Escrito por Osiris Payes, asesora legal en transparencia y anticorrupción del Cespad
02 de febrero, 2024 DescarguePDF aquí
Transparencia Internacional[1], una organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, presentó recientemente los resultados correspondientes al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC-2024), basado en el ejercicio del año 2023. Este índice, que varía de 0 (indicando total corrupción) a 100 (indicando total transparencia), clasifica 180 países en una escala global, ubicándolos desde los más corruptos hasta los más transparentes.
La corrupción, definida por Transparencia Internacional como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”, tiene un impacto significativo en diversas dimensiones de la economía y la vida social de las y los ciudadanos. Por esta razón, contar con mediciones, aunque sean indirectas, se vuelve crucial para posicionar o evidenciar la situación de los países en este ámbito.
En el informe 2024, Honduras recibió una puntuación de 23, similar a la calificación obtenida por Irak, Guatemala y Azerbaiyán. Este puntaje refleja un estancamiento para el país, ya que ha mantenido esta posición desde la evaluación del 2021, sin mostrar avances ni retrocesos significativos en términos de percepción de la corrupción. Honduras no es la excepción, el 95 por ciento de los países ha logrado poco o ningún progreso desde 2017[2]. En cuanto a su posición relativa, Honduras se ubica en el puesto 154 de 180 países.
Sin embargo, la persistencia de Honduras en este nivel de corrupción es motivo de profunda preocupación, porque señala la imperante necesidad de que se implementen medidas efectivas para abordar y combatir la sistémica y sistemática corrupción heredada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por otro lado, este fue, en gran medida, el anhelo que llevó a la población hondureña a votar de manera masiva a favor de Xiomara Castro. Este deseo se intensificó, especialmente cuando en su discurso de ascensión al poder, la actual mandataria prometió la instalación de un mecanismo internacional que hiciera frente a la macro corrupción.
En ese sentido, resulta de suma importancia reflexionar sobre los siguientes puntos en este contexto.
¿Quiénes miden el IPC y cómo se mide?
Transparencia Internacional implementa un método compuesto de evaluación que se fundamenta en encuestas dirigidas a expertos y empresas especializadas. Se incorporan 13 fuentes[3] de información clave, cada una aportando una perspectiva en la evaluación de la corrupción a nivel mundial.
Este enfoque multifacético proporciona una perspectiva rica y diversa sobre la corrupción, desde la percepción subjetiva hasta evaluaciones más objetivas de la gobernabilidad y el riesgo político y económico. No obstante, la inclusión de esta variedad de fuentes no está exenta de desafíos. La divergencia en las metodologías y la ponderación de los datos plantean cuestionamientos sobre la homogeneidad y coherencia de la evaluación.
Este énfasis en la diversidad de datos no solo enriquece el análisis, sino que también subraya la complejidad inherente al estudio de la corrupción en un contexto global. La consideración de múltiples dimensiones y perspectivas fortalece la credibilidad del índice, al tiempo que insta a una reflexión más profunda sobre la complejidad y las interconexiones de la corrupción en la esfera pública.
¿En realidad, mantenemos la misma situación de corrupción del 2021?
La comparación de las puntuaciones en el IPC entre los últimos gobiernos de Juan Orlando Hernández y la actual administración de Xiomara Castro revela una dinámica que merece atención y un análisis crítico.
Bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, las puntuaciones del IPC oscilaron entre 29 y 31 desde 2014 hasta 2019. Sin embargo, durante su mandato se observaron prácticas controvertidas, como la concentración de poder en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), ente que consolidó un control autocrático. Además, se registró la histórica reelección ilegal de Óscar Chinchilla[4], el exfiscal general del Ministerio Público (MP), a pesar de no haber formado parte de la lista de cinco candidatos remitidos por la Junta Proponente, que participaron en el proceso de elección.
Por otro lado, la aprobación de leyes como el decreto legislativo núm. 102-2017 y el decreto núm. 93-2021, amplió el marco jurídico para criminalizar el movimiento social y limitar las acciones contra la corrupción. Las acciones del gobierno de Hernández, incluyó la neutralización de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a través de la aprobación de una serie de decretos denominados “pactos de impunidad”.
De igual forma, se registró la no renovación del convenio de la MACCIH, en medio de un ambiente convulso en el que sobresalieron casos de corrupción que involucraron a funcionarios públicos, personas particulares y decenas de diputados del Congreso Nacional
La administración de Xiomara Castro recibió del gobierno anterior un IPC de 23. Esta puntuación se ha mantenido constante después de dos años de gestión (2022 y 2023), lo que indica niveles persistentes de percepción de corrupción. En medio de ese escenario, el gobierno de Castro ha expresado su voluntad de cambiar el rumbo en la lucha contra la corrupción mediante la derogación de los “pactos de impunidad”. Como parte de este compromiso, se han derogado y reformado cuatro de estos pactos, que representan marcos jurídicos que obstaculizaron la administración de justicia, en particular, la acción penal del MP en casos de macro corrupción:
- Derogación del Decreto Legislativo 418-2013, que contenía la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
- Eliminación del Decreto 57-2020, que impidió el secuestro de documentos, por parte del MP.
- Reforma del Decreto 93-2023 en su articulado referido al lavado de activos.
- Derogación del 116-2019, normativa que bloqueaba la acción penal contra funcionarios y personas particulares por delitos de corrupción pública.
Pero, aunque estos representan avances significativos en la lucha contra la corrupción, aún persiste la necesidad de derogar otros marcos jurídicos y establecer nuevas leyes para consolidar estos esfuerzos.
El reconocimiento internacional también respalda estos esfuerzos, como se evidencia en la aprobación, por parte de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2023, para otorgarle al secretario general el mandato de continuar apoyando el proceso de instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Es evidente que estos hechos evidencian una transición significativa en la lucha contra la corrupción entre los gobiernos de Juan Orlando Hernández y la actual administración de Xiomara Castro en Honduras.
Pero, ¿por qué no mejoramos el índice?
La persistencia de la situación en el IPC en Honduras se puede atribuir a una combinación de factores sistémicos, legados de la administración anterior y desafíos inherentes a la lucha contra la corrupción en un entorno tan complejo.
Analizando más a fondo estos aspectos, se pueden identificar varios elementos clave:
- Herencia de la administración anterior. La concentración de poder, la reelección ilegal de funcionarios y la aprobación de leyes restrictivas crearon un entorno propicio para la corrupción durante el gobierno de Hernández. La actual administración de gobierno heredó estos desafíos estructurales y enfrenta la tarea de revertir la persistencia de una cultura arraigada a la impunidad.
- Efectividad limitada de las medidas implementadas. Aunque la administración actual ha derogado y reformado algunos pactos de impunidad, la efectividad real de estas acciones puede ponerse en entredicho. La implementación de las acciones vinculadas con las reformas legales y la derogación de decretos enfrentan desafíos prácticos y podrían no traducirse directamente en mejoras palpables en la percepción de la corrupción.
- Reformas incompletas y necesidad de medidas más integrales. A pesar de los esfuerzos realizados, la persistencia en la posición de Honduras en el IPC podría señalar que las reformas implementadas hasta ahora son insuficientes o incompletas. La necesidad de medidas más integrales y sostenibles, que aborden las raíces sistémicas de la corrupción, es crucial para lograr mejoras a largo plazo.
- Necesidad de medidas continuas y sostenibles. Aunque se han registrado avances notables, como el respaldo internacional para la instalación de una CICIH, la lucha contra la corrupción demanda un compromiso constante y medidas sostenibles en el tiempo. La administración actual ha demostrado voluntad política, pero consolidar estos esfuerzos requerirá de una estrategia a largo plazo.
- Desafíos en la medición de la corrupción. La metodología diversa utilizada para medir la corrupción, aunque enriquecedora en términos de perspectivas, plantea interrogantes sobre la coherencia y comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo. Las variaciones en las metodologías y la ponderación de datos pueden introducir sesgos y dificultar la interpretación precisa de las tendencias. Esto subraya la necesidad de una reflexión crítica sobre la validez y la comparabilidad de las evaluaciones.
En vista de la persistencia de la situación de corrupción en Honduras, así como de las recomendaciones generales proporcionadas por Transparencia Internacional, se pueden formular sugerencias para abordar las deficiencias identificadas en el contexto hondureño. Estas recomendaciones buscan fortalecer la integridad del sistema judicial y mejorar la eficacia de las medidas anticorrupción:
- Implementar medidas que fortalezcan la independencia y autonomía de los poderes del Estado. Esto incluye la promoción de un sistema de pesos y contrapesos efectivo, crucial para salvaguardar la democracia y prevenir la concentración excesiva de poder en cualquier rama del gobierno.
- Garantizar que la elección de altos funcionarios, realizada por el Congreso Nacional, se realice estrictamente conforme a las normas constitucionales. Este paso es esencial para restaurar la legitimidad y la transparencia en el proceso de selección de altos funcionarios, fortaleciendo así la base del Estado de derecho.
- Fortalecimiento de la Independencia del Sistema Judicial a través de la protección contra interferencias externas y garantizar la autonomía y la capacidad de actuar sin presiones indebidas, es crucial para la efectividad en la lucha contra la corrupción.
- Establecer un mecanismo formal de diálogo y consulta con organizaciones de la sociedad civil especializadas en anticorrupción. Esto permitirá una comunicación abierta, la identificación conjunta de desafíos y la co-creación de soluciones para abordar la corrupción.
Dado el avance significativo logrado con la aprobación del mandato para la instalación de la CICIH por parte de la Asamblea General de la ONU, es imperativo abordar los desafíos pendientes y fortalecer la participación ciudadana. Se sugiere:
- Priorizar y acelerar la creación de las condiciones básicas necesarias para la instalación efectiva de la CICIH en Honduras. Esto incluye la asignación de recursos financieros y logísticos, así como la definición clara de su marco jurídico y operativo.
- Establecer mecanismos transparentes que garanticen la fluidez de información relevante y de peso sobre el proceso de instalación de la CICIH y sus avances, a la ciudadanía organizada y no organizada.
- Establecer mecanismos formales que permitan una participación ciudadana efectiva en el proceso de instalación de la CICIH. Incorporar a representantes de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la supervisión de las actividades de la comisión nombrada por el Ejecutivo fortalecerá su capacidad de actuar de manera equitativa y transparente.
[1] https://www.transparency.org/es/press
[2]https://www.transparency.org/en/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent
[3] https://images.transparencycdn.org/images/CPI2023_SourceDescription_EN.pdf
[4] https://www.dplf.org/es/resources/se-busca-fiscal-general-para-honduras-la-cronica-de-una-reeleccion-no-anunciada