El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó el segundo informe de monitoreo, titulado: “Entre la mención y la omisión: presentación del monitoreo N0.2. Nuevos hallazgos y tendencias de cara al cierre electoral”. El hallazgo es doblemente alarmante: existe una brecha fuerte entre lo que prometen y lo que planean la y los candidatos a la presidencia, mientras la violencia política dirigida hacia mujeres candidatas y lideresas ha alcanzado un nivel crítico durante la fase final de la campaña, evidenciando profundas brechas estructurales en la cultura democrática del país.
El análisis del panorama electoral hondureño a pocos días de las Elecciones Generales del 30 de noviembre, destapa una grave inconsistencia: mientras los principales candidatos presidenciales utilizan una retórica de inclusión y equidad, sus planes de gobierno y la escalada de violencia en el terreno demuestran que el compromiso con la igualdad de género es superficial y carece de sustento programático.
Hallazgos principales: discursos vacíos y una ola de violencia sistemática
El monitoreo, centrado en el análisis de discursos, planes de gobierno, medios de comunicación y plataformas políticas, confirma que el contexto electoral de 2025 sigue siendo extremadamente hostil para la participación plena de las mujeres.
- Discurso político: inconsistencia y superficialidad – brecha entre retórica y acción:
- Análisis a candidatos presidenciales: El informe analizó detalladamente los discursos y los planes de gobierno (2026–2030) de los principales contendientes a la presidencia, buscando indicadores de compromiso real con la Agenda Política de las Mujeres y Feministas.
- Compromiso «Cosmético»: El análisis de consistencia revela una profunda desconexión entre la retórica de inclusión y las acciones planificadas. Muchos planes de gobierno carecen de capítulos específicos, metas medibles, indicadores de impacto y presupuestos asignados para abordar de manera frontal y estructural la violencia política de género, o para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva. El enfoque de género es, a menudo, una declaración de buenas intenciones sin una visión transformadora.
- Ausencia de temas clave: Se observó una elusión o minimización de los desafíos estructurales de las mujeres, particularmente en temas sensibles como la autonomía económica, la justicia de género y las reformas institucionales necesarias para desmantelar las estructuras patriarcales que permean el sistema político.
- Intensificación de la violencia de género:
- Prevalencia y tipología crítica: A pesar de las promesas de equidad, los incidentes de violencia política de género han aumentado en número y se han diversificado, especialmente en el ámbito digital. Se documentó un incremento significativo de ataques, incluyendo campañas de desprestigio basadas en estereotipos de género, amenazas a la vida privada y difusión de información falsa que busca desacreditar la capacidad de liderazgo de las mujeres. La violencia simbólica y psicológica sigue siendo la más recurrente.
- Impacto desproporcionado: La violencia es particularmente aguda contra las candidatas a cargos municipales y las mujeres que lideran en territorios más apartados, generando un efecto disuasorio que compromete la renovación democrática y la diversidad de representación.
Conclusiones clave: riesgo para la democracia
Las conclusiones del Monitoreo 2 son claras y contundentes, señalando un riesgo directo para la calidad de la democracia hondureña:
La democracia se debilita con cada ataque no sancionado. La persistencia de la violencia política y la falta de un compromiso programático real por parte de la élite política perpetúan la exclusión histórica de las mujeres, contraviniendo los principios constitucionales de igualdad (Artículo 237 de la Constitución de 1982).
La respuesta estatal es insuficiente. A pesar de la existencia de marcos normativos como el Protocolo contra la Violencia Política de Género (2021), la lentitud en la tramitación del Proyecto de Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Político (2022) en el Congreso Nacional, sumada a la débil capacidad de las instituciones electorales para actuar de oficio y sancionar de forma ejemplarizante, crea un ambiente de impunidad que fomenta la repetición de los actos violentos.
La cultura patriarcal sigue siendo el obstáculo mayor. Los hallazgos confirman que la violencia no es incidental, sino un mecanismo sistemático, enraizado en una cultura política patriarcal, que busca castigar a las mujeres por irrumpir en el espacio de poder tradicionalmente masculino. Si no se aborda la raíz cultural, ninguna ley será suficiente.
Recomendaciones Urgentes: El Momento de Actuar
El informe emite una serie de recomendaciones dirigidas a los actores clave del proceso electoral y a la comunidad internacional:
- Al Congreso Nacional: Urge la aprobación inmediata y sin dilaciones del Proyecto de Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Político, dotando a las instituciones de herramientas legales robustas y específicas.
- A los Partidos Políticos: Se exige la implementación de mecanismos internos efectivos de sanción y prevención, incluyendo la capacitación obligatoria para sus miembros y la expulsión de aquellos que incurran en actos de violencia política de género, garantizando que los espacios internos sean seguros y promotores de la participación femenina.
- Al Tribunal de Justicia Electoral y Entidades de Seguridad: Fortalecer las unidades especializadas para la recepción y trámite rápido de denuncias, priorizando medidas cautelares y garantizando la reparación a las víctimas. Es imperativo que las sanciones sean proporcionales y públicas para restablecer la confianza en el sistema.
- A la Comunidad Internacional: Intensificar la observación durante la jornada electoral y el post-electoral, centrándose específicamente en los indicadores de violencia de género. Se recomienda ofrecer asistencia técnica y recomendaciones que fortalezcan el ejercicio democrático de las mujeres y ayuden a reducir las brechas estructurales.
- A la Ciudadanía: Exigir a todos los candidatos y partidos políticos un compromiso público y verificable con la erradicación de la violencia política, y evaluar su voto con base en la coherencia de sus discursos y planes de gobierno con la Agenda Política de las Mujeres y Feministas.
El informe concluye que, sin una acción inmediata y coordinada, el proceso electoral de 2025 quedará marcado por la exclusión y la violencia, socavando los avances democráticos logrados en Honduras.