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Escrito por Aimée Cárcamo
El sistema democrático hondureño estuvo bajo examen el 29 y 30 de abril. La segunda vuelta presidencial, la ciudadanización de las mesas electorales y el voto electrónico fueron algunas de las propuestas de reformas electorales debatidas durante las audiencias de los aspirantes a consejeros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Más allá de los nombres y los cargos, estas audiencias revelaron que las reformas electorales en Honduras tienen su asidero en la voluntad política para recuperar la confianza ciudadana. Los días de debate dejaron una hoja de ruta clara, pero también una pregunta vigente: ¿está lista la élite política para concretar estos cambios antes del próximo ciclo electoral?
La comisión especial del Congreso Nacional encargada del proceso de selección, realizó las audiencias a los 24 candidatos (19 hombres y 5 mujeres), que superaron el primer filtro para optar a los cargos que dejaron vacante Marlon Ochoa y Karen Rodríguez, destituidos el 16 de abril mediante juicio político. Una vez concluida esta etapa, la comisión enviará una nómina de 18 candidatos al Pleno del Legislativo, el que deberá elegir, por mayoría calificada (al menos 86 votos), a los nuevos funcionarios electorales.
Puntos clave de las comparecencias
Las reformas electorales fue una de las consultas recurrentes que los miembros de la comisión hicieron a la mayoría de los postulantes. Muchos de los comparecientes coincidieron en que estas reformas son urgentes para recuperar la confianza ciudadana, garantizar transparencia y evitar crisis como la de 2025, aunque pocos presentaron propuestas concretas y de autoría propias.
En esa línea, algunos de los aspirantes señalaron los vacíos legales en la Ley Electoral de Honduras (2021), destacando temas críticos como: la despolitización del CNE, reformas al sistema de votación por unanimidad y sanciones a partidos políticos por designar personal no capacitado en las mesas electorales. Estas medidas, según lo expuesto, están orientadas a darle certeza y legitimidad a los futuros procesos electorales en el país.
Cambios en gobernanza y funcionamiento del CNE
Uno de los temas más discutidos en las audiencias giró en torno al sistema de votación en el CNE, el cual, actualmente, exige unanimidad para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Ese requisito, aprobado por el Congreso Nacional, resultó ser una decisión equivocada, según expuso el presidente de la comisión especial, Antonio Rivera. En ese sentido, la mayoría de los postulantes coincidió en debe reformarse esa disposición para que las decisiones se adopten por mayoría simple: la mitad más uno de los consejeros del CNE. Esto evitaría retrasos en los procesos electorales, como ocurrió en 2025 debido a la falta de quórum en las sesiones.
Respecto a la falta de quórum, se propuso aplicar sanciones a los consejeros que no asistan a laS sesiones y condicionar el pago de sus salarios a su presencia efectiva, tomando como referencia lo establecido en la Ley de Municipalidades de Honduras. Además, surgió la propuesta de implementar un sistema de suplencias en el CNE, mediante la incorporación de “consejeros integrantes”, para evitar retrasos o bloqueos en caso de ausencia de sus miembros propietarios o suplentes.
Más allá de estas reformas operativas, se apeló a la responsabilidad, a la ética y compromiso patriótico de los funcionarios para cumplir con su mandato, subrayando la urgencia de despolitizar el ente electoral.
Despolitización y profesionalización del órgano electoral
La despolitización partidaria del CNE fue un eje central en las audiencias públicas transmitidas en vivo, en las que participaron exdiputados y funcionarios actuales del sistema electoral, con la veeduría de miembros de la sociedad civil. La mayoría de los postulantes coincidió en que la lógica de cuotas partidarias debilita la independencia y el funcionamiento del órgano electoral, y pone en riesgo la estabilidad democrática.
Para lograr la profesionalización de las autoridades electorales, se propuso impulsar procesos transparentes de selección y elección basados en mérito, capacidad técnica e idoneidad profesional, siguiendo los estándares internacionales. Además, evaluar a todo el personal y realizar un proceso de reingeniería interna, y reducir la influencia directa de los partidos en las áreas técnicas de cara al proceso electoral de 2029.
Incluso, ante la resistencia de los partidos políticos a “soltar” el control del sistema electoral, se recomendó una participación híbrida, es decir, incorporar ciudadanos a través de procesos de selección transparentes y auditables. Esto evitaría una partidización disfrazada de ciudadanización y permitiría que los funcionarios con afinidad política sean fiscalizados por contrapartes ciudadanas.
Algunos candidatos señalaron que el problema no es la inclinación política, sino que el único mérito para ocupar el cargo sea la representación de una cuota partidaria. Por ello, propusieron fortalecer la carrera administrativa electoral, proteger al personal técnico especializado dentro del CNE y recuperar una estructura institucional que responda a intereses nacionales y no a fraccionamientos partidarios.
Para algunos de los candidatos, una nueva Ley Electoral debe incluir mecanismos estrictos en los procesos de selección y elección de altos funcionarios, en los que se pondere idoneidad y capacidad técnica. También se propuso la implementación de un código de ética para que los consejeros y demás autoridades electorales se conduzcan con integridad.
Reformas a las Juntas Receptoras de Votos
La mayoría de los candidatos concordó en que la despolitización electoral debe extenderse a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), para erradicar el control partidario de las mesas y prevenir inconsistencia en las actas. Para ello, propusieron una ciudadanización progresiva o híbrida de las mesas electorales, integrada por representantes de partidos y ciudadanos independientes. Se recomendó una mayor participación de la sociedad civil, la academia y las iglesias (católica y evangélica), lo que beneficiará a los movimientos políticos pequeños que carecen de estructura para cubrir la totalidad de las urnas.
También, entre las propuestas para despolitizar las JRV, se planteó fortalecer el rol de las municipalidades en la logística, capacitación y gestión de plataformas tecnológicas del proceso. Esta medida busca reducir la influencia partidaria directa, generar mayor credibilidad en el electorado y optimizar el uso de recursos.
Se enfatizó la necesidad de potenciar al Instituto de Formación Política del CNE, haciendo obligatoria la capacitación del personal de las JRV. Ante la práctica recurrente de los partidos políticos de sustituir el día de la elección al personal previamente entrenado, se propusieron sanciones severas, como la reducción de la deuda política, para resarcir la inversión estatal en las capacitaciones.
Modernización tecnológica del sistema electoral
Respecto al TREP, varios de los candidatos propusieron que el sistema de transmisión sea gestionado directamente por el CNE y no mediante la tercerización. Se subrayó que la necesidad de que el órgano electoral cuente con el tiempo suficiente para realizar pruebas, verificaciones y controles, mecanismos propios que cumplan con estándares internacionales. Para que eso ocurra, se debe garantizar la asignación de recursos al CNE desde 2027, para evitar improvisaciones en el año electoral.
Como antecedente, se recordó que los antiguos entes electorales (Tribunal Nacional de Elecciones y el Tribunal Supremo Electoral) desarrollaban sus propios sistemas, pero la evolución tecnológica derivó en la contratación externa. Para modernizar este esquema, se recomendó incorporar un capítulo en la Ley Electoral un capítulo que establezca la facultad del Consejo Nacional Electoral para realizar sus propias compras mediante mecanismos expeditos sin depender de decretos transitorios del Congreso Nacional.
También se planteó hacer un proceso de adquisición bajo un modelo híbrido (institucional y empresa privada), para generar un equilibrio y evitar ingresar a esa etapa de forma abrupta; además, que se incluya una firma de auditoría internacional independiente que garantice la transparencia.
Varios postulantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una reforma que permita la modernización tecnológica del sistema electoral, especialmente en lo relativo al escrutinio especial y en la implementación gradual del voto electrónico. En ese sentido, señalaron que procesos como la validación de credenciales podrían simplificarse mediante herramientas digitales como códigos de barras, escáneres, inteligencia artificial y plataformas automatizadas, evitando trámites manuales repetitivos y reduciendo errores.
Sobre el voto electrónico hubo consenso: que Honduras debe avanzar progresivamente hacia ese modelo. Sin embargo, su implementación debe comenzar con la contratación de una empresa confiable, que garantice transparencia, la reducción de costos de impresión y la implementación de esquemas como arrendamiento de equipos y sistemas de computación en la nube. Se advirtió que, sin confianza institucional, autonomía e independencia del sistema electoral, una reforma tecnológica de este nivel podría convertirse en un riesgo.
Reformas del sistema político-electoral
Un tema prioritario en las audiencias fue la implementación del balotaje o segunda vuelta, considerado importante para ampliar la participación ciudadana, evitando elecciones definidas por márgenes estrechos. Aunque podría generar polarización extrema de la sociedad (a favor o en contra de los dos candidatos que pasan a la siguiente ronda), esta medida generaría mayor legitimidad al proceso electoral y tranquilidad al pueblo hondureño.
Esto implicaría ajustar el calendario electoral, excepto con las elecciones primarias e internas, adelantando las elecciones generales al menos un mes para realizar la segunda vuelta a finales de noviembre.
Otras propuestas incluyeron separar las elecciones de diputados y alcaldes de la fórmula presidencial. Además, evaluar la fórmula del cociente electoral, señalada como un mecanismo “muy complejo” que a menudo impide que los candidatos más votados accedan a sus cargos. Otro planteamiento fue la creación de estructura única que aglutine al Registro Nacional de las Personas, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral y a la Unidad de Política Limpia, para centralizar y fortalecer la gestión electoral.
Reformas de carácter social
Finalmente, en las audiencias se hicieron propuestas de reformas sociales, orientadas a la inclusión y la equidad: creación de un curul específico para los pueblos originarios en el Congreso Nacional. Esto implicaría una revisión de la Ley Electoral para garantizar su representación política y participación directa en los espacios de toma de decisiones.
Se consideró una deuda histórica la creación y aprobación de una ley para erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres. Esta normativa estaría alineada con modelos de la Comisión Interamericana de Mujeres, pero adaptada al contexto hondureño y elaborada desde el liderazgo de diputadas nacionales. La propuesta contempla que el CNE sea el ente rector encargado de aplicar sanciones administrativas y proteger los liderazgos femeninos.