Escrito por Claudia Mendoza
Diagnóstico situacional. Del colapso heredado a respuestas de emergencia
En el 2026, el sector salud en Honduras enfrenta una situación histórico-estructural muy crítica, caracterizada por la falta de una adecuada infraestructura hospitalaria, de personal médico y de enfermería, hospitales saturados, escasez severa de medicamentos y entre otros problemas una alta mora quirúrgica. Algunos de esos aspectos fueron, precisamente, los que tomó en consideración el gobierno de Nasry Asfura para emitir un binomio legal que marca estos 100 días de gobierno: la Ley de Medidas Excepcionales para la Salud y el Decreto PCM-007-2026 que permite la intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El gobierno de Asfura defiende que estas medidas son necesarias para superar las fallas estructurales históricas, fortalecer la red hospitalaria pública y atender a los derechohabientes. Pero, es importante mencionar que la eterna crisis de este sector no ha sido una situación al azar: es el resultado de decisiones y acciones acumuladas, con respuestas superficiales, en el corto plazo, y en escenarios que han sido aprovechados para el fomento de la corrupción y la disminución de la democratización a un derecho humano fundamental para los hondureños: la salud.
1.El sistema sanitario y su fragmentación
En ese contexto, es importante partir de la forma en cómo el sistema sanitario fragmenta la atención y la administración de recursos, a través de dos grandes subsectores:
- El subsector público
Este sector es concebido como el pilar de atención y se divide en dos instituciones clave: a) la Secretaría de Salud (SESAL), es el ente que ejerce el rol rector y regulador del sistema, además de tener la responsabilidad de prestar servicios de salud a toda la población hondureña. Actualmente da cobertura al 60% de los habitantes. b) El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuya función es recaudar y administrar tanto recursos fiscales como las cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadoras. Mediante este esquema se asegura al 12% de la población.
- El subsector privado
Este sector está integrado por diversas instituciones (pueden operar con o son sin fines de lucro) y atiende aproximadamente al 10% de la población. A pesar de esta estructura, los datos revelan una brecha crítica en el acceso al derecho a la salud: hay una desprotección que se refleja en que 9 de cada 10 personas en Honduras carecen de cualquier tipo de seguro de salud. Y, mientras persiste una exclusión total, se estima que el 18% de la población (lo que representa más de 1.5 millones de hondureños) no tiene acceso a ningún tipo de servicio de salud, quedando totalmente fuera del sistema[1].
No menos preocupante son los datos que visibilizan los déficits serios de personal médico y de enfermería en el sistema sanitario. Según reportes de salud, se estima que Honduras cuenta con apenas entre 5 y 6 médicos por cada 10,000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales[2] que exigen 23. Esta carga afecta directamente la calidad del servicio, la disponibilidad de tiempo por paciente y contribuye a la saturación de los hospitales.
2.La sistémica y sistemática corrupción en el sistema sanitario
Históricamente, el sector salud ha sido una especie de “botín” para las y los funcionarios públicos, indistintamente de su jerarquía, debido a que su estructura de funcionamiento facilita la corrupción de diversas maneras. Aunque es muy difícil citar todos los casos de corrupción que se han registrado en los últimos gobiernos, es importante mencionar que los ejemplos conocidos están relacionados con irregularidades en el manejo de programas especiales (mayo 2014[3]), fraude y falsificación de documentos públicos (junio 2020[4]) y, entre otros temas, la complicidad de funcionarios públicos de salud (directores, administradores, encargados de hospitales regionales y departamentales) con empresas privadas, para realizar desfalcos millonarios (mayo 2025[5]). Esta variedad apenas representa una muestra insospechada de delitos que facilita el sistema y que evidencian una problemática naturalizada en el país.
Sin embargo, hay dos casos que trascendieron en el pasado reciente y que se registran en el imaginario colectivo por el desmedido impacto que generaron en la salud de la población. El primero, el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En el 2015, el país se sacudió con un caso de corrupción que documentó la participación de empresas fachada que drenaron más de 300 millones de dólares, mediante contratos que no tenían capacidad técnica y que fueron creadas solo para recibir fondos públicos. En este caso, el costo de medicamentos y equipo técnico se sobrevaloró hasta en un 500%. Eso fue posible gracias a la confabulación entre una Junta Directiva y una Dirección Ejecutiva alienada a los intereses partidarios y empresariales[6].
El segundo, el fraude de los hospitales móviles (INVEST-H). Este caso se documentó un abuso de “la emergencia” en el contexto de la pandemia del COVID, que propició una compra directa de 47 millones de dólares a un solo proveedor, para los famosos hospitales móviles, sin garantías de cumplimiento ni revisión técnica previa en el 2020[7]. Aunque existen muchos casos similares, estos dos ejemplos se consideran emblemáticos debido a la forma en que, al amparo de un sistema frágil, permisivo y propenso a la colusión interna y externa, se gestó una corrupción desmedida que, aún en la actualidad, continúa afectando a la población hondureña.
Situación de la salud durante el gobierno de Nasry Asfura
El binomio: declaratorias de emergencia y reformas
1.Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud
El 2 de febrero de 2026, el Congreso Nacional oficializó la emergencia en el sistema sanitario, justificando la medida en la crisis de desabastecimiento, la precariedad hospitalaria y los niveles críticos de mora quirúrgica. En este contexto, se dio luz verde a la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, una iniciativa que establece el nuevo marco jurídico para la gestión sanitaria del gobierno.
En síntesis, la nueva ley establece un marco de simplificación administrativa que permite a la SESAL utilizar mecanismos excepcionales como la contratación directa de suministros, servicios y personal, además de firmas convenios con instituciones privadas y ONG para eliminar la mora quirúrgica[8]. Como punto central de esta estrategia, se autoriza al Ejecutivo a crear un fideicomiso transitorio con la banca (por un año), que permite la compra rápida de medicamentos y de equipo médico, en un esquema de exoneraciones fiscales[9]. En relación con el control y la transparencia, la normativa obliga a notificar todos los controles al Congreso Nacional (CN) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), además de exigir informes mensuales a la Secretaría de Finanzas. Finalmente, la implementación de la Ley queda sujeta a un reglamento que debe ser elaborado por la SESAL, con la participación de actores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
2.Emergencia en el IHSS
El Instituto Hondureño de Seguridad Social es una de las instituciones gubernamentales más intervenidas dentro del sistema sanitario del país. Después del descubrimiento del desfalco millonario, el IHSS ha estado “bajo la lupa” de intervenciones prolongadas. El 16 enero de 2014, a pocos días de dejar la presidencia, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa destituyó de su cargo al entonces director del IHSS, Mario Zelaya y aprobó una Junta Interventora[10] que permaneció vigente hasta enero de 2022, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández[11]. Posteriormente, entre el 2024 y el 2025, el gobierno de Xiomara Castro nombró una nueva junta interventora liderada por la Secretaría de Salud[12], con el objetivo de garantizar el cumplimiento del derecho humano a la salud, asegurar la provisión de servicios, insumos, medicamentos, infraestructura adecuada y la atención oportuna de la población hondureña beneficiaria del servicio público de seguridad social. Después de la intervención de estos gobiernos, el IHSS continuó siendo una institución con una persistente crisis administrativa, una alta mora quirúrgica y problemas severos por el desabastecimiento de medicamentos. Las intervenciones, al contrario, pareciesen haber profundizado las inexorables fallas estructurales.
A mediados de febrero de 2026, el IHSS volvió a convertirse en una prioridad, esta vez para el gobierno de Nasry Asfura. De un plumazo, el Consejo de Secretarios de Estado, en modalidad virtual, aprobó el Decreto Ejecutivo PMC.007-2026, en un intento por contener la crisis que afecta la atención de los derechohabientes a nivel nacional. De esta forma y durante un año, el decreto faculta a las autoridades del IHSS y de Salud proceder para reducir la mora quirúrgica, el abastecimiento de forma directa (agilización de compra de medicamentos e insumos médicos esenciales, mediante procesos de contratación directos), contratación de personal (médicos especialistas y personal sanitario necesario para cubrir el déficit en los hospitales públicos y centros del IHSS), servicios subrogados mediante la gestión y contratación de servicios con clínicas u hospitales privados para atender la demanda que el seguro social no pueda cubrir de inmediato, fideicomisos y presupuestos[13].
En medio de un modelo de gestión acabado, Asfura aprobó un binomio normativo que cuando se cruza su contenido, deja visibles algunos aspectos que constituyen puntos críticos de atención.
1.La institucionalidad de la excepción
Ambas normas evaden los preceptos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. La rapidez administrativa que faculta estas leyes, propicia la vigencia de mecanismos “abreviados” que debilitan los controles de transparencia.
El riesgo con este aspecto es que al priorizarse la “rapidez” para la compra de medicamentos, no hay competencias entre proveedores y se abre la puerta para favorecer empresas sin ningún tipo de control previo. También, cómo lo registran otros procesos de intervención en el sistema sanitario, se facilita la compra de productos sobrevalorados.
2.La privatización de los servicios de salud
La subrogación de servicios constituye uno de los aspectos críticos de esta emergencia. Ambas normativas permiten la contratación de clínicas privadas para resolver la mora quirúrgica, lo que sugiere que, en lugar de fortalecerse la red pública hospitalaria se estaría transfiriendo el presupuesto del Estado al sector privado.
Los servicios subrogados, que ya comenzaron a implementarse en algunos hospitales de la municipalidad de San Pedro Sula[14], departamento de Cortés, podrían convertir al IHSS en una especie de “caja pagadora”. Esto incrementa el riesgo de que pierda su capacidad instalada al depender de terceros. Este enfoque permite que, en lugar de invertirse en la reparación y adquisición de infraestructura quirúrgica para el IHSS y los hospitales públicos del sistema sanitario, se debilite aún más la ya frágil infraestructura del Estado. Al trasladarse el presupuesto público al sector de salud privado se crea una dependencia financiera de las clínicas privadas que, si se normaliza, podría conducir a una privatización paulatina de este tipo de servicios públicos.
3.Figuras financieras que fomentan la corrupción
En ambas normas, la figura de los fideicomisos o convenios especiales para la gestión de fondos de emergencia es preeminente. Sin embargo, históricamente, los fideicomisos han constituido un mecanismo eficiente para evadir auditorías en tiempo real, lo que dificulta la labor de supervisión tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil que realizan funciones de veeduría.
Los casos de corrupción emblemáticos mencionados anteriormente evidencian como estas figuras se han utilizado como instrumentos para administrar fondos destinados a proyectos de infraestructura, compra de medicamentos y atención de emergencias, como la pandemia de COVID-19. Las auditorías realizadas en estos ámbitos han detectado deficiencias en la rendición de cuentas, destacando que las operaciones a través de fideicomisos carecían de detalles en garantías de cumplimiento y calidad. El principal riesgo sigue siendo la dificultad para auditar en tiempo real todas las acciones relacionadas con los fideicomisos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a prácticas corruptas y se imposibilitan el fortalecimiento de mecanismos de control efectivos.
4.Crisis entre el gobierno y el gremio médico
La aprobación de ambas normativas ocurrió aproximadamente en el mismo periodo de tiempo en que el Colegio Médico de Honduras (CMH) comenzó a denunciar el despido de decenas de médicos en diversos hospitales de la red pública, a finales de marzo. Estos despidos se notificaron por WhatsApp[15] y llamadas telefónicas, una situación que el CMH calificó como “inaudita” y “preocupante”, ya que se realizaron en medio de la continuidad de más de 3,500 profesionales que, desde hacía tres meses, seguían trabajando sin recibir sus salarios[16].
El CMH denunció el despido de al menos 400 profesionales de la medicina, incluyendo médicos con especialidades. Tanto los despidos de galenos a nivel nacional como la falta de pago de salarios generaron una crisis que durante parte del mes de marzo y abril se manifestó en asambleas informativas, paros de labores, tomas de carreteras y otras protestas a nivel nacional. El gremio médico demandó y denunció, además, la falta de interés del presidente del país en instalar una mesa de conversaciones, pese a la decisión del Ejecutivo de asumir directamente la conducción de la Secretaría de Salud[17], durante el momento de la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales[18].
Los despidos de personal capacitado, en medio de una declaratoria de emergencia para contratar nuevo personal representan un nefasto contrasentido. Por un lado, se reconoce la urgencia de contratar médicos que cubran la mora de especialistas en el país; por otro, se despide a médicos especialistas con amplia trayectoria y experiencia. Esta contradicción agravó la escasez de profesionales en áreas críticas, desincentiva la inversión en la carrera médica y genera desmotivación entre los profesionales de la salud. Aunque el gobierno y el gremio médico llegaron a un acuerdo a finales de abril[19], para comenzar a dialogar sobre los problemas que aqueja al sector salud, es evidente que la falta de una estrategia coherente y sostenida para fortalecer el sistema sanitario pone en riesgo la ya descalificada atención y seguridad de los pacientes, además de constituirse en una “bomba de tiempo” que podría explotar y generar una nueva crisis en cualquier momento.
5.La sobrevaloración en los costos de la mora quirúrgica
La atención a la mora quirúrgica también es un aspecto contenido en las dos normativas aprobadas por el actual gobierno. Sin embargo, este tema ha generado controversia. Según el Colegio Médico, la cifra de cirugías pendientes en el país es de aproximadamente 5 mil 485, dato que se contrapone con las 20 mil que ha señalado el gobierno. El CMH denuncia, además, que existe un plan para debilitar más el sistema de salud pública. Cuando se aprobó el decreto de emergencia, el gobierno de Asfura argumentó que el objetivo principal era erradicar la mora quirúrgica, que en ese momento oscilaba entre 13 y 15 mil cirugías pendientes. Pero, los médicos organizados afirman que, “en cuestión de meses, subió a 20 mil y, desde la semana pasada, se practican en hospitales privados, mientras los públicos se quedan sin médicos”[20].
El gremio médico sostiene que cuenta con las pruebas que constatan la sobredimensión en el número de cirugías pendientes y denuncia que el gobierno de Asfura también estaría pagando un precio muy alto por las cirugías, que rondan los 90 mil cada una. Este costo total se traduce en aproximadamente 1,800 millones de lempiras. “Ese dinero lo pagará el pueblo de Honduras e invertirán en salud privada, en hospitales privados, en lugar de los públicos”, sostienen los médicos.
1.Un alto a la institucionalización de la excepción
El gobierno de Nasry Asfura debe evitar que el “estado de emergencia” en el sector salud se transforme en una forma de administración sistemática. El desafio, en ese sentido, consiste en avanzar de una administración basada en decretos de emergencia hacia la implementación de controles preventivos como norma permanente. Aunque el país enfrenta una emergencia, el fortalecimiento de la Ley de Contratación del Estado debe ser prioritario para lograr un balance y evitar que la rapidez conduzca a la opacidad, sin entorpecer procesos que se deben realizar en tiempos pertinentes. Por eso, se requiere establecer controles preventivos que permitan responder eficientemente en la emergencia, sin sacrificar la transparencia.
- Proteger el sistema frente a la privatización
Más allá de las posibilidades de revertir normativas relacionadas con la transferencia de fondos públicos al sector privado (“tercerización”) para atender la mora quirúrgica, el reto del gobierno de Asfura es recuperar la capacidad del sistema hondureño de seguridad social. Es fundamental garantizar que la compra de servicios a clínicas privadas sea estrictamente temporal y que, paralelamente, se invierta en la infraestructura estatal para fortalecer el sistema sanitario público.
2.Fiscalización de los fideicomisos
Para evitar los problemas históricos asociados a los fideicomisos, el gobierno debe implementar mecanismos de veeduría social en tiempo real que vigilen los fideicomisos autorizados durante la emergencia. Es esencial que tanto la ciudadanía organizada como la no organizada tengan acceso a la información sobre el origen, destino y beneficiarios finales del dinero del erario que se invierta en cada fideicomiso, garantizando transparencia y control ciudadano.
3.Un pacto urgente con el gremio médico y sanitario
El conflicto entre los médicos y el gobierno podría pasar de ser una crisis gremial a un problema de carácter social persistente. La situación, aunque temporalmente se detuvo, podría escalar a niveles de mayor gravedad si el gobierno de Asfura no comienza a construir los cimientos para instalar, más allá de una mesa técnica de diálogo, propuestas conjuntas con el gremio sanitario, para el fortalecimiento del primer nivel y la incorporación de la carrera sanitaria en la política pública de salud. Además, es crucial instituir estabilidad laboral mediante concursos de plazas para médicos, promoviendo así condiciones dignas y sostenibles para el personal de salud.
4.Vigilar la sobrevaloración de la mora quirúrgica
El gobierno de Asfura debe establecer una veeduría ciudadana, que incluya al gremio médico, para auditar los costos reales de las cirugías contratadas directamente. Esto implica la apertura de espacios de vigilancia de costos, para garantizar la transparencia y evitar que este proceso facilite el drenaje de recursos públicos de salud destinados a la atención básica de la población. La rendición de cuentas en esta área es fundamental para asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía.
Conclusión
La administración de Nasry Asfura en materia de salud se caracteriza por la institucionalización de un “modelo de excepción” mediante la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales y la intervención del IHSS. Aunque estas medidas tienen como objetivo fortalecer el frágil sistema sanitario, el diagnóstico revela puntos críticos como el debilitamiento de controles de transparencia, una tendencia hacia la privatización paulatina y una profunda crisis de gobernabilidad con el gremio médico. Este escenario coloca al sistema sanitario en medio de la amenaza de que las fallas estructurales se profundicen y que se perpetúe la histórica exclusión de miles de hondureños que carecen de acceso a la salud.
[1] Ver más en https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/situacin-del-sistema-de-salud-en-honduras-y-el-nuevo-modelo-de-salud-propuesto.pdf
[2] El mundo.hn (17, enero-2026).https://elmundo.hn/honduras-tiene-solo-6-medicos-por-cada-10-mil-habitante/
[3] El Heraldo.hn (7 abril- 2014). Lobo recibe informe sobre crisis en Salud https://www.elheraldo.hn/honduras/lobo-recibe-informe-sobre-crisis-en-salud-PAEH581842
[4] Mp.hn (17 junio-2020) Histórico fallo obtuvo MP por corrupción en el sector salud. https://www.mp.hn/publicaciones/historico-fallo-obuvo-mp-por-corrupcion-en-el-sector-salud/
[5] Mp.hn (8 mayo-2025) https://www.mp.hn/publicaciones/por-compra-fraudulenta-de-medicamentos-mp-presenta-requerimiento-fiscal-contra-45-personas-entre-ellos-exfuncionarios-publicos-y-representantes-de-empresas-privadas/
[6] La Prensa.hn (13 sept. 2018) IHSS: el mayor desfalco en la historia de Honduras https://www.laprensa.hn/honduras/ihss-desfalco-honduras-corrupcion-latinoamerica-escandalos-sobornos-IXLP1215841#image-1
[7] Criterio.hn (22 julio-2020) Analistas temen que una interventora en Invest-H oculte magnitud de irregularidades. https://criterio.hn/analistas-temen-que-una-interventora-en-invest-h-oculte-magnitud-de-irregularidades/
[8] Confidencial.hn. (6 abril- 2026) Autoridades de Salud esperan resolver el 80 por ciento de mora quirúrgica para el cierre de 2026 https://confidencialhn.com/segun-autoridades-de-salud-esperan-resolver-el-80-por-ciento-de-mora-quirurgica-para-el-cierre-de-2026/
[9] Cespad.org.hn (9 febrero 2026) De los hospitales móviles a la Ley de Medidas Excepcionales para la Salud: ¿las puertas abiertas a la discrecionalidad? https://cespad.org.hn/de-los-hospitales-moviles-a-la-ley-de-medidas-excepcionales-para-la-salud-las-puertas-abiertas-a-la-discrecionalidad/
[10] La Prensa.hn (16 enero.2014) Gobierno hondureño interviene Seguro Social https://www.laprensa.hn/honduras/gobierno-hondureno-interviene-seguro-social-MDLP442943
[11] Elpulso.hn (14 enero-2021). Morales, Leitzelar y Salinas no lograron mejorar el IHSS tras siete años de intervención https://www.elpulso.hn/2021/01/14/morales-leitzelar-y-salinas-no-lograron-mejorar-el-ihss-tras-siete-anos-de-intervencion/
[12] Diario oficial La Gaceta #36,681. Nombramiento Comisión Interventora del IHSS (5 nov-2024). https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-33-2024.pdf
[13] La Prensa.hn (27 marzo-2016) Decreto de emergencia para el Seguro Social: cuáles son sus objetivos y acciones clave. https://www.laprensa.hn/honduras/decreto-emergencia-seguro-social-objetivos-acciones-clave-JD29916917
[14] La Prensa.hn (23 marzo-2026) Ya operan en hospitales privados de SPS para reducir la mora quirúrgica https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-plan-reducir-mora-quirurgica-16000-casos-GF29865065
[15] Tiempo.hn (28 marzo-2026). Médicos denuncian despidos por WhatsApp; Sesal afirma que se trata de «rotaciones» https://tiempo.hn/honduras/2026/03/28/medicos-denuncian-despidos-por-whatsapp/
[16] Confidencial.hn (28 marzo-2026) Despidos por WhatsApp y sin salario: médicos denuncian “persecución política” en plena crisis sanitaria en Honduras https://confidencialhn.com/despidos-por-whatsapp-y-sin-salario-medicos-denuncian-persecucion-politica-en-plena-crisis-sanitaria-en-honduras/
[17] Cespad.org.hn (9 febrero 2026) De los hospitales móviles a la Ley de Medidas Excepcionales para la Salud: ¿las puertas abiertas a la discrecionalidad? (https://cespad.org.hn/de-los-hospitales-moviles-a-la-ley-de-medidas-excepcionales-para-la-salud-las-puertas-abiertas-a-la-discrecionalidad/?fbclid=IwY2xjawRL0uVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPVmc2SXN1NjU2VHRRcXVlc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhpqfaW3zpBTKgD0Zt1yb9r-N0Jdysp0jtzXcmqXu3JJjueJLu-2yOErQmu5_aem_h7rLdA34PhWk73yZCo3I_w
[18] https://enter504.com/falta-de-dialogo-con-el-gobierno-tensiona-al-gremio-medico-hondureno/
[19] tnh.gob.hn (23 abril- 2026). Gobierno y médicos pactan medidas para restablecer servicios de salud. https://tnh.gob.hn/gobierno/gobierno-y-medicos-pactan-medidas-para-restablecer-servicios-de-salud/
[20] Radio Progreso (31 marzo 2026). Alertan sobre plan del gobierno de Asfura para privatizar la salud pública en Honduras. https://www.radioprogresohn.net/aplicacion-movil/alertan-sobre-plan-del-gobierno-de-asfura-para-privatizar-la-salud-publica-en-honduras/