Escrito por Gustavo Irías
El 26 de julio retornó a Honduras Juan Orlando Hernández (JOH), ex presidente de la república, como resultado de una combinación de factores. Por un lado, el indulto presidencial de Donald Trump lo que le permitió evadir la condena de la Corte Sur de Nueva York por 45 años de prisión por los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y otros delitos relacionados. Por otro lado, la inacción del Ministerio Público en la investigación de denuncias de hechos delictivos que lo involucran directamente, basta mencionar, a manera de ejemplo, los casos de la reelección presidencial ilegal y la compra del avión presidencial.
Más allá de la algarabía de sus familiares y simpatizantes en el aeropuerto de Palmerola y en otros lugares del país, el retorno de JOH retrata a una Honduras sumida en la impunidad y sometida, en buena medida, a los designios de la administración Trump. Constituye, además, un indicador de la erosión de la democracia hondureña, pues el indulto formó parte de la estrategia impulsada desde Washington para favorecer el ascenso de Nasry Asfura a la Presidencia de la República, distorsionando la libre voluntad del electorado. El problema de la democracia hondureña no radica únicamente en su baja calidad, expresada en reglas del juego insuficientes para garantizar elecciones legítimas y transparentes, así como en la ausencia de organismos electorales verdaderamente independientes y autónomos, sino también en la injerencia directa de intereses extranjeros con capacidad para administrar incentivos, imponer castigos y conferir legitimidad política.
En este breve texto nos proponemos responder una interrogante central: ¿qué significa el regreso de JOH en la actual coyuntura nacional y sus implicaciones para el sistema político hondureño?
La nueva estrategia hemisférica estadounidense y su influencia en Honduras
Entre los principales propósitos de esta estrategia figura la recuperación de la hegemonía estadounidense en América Latina y el Caribe, el control de los recursos naturales estratégicos (es especial de los minerales críticos) y de los corredores logísticos, la relocalización (nearshoring) de las cadenas de suministro, así como la promoción de espacios de oportunidad para la inversión privada de los Estados Unidos.
Esta estrategia, que en la región se expresa a través del denominado “corolario Trump” de la Doctrina Monroe, establece en uno de sus pilares que la política estadounidense “debe enfocarse en incorporar campeones regionales que puedan ayudar a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios. Estas naciones —agrega— nos ayudarían a detener la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar cárteles, acercar la manufactura a nuestras fronteras y desarrollar economías privadas locales, entre otras cosas”. En esa misma dirección, sostiene la necesidad de “recompensar y alentar” a “los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén ampliamente alineados con nuestros principios y estrategia”.
Nos parece que es en este marco en el cual se inscriben tanto los apoyos que facilitaron la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia de la República como el indulto presidencial concedido a Juan Orlando Hernández (JOH), dos movimientos simultáneos realizados desde Washington en la coyuntura electoral de 2025. Desde luego, ambos hechos debieron implicar compromisos asumidos por JOH y Asfura. Aunque resulta difícil precisarlos con certeza, si se examina la relación histórica de las élites hondureñas con los gobiernos de los Estados Unidos y se considera la actual estrategia hemisférica de ese país, es posible inferir, por aproximación, al menos tres aspectos centrales.
El primero es el interés estratégico de los Estados Unidos en la posición geográfica de Honduras en el mar Caribe, tanto desde la perspectiva militar como por su condición de corredor para el tránsito de mercancías, personas y drogas. A lo largo de la historia, esta ubicación ha despertado el interés de distintas potencias. Durante la década de los ochenta, por ejemplo, Honduras se convirtió en un bastión fundamental de la estrategia estadounidense en Centroamérica. En el presente, adquiere una renovada importancia en la reconfiguración de las fuerzas políticas en la región en su conjunto.
El segundo que consideramos el más relevante en el contexto actual, es el interés de la administración Trump en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), concebidas como un modelo de gobiernos corporativos que, funcionando como enclaves, ofrecen reglas más flexibles, una menor carga regulatoria y un blindaje jurídico frente al Estado. En esencia, representan la aspiración del tipo de organización política y económica promovido por el movimiento libertario internacional. Bajo estas condiciones, Honduras se perfila como un laboratorio de alcance estratégico para este proyecto.
El tercero es el eventual papel que podrían desempeñar JOH y el propio Partido Nacional como referentes de una derecha regional comprometida con un proyecto económico y político de reestructuración ultraliberal de la sociedad latinoamericana, mediante la reproducción ampliada del modelo de las ZEDE como espacios privilegiados para la inversión privada extranjera y en una relación de subordinación con la política exterior de los Estados Unidos.
El rediseño del Estado y el modelo económico en curso
Juan Orlando Hernández regresa a un país que, en lo esencial, ha cambiado poco. El gobierno de Nasry Asfura está orientado a profundizar la reestructuración del Estado con el propósito de facilitar la inversión nacional y extranjera, apoyándose en buena medida en el rediseño institucional impulsado durante los ocho años de la administración de JOH. El gobierno de la Refundación realizó algunos esfuerzos por revertir determinados componentes de ese modelo, especialmente en lo relacionado con la privatización de empresas y activos públicos, como ocurrió con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, en términos generales, mantuvo vigentes varios de sus componentes centrales.
El rediseño estatal heredado por JOH presenta, al menos, cuatro características. La primera consiste en la centralización del poder en la Presidencia de la República y en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La segunda radica en la adecuación del marco jurídico y de la institucionalidad estatal a las necesidades del capital privado, tanto nacional como internacional, para impulsar una nueva generación del modelo neoliberal. La tercera se expresa en la estructuración de un marco regulatorio orientado a asegurar la criminalización de la oposición agraria y ambiental al modelo. Finalmente, la cuarta consiste en el desarrollo de una política social de carácter asistencialista, basada en la entrega de bonos, encaminada a consolidar y ampliar la base social electoral del partido de gobierno.
Con el regreso de JOH, este rediseño estatal y esta orientación de la política económica permanecen prácticamente intactos y continúan definiendo el rumbo del actual gobierno. Ello le confiere autoridad política tanto frente al tradicional sector empresarial, principal beneficiario de estas políticas, como ante las Fuerzas Armadas, que siguen desempeñando un papel central en la gestión del Estado. En este sentido, tanto el proyecto impulsado por JOH como el que actualmente desarrolla el gobierno de Nasry Asfura comparten, en esencia, un mismo rasgo: su carácter autoritario, cuyo principal pilar es la militarización del Estado y de la sociedad.
Como retribución a las redes empresariales, políticas e ideológicas internacionales que facilitaron su indulto, es previsible que JOH influya en la generación de nuevas iniciativas para promover la inversión extranjera sobre la base del modelo de las ZEDE, posiblemente despojándolo de aquellos elementos que han sido más cuestionados por distintos sectores de la sociedad. Esta orientación cobra especial relevancia si se considera que la promoción del sector privado estadounidense constituye un componente central de la nueva estrategia de Estados Unidos, al grado de establecer que: “Proteger con éxito nuestro hemisferio también exige una colaboración más estrecha entre el Gobierno de Estados Unidos y el sector privado estadounidense. Todas nuestras embajadas -dice la estrategia- deben conocer las principales oportunidades de negocio en sus países de acreditación, especialmente los grandes contratos gubernamentales. Cada funcionario del Gobierno de Estados Unidos que interactúe con estos países debe entender que parte de su trabajo consiste en ayudar a las empresas estadounidenses a competir y triunfar”.
Contribuir al logro de estos propósitos constituye, con alta probabilidad, uno de los compromisos y roles que JOH desempeñará en esta nueva etapa como figura pública vinculada a la promoción de los intereses de Estados Unidos.
Las implicaciones en el sistema político
Esta es la dimensión más relevante, pues articula y da sentido a las demás. El retorno del expresidente extraditado y su rehabilitación política desde Washington fortalecen las narrativas conservadoras y ofrecen un nuevo punto de articulación para las fuerzas políticas que buscan consolidar una derecha hondureña alineada con los intereses y el respaldo de los Estados Unidos, en el contexto de la actual reconfiguración política de la región.
Hernández es un caudillo y, sin duda, todavía conserva un respaldo de importancia dentro del Partido Nacional. Ni siquiera en el momento más crítico de su trayectoria política, cuando fue condenado en Nueva York, renunció a liderar un proyecto político propio. Fue precisamente en ese contexto cuando promovió la precandidatura presidencial de su esposa en las elecciones internas del Partido Nacional, logrando alrededor del 20% del respaldo electoral de esa organización. Esta campaña no contó con el apoyo de su círculo político más cercano, el cual terminó alineándose con la candidatura de Nasry Asfura.
Inevitablemente, con su presencia física en el país reorganizará lealtades y se reposicionará como un actor clave, tanto en la actual gestión gubernamental como de cara a las elecciones de 2029. No necesariamente como candidato presidencial, sino como una figura con capacidad para incidir en la orientación del poder político. El caso de JOH evidencia cómo, en el nuevo orden internacional de la era Trump, la competencia democrática en las urnas queda subordinada a los alineamientos geopolíticos, devaluando el funcionamiento de las instituciones democráticas encargadas de garantizar elecciones transparentes y justas.
Sin ninguna duda, JOH se insertará nuevamente en el sistema político hondureño como un actor de primer orden. Se trata de un sistema político que, pese a los resultados ampliamente favorables para los partidos tradicionales en las elecciones de 2025, emergió con un alto grado de fragmentación. Por ello, resulta simplista afirmar que el país experimentó un retorno al bipartidismo. El voto independiente, que continuará siendo decisivo en los próximos procesos electorales, quedó atrapado entre el miedo y el voto de castigo, lo que confirma que el sistema político sigue marcado por la incertidumbre y que la prolongada crisis de la democracia hondureña está lejos de haber sido superada. Hernández es, además, un actor profundamente polarizante. Su presencia reactivará la disputa política en el país (JOH-anti JOH), hasta el grado de que su retorno podría convertirse en un factor de articulación para una oposición hoy dispersa, confundida y carente de un programa.
Para cerrar este artículo, el regreso de JOH deja abierta una inquietante interrogante: ¿qué tipo de Estado, qué tipo de democracia y qué tipo de justicia quedan en pie en Honduras?