Irrumpiendo su casa de habitación, la noche del 18 de enero del 2023, varios sujetos asesinaron a José Omar Cruz Tomé y a su suegro Andy Martínez Murillo. Tomé fue identificado como líder campesino y presidente de la “Cooperativa Agropecuaria Los Laureles”, ubicada en Tocoa, Colón. Ambos fueron trasladados al hospital más cercano, sin embargo, minutos después fallecieron. De acuerdo con los relatos de familiares y amigos, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, pero hasta el momento no se conoce a los responsables del doble crimen.
En las últimas semanas, en las zonas en donde se encuentran ubicadas diversas cooperativas campesinas que luchan por la recuperación de sus tierras, en el litoral de Honduras, se han registrado una serie de hechos violentos. Los miembros de las cooperativas han sido amedrentados con disparos al aire, desalojos forzados y lo más lamentable, el asesinato de varios habitantes y líderes campesinos, como parte de una estrategia utilizada por grupos de poder para sembrar el terror y desarticular la lucha campesina en la región.
Previo a este hecho, las organizaciones territoriales de la zona como la Plataforma Agraria del Aguán (PAA), y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), habían realizado algunas acciones de protesta pública como conferencias de prensa, pronunciamientos y alertas, denunciando los asesinatos, las amenazas y atentados constantes en su contra, por parte de grupos armados en la zona. Sin embargo, hasta el momento, las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia y resguardar la integridad de la ciudadanía hondureña, no han concretado ninguna acción para salvaguardar la vida de los habitantes de estas comunidades.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), nos solidarizamos con los familiares y amigos de las víctimas, nos unimos a sus exigencias y demandamos:
- Al Gobierno de Xiomara Castro, le exigimos cumplir efectivamente los acuerdos del 22 de febrero del 2022, en el que se compromete a gestionar una salida pacífica y democrática al conflicto agrario en el Bajo Aguán y que cese la violencia, particularmente los asesinatos selectivos.
- Al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias que brinden respuestas concretas sobre los asesinatos y las acciones violentas en las que coexisten los habitantes de las empresas campesinas del Valle del Aguán.
- A la institucionalidad estatal, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección de las Víctimas de Violencia se les exhorta a actuar de forma inmediata, para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas que se encuentran en estado de indefensión ante la ola de violencia que se registra en la región.
Tegucigalpa M.D.C, 19 de enero, 2023.
