Descarga la Alerta en PDF aquí.
Desde el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, alertamos sobre las recientes declaraciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que buscan endurecer las penas por el delito de usurpación, en el marco de reformas al Código Penal vinculadas a la “seguridad jurídica” de la propiedad.
Esta iniciativa se suma a un marco normativo que, desde las reformas penales de 2019 a 2021, ha facilitado la judicialización sistemática de campesinos, campesinas, defensores y defensoras del territorio, mediante figuras como usurpación, daños agravados y asociación ilícita en contextos de protesta, ocupación pacífica y disputas agrarias históricas en el país.
El tema de la “seguridad jurídica” ha sido históricamente utilizado para priorizar la protección del sector privado en detrimento de las garantías y derechos colectivos sobre la tierra. La evidencia documentada muestra que la figura de usurpación ha sido aplicada como instrumento de persecución judicial especialmente en zonas vinculadas a proyectos extractivos y de monocultivo con antecedentes de corrupción y que responden a una crisis estructural.
En este contexto, la reforma vinculada al delito de usurpación representa riesgos concretos:
- Profundiza la criminalización del conflicto agrario. La reforma podría trasladar disputas históricas por la tierra al ámbito penal.
- Respuesta coercitiva del Estado. La iniciativa prioriza la seguridad de la inversión extranjera y nacional sobre los derechos colectivos y originarios sobre el acceso, posesión y titulación de la tierra.
- Criminalización social. La percepción social continúa vinculando a sectores campesinos y ambientalistas con actividades delictivas, que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo frente a las acciones estatales y judiciales.
Finalmente, una especial preocupación es que estas medidas se impulsen sin fortalecer la institucionalidad agraria, en particular del Instituto Nacional Agrario (INA). Esto es relevante porque el INA tiene un papel fundamental en regular la tenencia de la tierra, mediar conflictos y garantizar procesos de acceso y redistribución bajo principios de justicia social.
Desde el CESPAD, hacemos un llamado:
- Al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a no impulsar reformas que profundicen la criminalización, y a priorizar soluciones estructurales democráticas para abordar los conflictos agrarios y ambientales.
- A la institucionalidad agraria, a asumir un rol activo en la mediación, regulación y resolución de conflictos, garantizando procesos transparentes y participativos.
- Al Ministerio Público, a evitar el uso selectivo del derecho penal en asuntos relacionados con tierra y ambiente.
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de abril de 2026