nos parece que hay cinco desafíos principales que debe asumir el gobierno de la refundación:
El primero, repensar el modelo de crecimiento y desarrollo.
Con el histórico modelo de Estado concesionario, al servicio del capital transnacional y el gran capital nacional, no será posible resolver la gran fractura social de las desigualdades y pobreza estructural. Habrá que avanzar hacia un modelo que combine la inversión pública, privada (nacional y extranjera) y social que, a la vez, potencie el desarrollo del mercado interno y facilite el desarrollo de la economía campesina e indígena comunitaria ecológica y autosostenible. De lo contrario, será imposible asegurar empleo, dignidad y seguridad alimentaria a la mayoría de la población. En esta lógica, un paso importante es que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, que está centrada en generar un nuevo régimen de exoneraciones fiscales.
El segundo, recuperación plena del Estado de derecho.
Este asunto no se limita únicamente a la elección, por el Congreso Nacional, de los altos funcionarios acorde con las normas constitucionales. Un punto esencial es rescatar el carácter republicano del Estado, con división y complementación de los diferentes poderes del Estado, que en una democracia es lo que asegura los pesos y contrapesos. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad continúa funcionando con la normativa heredada por JOH, la que inevitablemente asegura la concentración del poder en el Ejecutivo. Derogar esta norma es esencial en el desmontaje del autoritarismo heredado del régimen anterior. Igualmente, es necesario repensar la estrategia actual de defensa y seguridad, la extendida re militarización no es compatible con la recuperación de la democracia.
El tercero, resolver la conflictividad agraria.
La existencia de una alta conflictividad agraria implica la infracción de los derechos humanos y la existencia de una enorme deuda histórica del Estado con las poblaciones campesinas, indígenas y garífunas. Esta situación hace referencia a la necesidad de la legalización de las tierras de los grupos campesinos de la reforma agraria, el saneamiento de las tierras indígenas en conflicto y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de OFRANEH. Igualmente, el Estado debería de cumplir con su deber de ratificar el Acuerdo de Escazú y reconstruir el Mecanismo de Protección de los derechos humanos.
El cuarto, dar respuesta a la enorme deuda con las mujeres.
Los incrementos de las muertes violentas de mujeres y los femicidios, con sus altos niveles de impunidad, deberían obligar al Estado a actuar con mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este tipo de violencias. Diversas organizaciones feministas y de mujeres han propuesto la aprobación de la “Ley Integral Contra las Violencias Hacia las Mujeres”, que obliga a realizar reformas al Código Penal, crear un mecanismo nacional de atención integral y mejorar la coordinación entre todas las instituciones estatales involucradas.
El quinto, la continuación del proceso hacia la instalación de la CICIH con participación ciudadana. La CICIH es una demanda ciudadana, a pesar de ello, hasta el momento, las instancias estatales a cargo del proceso de negociación no han generado mecanismo de consulta o de interlocución con organizaciones sociales y ciudadanas. Un mecanismo internacional anticorrupción sin participación ciudadana en su diseño e implementación estaría muy alejado de esta histórica demanda, así como del compromiso histórico de la actual administración por desmontar el esquema de macro corrupción instalado por JOH.
Un núcleo particularmente complejo de los desafíos futuros se centra en el establecimiento de las bases de un modelo de desarrollo más incluyente y sustentable, que genere empleos e ingresos dignos para enfrentar las múltiples desigualdades y la pobreza estructural. De tal manera, que contribuya a disminuir la creciente migración que expulsa recursos humanos esenciales para el desarrollo del país y los expone a la peligrosa criminalidad organizada regional.