Escrito por: Gustavo Irías
En el marco de la realización de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta de la República, Xiomara Castro, se entrevistó con el Secretario General de este organismo. En el imaginario colectivo de los y las activistas que luchan contra la corrupción existía la expectativa que esa reunión concluiría con la firma del Memorándum de Entendimiento para iniciar el proceso hacia la instalación de la CICIH. Sin embargo, la comunicación oficial de este encuentro, tanto de la ONU y del Gobierno hondureño, se concretó a anunciar el acuerdo mutuo de “acelar la instalación de la CICIH en Honduras”. En lenguaje diplomático, esta notificación significa que aún no se construyen los consensos necesarios para iniciar el camino hacia la CICIH.
De la lectura del borrador del Memorándum de Entendimiento de la ONU y de la respuesta del gobierno hondureño, es posible establecer que la instalación de la CICIH o el “mecanismo internacional” como lo llama la ONU, no será un proceso fácil ni rápido.
Tanto la ONU y el gobierno hondureño están apostando a sus propios tiempos políticos. Para empezar, a la ONU no le interesa involucrarse en un proceso en el cual no existan las mínimas condiciones legales e institucionales para que el “mecanismo” pueda asegurar algún éxito. Esto está referido a la persistencia del modelo de corrupción impuesto por el anterior régimen político, con todas sus herramientas jurídicas e institucionales que impiden la lucha contra la corrupción e impunidad. Igualmente, están conscientes que el país ha iniciado una fase de transición del autoritarismo a la democracia, esto implica grados apreciables de incertidumbre, por eso quieren asegurar y tener claridad sobre el curso que tomará esta transición, al igual que la voluntad política del actual gobierno en relación con la restauración de la democracia.
Por su parte, el gobierno hondureño busca tener una posición de negociación lo más favorable posible, por lo menos de cara a la instalación y operación definitiva de la CICIH. La construcción de esta posición pasa, mínimamente, por dos procesos: el primero, la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, validada y reconocida como legítima por actores nacionales y de la comunidad internacional. Y el segundo, con la selección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público igualmente reconocida por la comunidad nacional e internacional, de manera que ambos organismos inicien su gestión con una apreciable legitimidad de origen.
El contexto anterior explica que tanto la ONU como el gobierno hondureño tengan una mirada compartida sobre la construcción de acuerdos por fases, para la instalación y operación del “mecanismo internacional”.
La primera fase implica la firma del Memorándum de Entendimiento y estará enfocada en la creación de las condiciones jurídicas e institucionales necesarias para su funcionamiento eficaz, entendiéndose por estas condiciones la abrogación, derogación, reforma y aprobación de nuevas leyes por parte del Congreso Nacional para el combate de la corrupción e impunidad.
La segunda fase marcará la instalación y operación del “mecanismo”, sin embargo, el consenso existente es que este se implementará por pasos: a) definición de acciones y actividades, b) identificación del organismo intergubernamental de la ONU que se hará cargo de esta misión, c) búsqueda del financiamiento, d) nombramiento del personal internacional y otros.
En un análisis reciente del CESPAD, en el que se comparaba el Borrador de Memorándum de la ONU y la respuesta del gobierno hondureño, se identificaban las diferencias más importantes que deben superarse para iniciar la primera fase. Estas se ubicaban en los puntos siguientes:
- El enfoque del mecanismo. Para la ONU, debe estar enfocado en el “fortalecimiento del sistema de justicia”. Sin embargo, para el gobierno el foco debería ser “combatir el crimen organizado y las redes de corrupción”. Más allá de la semántica, estas diferencias podrían tener implicaciones políticas en los términos siguientes: ¿“el mecanismo” priorizará la investigación de los casos de la corrupción heredada del viejo régimen o se concentrará en enfrentar la sistémica corrupción del país, incluyendo la corrupción que podría generarse en la actual administración? Este es el punto de discusión.
- Asesoría técnica. Aunque la administración de Xiomara Castro acepta la asesoría técnica de la ONU para las reformas legales, esta deberá estar delimitada por las necesidades que identifique el Estado hondureño “para el buen funcionamiento de un sistema de justicia independiente y el mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción, para la reestructuración del Estado de derecho y la reconciliación nacional”. En este punto, probablemente las discrepancias sean semánticas, mientras exista un amplio consenso de las fuerzas políticas del nuevo gobierno sobre la derogación de los pactos de impunidad heredados del régimen anterior. Aun así, llama la atención la no mención, por parte del gobierno hondureño, de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, actualmente en la fase de dictamen en el Congreso Nacional. A la aprobación de esta Ley se opuso sistemáticamente el régimen anterior y es un instrumento jurídico indispensable para hacer frente a la corrupción e impunidad. Esta Ley es mencionada en el borrador del Memorándum de Entendimiento de la ONU.
- La implementación de las recomendaciones técnicas. En el planteamiento de la ONU, las conclusiones del grupo de expertos internacionales deberán ser implementadas en todas sus partes por el gobierno hondureño y será la condición para avanzar a un “acuerdo bilateral”. Por su parte, para la administración Castro solamente se implementarán las “recomendaciones que consideren pertinentes”.
- Dialogo y asesoría del Ministerio Público. Otra diferencia está localizada en que para el gobierno hondureño no basta el simple diálogo con el Ministerio Público y la identificación de eventuales acciones de asesoría técnica, sino que aspira a un “diagnóstico de sus actuaciones, señalando sus fortalezas y debilidades”.
- Apoyo técnico elección de la CSJ. Finalmente, aunque el gobierno hondureño acepta el acompañamiento técnico de la ONU en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, este deberá estar limitado al proceso de selección de los y las candidatas a magistrados. Aunque no lo dice, se sobrentiende que considera que la elección de la CSJ, por el Congreso Nacional, es un acto soberano del gobierno hondureño.
Hemos creído que esas diferencias con un diálogo político efectivo entre la ONU y el gobierno hondureño podrían tener una solución al corto plazo, si es que aún existe la voluntad política de ambos actores en avanzar hacia un esfuerzo de colaboración conjunto para enfrentar la sistémica corrupción e impunidad en el país. Las diferencias de fondo son más significativas (tienen que ver con la naturaleza y alcance que tendría la CICIH), pero solo será posible abordarlas en el marco de la implementación de la fase 1.
Un actor que ha sido relevante en la demanda por la instalación de la CICIH es la sociedad civil, a partir de las “Marchas de las Antorchas” del 2015, caracterizadas por su alta capacidad de convocatoria, masividad y su fuerte voz colectiva. No obstante, en la actual coyuntura resalta la fragmentación, voces dispersas y protagonismos improductivos. Por esta razón, en el análisis ya citado del CESPAD se sugerían algunos puntos mínimos para una agenda de actuación en el actual momento:
a. Mayor articulación organizativa y fortalecimiento de las voces y demandas de las diferentes coaliciones existentes, de ser viable, para avanzar hacia una Plataforma de apoyo a la CICIH.
b. Promover el debate informado con múltiples actores en temas relevantes, tales como la naturaleza independiente e imparcial del mecanismo, la figura del acusador privado vs querellante adhesivo, entre otros.
c. Fortalecer sus capacidades propositivas y de incidencia, apostando a que sus planteamientos sean considerados en las discusiones entre el gobierno central y la ONU.
d. Demandar un dialogo incluyente con las instancias gubernamentales encargadas del proceso de la CICIH: Secretaría de Relación Exteriores y Secretaría de Transparencia.
e. Promover un diálogo constructivo, influenciar e incidir en la Comisión Anti-Corrupción del Congreso Nacional para que se incluya y apruebe en el pleno, al corto plazo, la agenda de derogación de los pactos de impunidad y la creación de nuevas leyes en la lucha contra la corrupción e impunidad.
La CICIH o el “mecanismo internacional” de lucha contra la corrupción es un instrumento de relevante importancia en los esfuerzos por reconstruir el Estado de derecho y enfrentar efectivamente la gran corrupción, pero, sin una presencia activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales en el diálogo y negociación del “mecanismo”, este puede llegar a convertirse en un proceso fallido.
