Escrito por: Aimée Cárcamo
A más de diez meses de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción se encuentra en la mesa de negociaciones, ante la expectación y ansia de celeridad de una ciudadanía cuyo hartazgo con la corrupción fue una de las principales catapultas para su rotundo triunfo en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021.
Pero la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), liderada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) “no será un proceso rápido, en todo caso será un proceso que requerirá o ha requerido mucha negociación y su instalación no será para las próximas semanas, tampoco los próximos meses”, asegura el director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías.
Y es que para que la CICIH se instale, en el país primero deben existir varias condiciones mínimas, las que están planteadas en el memorando de entendimiento con el que Naciones Unidas respondió a la solicitud del gobierno para la instalación de esa misión internacional. Pero, también, deben vencerse las resistencias de diferentes sectores que se sienten amenazados con un mecanismo anticorrupción.
¿Cuáles son las condiciones mínimas?
El director del CESPAD resumió en tres, las condiciones mínimas para la instalación de una CICIH.
La primera es la derogación de los pactos de impunidad, entre ellos los decretos 116-2019, el 57-2020 y el 93-2021, con los cuales “prácticamente es imposible la acción penal contra exfuncionarios y funcionarios corruptos”, dijo Irías.
La segunda condición tiene que ver con ajustes institucionales dentro del Ministerio Público, “partiendo de que esta misión internacional viene a apoyar a esta instancia encargada de la acción penal”, continuó analizando el entrevistado.
Y la tercera condición, que para Irías podría ser la más relevante, es que la Corte Suprema de Justicia que se elija el 25 de enero de 2023, para los próximos siete años, tenga una legitimidad de origen, esto significa que el Congreso Nacional seleccione a los magistrados idóneos de entre los candidatos que presente la Junta Nominadora y que este ente, a la vez, realice una selección con base en lo que establecen los estándares internacionales.
Lo que pide la CICIH y lo que ofrece el gobierno
Además de lo anterior, la ONU planteó en su memorando de entendimiento que la CICIH pueda realizar investigaciones de forma independiente y constituirse como acusador privado.
En Honduras, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, por lo que se requeriría de una reforma constitucional que tendría que aprobarse por mayoría calificada, es decir 86 votos, en esta legislatura y ratificarse en la siguiente.
Para Irías, ese es uno de los tres puntos de conflicto en las negociaciones entre el gobierno y la ONU. “Ellos plantean una figura de acusador privado, otros están hablando de querellante adhesivo, en todo caso ese es un tema que puede tener una salida intermedia”, opinó.
Como querellante adhesivo, la CICIH podría acompañar al Ministerio Público en la persecución penal.
El otro punto tiene que ver “con el alcance o el carácter que tendrá esta misión en términos de su autonomía”, de tal manera que pueda asegurarse su independencia, credibilidad y confianza en la lucha contra la corrupción, señaló Irías.
“Y un tercer punto en conflicto son los procedimientos y los actores participantes en la elección del personal nacional e internacional”, detalló.
Y es que, en su respuesta al primer memorando de la CICIH, el gobierno plantea que sea el mismo Estado el que realice la identificación y el nombramiento del personal nacional e internacional que integrará el mecanismo anticorrupción, algo que lo convertiría en juez y parte.
¿Una CICIH sin dientes?
Para Javier Osorio, profesor asistente en Gobernanza y Política Pública de la universidad de Arizona, la autonomía es una de las condiciones mínimas que debe tener la CICIH.
“Creo que algo que aprendimos de la experiencia guatemalteca (con la CICIG) es que este tipo de organismos funcionan muy bien, son muy poderosos, en la medida en la que tengan autonomía”.
Osorio indicó que no se puede negociar la autonomía y si se limita, entonces la CICIH sería “una fachada, un esfuerzo institucional efímero que difícilmente tendría los resultados esperados” en el combate de la corrupción y la impunidad.
La otra experiencia que dejó la CICIG, prosiguió el analista, es que “en un golpe de timón” que hubo con el cambio de gobierno “expulsaron a todos los miembros” del mecanismo anticorrupción.
Por lo tanto, con ese antecedente “creo yo que sería prudente por parte de la ONU instalar una CICIH con las garantías suficientes a nivel institucional para que no fuera desmantelada de un golpe”.
Aunque reconoció que lo anterior, “obviamente toca fibras muy sensibles en las relaciones internacionales de a qué grado ceden los países su autonomía y autodeterminación sobre unidades o estructuras supranacionales”, como la ONU, en este caso.
¿Hay voluntad política?
Para Irías, tanto el gobierno como Naciones Unidas han dado muestras de voluntad política ya que, en un período corto, Honduras solicitó oficialmente el apoyo al organismo internacional, específicamente el 14 de febrero pasado. La ONU respondió con la visita de una misión técnica y un memorando de entendimiento, que el gobierno contestó, a la vez, con una contrapropuesta.
“Y hay un segundo documento que ya el gobierno hondureño ha remitido a Naciones Unidas, el asunto es que este sea un proceso concebido por fases” y que “ha abierto un camino que probablemente no estaba previsto por muchos sectores”, consideró el director del CESPAD.
Pero, además, “Naciones Unidas no está realmente interesada en instalarse a corto plazo en el país, dada la incertidumbre que aún existe en cuanto al curso de este gobierno”, apuntó Irías.
El contexto en que se encuentra Honduras es de transición política y se están haciendo esfuerzos por construir democracia tras un régimen largo y autoritario, entonces “implica riesgos para un organismo internacional involucrarse en un escenario de esa naturaleza y necesita alguna certeza vinculada a las condiciones que ya comentamos para su instalación”.
Mientras, el gobierno hondureño necesita tiempo para mostrar que es posible reconstruir el Poder Judicial desde un esfuerzo nacional, asegurando legitimidad en la elección de una Corte Suprema, incluso de una fiscalía general, mencionó.
La elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto se realizará en agosto de 2023.
Obstáculos a nivel doméstico
De su lado, Osorio opinó que es difícil determinar hasta qué grado hay una voluntad franca de la actual administración y su equipo de trabajo, para instalar una CICIH de la manera más expedita posible.
Pero, asumiendo que hay buena fe, no significa que su implementación sea inmediata.
“Ciertamente al interior del gobierno debe haber todavía muchas resistencias dado lo prevalente y lo compenetrado que están todas las estructuras criminales en diferentes órdenes de gobierno y todos los involucrados en esquemas de corrupción”, de ahí que “no me sorprendería que hubiera bastantes limitantes en el marco institucional que se le dé a la CICIH”, dijo el analista internacional.
Consideró que en muchos niveles del gobierno “hay toda una serie de estructuras corruptas que van a imponer mucha resistencia. Entonces esto se vuelve, más que un problema de negociación internacional entre el gobierno con la ONU, un problema de negociación y de eliminación de resistencias y obstáculos domésticos”.
Esos grupos de poder “están tratando de eliminar o limitar” la capacidad de la CICIH para investigar, perseguir y sancionar, lo cual implica una tensión en las negociaciones que va a ser “muy difícil” resolver sin presión de alto nivel, dijo Osorio.
Esas estructuras incluyen, a criterio del entrevistado, los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas y los sectores privados, que “son puntos de veto importantes no solamente en términos de la cúpula de tomadores de decisiones”.
Todas estas estructuras no solamente viven en los pináculos de poder, sino que se arraigan a diferentes niveles intermedios y bajos con estructuras de corrupción que todavía puede que estén ahí, continuó diciendo.
Pero en el entrevistado va más allá y no descarta que las estructuras de poder estén ejerciendo presión en los diferentes ámbitos de influencia. “Eso también implica al sector privado que, en muchos sentidos, de manera coludida o a veces sin saberlo, puede estar coadyuvando para el lavado de activos, la circulación de dinero que pudiera estar en lavado de dinero y todo tipo cosas”.
De ahí que esos sectores domésticos “creo que son los principales obstáculos que pudiera tener el avance expedito y con alto niveles de poder institucional” de una CICIH a la que estos grupos de poder, dependiendo de su grado de influencia, buscarán neutralizar, dificultar o limitar.
En la misma línea, Irías reconoció que hay sectores que podrían estar interesados en desestabilizar el proceso de negociación para la instalación de una CICIH.
Los mismos sectores
Durante su vigencia, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), estuvo rodeada de diversos sectores que lograron su expulsión a principios de 2020, y que plantearon todo un proceso orientado a debilitar e impedir su acción penal mediante la aprobación de un conjunto de pactos de impunidad, en un Congreso Nacional dominado por los partidos tradicionales: el Nacional y el Liberal.
Irías recordó que algunos de los diputados de esos partidos políticos “fueron imputados en casos que fueron judicializados por la MACCIH, otros se sentían amenazados, tenían información que estaban siendo investigados y, lo más seguro, se iban a construir casos que se judicializarían donde ellos serían saldrían afectados”.
“Hay que decir que un porcentaje de esos actores aún tienen presencia en el Congreso Nacional, de ahí buscarían cómo bloquear este proceso”, señaló Irías.
El convenio para la instalación de la MACCIH requiere un escenario mínimo, una votación de mayoría simple a favor, o bien una mayoría calificada. Es decir, un escenario complejo porque se requieren reformas constitucionales.
El peor escenario
A criterio de Osorio, el “bono democrático” con el que está viviendo la actual administración se va a desgastar eventualmente, porque los problemas que enfrenta Honduras no se van a resolver en una administración, con CICIH o sin ella.
En el peor escenario, colapsaran las negociaciones para la instalación de una CICIH, una situación que significaría una caída importante en términos de credibilidad y reputación del gobierno de Castro.
De acuerdo con el entrevistado, aunque de los problemas actuales se culpa al pasado, “echar abajo el esfuerzo institucional de montar una CICIH ya no sería un error o una culpa achacable a administraciones anteriores, sino que sería totalmente responsabilidad de la actual administración», lo que supondría una crisis de legitimidad que se sumaría a los problemas económicos, por la pandemia, la corrupción, la violencia y la migración masiva que ya afronta el país.
Es un escenario muy dificultoso de manejar. Por eso, Osorio cierra diciendo que “difícilmente sería sabio, de parte de la actual administración, echar abajo las negociaciones de una CICIH”.
