Escrito por Aimée Cárcamo
En el 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el decreto legislativo 252-2013, reformó de manera irregular el decreto No 127-2012, con la finalidad de reducir la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera. La reducción fue de 217.34 hectáreas de tierra, zona en donde se ubican las dos concesiones mineras otorgadas a la empresa “Inversiones Los Pinares”. Una década después, el actual Congreso derogó ambos decretos, revirtiendo esa reducción. Sin embargo, ya transcurren dos meses y el decreto 18-2024 sigue sin entrar en vigor debido a que no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta.
El tiempo avanza y sigue sin entrar en vigencia el decreto, mientras se agudizan en los ríos Guapinol y San Pedro las secuelas de las concesiones mineras que propiciaron hace más de una década una de las luchas ambientales más emblemáticas de Honduras.
El decreto 18-2024 deroga otro decreto, el 252-2013, que redujo 217.34 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, en la misma área en la que después se otorgaron las concesiones mineras ASP y ASP 2, a la empresa Inversiones Los Pinares.
“Nosotros teníamos dudas terribles de que se aprobara en el Congreso”, recuerda Limbor Velásquez, integrante de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), una de las organizaciones que conforman el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), creado entre 2015 y 2017 para luchar contra el despojo de los proyectos extractivos.
Pero el decreto 18-2024 fue aprobado incluso con dispensa de dos debates, a petición de la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien argumentó en su moción la urgencia de “que se pueda garantizar la protección” de la zona núcleo del parque ubicado entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho.
No obstante, en el Ejecutivo parece que no existe la misma urgencia pese a que esta situación mantiene a las comunidades impactadas por las extracciones mineras, en medio de una espera casi agónica.
Criminalización y desplazamiento
El megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares tiene siete componentes, explica Velásquez: “tres tienen que ver con ASP y ASP 2, ubicadas dentro del área protegida del parque nacional Carlos Escaleras Mejía, más una contrata de agua sobre el río San Pedro para que puedan operar esas dos concesiones mineras”.
Los otros cuatro componentes están relacionados con la planta de peletizado de hierro y otra de energía termoeléctrica, más dos contratas de agua para abastecerlas: una sobre el río Guapinol y la quebrada Ceibita y otra sobre el río Guapinol.
Alrededor de esos cuatro componentes se encuentran las comunidades de Guapinol, Ceibita, así como las colonias Ceibita y Gracias a Dios, el asentamiento campesino Lempira y Cayo Campo, entre otras.
La fuerte oposición de un sector de la población a estos proyectos ha generado una serie de acciones por parte de la empresa minera y de las mismas autoridades, que incluyen hostigamiento, división de las comunidades, persecución, estigmatización y una criminalización tal que se ha mantenido con el tiempo; fiscalización y procesos judiciales a defensores y defensoras (incluyendo el grupo de ocho conocido como los defensores de Guapinol, privados de su libertad entre dos y tres años) hasta llegar al asesinato.
Velásquez precisó que más de 60 personas han sido desplazadas, en su mayoría de la comunidad de Guapinol, pero también de otras zonas como Ceibita. La persecución, criminalización y demás acciones en contra de la población opuesta al proyecto minero ha cosechado sus frutos, sobre todo entre las mujeres, comparte Velásquez.
En una reciente visita “estuvimos reunidos con mujeres de la comunidad de Guapinol y lo que hemos encontrado es un terrible pánico, claro, muy bien fundamentado por todo esto que ha pasado y por las secuelas que están viviendo de toda esa lucha que han emprendido”.
“Antes, cuando se quería hacer un video para hacer presión o exigir la liberación de los defensores detenidos, había disponibilidad, pero ahora encontramos que existe temor incluso para hacer un pequeño videíto para exigir la publicación del decreto”, acotó.
Impacto ambiental
Otro aspecto no menos importante de la concesión minera (que ha generado toda la lucha de Guapinol), es el impacto ambiental como la deforestación, destrucción del suelo, contaminación y sedimentación de los ríos Guapinol y San Pedro, que nacen en la montaña de Botaderos. Ese impacto se extiende, consecuentemente, al río Aguán, a la bahía de Trujillo y todo el mar Atlántico, agrega Velásquez.
“El Estado tiene que poner mucha atención porque tenemos ahí cerquita los arrecifes coralinos”, principal fuente de alimentación de toda la vida acuática y de la que dependen muchísimas comunidades en el litoral Atlántico. “Esto podría tener repercusiones mucho más grandes, o puede que ya las está teniendo, de las que hemos venido resaltando”, alerta el entrevistado.
El defensor recuerda que, en 2023, “a estas alturas del año”, el río Guapinol estaba totalmente seco y en su reciente visita constató que “de nuevo hay un tramo de unos 300 en sequía, a diferencia de los ríos de los alrededores que sí tienen agua”.
“Justamente es debajo de donde está colocada la planta de peletizado de hierro y la planta termoeléctrica de Pinares-Ecotek”, que han perforado supuestamente siete pozos de mucha profundidad y capacidad de succión, mientras disponen en el campo de Ecotek de un embalse que está totalmente lleno de agua.
“Creemos nosotros que la reducción del agua del caudal del río Guapinol es porque esta empresa, a través de estos siete pozos, está extrayendo grandes cantidades de agua”, apuntó.
Mencionó, además, de forma preocupante, que en el sector de El Venado, en el municipio de Gualaco, están saliendo alrededor de unas cien rastras cargadas, a diario, con óxido de hierro que está siendo embarcado en Puerto Castilla, donde tienen un centro de acopio.
Ese óxido de hierro es colocado directamente en el suelo, por lo que la lluvia y el viento han dispersado partículas que están llegando a una zona de la laguna de Guaimoreto, que muestra una coloración rojiza por la contaminación. La base naval asentada en el sector, que también se abastece de pozos, reportó que el agua tiene una coloración rojiza, con un olor y sabor a óxido.
Campaña contra el decreto
Mientras esperan la publicación del decreto 18-2024, los defensores en el departamento de Colón observan también que se ha incrementado la campaña en su contra.
“En este momento hay una campaña bien orquestada de todos los medios de comunicación que compra la empresa minera en complicidad con la municipalidad o con el alcalde, específicamente, y sus seguidores de Tocoa, para que no se publique el decreto 18-2024”, denuncia Velásquez.
Esos medios de comunicación aprovechan cada imagen o video que toman, por ejemplo, de las mujeres en el río, y las suben a las redes sociales con mensajes de persecución hacia sus comunidades, lo que a ellas les produce mucho miedo, apunta el integrante de la FSAR.
La campaña incluye un montón de mentiras, como la narrativa de que las comunidades que están alrededor del parque nacional van a ser desplazadas y que sus propiedades serán expropiadas.
El decreto 18-2024 es estratégico. “Necesitamos que se convierta en ley, ya que además de derogar el decreto 252-2013 y devolverle la zona núcleo al Parque Nacional Carlos Escaleras, garantiza la recuperación de toda la zona afectada por la empresa minera”, sugiere el entrevistado.
El decreto también exige que las comunidades se involucren en el proceso de restauración del área protegida, asume los compromisos del gobierno de Honduras por el caso de Carlos Escaleras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] y garantiza que el parque nacional siga llevando su nombre.
“Creíamos que, una vez aprobado en el Congreso, en el Ejecutivo iba a ser rapidísima la publicación, pero no terminamos de entender del por qué ese atraso”, si bien ya hay una aprobación tácita del decreto porque al Ejecutivo se le acabaron los diez días para sancionar el mismo, entonces lo que falta es que se publique para que se convierta en ley.
“Extraoficialmente” les han dicho que hay una enorme presión de alguien con mucho poder para que el decreto no se publique “y esto incluso lo ha dejado entrever la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos”, una organización clave para que este decreto se trabajara en primera instancia y se aprobara en el Congreso Nacional.
“Hasta ese nivel han llegado las amenazas para que no se publique este decreto, entonces creemos que hay un poder grande detrás de esto que incluso está incidiendo en el Ejecutivo”, apunta.
Urgente necesidad del decreto
Sobre el tema, el ministro director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Soliz, sostiene que antes que un decreto sea enviado a la presidenta de la República para sancionarse, debe ser revisado por comisión “por si hay alguna recomendación”.
“Estamos esperando que sea aprobado lo más pronto posible porque es una deuda social, es una deuda ambiental; el Gobierno se comprometió a cumplirla y solo le falta la sanción de parte de nuestra presidenta”.
El funcionario reconoce la urgente necesidad del decreto, porque no solo tiene que ver con Guapinol, sino que también protege las zonas productoras de agua y áreas protegidas.
Es decir, con el decreto todas las áreas protegidas declaradas y propuestas, así como las micro cuencas declaradas y propuestas, más el régimen hídrico de la Ley Forestal en el artículo 123, están exento de minería, por lo que protege el agua como un bien común, un patrimonio y derecho humano, esa “es la importancia de ese decreto, porque tiene esa aplicabilidad a nivel nacional”.
Soliz, a quien la FSAR reconoce como uno de los impulsores del decreto 18-2024, desmiente también las versiones de expropiación y desplazamiento de las comunidades en las zonas aledañas al parque nacional: “totalmente falso, el área queda intacta, nosotros lo que hacemos es recuperar el área núcleo que nosotros sabemos que fue modificada para otorgar una concesión minera”.
Con la publicación del decreto, esa área vuelve a su estado natural, no se va a expropiar porque no es que se haya ampliado ninguna zona, apunta. Incluso, esa área que se recupera es parte del Patrimonio Nacional Forestal y se reconoce a las personas y sus medios de vida.
El decreto, además, establece que es propiedad del Estado de Honduras, pero reconoce también al usuario de terreno, “no se está hablando de expropiación, la expropiación no existe, la expropiación no se va a aplicar”, remarca el director del ICF.
Según su criterio, ese tipo de información busca crear una confrontación entre quienes están a favor de la conservación del parque nacional y quienes están a favor de su destrucción, “entonces hay que tener cuidado sobre cómo se maneja la información porque nos puede traer hasta un conflicto social muy fuerte”.
Sobre el impacto que el decreto tendrá en la empresa extractiva, explica que algunas situaciones se dirimirán en la parte jurídica y que debe esperarse la forma en cómo se trabaja con la Secretaría de Recursos Naturales y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgemin).
Hay que analizar, añadió, la retroactividad de la ley y analizar los vacíos, pero al final “lo más lo ideal, correcto y prudente es parar esas actividades de extracción minera dentro del área núcleo del Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras, pero antes tiene que publicarse el decreto, por lo que esperamos que salga pronto”.
[1]https://corteidh.or.cr/docs/casos/escaleras/esap.pdf
