Por: René Estrada, Rubén Escobar y Aimée Cárcamo
Edwin Francisco Ortez Cruz es uno de los seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (de quince que la conforman) que busca la reelección. Cruz fue miembro de la Corte de Apelaciones Natural, cuestionada por haber dictado el sobreseimiento definitivo a 22 implicados en el caso de corrupción “La Caja de Pandora”.
El hecho ocurrió en el mes de agosto del 2020, año en el cual a Cruz y a dos magistrados más se les acusó de haber incurrido en el delito de prevaricato negligente, luego de dejar libres a 22 personajes del mundo político y empresarial de Honduras, de un caso de corrupción que en su momento documentó la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad (MACCIH).
La denuncia contra Cruz la presentó la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), porque consideró que “la resolución tomada (dictar sobreseimiento definitivo a 22 implicados del caso “La Caja de Pandora”) es carente de lógica elemental y, además, se tergiversa de manera negligente y con ignorancia inexcusable la interpretación literal, histórica y sistemática de la jurisprudencia invocada, produciendo con ello una conclusión falaz y equivocada que perjudica el derecho jurídico protegido de la recta administración de la justicia.
“La Caja de Pandora” es un caso de corrupción en el que se vincula a empresarios, políticos, diputados, funcionarios públicos y familiares del expresidente Juan Orlando Hernández, en el desvío de más de 282 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas, entre otras cosas.
Un hombre de confianza para los Hernández
Según un artículo publicado por el diario El Libertador, el magistrado Ortez ha tenido estrechas relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a inicios del 2022, a petición del gobierno de los Estados Unidos, por acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.
Edwin Ortez, previo a ser uno de los quince magistrados de la actual CSJ, fue el asistente de la exmagistrada María Elena Matute Hernández, cuñada del ex presidente Hernández. Debido a esta relación laboral, el diario El Libertador lo vincula con la elaboración de la resolución que permitió la reelección de Hernández como diputado en el 2009, a pesar de la violación del artículo 199 de la Constitución de República.
El Libertador también hace alusión al hecho de que esa acción ocasionó que María Elena Matute querellará al director y jefe de redacción de Diario La Prensa, pues este medio de comunicación divulgó que “ella negociaba su renuncia a cambio de 12 millones de lempiras, para que en los comicios generales pudieran participar su hijo, Marco Tulio Hernández y su cuñado, Juan Hernández”, aunque meses después, se dio a conocer una conciliación entre las partes.
El sobreseimiento a Ekónomo
El actual magistrado, que labora en la CSJ desde el año 2003, fue designado en el 2021 para conocer una acusación por supuesto lavado de activos y fraude contra el exdiputado nacionalista, Reynaldo Ekónomo.
La denuncia en contra del excongresista se debió a presuntos involucramientos en el “descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, tal cual menciona Radio Progreso.
A Ekónomo, el magistrado Ortez Cruz le dictó sobreseimiento definitivo por el delito de lavado de activos, pero, la Corte de Apelaciones designada para este caso, revocó esta sentencia, ya que “se diferencia del juez de Letras designado la acción del delito de lavado de activos, tenía la finalidad de impedir la determinación del origen y destino de los fondos con el fin de ocultarlos y dar apariencia de licitud a los mismos”, según anunció el portavoz del Ministerio Público, Carlos Silva.
A juicio político por aprobar las ZEDES
En junio del 2021, ocho diputados de Congreso Nacional presentaron una solicitud de juicio político en contra de Ortez Cruz y otros once magistrados de la Corte Suprema de Justicia por votar a favor de la creación de jurisdicciones especiales para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Sin embargo, la solicitud no alcanzó los votos necesarios y el juicio político en contra de los doce magistrados no procedió.
Permisivo de la reelección presidencial
Edwin Ortez Cruz, quien actualmente integra la Sala de lo Constitucional, fue parte importante de la aprobación de la reelección presidencial. Esta Sala, por unanimidad, declaró que no procedían los recursos interpuestos en contra de la aprobación de esa figura.
El fallo de la Sala de lo Constitucional permitió que el expresidente Hernández se postulara como candidato del Partido Nacional en las elecciones generales del 2017, proceso que le permitió la reelección a pesar de las múltiples denuncias por fraude.
Además, el proceso electoral del 2017 terminó en una aguda crisis social, pues, según un informe elaborado por más de cincuenta organizaciones defensoras de los derechos humanos, se registraron más de 30 muertes en las protestas en contra del fraude electoral del 2017.
Bajo el mandato constitucional
Ortez Cruz, quien fue propuesto por la Confraternidad Evangélica como representantes de la Sociedad Civil para el proceso de elección de la CSJ 2016-2023, ha dicho a los medios de comunicación que “llenamos los requisitos correspondientes para llevar a cabo la autopostulación en esta nueva elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia”, refiriéndose a la búsqueda por la búsqueda por la reelección que conlleva con otros magistrados de la actual CSJ.
De obtener la reelección, Edwin Ortez Cruz volverá al Poder Judicial pese a haber participado en la emisión de sentencias que han coadyuvado a violentar derechos humanos y atentan contra la transparencia y ejercicio honesto de la justicia.
