Escrito por: Rubén Escobar
Honduras recién sale de una dictadura de 12 años que reprimía la protesta social, criminalizaba a defensores del medioambiente y protegía el sistema extractivista que mueve los hilos detrás de las violaciones a los derechos humanos y ambientales en zonas de riqueza natural. A poco más de un año de la asunción de Xiomara Castro al poder, ha cesado el lanzamiento de gases lacrimógenos o los ataques a “bala viva” a los manifestantes, pero, qué tanto se ha avanzado en el respeto de los derechos humanos de las y los hondureños.
En junio del 2022, la organización internacional Human Rights Watch le dirigió una carta a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En el documento, la organización le sugirió al gobierno que el país “debe adoptar reformas que brinden una mayor protección para los derechos fundamentales y el Estado de derecho tras años de retrocesos desde el golpe de 2009”.
La carta, acompañada por un informe de 14 páginas, describió los principales desafíos en materia de derechos humanos en Honduras, al igual que una serie de recomendaciones claves para abordarlos. Los principales temas que Human Rights Watch destacó son la independencia de la justicia y del Ministerio Público; la lucha contra la corrupción, los derechos de mujeres y niñas; los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); el trabajo independiente de la sociedad civil y los periodistas; los derechos de las comunidades sobre la tierra y la migración y el desplazamiento interno.
Congruente con el informe de Human Rights Watch, el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 de Xiomara Castro, señala que en el punto número dos, que se comprometen a “Defender los Derechos Humanos”, porque “el fin del Estado es la protección de los Derechos Humanos del Pueblo Soberano”.
El documento del gobierno de Castro dice que se garantizará “desde el gobierno la protección y el goce pleno de todos los derechos de los ciudadanos, en primer lugar, los necesarios a la dignidad, como son el derecho a la vida, alimentación, al empleo, la vivienda, salud, ambiente sano y educación y seguridad, la libertad cívica primigenia, la solidaridad y la igualdad ante la ley. Apostaremos también por la independencia e imparcialidad de la justicia, que debe alcanzar a todos en forma equitativa como herramienta para garantizar una vida digna, empoderando a las comunidades para la gestión autónoma de sus conflictos y devolviendo a todos sus derechos a la defensa propia”.
Sin embargo, algunos entendidos en el tema dicen que aún falta mucho para cumplir con el pleno restablecimiento de los derechos de los hondureños, e incluso con el plan de gobierno planteado por Libertad y Refundación (LIBRE), en su campaña política.
¡Falta de acciones contundentes!
Al analizar con entendidos en la materia la situación del respeto de los derechos humanos en Honduras, Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, dice que esa problemática se deriva de la falta de “acciones contundentes para resolver las situaciones que provocan los conflictos sociales”.
El entrevistado hace énfasis en cómo la violación de derechos humanos, concreta y preocupantemente se visibiliza en la pérdida del derecho a la vida, partiendo de los siete activistas defensores de la tierra fueron asesinados en apenas dos meses, en lo que va del 2023.
A nivel de discurso, el gobierno de Castro plantea la eliminación de la minería ilegal, la protección al medioambiente y la promoción de la reforma agraria, pero, a la par del discurso, el modelo extractivo sigue operando, generando conflictos y provocando muertes.
Mientras, las muertes violentas también estarían vinculadas a la falta de recursos del Sistema Nacional de Protección, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Mejía dice que en su momento, la decisión de retirar los fideicomisos de la banca privada fue positiva porque ayuda a transparentar el manejo de recursos estatales, sin embargo afecta la agilidad en la disponibilidad de fondos del Sistema. Y ahora que se necesitan recursos “para proteger a alguien, las solicitudes deben pasar por la burocracia tradicional, sin importar si se trata de asuntos urgentes, y así el apoyo llega días o semanas después”, agregó.
Varios de los activistas asesinados tenían medidas de protección que no se concretaban, en parte por la falta de fondos. De allí la urgencia de demandar al gobierno para que, en consejo de ministros, revise la situación del Sistema y diseñe una metodología apropiada para proteger a defensores de derechos humanos y ambientalistas, también que profundice en las causas de los problemas para resolverlos.
El Bajo Aguán, una zona impenetrable
Una de las zonas inmersa en un fuerte conflicto agrario es el Bajo Aguán, región donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) registró, al menos, cinco muertes desde el 22 de febrero del 2022 a la misma fecha del 2023. En un comunicado, la entidad demandó al gobierno tomar decisiones para cumplir con los acuerdos previstos y así concluya el problema agrario.
Al respecto, Mejía acotó que “si el Gobierno no tiene la voluntad para resolver los conflictos que generan los proyectos extractivos de nada servirá tener un Mecanismo con recursos, porque va a proteger a las personas defensoras, pero no resolverá la causa que generan las violaciones a derechos humanos, que es el modelo extractivista y el conflicto agrario”.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los asesinatos de los defensores de la tierra, y llamó al “Estado a investigar de forma diligente y efectiva estos hechos, y a proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país”.
Leyes que penalizan la protesta social
En el Plan Bicentenario, el Gobierno también anunció la derogación de leyes que penalizan la organización y protesta popular. Esta promesa se ha cumplido en parte, porque se ha respetado el derecho a manifestarse públicamente. “Hasta el momento no hemos visto lo que pasaba con el régimen anterior, cuando la gente no podía poner un pie en la calle a protestar porque era reprimida brutalmente por la policía y el ejército”, enfatizó Mejía.
No obstante, la parte que no se ha cumplido tiene que ver con la derogación de algunas leyes, como el decreto 93-2021, el cual puso en vigencia una serie de reformas al Código Penal. Una de ellas, al artículo 378, inciso 4, el que tendría como objetivo impedir protestas en espacios públicos.
En su momento, la Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación debido a que estas “reformas podrían derivar en restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y reunión pacífica al limitar el ejercicio de la protesta en espacios públicos, así como propiciar la criminalización de personas defensoras”. A febrero de 2023 el decreto sigue vigente.
Derechos económicos y a la seguridad
En el tema del derecho a la seguridad, el gobierno tampoco estaría atacando las causas porque se están repitiendo los errores. Un ejemplo, dicen los consultados, es el estado de excepción decretado el 6 de diciembre de 2022 y que se ha ido ampliando en tiempo y espacio. La última ampliación se hizo el 20 de febrero con extensión hasta el 6 de abril de 2023, e incluyó a 48 municipios más bajo estado de excepción, para totalizar 123 en los 18 departamentos.
En el decreto 29-2022 se suspenden garantías inherentes a la libertad personal, de asociación y reunión, entre otras, y se faculta a la Policía Nacional “para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones, en la comisión de delitos y crímenes”, particularmente la extorsión y conexos: asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros.
Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), realizado tras el primer mes del estado de excepción, la policía captura a personas “posiblemente sospechosas” y por delitos que están fuera del decreto, como falsificación de documentación pública, maltrato familiar o inclusive faltas, como irrespeto a la autoridad o escándalos en vía pública.
Esta situación evidencia que “no existe claridad sobre cuáles son los delitos que deben considerarse como conexos a la extorsión”, dice Mejía. Los criterios que está aplicando la Policía abre una “plétora de posibilidades para que concurran detenciones ilegales o arbitrarias”.
El entrevistado rememoró que los estados de excepción se han aplicado desde el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006). “Si este gobierno está aplicando la misma medida de hace 20 años significa que no han funcionado. Si hubiera funcionado no la necesitaríamos”.
El estado de excepción le otorga “discrecionalidad” a las actuaciones de policías y militares, quienes no han rendido cuentas “por los crímenes del pasado” y que ponen en grave riesgo los derechos humanos de la población.
Mejía insistió en que un enfoque exclusivamente represivo de la violencia es un error, porque aparejadas a esas medidas debe trabajarse en mejorar la vida de la gente, lo que implica brindar buenos servicios de salud y educación, reparar las calles, mejorar el alumbrado eléctrico y recuperar los espacios públicos, entre otras medidas.
Además, consideró una contrariedad que se intervengan las zonas marginales de las ciudades bajo el argumento del combate a la extorsión, pero no se intervienen los bancos, utilizados por las organizaciones criminales para lavar el dinero obtenido de ese delito.
En aumento el desplazamiento forzado
Itsmania Platero es defensora de los derechos de los migrantes. Ella considera que el estado de excepción tampoco está funcionando porque los altos niveles de inseguridad se reflejan en el desplazamiento forzado, el tráfico de personas y la muerte de mujeres.
Considera que la Policía Nacional “por un lado te vende seguridad y orden”, pero con la ampliación del estado de excepción “te venden miedo”. Además, en temas como el feminicidio el país no muestra ningún cambio, puesto que se han registrado 61 muertes violentas en mes y medio de 2023.
Platero indicó que la falta de seguridad y de empleo -que es un derecho económico-, son factores clave en el desplazamiento de los hondureños, especialmente de quienes residen en zonas rurales. La activista dice que es testigo de cómo productores de café del oriente del país siguen abandonando sus fincas por no recibir precios justos, y que ahora mismo hay unos 3,000 hondureños pertenecientes a núcleos familiares en Tapachula, México, intentando avanzar hacia el norte.
Y mientras en la frontera con Estados Unidos permanecen unos 600 misquitos que han sido desplazados de sus tierras, el gobierno hondureño no ha tomado decisiones para ayudar a estas personas.
Derecho a la salud
Cuando se cumplía un año del gobierno de Xiomara Castro, Amnistía Internacional emitió una “carta abierta”, mediante la que lamentó la falta de avances en “temas urgentes en materia de derechos humanos” como la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, o la creación de una ruta para la desmilitarización de la seguridad pública.
Basándose en datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras, señalan que en el 2022 al menos 224 personas defensoras fueron víctimas de agresiones, incluyendo 12 asesinatos.
Amnistía Internacional pide “tomar medidas inmediatas para garantizar un retiro ordenado de las fuerzas militarizadas de las labores de seguridad pública y continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional”.
En el tema de salud reproductiva, consideran que la autorización del uso de anticonceptivos de emergencia (PAE), solo para las sobrevivientes de violencia sexual, “no es suficiente” y “deja a muchas mujeres y niñas desprotegidas y a Honduras a la cola del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos”.
Otra organización que manifestó la necesidad de mejoría fue la Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos, que estuvo en Honduras a finales de enero.
Hasta el momento, el gobierno de Honduras no se ha pronunciado ante los llamados de atención de las distintas personas y entidades, pero en su agenda está la creación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
Los hondureños esperan resultados pronto porque, según los expertos, no se trata solo de “dejar de gasear y reprimir” a la población, también es importante hacer valer las normativas vigentes para proteger los derechos humanos, al hacer efectivo el derecho consignado en las leyes, más allá del discurso.
