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Desde el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, alertamos sobre el peligroso avance de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Según declaraciones públicas[1] del diputado liberal José Rolando Sabillón, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, se solicitará a la Junta Directiva que la sesión para discutir y votar estas reformas se realice de forma cerrada, bajo el argumento de “seguridad nacional” y seguridad para las y los congresistas. Además, se prevé que estas reformas sean sometidas a un tercer y último debate la próxima semana.
Esta maniobra agrava las preocupaciones ya expresadas por el CESPAD y el Observatorio respecto al endurecimiento de penas por el delito de usurpación[2]. Desde las reformas penales impulsadas entre 2019 y 2021, figuras como usurpación, daños agravados, asociación ilícita y otros tipos penales han sido instrumentalizados para criminalizarla protesta social, la recuperación de tierras, la ocupación pacífica, la defensa territorial, las disputas agrarias y la defensa de los bienes comunes de la naturaleza.
En un país marcado por conflictos históricos sobre tierra, territorio, ambiente y bienes comunes, cualquier reforma que aumente penas, amplíe categorías delictivas o facilite procesos judiciales más severos debe someterse al escrutinio público, análisis técnico y revisión desde estándares de derechos humanos. Sin embargo, preocupa que estas reformas avancen en condiciones de opacidad y sin la debida trazabilidad institucional. Según la respuesta oficial de la Presidencia del Poder Judicial, no consta en sus registros comunicación alguna sobre reformas al delito de usurpación y mecanismos vinculados a la seguridad jurídica de la propiedad privada durante 2026. Esta falta de transparencia debilita la deliberación democrática y profundiza el cierre del espacio cívico, en un contexto donde personas defensoras, comunidades organizadas y organizaciones sociales ya enfrentan restricciones, estigmatización y riesgos crecientes.
Desde el CESPAD hacemos un llamado:
Al Congreso Nacional y su Junta Directiva: garantizar que toda reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal sea discutida de forma pública, transparente y participativa. El uso de sesiones cerradas para aprobar temas de alto impacto democrático y social es inaceptable. Solicitamos la publicación inmediata del contenido íntegro de las reformas, dictámenes, opiniones técnicas, actas y documentos de respaldo que sustentan la discusión legislativa.
A las diputadas y diputados del Congreso Nacional: valorar los impactos que estas reformas pueden tener sobre los conflictos agrarios, ambientales y socioterritoriales. El fortalecimiento de la seguridad no debe ser una excusa para debilitar los derechos fundamentales, las garantías procesales, ni los mecanismos democráticos de deliberación pública.
A las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, garífunas, ambientales y de derechos humanos: mantenerse en alerta y vigilancia permanente frente al avance de reformas penales que restrinjan derechos ciudadanos o que faciliten la criminalización de quienes defienden la vida y el territorio.
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de abril de 2026
[1] Más información: https://x.com/RCVHonduras/status/2054647869387448563?s=20
[2] Más información: https://cespad.org.hn/alerta-aumento-de-penas-por-usurpacion-agrava-la-criminalizacion-del-conflicto-socioterritorial-en-honduras/