El 5 de agosto de 2026, la independencia del Poder Judicial de Honduras será objeto de examen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La concentración de facultades administrativas y de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, el uso de los juicios políticos contra altas autoridades del Sistema Judicial, y la injerencia del Congreso Nacional para nombrar a la presidencia de la Corte, son los principales desencadenantes que llevaron a una coalición de organizaciones nacionales e internacionales a solicitar una audiencia pública durante el 196º Período de Sesiones.
La audiencia temática fue solicitada por Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Estas organizaciones abordarán la situación de la independencia judicial de Honduras, presentarán información relevante y actualizada sobre este tema, y analizarán su impacto en la protección de los derechos humanos en el país.
Según las organizaciones participantes, las situaciones que motivaron la petición del espacio ante la CIDH evidencian las graves fallas estructurales del sistema de justicia hondureño y su vulnerabilidad frente a las presiones externas, debido a la falta de implementación de reformas para la incorporación de recomendaciones realizadas por la CIDH y otros organismos internacionales, desde hace muchos años.
También consideran que la debilidad institucional del sistema de justicia hondureño es uno de los principales factores de la precariedad del sistema democrático, porque impide que el Poder Judicial cumpla el rol de “contrapeso del poder político” y garantice el respeto de los derechos humanos y las libertades de la población.
CESPAD: “Es una audiencia temática, no un juicio”
Frente a la desinformación y las narrativas que sugieren que el Estado hondureño enfrentará un juzgamiento internacional, la abogada Osiris Payes, quien representará en la audiencia al CESPAD, aclara la naturaleza del encuentro ante el sistema interamericano.
“Lo que se va a celebrar es una audiencia temática, no es un juicio contra el Estado hondureño. Estas audiencias son espacios de diálogo en los cuales las organizaciones de sociedad civil y el Estado presentan información sobre una situación concreta de derechos humanos que preocupa a la Comisión”.
La representante del CESPAD destaca que la Comisión Interamericana recibe muchas solicitudes de audiencia, las que no concede automáticamente. Ante las solicitudes, la Comisión evalúa aspectos como la pertinencia del tema, la actualidad y el posible impacto sobre derechos humanos. Asimismo, analiza si ocurre un diálogo entre la sociedad civil y el Estado, o qué tan útil puede ser ese diálogo.
En ese sentido, la concesión de esta audiencia exclusiva para Honduras demuestra que la CIDH considera la crisis judicial del país como un tema de gravedad y relevancia suficiente dentro de la agenda regional. Al abrir este espacio exclusivo para Honduras, la CIDH reconoce que existe preocupación real, urgente y relevante sobre el deterioro de la independencia judicial en el país.
“Esta audiencia temática es concretamente sobre la independencia judicial en Honduras; la dinámica consistirá en que la Comisión escuchará a las partes en un tiempo estimado de una hora o una hora y media; el tiempo se divide entre una exposición de los solicitantes o peticionarios, una reacción de parte del Estado de Honduras, preguntas y respuestas de las personas comisionadas y un tiempo adicional para réplicas”, acota Payes.
¿Qué se busca con la participación en la audiencia?
Las organizaciones peticionarias no buscan litigar un caso particular porque no se trata de un juicio político. “Como tanque de pensamiento, desde el CESPAD, queremos aportar información actualizada sobre los hechos recientes o los viejos, que evidencian constantemente los desafíos que enfrenta la independencia judicial en Honduras”, sostiene la entrevistada.
Agrega que “el objetivo de la presencia ante la CIDH es mostrar la forma en cómo determinadas decisiones o viejas prácticas pueden afectar tanto el sistema de pesos y contrapesos, la autonomía de los órganos de justicia y la protección de derechos humanos, un aspecto que vigila la Comisión”.
Las organizaciones peticionarias consideran que esta audiencia es una oportunidad para brindar al organismo internacional insumos calificados sobre cómo se han precarizado las instituciones de justicia en Honduras.
Aunque las audiencias regionales previas abordaron tendencias en el continente, este espacio es exclusivo para Honduras, lo que permitirá profundizar en fallas históricas como la ausencia de una Ley de Carrera Judicial y la indebida concentración de funciones administrativas en la Corte Suprema.
También, sobre el debate en torno a los juicios políticos impulsados desde el Congreso Nacional, la abogada del CESPAD advierte que no constituyen el fin único de la audiencia, sino un hecho reciente que ilustra un problema profundo y enraizado dentro del sistema judicial.
“Los juicios políticos no son el objeto exclusivo de la audiencia, sino piezas que ilustran el reacomodo de poder, la concentración de poder y la presión sobre los operadores de justicia”, señala Payes, quien sostiene que “los problemas estructurales en el sistema de justicia, la concentración de funciones administrativas que persiste en la Corte Suprema de Justicia, la ausencia de la ley de la carrera judicial y la utilización de estos mecanismos constitucionales que son los juicios políticos, no son problemas nuevos”.
Casos como la destitución del fiscal general Johel Zelaya o la presión política que derivó en la renuncia de la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando, demuestran, según la asesora legal del CESPAD, cómo se instrumentalizan mecanismos constitucionales para desestabilizar la autonomía judicial y ajustar la institucionalidad a intereses de coyuntura.
“Por eso, la solicitud presentada ante la Comisión aborda un conjunto de problemas estructurales y también lo relacionado a los juicios políticos”, afirma.
¿Qué ocurre al finalizar la audiencia?
Respecto a los resultados que se esperan al finalizar la audiencia del 5 de agosto, Payes señala que, al no tratarse de un juicio político, la Comisión no concluye ni en una sentencia ni en una condena contra el Estado hondureño.
Advierte que la importancia de esta audiencia temática radica en la generación de un registro público internacional de información que alimenta los informes y las recomendaciones que la CIDH emite año tras año. Esto facilita el seguimiento a una situación puntual y la necesidad o no de solicitar información adicional.
Payes considera que el escrutinio internacional puede ayudar a generar presión. Pero, “aunque la Comisión emita 10, 15 o 20 recomendaciones, si no hay voluntad por parte del Estado hondureño, concretamente para fortalecer la independencia del Poder Judicial, difícilmente podría cambiar algo en Honduras”, concluyó.