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En el marco del proyecto “Nosotras Construyendo Democracia: Ciudadanía Activa de las Mujeres”, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó el informe Paridad formal, poder desigual: Evidencia de las estructuras que sostienen la exclusión política de las mujeres, una investigación que analiza las condiciones que limitan la participación política sustantiva de las mujeres y plantea una agenda de reformas para fortalecer el marco electoral hondureño.
El estudio concluye que, aunque Honduras ha incorporado el principio de paridad en su legislación electoral, esta figura sigue siendo utilizada como un requisito formal y no como una garantía de acceso efectivo al poder. La evidencia demuestra que las mujeres siguen enfrentando desventajas para competir, resultar electas, ejercer cargos públicos y consolidar sus trayectorias políticas.
Los datos de las elecciones de 2025 reflejan esta realidad. Si bien las mujeres representaron cerca del 47 % de las nominaciones, este se redujo a un 43.26 % de las candidaturas a diputaciones y apenas el 10.96 % de las candidaturas a alcaldías. Como resultado, de los 128 escaños del Congreso Nacional, solo 38 son ocupados por mujeres, mientras que de las 298 alcaldías del país, únicamente 23 están encabezadas por mujeres, evidenciando que el poder político continúa concentrándose mayoritariamente en los hombres.
La investigación identifica que esta desigualdad responde a factores estructurales que atraviesan todo el ciclo político-electoral, entre ellos el financiamiento desigual, la discrecionalidad en los partidos políticos, el control territorial de estructuras tradicionales, la violencia política por razones de género, la sobrecarga de los trabajos de cuidado y las dificultades para la continuidad y reelección de las mujeres.
Frente a este panorama, el informe plantea que el actual proceso de discusión sobre reformas electorales constituye una oportunidad histórica para avanzar hacia una democracia paritaria. Entre las principales propuestas destacan fortalecer la competitividad de la paridad, transparentar y fiscalizar el financiamiento político, democratizar la vida interna de los partidos, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres e incorporar medidas que permitan garantizar condiciones reales de igualdad durante todo el ciclo político-electoral.
Con esta publicación, el CESPAD, CEM-H, Oxfam reafirman su compromiso de contribuir al debate público mediante evidencia técnica que permita impulsar reformas orientadas a construir una democracia más inclusiva, donde la igualdad de derechos se traduzca en igualdad de oportunidades para acceder, ejercer y sostener el poder político.
Tegucigalpa M.D.C., 21 de julio, 2026