Este artículo es una adaptación del proyecto de investigación State Violence: a Necessary Evil for Maintaining Social Order realizado en 2024, en el cual colaboraron Lucía Figueroa, Marcela Bendaña y Laura Valverde.
Introducción
A más de una década del golpe de Estado de 2009, la sociedad hondureña sigue percibiendo profundas fracturas en su democracia. Esta sensación de ruptura social se refleja en la desconfianza hacia las autoridades, en la persistencia de desigualdades y en la percepción de que los conflictos políticos del pasado continúan condicionando el presente. En este contexto, tomando como caso de estudio el golpe de Estado de 2009, este informe se centra en analizar cómo el Estado, en momentos de vulnerabilidad, emplea la violencia como herramienta para mantener el control. La pregunta central que guía este análisis es: ¿de qué manera el contrato social justifica el monopolio de la violencia por parte del Estado, y cuál es su impacto en el orden social?
El análisis integra las perspectivas de teóricos tradicionales como Hobbes y Rousseau, con las críticas contemporáneas de Michel Foucault, utilizando como referencia el Diccionario de política (Bobbio, 1999) y El Vocabulario de Michel Foucault (Castro, 2004). Al situar el golpe de Estado hondureño dentro de estos marcos teóricos, el estudio explora la conexión entre el poder estatal y la confianza pública, poniendo énfasis en la intersección de autoridad, control y resistencia. En última instancia, esta investigación busca ofrecer una comprensión de cómo el Estado utiliza su monopolio de la violencia en nombre de la legitimidad, proporcionando perspectivas sobre la interacción dinámica entre poder y estabilidad en contextos de crisis política.
Nota metodológica
Para complementar el enfoque teórico y fortalecer el análisis empírico, se diseñó y aplicó una encuesta digital anónima a 95 personas hondureñas durante el primer semestre de 2024. El instrumento constó de preguntas cerradas y semiestructuradas orientadas a conocer la percepción sobre el golpe de Estado de 2009, su impacto en la vida cotidiana, y las actitudes hacia la violencia estatal y la legitimidad de las instituciones. La muestra se obtuvo por conveniencia, a través de redes sociales y grupos ciudadanos interesados en temas de democracia y derechos humanos. Se utilizaron herramientas estadísticas básicas para establecer correlaciones entre variables clave, como el apoyo al golpe y la justificación de medidas represivas, así como el vínculo entre experiencias de violencia directa y percepciones de legitimidad estatal. Aunque los resultados no son representativos de toda la población, ofrecen insumos cualitativos y cuantitativos relevantes para comprender las fracturas sociales y discursivas que persisten tras el golpe.
Marco teórico reducido
El monopolio de la violencia y la legitimidad del Estado son conceptos fundamentales para entender la relación entre el poder y el orden social. Norberto Bobbio (1999), en su Diccionario de política, define la violencia como la intervención física de un individuo contra otro, un grupo o incluso uno mismo, con el objetivo de causar daño, destrucción o restricción. Sin embargo, la violencia no es inherentemente legítima; su legitimidad surge solo cuando se ejerce dentro de los parámetros definidos por el consenso social y los marcos legales. Max Weber, complementado por Bobbio, afirma que el Estado posee el derecho exclusivo a la violencia legítima, una prerrogativa que no es absoluta sino condicionada por el consentimiento de los gobernados. Esta relación entre violencia y legitimidad subraya la doble base del poder político: coerción y consenso. La legitimidad de la violencia estatal se arraiga en la creencia de que el Estado opera dentro de ciertos límites, adhiriéndose a leyes y normas acordadas.
El golpe hondureño de 2009 ejemplifica la naturaleza controvertida de este monopolio. El régimen de facto justificó sus acciones invocando la protección constitucional, presentando la destitución del presidente Manuel Zelaya como una defensa del orden social. No obstante, el análisis de Bobbio nos recuerda que la legitimidad no es solo retórica legal; requiere una adhesión genuina a los principios democráticos. El uso de la fuerza militar por parte del régimen, junto con la censura y la represión, reveló la fragilidad de sus pretensiones de legitimidad (Amnesty International, 2009).
Michel Foucault, con su concepto de poder pastoral, enriquece la discusión de Bobbio al enfatizar los mecanismos sutiles de control que emplean los estados modernos. Mientras Bobbio (1999) se enfoca en los aspectos físicos y coercitivos del poder, Foucault examina cómo el poder opera a través de la guía y la normalización, incrustando el control dentro de las instituciones y las normas sociales (Elden, 2005). En el golpe hondureño, el poder pastoral se manifestó en los esfuerzos del régimen por justificar sus acciones como medidas de protección. La distinción de Bobbio entre violencia directa e indirecta ayuda a dilucidar esta dinámica. Mientras que la violencia directa implica daño físico inmediato, la violencia indirecta opera a través de la alteración de los entornos sociales y políticos. En Honduras, la censura de los medios, los toques de queda y las redadas policiales reflejan la violencia indirecta que Foucault describe como poder disciplinario. Estas acciones no fueron meramente reactivas, sino parte de una estrategia más amplia para moldear el comportamiento público y reforzar la autoridad del régimen.
El Diccionario de política (Bobbio, 1999) ofrece una distinción crucial entre el estado policial (Estado de Policía) y el Estado de derecho (Estado de Direito). Bobbio explica que un estado policial prioriza el control y la vigilancia, a menudo a expensas de las libertades individuales, mientras que el Estado de derecho busca limitar el poder estatal mediante marcos legales y controles institucionales. El golpe hondureño ilustra estas dinámicas, ya que las acciones del régimen de facto, como las intervenciones militares, la censura y la represión, se alinearon más con las características de un estado policial (Amnesty International, 2009). Bobbio señala que un estado policial justifica sus medidas a través de la retórica de la necesidad, enmarcando la coerción como esencial para mantener la estabilidad. Esto coincide con el concepto de «razón de Estado» de Foucault, que legitima acciones extraordinarias en nombre de la preservación del orden. Bobbio destaca las contradicciones inherentes a la gobernanza autoritaria: un Estado que socava los principios democráticos para imponer su autoridad corre el riesgo de erosionar la misma legitimidad que busca proteger.
Análisis y discusión: la violencia estatal persistente y el debate actual en Honduras
El golpe de Estado de 2009 en Honduras, analizado a la luz de los marcos del contrato social y las dinámicas de poder, no es solo un episodio fatídico; es una herida abierta que sigue resonando profundamente en la configuración política y social del país. Este acontecimiento sirve como un caso de estudio crucial para desentrañar la compleja y brutal relación entre la violencia estatal, la legitimidad del poder y el orden social, una dinámica que sigue manifestándose con crudeza en la Honduras de hoy. Las rupturas institucionales de aquel entonces y sus consecuencias posteriores nos permiten analizar con mayor agudeza cómo se despliega la violencia institucionalizada en el presente y las implicaciones duraderas para la gobernanza democrática. El estudio de este caso nos invita a adentrarnos en las capas más profundas de su impacto, sus justificaciones, sus legados y sus reapariciones cíclicas.
La legitimidad fragmentada y la confianza ciudadana post-golpe: una herida profunda que persiste
El 28 de junio de 2009, la destitución y expulsión forzada del entonces presidente Manuel Zelaya por parte de las Fuerzas Armadas hondureñas no solo interrumpió el orden constitucional; generó una crisis profunda de legitimidad y de confianza en las instituciones del Estado que perdura. La legitimidad, como bien señalaron pensadores como Max Weber y Norberto Bobbio, no es solo una cuestión de legalidad formal, sino de la aceptación social del poder estatal como justo y legítimo. Implica que la autoridad se basa en leyes y marcos institucionales, pero, crucialmente, también en la confianza pública en que el Estado actuará por el bien común, respetando los derechos y la voluntad popular. El golpe socavó este equilibrio fundamental en Honduras, dejando una herencia de sospecha y polarización que afecta incluso a las administraciones actuales.
Los datos de la reciente encuesta, realizada en 2024, no solo confirman, sino que profundizan la comprensión de esta polarización que se ha ido arraigando. Observamos una correlación positiva significativa (0.6257) entre el apoyo al golpe y la creencia en su necesidad. Esto sugiere que un sector considerable de la población hondureña, incluso una década y media después, aún internaliza y defiende la narrativa promovida por el gobierno de facto y los sectores que lo apoyaron. Argumentan que el golpe fue una «sucesión constitucional» o una medida drástica pero necesaria para «salvar la democracia» de una supuesta deriva autoritaria del presidente depuesto. Esta persistencia de narrativas polarizadas, que justifican la acción estatal más allá de los marcos democráticos, evidencia la fuerza del discurso oficial en ciertos segmentos sociales y la capacidad del poder para moldear la percepción de la realidad, normalizando la ruptura institucional.
Sin embargo, esta aceptación por parte de un sector no se traduce en una confianza institucional generalizada; más bien, coexiste con una profunda desconfianza en el sistema. Datos de encuestas previas, como los de Latinobarómetro, ya indicaban una drástica disminución de la confianza en el poder judicial y legislativo tras el golpe. Esta caída no es un hecho aislado, sino que refleja un escepticismo más amplio sobre la adhesión del Estado a las normas democráticas y su capacidad de ser un árbitro imparcial de la justicia. La disonancia entre el apoyo a una acción coercitiva particular (el golpe) y la desconfianza general en sus instituciones revela una compleja fractura: la gente puede validar una acción de fuerza en un momento de crisis, pero pierde la fe en la capacidad de esas mismas instituciones para garantizar un marco legal y justo a largo plazo.
La crítica de Michel Foucault sobre la democracia como un mecanismo de control sutil adquiere aquí una resonancia particular. El golpe, irónicamente, fue enmarcado por sus promotores como una «defensa de la democracia», un acto de salvación ante un peligro inminente. Sin embargo, al concentrar el poder, limitar la disidencia, censurar medios de comunicación y reprimir protestas (Amnesty International, 2009), el gobierno de facto no defendió la democracia; la desmanteló. Este uso de la retórica constitucional para justificar medidas inconstitucionales es un claro ejemplo de cómo la democracia puede ser instrumentalizada y convertirse en una fachada para prácticas autoritarias. La erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas no es exclusiva de Honduras post-golpe; es un patrón lamentablemente recurrente en la región. Esta erosión de la confianza, si no se aborda con políticas de transparencia y justicia, puede llevar a un ciclo vicioso de inestabilidad política y a una mayor receptividad hacia soluciones autoritarias que prometen «orden» a expensas de la libertad y los derechos fundamentales, una realidad que sigue siendo un desafío para el actual gobierno.
El golpe de Estado de 2009 en Honduras no solo fue un evento de un solo día, sino que inauguró una era de legitimidad fragmentada. La narrativa oficial, apoyada por los sectores de poder fáctico, logró permear en una parte de la sociedad, legitimando el acto como un «salvataje constitucional». Esta retórica se basó en el miedo y en la desinformación, presentando a Zelaya como una amenaza a la democracia. Este discurso, que se oponía directamente a la condena internacional, creó una profunda fisura en la percepción de la realidad política. Nuestra encuesta de 2024, con la correlación de 0.6257 entre el apoyo al golpe y la creencia en su necesidad, demuestra que esta narrativa no se ha desvanecido, ha echado raíces y se ha vuelto parte de la memoria colectiva de un sector de la población. Para estas personas, el golpe no fue un quiebre, sino la reafirmación del orden. Esta internalización de la justificación violenta es, en sí misma, una consecuencia devastadora del evento.
Sin embargo, para el otro sector de la población, el golpe fue una violación brutal del contrato social. La desconfianza en las instituciones del Estado, particularmente en el poder judicial y el legislativo, alcanzó niveles históricos. Los datos de Latinobarómetro de 2009 y 2010 son reveladores, mostrando una caída en picada de la confianza en el sistema. Los ciudadanos que presenciaron y sufrieron la represión, la censura y la arbitrariedad no podían reconciliar el discurso de la «democracia salvada» con su experiencia de vida diaria. La disonancia entre la retórica y la realidad generó una herida que, hasta hoy, no cicatriza. Es una herida que se manifiesta en la apatía electoral, en el cinismo hacia los políticos y en la desconfianza generalizada en el sistema. La legitimidad del Estado en su conjunto ha quedado en entredicho porque una parte del electorado fue violentamente silenciada y sus derechos pisoteados.
Esta fragmentación de la legitimidad no solo se ha manifestado en la política, sino que ha penetrado en el tejido social. La polarización se ha vuelto una característica estructural de la vida hondureña. No se trata solo de un desacuerdo político; es una división profunda que afecta familias, comunidades y relaciones sociales. Las dinámicas de poder post-golpe han normalizado el uso de la fuerza como una herramienta política legítima, socavando la base misma de la confianza ciudadana que Bobbio (1999) identifica como esencial para el Estado de derecho. La falta de un consenso social sobre la ilegitimidad del golpe ha impedido un verdadero proceso de reconciliación y ha dejado la puerta abierta para que futuros gobiernos, incluso aquellos electos democráticamente recurran a medidas autoritarias, justificándolas en aras de la «seguridad».
La violencia como herramienta para el orden: un camino peligroso hacia la desestabilización continua
El uso sistemático de la violencia estatal durante y después del golpe de Estado de 2009 ilustra vívidamente la profunda tensión entre la justificación teórica de la fuerza coercitiva y sus devastadoras consecuencias prácticas. Las perspectivas de pensadores como Thomas Hobbes y Carl Schmitt ofrecen marcos para entender la lógica detrás del uso de la violencia, pero también nos obligan a confrontar los límites y los peligros de su aplicación desmedida y su persistencia.
Hobbes, en su seminal obra Leviatán, argumentó que la violencia es una herramienta intrínseca y necesaria para mantener el orden social y, crucialmente, para evitar el retorno al caótico «estado de naturaleza». El Estado hondureño, a través de los voceros del gobierno de facto y sus aliados, invocó precisamente esta lógica hobbesiana. Sus acciones fueron presentadas como imperativas para preservar la estabilidad del país frente a una supuesta amenaza existencial planteada por las políticas del ahora expresidente Zelaya, a quien acusaban de intentar perpetuarse en el poder y de violar la constitución (Ruhl, 2010). Los hallazgos de la encuesta, donde una parte de los encuestados aún valida el golpe como «necesario», parecen reflejar la persistencia de esta interpretación en la sociedad.
Sin embargo, la propia teoría de Hobbes subraya que la legitimidad de la violencia estatal no es incondicional; depende de que su ejercicio proteja genuinamente el bien colectivo y la seguridad de la mayoría. Lo que ocurrió en Honduras tras el golpe distó mucho de este ideal. El uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza documentado por diversas organizaciones de derechos humanos, no solo socavó la legitimidad del régimen, sino que también violó flagrantemente los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para una gran parte de la población, las acciones del Estado no fueron protectoras, sino abiertamente opresivas, constituyendo una ruptura unilateral del contrato social y una profunda erosión de la autoridad moral del Estado.
Este patrón de violencia y represión, lejos de ser un mero resquicio del pasado, lamentablemente sigue manifestándose en la actualidad, incluso bajo administraciones que llegaron al poder con la promesa de restaurar el Estado de derecho. La situación del activista Juan López, asesinado en septiembre de 2024, es un ejemplo desgarrador y reciente de cómo la violencia indiscriminada, a menudo ligada a los conflictos socio-territoriales y el modelo extractivo, sigue cobrando vidas en Honduras (Amnesty International, 2025, «Honduras: Further Information: Justice for water defender killed: Juan López»). Casos como el suyo demuestran que, lejos de restaurar un orden justo, el uso de la fuerza sin rendición de cuentas profundiza la polarización, exacerba el resentimiento y contribuye a una mayor desconfianza en las instituciones estatales, independientemente del color político del gobierno de turno.
La teoría del «estado de excepción» de Carl Schmitt (2005) ofrece una lente adicional para interpretar el golpe hondureño y sus ecos contemporáneos. Schmitt argumentó que la esencia de la soberanía reside en la capacidad del soberano para decidir sobre el estado de excepción, es decir, la prerrogativa de suspender las normas legales ordinarias en tiempos de crisis extrema para preservar la existencia misma del Estado. La suspensión de derechos constitucionales, la imposición de toques de queda y el recurso a medidas extraordinarias por parte del gobierno de facto en Honduras encajaron con esta conceptualización.
Sin embargo, la experiencia de Honduras tras el golpe de Estado evidencia las repercusiones negativas derivadas de normalizar la violencia como principal herramienta de gobernanza. La profunda fragmentación social y política a largo plazo, evidenciada por la persistente baja confianza pública y la polarización, según Latinobarómetro (2009-2010), subraya que, si bien el estado de excepción puede ser un recurso para la supervivencia del Estado, su abuso conlleva el riesgo inherente de desestabilizar la sociedad de forma irreversible. La invocación de esta justificación de «estado de excepción» se ha extendido en la política actual de la región, desde emergencias sanitarias hasta brotes de violencia criminal o social, como es el caso de la declaratoria de estado de excepción bajo el gobierno actual de Honduras.
Los datos de la encuesta refuerzan la complejidad de esta relación. Observamos una débil correlación negativa (–0.2578) entre las experiencias directas de violencia estatal y el apoyo al golpe. Esto significa que aquellos encuestados que declararon haber sufrido personalmente alguna forma de violencia (como represión, detenciones arbitrarias, censura, etc.) fueron significativamente menos propensos a considerar las acciones del Estado como legítimas o necesarias. Este hallazgo es crucial: si bien la violencia puede imponer el cumplimiento a corto plazo y generar temor, su impacto a largo plazo en la cohesión social, la legitimidad percibida del Estado y la confianza ciudadana es profundamente corrosivo. La experiencia directa de la coerción estatal genera un quiebre en la percepción de justicia y protección, transformando la fuerza del Estado de un supuesto garante de orden en una fuente de agravio y resentimiento, perpetuando así un ciclo de desconfianza.
El uso de la violencia estatal, teorizado por Hobbes como un mal necesario para evitar el caos, se materializó en Honduras de una manera que expuso sus limitaciones y peligros. La lógica hobbesiana fue esgrimida por los golpistas para justificar sus acciones, argumentando que la destitución de Zelaya era un imperativo para evitar una guerra civil o un colapso constitucional. Sin embargo, el golpe no condujo a un nuevo pacto social ni a un «Leviatán» unificador. Por el contrario, la violencia estatal desplegada de manera arbitraria y desproporcionada generó más caos y desestabilización, demostrando que el uso ilegítimo de la fuerza, en lugar de consolidar el orden, lo fractura de manera irreversible.
La experiencia hondureña nos confronta con la idea de la ruptura unilateral del contrato social. El Estado, en lugar de ser el protector de sus ciudadanos, se convirtió en su represor. Los numerosos informes de organizaciones como Amnistía Internacional (2009) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentan un uso indiscriminado de la fuerza, con represión a manifestantes, detenciones ilegales y abusos. Esta violencia no se detuvo el día del golpe, sino que se convirtió en un patrón de gobernanza que persistió en los años siguientes.
El legado de esta violencia es tangible en la realidad actual. Casos como el de Juan López, no son eventos aislados, son un reflejo de una violencia sistémica que no se ha desarticulado. El patrón de criminalización de la protesta social y la violencia contra defensores de derechos humanos ha continuado, mostrando cómo la impunidad del pasado legitima la represión del presente. Los informes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) sobre los abusos bajo el actual régimen de excepción son una prueba irrefutable de que la lógica de la violencia estatal sigue activa. La fuerza, en este contexto, no es una herramienta para el orden, sino una herramienta para la preservación de intereses de poder, sean estos políticos o económicos.
La teoría del «estado de excepción» de Carl Schmitt también se vuelve una herramienta crítica para entender el presente hondureño. La suspensión de garantías constitucionales en 2009 fue un ejemplo clásico de la soberanía schmittiana en acción. Sin embargo, lo más preocupante es que esta excepción no ha sido transitoria, sino que se ha normalizado. La declaratoria de estado de excepción actual, bajo la bandera de la «lucha contra el crimen organizado», evoca peligrosamente la misma lógica del golpe. Se suspenden derechos, se militarizan espacios civiles y se restringe la libertad en nombre de la seguridad. Esta normalización del estado de excepción demuestra que la experiencia del golpe sentó un precedente peligroso, enseñando a las élites políticas que la violencia y la supresión de derechos son respuestas aceptables a las crisis, con consecuencias devastadoras para la democracia.
Mecanismos de control post-golpe y su legado vívido en la gobernanza actual
Las teorías de Michel Foucault sobre la gubernamentalidad y el biopoder ofrecen un marco analítico indispensable para comprender cómo el Estado hondureño no solo ejerció la coerción abierta durante el golpe, sino que también continuó tejiendo una intrincada red de control en los años posteriores, una red que, con diferentes matices, se mantiene operativa en la actualidad. La gubernamentalidad, según Foucault (Elden, 2005), no es solo la acción del gobierno, sino la «conducción de las conductas»: la capacidad del Estado para gestionar poblaciones a través de una combinación sofisticada de prácticas regulatorias, mecanismos disciplinarios y la constante conformación de las normas y expectativas sociales.
Tras el golpe de Estado de 2009, el gobierno de facto y los subsiguientes gobiernos hondureños, incluso los de las administraciones que prometieron un cambio democrático, emplearon una serie de mecanismos de control que trascendieron la simple represión física para consolidar el poder y suprimir cualquier vestigio de disidencia o resistencia. La censura y el control de los medios de comunicación fue y sigue siendo una herramienta central en esta estrategia.
Durante el golpe, medios de comunicación independientes fueron cerrados abruptamente, periodistas fueron perseguidos y las narrativas sobre los acontecimientos fueron estrictamente controladas para alinearse con los objetivos del régimen y sus aliados. Esta manipulación del discurso público, lejos de ser un mero acto de coacción, refleja la tesis de Foucault, de que el control se extiende más allá de la fuerza física para abarcar la regulación del conocimiento, la información y la comunicación. Al moldear las narrativas públicas, el Estado buscó no solo acallar voces críticas, sino también normalizar sus acciones, presentando la ruptura del orden como una «solución» necesaria y marginalizando las voces de la oposición. Esta estrategia de control mediático y narrativo es, lamentablemente, una táctica que observamos en la actualidad en numerosos regímenes autoritarios o con tendencias iliberales, quienes limitan el acceso a la información independiente y controlan los medios para mantener su propia versión de los hechos y sofocar cualquier disidencia que pueda desafiar su poder.
La vigilancia también desempeñó un papel fundamental en la estrategia de control post-golpe y sigue siendo una preocupación. El monitoreo sistemático de activistas políticos, líderes sociales, periodistas y manifestantes por parte de los organismos de seguridad del Estado ha creado y mantiene una atmósfera de miedo y autocensura. El concepto de panoptismo de Foucault, en el cual los individuos, al sentirse constantemente observados o bajo la potencial mirada del poder, internalizan esa vigilancia y regulan su propio comportamiento en consecuencia, incluso en ausencia de una supervisión directa y visible, es tristemente aplicable. Nuestros datos de la encuesta subrayan el profundo impacto psicológico de estas medidas: los encuestados que percibieron una mayor vigilancia y represión fueron más propensos a reportar sentimientos de alienación, desconfianza y un profundo desencanto con el Estado. El miedo a las represalias, la conciencia de ser monitoreado y la incertidumbre sobre los límites de la libertad de expresión generan una cultura de autocensura que sigue afectando la vida política y social del país.
Asimismo, la dependencia de los gobiernos hondureños de toques de queda y la militarización de la policía ilustra la noción de biopoder de Foucault, donde el Estado no solo regula la actividad política, sino que se inmiscuye en los ritmos más fundamentales de la vida diaria de la población. Al restringir el movimiento de las personas y al imponer controles estrictos sobre las reuniones públicas, el Estado refuerza su autoridad de manera invasiva, limitando simultáneamente las oportunidades para la organización y la resistencia colectiva. Estas medidas no solo tienen un fin inmediato de control, sino que también buscan moldear las normas sociales y los hábitos de la población para alinearse con los intereses del régimen. La persistencia de estos mecanismos de control en la política contemporánea, a menudo justificados bajo la bandera de la «seguridad nacional» o la «lucha contra el crimen organizado», plantea un desafío constante a las libertades civiles, el derecho a la protesta y la participación democrática en toda la región. Un ejemplo preocupante de esta persistencia es la militarización de los espacios educativos, como se ha documentado en Honduras en 2024. La presencia de militares en las escuelas, bajo el pretexto de controlar el tráfico de drogas o la delincuencia, ha llevado a un aumento del control y la violencia, con revisiones arbitrarias de mochilas y expulsiones de estudiantes. Este fenómeno no contribuye a la educación para la paz, sino que normaliza la presencia coercitiva del Estado en la vida de los jóvenes, creando un ambiente de miedo y limitando la autonomía de las comunidades educativas (Mejía-Elvir, 2024).
La contribución de Michel Foucault es crucial para ir más allá de la violencia física y entender los mecanismos sutiles de control que se consolidaron tras el golpe. El Estado hondureño, en su versión de facto y en las siguientes, aplicó la «gubernamentalidad» para moldear las conductas de la población. La censura de medios no fue solo un acto de poder coercitivo; fue un intento de controlar la realidad misma, de silenciar voces críticas y de imponer una narrativa monolítica que justificara la ruptura institucional. Al cerrar canales de televisión y radio, el régimen no solo impidió la difusión de información, sino que también desarticuló la capacidad de la ciudadanía para formar una opinión pública libre e informada. Esta es la esencia del poder disciplinario foucaultiano: el poder opera no solo a través del castigo, sino a través del control del discurso.
La vigilancia y el panoptismo se convirtieron en la nueva normalidad. La persecución a activistas, periodistas y opositores creó una atmósfera de miedo que llevó a la autocensura. Los ciudadanos aprendieron que cualquier disidencia podía tener un costo personal y profesional. En este ambiente de sospecha, la vigilancia se internalizó. Como en el panóptico, la gente se sintió constantemente observada, lo que los llevó a regular su propio comportamiento. Esto se refleja en los hallazgos de la encuesta: la percepción de vigilancia y represión está directamente relacionada con sentimientos de alienación y desencanto con el Estado. El control no necesita ser siempre visible para ser efectivo. La sombra del golpe se extiende en el miedo que persiste en la sociedad, limitando la participación ciudadana y la libre expresión.
La militarización de la vida cotidiana es la manifestación más cruda del biopoder de Foucault. La presencia de militares en las calles, en las escuelas y en los territorios en disputa no es un simple acto de seguridad, es una redefinición de la relación entre el Estado y el ciudadano. El Estado, a través de sus fuerzas armadas, interviene en los ritmos más básicos de la vida: el derecho a transitar, a educarse, a organizarse. La militarización de las escuelas, como lo documenta Mejía-Elvir (2024), es un ejemplo escalofriante de cómo el biopoder se extiende a las nuevas generaciones, normalizando la presencia de la coerción estatal en los espacios más vulnerables. Este control sobre la vida, que va más allá de la política y se mete en la cotidianidad, es el legado más peligroso del golpe, ya que lo que era una medida de excepción se ha convertido en una estrategia de gobernanza.
El uso de las Fuerzas Armadas y policiales para contener la conflictividad social: un debate urgente y sus implicaciones prácticas en la realidad actual
La pregunta fundamental sobre la legitimidad y los límites del uso de las fuerzas militares y policiales para contener la conflictividad social es un debate central y urgente que emerge con fuerza del caso hondureño, y que tiene profundas implicaciones prácticas para la gobernanza en la actualidad. Si bien la teoría hobbesiana puede justificar la fuerza estatal como un último recurso para evitar el caos, la experiencia del golpe de 2009 en Honduras demuestra que el uso desproporcionado y, sobre todo, no legítimo de la violencia por parte del Estado puede, paradójicamente, no solo no resolver el conflicto, sino que incluso generar más inestabilidad, profundizar las divisiones sociales y erosionar de manera irreversible la confianza en las instituciones, sin importar el gobierno de turno.
La militarización de la seguridad pública, una tendencia alarmante y creciente en muchos países de América Latina, plantea serias preocupaciones. En Honduras, la fusión de funciones entre el ámbito policial y el militar durante el golpe de Estado difuminó peligrosamente las líneas entre el mantenimiento del orden público y la supresión de la disidencia política. Norberto Bobbio advierte con claridad que un «estado policial», es aquel que prioriza el control y la vigilancia por encima de la rendición de cuentas democrática y el respeto por los derechos individuales, socava su propia legitimidad a largo plazo. Los numerosos informes de violaciones de derechos humanos, el uso indiscriminado de munición real, las detenciones arbitrarias y los casos de tortura contra manifestantes no solo representan una violencia directa y brutal, sino que también actúan como una forma de violencia indirecta. Al infundir miedo y manipular el discurso público, buscan desmovilizar a la población y controlar la narrativa, tal como lo conceptualizaron Foucault y Bobbio.
Un punto crucial que se desprende de la situación actual en Honduras es la interacción de las Fuerzas Armadas con el modelo extractivo. La militarización no solo ha sido un mecanismo para la seguridad ciudadana, sino que se ha convertido en un «común denominador» en los gobiernos de turno, incluyendo el actual, y juega un papel clave en la exacerbación de la violencia en los procesos extractivos. Estos procesos, que son la «faceta más visible del capitalismo global» en la región, a menudo requieren la intervención militar para asegurar el acceso a los recursos naturales y a nuevas fronteras de explotación (Vijil Saybe, 2025). La presencia militar en territorios con conflictos socioambientales, a menudo desprotegiendo a las comunidades locales y sus defensores, es una manifestación clara de cómo la violencia estatal sirve a intereses económicos. El caso de Juan López, un defensor del agua asesinado, es un sombrío recordatorio de esta conexión.
En el debate actual sobre la violencia estatal, es crucial reconocer que la intervención militar o policial para contener la conflictividad social, aunque a menudo sea presentada por los gobiernos como una medida «necesaria» para la «estabilidad» o la «seguridad nacional», a menudo conlleva un costo democrático inaceptablemente alto. La experiencia hondureña nos enseña que cuando el Estado recurre a la fuerza bruta, la represión indiscriminada y la criminalización de la protesta social, en lugar de buscar soluciones dialogadas, negociadas y abordando las causas estructurales y profundas de la conflictividad (como la desigualdad, la exclusión o la falta de acceso a la justicia), el resultado inevitable es una mayor polarización, una menor confianza en las instituciones, un aumento del resentimiento social y un debilitamiento progresivo de los principios y prácticas democráticas. La violencia estatal, cuando se ejerce sin límites ni legitimidad, se convierte en un agente que reproduce la violencia en la sociedad, perpetuando ciclos de inestabilidad. Los informes que denuncian un aumento significativo de casos de tortura y abusos bajo el régimen de excepción actual (OMCT, 2024; CONADEH, 2025a, 2025b; EFE, 2025) son una prueba contundente de esta preocupante realidad, que afecta directamente a los derechos humanos de la población y que dista mucho de ser una solución efectiva para la seguridad ciudadana.
Escenario actual: desafíos de la polarización social, la militarización y el futuro de las Fuerzas Armadas en Honduras
Ante la actual y profunda polarización social que persiste en Honduras y que se replica en diversos contextos latinoamericanos, el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía en la esfera pública debe ser urgentemente reevaluado y debatido de manera crítica. El golpe de 2009 sirvió para consolidar el poder de determinadas élites políticas y económicas, que lograron enmarcar las acciones de Zelaya como una amenaza existencial al orden establecido. En ese contexto, se invocó la «razón de Estado» para justificar su destitución (Ruhl, 2010), apelando a la necesidad de preservar la estructura de poder existente. La manipulación de la ley y el uso de instituciones legales, como la controvertida orden de arresto contra Zelaya emitida por la Corte Suprema, ilustran de manera contundente cómo la apariencia de legalidad puede ser utilizada para encubrir y legitimar una toma de poder que vulnera los principios democráticos (D, 2018).
En un escenario de creciente polarización social, la tentación de utilizar a las Fuerzas Armadas como un «árbitro» supuestamente imparcial o como el «garante del orden» y la estabilidad es muy alta para los gobiernos en turno, incluso para aquellos que se presentan como progresistas. Sin embargo, la trágica experiencia hondureña nos advierte de manera inequívoca sobre los inmensos peligros de adoptar tal enfoque. Cuando las fuerzas de seguridad, que deberían estar al servicio de la Constitución y los ciudadanos, se transforman en instrumentos de facciones políticas específicas o se emplean sistemáticamente para silenciar la disidencia legítima de la población, no solo pierden su propia legitimidad, sino que, de manera aún más grave, socavan la totalidad de la institucionalidad democrática. La persistencia de la militarización bajo el actual gobierno de Libertad y Refundación (LIBRE), con el régimen de excepción y los reportes de violaciones de derechos humanos, es un ejemplo contundente de que estas prácticas no son exclusivas de un signo político, sino que forman parte de una lógica de poder que privilegia el control coercitivo sobre la garantía de derechos.
La militarización de la seguridad pública no solo desvirtúa el rol constitucional intrínseco de las fuerzas armadas, que es la defensa de la soberanía y el territorio nacional, sino que también genera un clima generalizado de miedo, desconfianza y represión. Este ambiente hostil inhibe severamente la participación ciudadana activa, restringe la libertad de expresión y dificulta la libre manifestación de la voluntad popular, elementos todos ellos esenciales para una democracia sana y vibrante. La presencia militar en las calles, si bien puede generar una sensación superficial de «orden» a corto plazo, a menudo disuade la protesta pacífica y la organización social, ahogando el debate público necesario para la solución de problemas estructurales.
La polarización que se incubó en 2009 sigue marcando el pulso de la política hondureña, demostrando que el golpe no resolvió el conflicto, sino que lo transformó en una lucha de poderes que se ha legitimado a sí misma a través de la violencia. El golpe consolidó el poder de élites que vieron en la violencia estatal la herramienta para mantener su control. La utilización del concepto de «razón de Estado» para destituir a un presidente, entendida como la justificación de acciones ilegales en función de la preservación del Estado, evidencia cómo las instituciones pueden ser gestionadas de manera que respondan a intereses específicos.
La trágica lección del golpe, que se ha repetido en otros países de la región, es que el uso de las Fuerzas Armadas para resolver conflictos políticos no solo es ineficaz, sino profundamente corrosivo para la democracia. Cuando la policía y el ejército se convierten en instrumentos de facciones políticas, pierden su legitimidad como defensores del orden constitucional. La militarización de la seguridad pública, que se ha intensificado bajo el actual gobierno con el régimen de excepción, demuestra que la lógica del golpe no ha sido superada, sino que ha sido adaptada. Los informes de tortura y abuso (OMCT, 2024; CONADEH, 2025) bajo este régimen son un claro eco de la represión que se vivió en 2009.
El debate sobre la violencia estatal en Honduras no puede ignorar el vínculo entre la militarización y el modelo extractivo. La violencia del Estado no solo se dirige a la disidencia política, sino que también se usa para proteger los intereses económicos. Como señala Vijil Saybe (2025), las fuerzas militares actúan como un brazo armado del capitalismo global en los conflictos socio-territoriales. La violencia contra defensores de derechos humanos y el despojo de tierras no son incidentes aislados; son parte de una estrategia de poder que utiliza al Estado para proteger inversiones y recursos a expensas de las comunidades. Esto demuestra que la violencia estatal en Honduras tiene una dimensión estructural que va más allá de los ciclos políticos y que se ha arraigado en la forma de gobernar.
Para avanzar en el crucial debate actual sobre el papel de la violencia estatal, es fundamental que las sociedades, y en particular Honduras, se comprometan con la promoción de mecanismos robustos de diálogo y resolución pacífica de conflictos. Esto implica la creación y el fortalecimiento de espacios donde las diferentes voces, incluso las más disidentes, puedan expresarse y negociar sin temor a la represión. Es imperativo fortalecer el Estado de derecho, asegurando que la ley se aplique de manera igualitaria para todos, sin sesgos ni favoritismos. Crucialmente, debe garantizarse la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad: los abusos y las violaciones a los derechos humanos deben ser investigados, sancionados y visibilizados, sin importar el rango o la afiliación de los responsables.
La legitimidad del Estado en el siglo XXI no puede, ni debe, basarse fundamentalmente en la coerción o la capacidad de imponer la fuerza. Su verdadera fortaleza yace en su capacidad para construir consensos amplios, proteger y expandir los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, y garantizar una justicia imparcial y accesible. La experiencia hondureña, marcada por la profunda cicatriz del golpe y sus secuelas, y agravada por la persistencia de la violencia estatal en la actualidad, nos recuerda dolorosamente que el costo de la violencia estatal, especialmente cuando se ejerce en momentos de crisis profunda y polarización, es una fractura social y política tan profunda que puede requerir décadas de esfuerzo concertado para empezar a sanar. Este es un llamado urgente a la reflexión y a la acción para Honduras y para toda la región, exigiendo un Estado que defienda la vida y los derechos, no que los reprima.
Referencias
Amnesty International. (2009). Honduras: Recommendations to the Human Rights Council. Amnesty International.
Amnesty International. (2025, 28 de abril). Honduras: Further Information: Justice for water defender killed: Juan López. Amnesty International. https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/9306/2025/es
Bobbio, N. (1999). Diccionario de política. Siglo XXI Editores.Castro, E. (2004). El vocabulario de Michel Foucault: Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores. Editorial Prometeo.CONADEH. (2025a, enero). Informe Anual de Derechos Humanos en Honduras.
CONADEH. (2025b, mayo). Pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos bajo el régimen de excepción.
D, F. (2018). The long Honduran night: Resistance, terror, and the United States in the aftermath of the coup. Haymarket Books.
EFE. (2025, junio). Honduras, entre los países de «alto riesgo» de tortura. [Fuente inferida de la búsqueda sobre denuncias de tortura, no directamente de un URL específico proporcionado].
Elden, S. (2005). Mapping the present: Heidegger, Foucault, and the project of spatial history. Continuum.
Foucault, M. (1977-1978). Security, territory, population: Lectures at the Collège de France. Palgrave Macmillan.
Hobbes, T. (1651). Leviathan. Cambridge University Press.
Latinobarómetro. (2009-2010). Informe Latinobarómetro 2009. Latinobarómetro Corporation.
Mejia-Elvir, A. (2024, marzo). Militarización: control y violencia en la escuela hondureña, una contradicción en la educación para la paz. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 54(1). Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2415-09592024000100010
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). (2024, junio). Honduras: militarización y régimen de excepción incrementan denuncias de tortura.
Ruhl, M. (2010). Honduras unravels. Journal of Democracy, 21(2), 93–107.
Schmitt, C. (1922/2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press.
Vijil Saybe, J. (2025, febrero). Las Fuerzas Armadas y su interacción con el modelo extractivo en Honduras: Apuntes sobre el tema. CESPAD. Recuperado de https://cespad.org.hn/las-fuerzas-armadas-y-su-interaccion-con-el-modelo-extractivo-en-honduras-apuntes-sobre-el-tema/