Escrito por Aimée Cárcamo
“Se dio tanta publicidad, que todo mundo sabía que era bastante dinero”, rememora Xiomara Ortiz, debido a la alegría e ilusión que sintió cuando creyó que la empresa campesina de la que forma parte en Catacamas, Olancho, recibiría fondos del gobierno para trabajar la tierra.
Ella creyó que con ese dinero su familia iba a prosperar, a salir de la pobreza y que tendría una vida más cómoda. “Porque a pesar que vivimos en el campo deseamos un nivel de mejor condición”, dice Ortiz, una mujer campesina que se dedica a sembrar frijoles, maíz, ayote, entre otras legumbres y verduras, en parcelas prestadas porque no tiene su propia tierra.
Los recursos que los campesinos obtienen por sus propios medios para resolver sus necesidades son muy pocos y “en ese tiempo se ofrecían 200 mil lempiras por colectivo”, contó Xiomara de la probable ayuda que recibirían entre el 2011 y 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, cuando los miembros de varios grupos campesinos de la zona dieron su firma para la supuesta entrega de un apoyo financiero que no llegó.
“Nos engañaron, que en cualquier momento llegaban”. Y así fue, todo fue una mentira y los fondos que estaban destinados para proyectos que apoyarían el fortalecimiento del sector campesino del país, fueron desviados y en su lugar se utilizaron para financiar las campañas políticas del año 2013, mientras otros montos elevados de dinero fueron a dar a las cuentas de banco de personas particulares.
Por eso, una década después, el malestar también sigue presente. “Nos sentimos afectados porque no hubo el apoyo que nosotros necesitábamos para trabajar”. Acceder al trabajo asalariado es bien difícil y no tenemos nada”.
Saqueo a nombre de los campesinos
Tiempo después, el panorama para las más de 4,500 familias campesinas y madres jóvenes que fueron burladas con la promesa de apoyo económico quedó aclarado cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó en 2018 el caso Pandora, una investigación sobre el saqueo de más de 282 millones de lempiras que fueron sustraídos desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Originalmente, los fondos estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas en beneficio de madres jóvenes; para fortalecer políticas agroalimentarias en los departamentos de Colón, Intibucá y Olancho; el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, en el departamento de Yoro. Asimismo, se realizaría una escuela de campo para agricultores de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua[1]. Pero al final se trató de una mampara para acceder a los millonarios recursos.
Sin embargo, las investigaciones establecieron que esos fondos fueron destinados a financiar en 2013 las campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio, más gastos personales de los implicados.
El 13 de junio de 2018, el Ministerio Público acusó a 38 políticos, empresarios, exfuncionarios y particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos. No obstante, en 2020 la Corte de Apelaciones otorgó un sobreseimiento definitivo a la mayoría de los imputados[2].
El recurso de amparo
En el 2021 la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo, exigiendo justicia para las víctimas, cada uno y un tercero en conjunto[3].
Ese mismo año, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de la CNTC, sin embargo, hasta la fecha no ha emitido una resolución.
En el caso de CODIMCA, el recurso en el que se declaró víctima por el caso Pandora no fue admitido con el argumento de que no tenía proyectos en los departamentos que se mencionan en ese escándalo de corrupción.
Pero, para la coordinadora de esa organización, Yasmín López, eso “no significa que no hayamos sufrido los atropellos de la corrupción”.
Precisamente, esa conciencia es la que ha sostenido la lucha de esas organizaciones para que se las reconozca como víctimas de corrupción en un caso en el que se saqueó una millonaria cantidad de dinero a nombre de los grupos campesinos.
Para el coordinador de la CNTC, Franklin Almendares, el caso Pandora es una burla a la dignidad de las familias campesinas, “porque se hizo un levantamiento de información, de firmas, eso es grave, y luego crearon esas expectativas y no se les dio nada”.
Pasos significativos a favor de las víctimas
La corrupción afecta en particular a las personas en situación de pobreza, quienes por su condición de vulnerabilidad sufren de manera agravada las consecuencias, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[4].
Jurídicamente en Honduras no se considera a esos grupos vulnerables como víctimas de la corrupción, pero se han registrado cambios significativos, como el histórico fallo del 10 de agosto de 2021 de la Sala Constitucional, que reconoció al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) como víctima en el caso Fraude sobre el Gualcarque[5].
Al tratarse de una comunidad indígena, “el Estado tenía que asegurarles estas condiciones de igualdad, es decir, a ser más para equiparar esta desigualdad existente”, sostiene el asesor jurídico de Abogados Sin Fronteras-Canadá (ASFC), Donaldo Velásquez.
En el caso de las personas campesinas, también prevalecen las condiciones de desigualdad histórica. El fallo a favor de la Sala Constitucional sobre el recurso de la CNTC, los reconocería como víctimas de corrupción naturales y les permitiría obtener justicia y reparación. “Y no solamente eso, si no para que no exista un proceso penal que no tenga a las víctimas como parte central del mismo”, agregó.
En Honduras hay múltiples casos de violaciones a derechos humanos que han sido causadas por la corrupción. Reconocer a una organización de base campesina como víctima propiciaría que otras personas se señalen, también, de igual manera.
Pero, para el asesor jurídico, las organizaciones campesinas ya han sido reconocidas de una forma no directa como víctimas de la corrupción con la admisión del recurso que presentó la CNTC, para que los imputados por Pandora no queden en libertad definitiva.
No obstante, se requiere que el derecho siga evolucionando para permitir que las personas que sí son víctimas, no necesariamente según la ley, sino de acuerdo a la realidad de las situaciones, puedan declararse como tales.
El rol de la ciudadanía
Mientras se espera la emisión del fallo de la Sala Constitucional, el trabajo para generar conciencia sobre quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción, y la necesidad de cambios jurídicos que apunten hacia un enfoque de derechos humanos en los procesos penales, conjunta los esfuerzos de diferentes organizaciones.
En ese sentido, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) realizó el 23 de abril el conversatorio “El caso Pandora y la exigencia de justicia para las víctimas de corrupción en Honduras”[6].
El analista del Cespad, René Estrada, expuso en el evento que el tema de las víctimas de la corrupción es todavía bastante abstracto, pero que hay que hablar al respecto porque lo que no se nombra, no existe. “Hablamos de víctimas de la corrupción porque la corrupción afecta directamente los derechos humanos de las personas”, enfatizó Estrada.
De allí que una de las principales demandas de la ciudadanía es la lucha contra ese flagelo que directa o indirectamente afecta a toda la población.
“Yo creo que ese es el primer paso, seguir exigiendo que se haga justicia, seguir exigiendo que se combata la corrupción”, dijo Estrada, quien recordó las protestas ciudadanas de 2015, que dieron paso a las denominadas “marchas de las antorchas” y el movimiento ciudadano “Los indignados”.
Para Estrada, la ciudadanía debe mantener el rol de veedor, pero también de demandante ante las autoridades, en todos los niveles, de transparencia y de lucha contra la corrupción. El segundo rol que debe asumir la ciudadanía, acota, es el de informarse. Aunque reconoció que, con tantos casos dados a conocer en los medios y los que faltan por investigarse, la corrupción se ha normalizado tanto que la ciudadanía se ha vuelto indiferente.
“Que nosotros no nos involucremos ni sepamos exactamente qué es lo que está pasando es lo que permite también que hagan con nosotros lo que quieran”, reflexionó.
Finalmente, planteó la necesidad de acompañar a las organizaciones que hacen esfuerzos para impulsar el combate de la corrupción, sobre todo cuando el país se encuentra en un proceso para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), “si nosotros perdemos esa exigencia lastimosamente la Comisión no va a venir”.
Sed de justicia
El llamado de CODIMCA y la CNTC es, obviamente, para que la Sala de lo Constitucional resuelva a favor del recurso de amparo que presentó esta última organización y se reconozca como víctimas a los campesinos y campesinas.
El daño que el caso Pandora causó es grave, expresó el coordinador de la CNTC. “Con 30 mil lempiras se instalan parcelas productivas y sistemas de riego, ¿se imagina con esa cantidad?”, se pregunta en alusión a los más de 282 millones de lempiras que fueron saqueados mediante el caso Pandora.
“Esas comunidades están peor que antes y la crisis alimentaria ha avanzado”, lamentó Almendares, para quien el caso Pandora debe sentar un precedente para que se haga justicia y se repare a las víctimas, pero también para que se reconozca la importancia de los y las campesinas que producen los alimentos.
López, por su parte, reflexionó sobre toda la injusticia que se cometió con Pandora, ya que se violentaron derechos humanos, entre ellos el de la alimentación.
“Cuántas veces nosotras dijimos, estamos enfrentando una crisis alimentaria debido a la pobreza alarmante, cuando sí había recursos para dar respuesta a propuestas como la reforma agraria con equidad de género para la soberanía alimentaria, pero simplemente se engavetó, ni siquiera se discutió”, abundó el entrevistado.
Para la coordinadora de CODIMCA el deseo de sentar un precedente es fuerte porque los recursos de Pandora “los estamos pagando todos y todas” mientras el campo sigue estando sin esos recursos. “Aquí hay sed de justicia”, remarcó.
Mientras tanto, en Catacamas, Xiomara Ortiz todavía espera que el gobierno “tenga mejores políticas para nosotras, porque siempre todo se politiza y no queremos eso”. Esta mujer campesina, quien también es parte de la CNTC, aspira a que llegue la ayuda a quienes la necesitan “y que haya un cambio en el país porque lo que uno necesita son mejores niveles de vida para uno y para la familia”, finalizó diciendo.
[1]https://www.oas.org/documents/spa/press/Quinto-Informe-Semestral-MACCIH-Oct-2018-ESP.pdf
[2]https://criterio.hn/imputados-en-caso-pandora-eximidos-de-responsabilidad-penal
[3]https://proceso.hn/organizaciones-civiles-presentan-recurso-de-amparo-para-revocar-sobreseimiento-a-22-imputados-de-caso-pandora
[4]https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/12/Corrupci%C3%B3n-y-Derechos-Humanos-LP.pdf
[5]https://cespad.org.hn/3119-2/
[6]https://www.facebook.com/CespadCentroDeEstudioParaLaDemocracia/videos/1887223751738458
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana de agenda anticorrupción y apoyo a la instalación de la CICIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.