Por: René Estrada, periodista del CESPAD
A menos de 50 metros del Río Guapinol, oculta entre los árboles, rodeada por un cerco de alambre de púas y con múltiples casetas de vigilancia con guardias de seguridad armados, se encuentra instalada una planta procesadora de óxido de hierro, comúnmente llamada peletizadora. Pero las comunidades emiten una nueva alerta ya que, aparte de la minera instalada inconsultamente en la zona, Inversiones Los Pinares ahora también daña su única fuente de agua con una procesadora de hierro que va dejando contaminación con su funcionamiento.
Un nido de problemas
En marzo del 2021, el portal suizo swissinfo.ch anunció que una empresa invertiría 120 millones de dólares en una procesadora de óxido de hierro en Honduras. El texto establece que la planta comenzaría operaciones en el segundo semestre de 2021 y agrega que es propiedad de la empresa Inversiones Los Pinares, ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras.
«Este año, nuestra planta peletizadora de óxido de hierro iniciará operaciones, lo que será un proyecto histórico para Honduras y Centroamérica generando beneficios de empleo, inversión y desarrollo», dijo al portal suizo Lenir Pérez, propietario de inversiones Los Pinares.
Entre otros elementos, se destaca que la planta procesará el óxido de hierro hasta convertirlo en «pellets», pequeñas bolas en las que el mineral es exportado «con un gran valor agregado». Asimismo, que la planta generará unos 700 empleos directos.
Sin embargo, para las comunidades aledañas al Río Guapinol, la construcción de la nueva planta procesadora de óxido de hierro ha traído una nueva serie de problemas porque contamina e intoxica el agua utilizada para la producción de sus alimentos con los desechos que se lanzan al río.
Reynaldo Domínguez es miembro de la comunidad de Guapinol, y afirma que los daños causados al río por la peletizadora comienzan desde su construcción, ya que se realizó con maquinaria pesada tipo “bulldozer” que cruzaba la fuente de agua y a su paso dejaba aceite, sedimento y, en ocasiones, hasta fugas de combustible. Un hecho lamentable, refieren los colonos, que no acabó allí, ya que siguen trabajando y usando el río como carretera.
Como una región productora de granos básicos, considerada autosuficiente en términos alimenticios, los pobladores de Guapinol muestran su preocupación por que el “polvillo” de la trituración de material, el humo ocasionado por el equipo de la planta procesadora y los altos índices de acidez en el agua, serán letales para sus cultivos y la producción, porque todos son químicos tóxicos.
Las enfermedades de la piel, incluidas el cáncer, es una de las mayores preocupaciones que enfrentan, pues no desconocen los casos que han acontecido en otras regiones del país donde se han instalado empresas extractoras de minerales. Sin embargo, “no esperaremos hasta que nos estemos muriendo para defender lo nuestro”, afirman los miembros de la comunidad.
Un río cada vez más dañado
El Río Guapinol, por carecer de puentes o infraestructura que permita el paso de vehículos pesados ha sido físicamente dañado, facilitando las crecidas y desbordes, afectando directamente a las viviendas cercanas, construidas con paredes de bahareque y láminas de zinc.
Además de los daños causados por los químicos y los deslaves del río, las vibraciones se han sumado a la lista de problemas, porque las viviendas son construidas con materiales de baja calidad y el aumento en el movimiento de la tierra causa fisuras en las paredes y en los cimientos de las viviendas. Esta es una situación que afecta aún más la calidad de vida de las comunidades aledañas a la peletizadora.
Un vacío legal
En la publicación del portal sueco, el gerente de mina del proyecto, Ricardo García, explicó que Inversiones Los Pinares cuenta con todos los permisos y licencias de operación, y funcionará bajo los «más altos estándares de calidad».
Sin embargo, de acuerdo con Rita Romero, abogada que apoya a las comunidades de Guapinol, la peletizadora es una empresa llamada Inversiones Ecotek S. A., creada porque Inversiones Los Pinares no cuenta con permiso para procesar el hierro.
Romero dice que hay una declaración jurada que hizo Lenir Pérez, presidente de grupo EMCO, durante el momento en el que solicitó las licencias ambientales, por los proyectos ASP I y ASP II (mineras en el parque nacional Carlos Escaleras), que estipula que el hierro extraído de las minas no será procesado en el país. Por eso, ASP I y ASP II están catalogadas como minería no metálica.
“En el caso de esta peletizadora, están trabajando sobre una licencia que no es funcional, sino operativa”, acotó. El reglamento ambiental nacional establece que a una empresa solo se le puede dar licencia operativa por un máximo de cuatro meses, para luego solicitar la licencia funcional que acredite que está en condiciones.
La consultada explicó que un requisito para la emisión de una licencia funcional es que se acredite la socialización del proyecto. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), le brindó una licencia operativa por cuatro meses (de febrero a junio de 2018), pese a que, durante ese tiempo, el Grupo EMCO (grupo empresarial de Inversiones Los Pinares y Ecotek) no pudo acreditar la socialización ya que fue en estos meses en los que se realizó la detención de los ocho defensores del río Guapinol y el sector San Pedro, y la situación en la zona estaba muy candente.
Pero, al no poder acreditar la socialización, el abogado de Grupo EMCO obtuvo en MiAmbiente, de forma completamente ilegal, la extensión de la licencia por un año, violentando la ley de procedimientos administrativos y el reglamento ambiental, añade la entrevistada.
“Al enterarnos de la extensión de MiAmbiente, en el 2020, se puso al conocimiento esta acta, ante la Fiscalía de la Transparencia y Contra la Corrupción, pues era un acto totalmente corruptible. En este caso, la fiscalía decidió no admitir la denuncia pues alegaron que era un asunto administrativo, y la resolución la comunicaron hasta en marzo de 2021”, acotó.
En la actualidad, Ecotek continúa trabajando sin licencia funcional. Sin embargo, cuenta con un contrato de concesión firmado por Agapito Rodríguez, ex director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN-2019), que agudiza la ilegalidad, ya que las comunidades aledañas a la peletizadora buscaron involucrarse, pero, esta institución estatal emitió una resolución declarando sin lugar la pretensión de participación comunitaria.
El rol de la municipalidad
Pese a que, como apunta Romero, Ecotek opera de forma arbitraria, la Municipalidad de Tocoa jugó un rol importante en esa situación al haber otorgado los permisos de operación. La emisión de esos permisos los hizo el alcalde Adán Fúnez, del partido Libertad y Refundación (Libre).
En términos legales, las municipalidades, para otorgar permisos de operación a empresas mineras como Inversiones Los Pinares y Ecotek, deben someter a cabildo abierto la petición. Este mecanismo popular es una forma de socializar este tipo de proyectos con el municipio y sus habitantes y, al final, deben ser las comunidades las que deciden si lo aprueban o no.
En el caso específico de la municipalidad de Tocoa, según Domínguez y Romero, se celebró un cabildo abierto en noviembre de 2019, en el cual se declaró este municipio libre de minería. Esa acción dejó instaurado que, por parte de la corporación, no se deben extender permisos de operación a beneficio de Ecotek.
Pero, por el momento, Fúnez ha extendido los permisos de operación, ignorando la decisión del pueblo, y permitiendo los trabajos realizados por Ecotek, a pesar del repudio de las y los pobladores de la zona.
“Estamos frente a un monstruo que, con dinero, puede hacer lo que quiera, y puede doblegar a cualquier autoridad”, respondió Domínguez, al consultársele acerca de las acciones del edil, pues al igual que él, los pobladores de Guapinol consideran que hay un conflicto de interés dentro la municipalidad.
