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Escrito por Lucía Vijil Saybe
La coyuntura hondureña de 2026 marca un momento de reconfiguración acelerada de los regímenes agrario, ambiental y de seguridad. Con el antecedente de la crisis histórica derivada de una matriz extractiva adoptada por el Estado como opción prioritaria, la administración de Nasry Asfura (iniciada el 27 de enero de 2026) consolida un giro político-institucional que privilegia a la agroindustria, fortalece los dispositivos punitivos de control territorial y debilita las mediaciones democráticas e institucionales destinadas a tramitar la conflictividad agraria y socioambiental.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en su análisis de los primeros 100 días, sostiene que el gobierno asumió en medio de una profunda crisis institucional y una conflictividad socioterritorial, imponiendo una visión empresarial de la gestión pública centrada en la infraestructura, la seguridad jurídica y el crecimiento económico[1]. Este giro se concreta en la aprobación de dos instrumentos fundamentales:
- El proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras (presentado el 10 de febrero y aprobado el 3 de junio de 2026).
- La reforma al artículo 587 del Código Penal sobre asociación terrorista (Decreto 84-2026 del 22 de mayo de 2026)[2].
La gravedad de este marco normativo radica en cómo redefine la gestión del conflicto agrario: en lugar de reconocerlo como una disputa histórica vinculada a la desigualdad en la tenencia de la tierra, la mora agraria, la reconcentración territorial o los derechos colectivos de pueblos indígenas, garífunas y comunidades campesinas, el Estado lo recodifica como un problema de seguridad jurídica para la inversión. De este modo, la tierra deja de ser un objeto de reforma, redistribución o justicia social, y se convierte en un activo estratégico, soporte de productividad y enclave de valorización[3].
Como señala Gustavo Irías, la nueva Ley Agroindustrial, en combinación con reformas recientes al Código Penal y al Código Procesal Penal, configura un amplio marco legal altamente punitivo.
Sus efectos principales abarcan:
Ámbito penal. La agravación del delito de usurpación y la ampliación de supuestos que penalizan las ocupaciones colectivas de bienes públicos, proyectos de inversión y espacios de uso común. A esto se suma la reforma al artículo 587, cuyo contenido ambiguo y expansivo permite proyectar sospecha sobre acciones colectivas de presencia territorial, protesta organizada o defensa de derechos, especialmente cuando afectan intereses económicos o decisiones estatales[4].
Ámbito procesal. Este marco refuerza la habilitación de procedimientos expeditos para desalojo preventivo.
Este viraje se complementa con el debilitamiento institucional. El presupuesto del Instituto Nacional Agrario (INA) para 2026 sufrió una reducción de 17.9 millones de lempiras respecto al año anterior, la primera reducción desde 2021. Al mismo tiempo, las nuevas disposiciones modifican el papel que tradicionalmente ha correspondido al INA: se debate si funcionará como un actor orientado a garantizar el acceso a la tierra y la resolución democrática de los conflictos, o si quedará subordinado a la estabilidad jurídica de las inversiones y a la contención administrativa de la conflictividad territorial[5]. De hecho, la nueva legislación desborda las competencias del INA, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y del Instituto de la Propiedad (IP), trasladando la resolución de disputas hacia el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entre otros dispositivos de control.
En términos de violencia estructural, desde la aprobación de la Ley Agroindustrial se han ejecutado 4 desalojos en Chamelecón, departamento de Cortés; las zonas cañeras de Choluteca, la comunidad garífuna de San Juan, departamento de Tela, y en la comunidad campesina de El Tulito, departamento de Choluteca. Esto evidencia la persistencia de la acción directa y de confrontación desde el Estado, sin respuestas democráticas.
Frente a esto, el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras ha registrado diversas acciones de organizaciones campesinas, indígenas y garífunas que denuncian la criminalización del conflicto, la continuidad del despojo, la amenaza de desalojos y la profundización del extractivismo. Entre ellas destacan la instalación del campamento garífuna frente al Congreso Nacional, las movilizaciones de la Alianza Campesina, Indígena y Popular, y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por organizaciones del Aguán contra la reforma del artículo 587. Hasta el cierre del período de análisis en junio de 2026, estos hitos fundamentales permiten comprender el reordenamiento reciente de la conflictividad socioterritorial en Honduras[6].
La actual coyuntura evidencia una crisis contemporánea de acumulación territorial, en la cual la reorganización del territorio y el disciplinamiento social buscan garantizar la valorización del capital. En este escenario contradictorio y convulso, cabe preguntarse: ¿de qué manera la matriz extractiva está reconfigurando al Estado bajo el Gobierno de Nasry Asfura?
Desde una lectura conceptual, ¿cómo el extractivismo reconfigura al Estado?
Antes de avanzar en el análisis, es necesario precisar qué entendemos por extractivismo. Siguiendo a Acosta (2009), Gudynas (2009, 2013), Svampa (2014, 2019) y Machado Aráoz (2015), el extractivismo no es solo un modelo económico, sino un patrón de acumulación que transforma el papel del Estado y la manera en que este interviene en los territorios y en la gestión de los conflictos.
En un primer momento, Gudynas[7] identifica que el Estado extractivista se caracteriza por modelar su infraestructura para prestar servicios de seguridad y protección a inversiones multinacionales, establecer bajos niveles de tributación para el sector extractivo, crear una burocracia especializada en promover y proteger actividades extractivas, y garantizar las condiciones generales de producción (infraestructura, recursos naturales) y las condiciones legales de producción (marco jurídico favorable). Alberto Acosta[8] añade que esto produce una relación asimétrica entre transnacionales y el propio Estado, donde el Estado desempeña un papel pasivo o, en el mejor de los casos, de facilitador del capital hegemónico, lo que deriva en lo que conceptualiza como la «maldición de la abundancia»: economías frágiles, dependientes, con institucionalidad débil y corrupción.
Maristella Svampa explica el «Consenso de los Commodities» para describir la convergencia entre gobiernos progresistas y conservadores en torno a un modelo extractivista que subordina la política social a la renta extractiva y transforma al Estado en un dispositivo jurídico-político apéndice del capital hegemónico[9]. En su análisis, el Estado extractivista funciona en un esquema multiactoral asociado a capitales multinacionales, debilitando mediaciones democráticas.
Horacio Machado Aráoz[10] conceptualiza esto como ecología política de los regímenes extractivistas: la violencia no es un exceso, sino un mecanismo de acumulación por desposesión que requiere simultáneamente un marco legal que habilite el despojo (violencia legal), fuerzas coercitivas estatales y paraestatales que lo ejecuten (violencia ilegal/paramilitar), e impunidad estructural que proteja a los beneficiarios. Arturo Escobar[11] complementa este análisis señalando el desplazamiento del Estado en sus tareas de ordenamiento territorial: el territorio se convierte en espacio de disputa política donde se enfrentan visiones de desarrollo extractivista y visiones comunitarias o indígenas.
A partir de estos referentes, el momento político actual refleja la profundización de una nueva configuración extractivista del Estado, caracterizada por la protección de determinadas inversiones, la adecuación de la infraestructura jurídica e institucional a esos intereses y el debilitamiento de las mediaciones democráticas para la gestión de los conflictos territoriales.
Esta dinámica se expresa en la articulación entre protección de las inversiones, control territorial y gestión punitiva de la conflictividad. Por ejemplo:
- Primer nivel: marco jurídico habilitante
La Ley Agroindustrial declara la actividad como de «interés y prioridad nacional», establece la inafectabilidad de tierras del sector, agiliza licencias por vías extraordinarias y garantiza la libre circulación de productos agroindustriales aun durante manifestaciones sociales. De forma paralela, la reforma al artículo 587 del Código Penal (sobre asociación terrorista) presenta un contenido ambiguo y expansivo que permite proyectar sospecha sobre acciones colectivas de presencia territorial, protesta organizada o defensa de derechos, especialmente cuando afecten intereses económicos o decisiones estatales.
- Segundo nivel: ejecución coercitiva
Este contexto se desarrolla en territorios atravesados por distintas formas de violencia: amenazas, ataques y criminalización contra comunidades y personas defensoras. Estos hechos son el resultado de dinámicas diversas y de actores que no implican, en todos los casos, una actuación directa del Estado. Sin embargo, permiten observar un escenario de alta conflictividad en el que convergen agresiones contra comunidades y liderazgos territoriales con actuaciones estatales de carácter coercitivo, como detenciones y procesos penales.
Muestra de lo anterior son las amenazas de muerte contra Lilian Borjas, coordinadora de la CNTC (el 1 de mayo de 2026); los ataques armados en la comunidad garífuna de Nueva Armenia (18 de marzo de 2026); el intento de asesinato contra la defensora indígena lenca Yesenia Posadas (2 de marzo de 2026); los disparos al vehículo de Mabel Robledo, defensora garífuna de OFRANEH (16 de marzo de 2026), y la condena por usurpación a Yadira Mendoza Flores, Berta Lidia Izaguirre, Tomás Díaz y José López Izaguirre, integrantes del Consejo Indígena Lenca de El Cacao (4 de junio de 2026).
La masacre de Rigores, ocurrida el 21 de mayo de 2026 con un saldo de 20 personas asesinadas, expone la extrema vulnerabilidad comunitaria y la incapacidad, o falta de voluntad, estatal para prevenir la escalada de violencia.
- Tercer nivel: impunidad estructural
La responsabilidad del Estado adquiere especial relevancia frente a su obligación de prevenir estas agresiones, proteger a las personas y comunidades en riesgo, investigar los hechos, sancionar a sus responsables y adoptar medidas que eviten su repetición. La persistente impunidad en el asesinato de Berta Cáceres, pese a los hallazgos del GIEI y a las exhortaciones de organismos internacionales, evidencia las dificultades del Estado para desmontar las estructuras que sostienen este tipo de violencia[12].
El caso de Juan López refuerza esta lectura. La respuesta judicial frente a actores vinculados a megaproyectos y a la disputa por bienes comunes ha sido señalada por organizaciones sociales como permisiva y lenta. Estos tres niveles muestran una intervención activa del Estado en la reconfiguración extractivista de los territorios: i) la adecuación del marco jurídico e institucional a determinados intereses económicos; ii) el uso de mecanismos coercitivos para gestionar la conflictividad y iii) una respuesta desigual frente a la violencia y las demandas de justicia.
Esta intervención tiene una expresión territorial concreta. Gudynas[13] identifica el reordenamiento territorial como la primera dimensión del extractivismo: los territorios se convierten en «fronteras de acumulación» para el capital extractivo. Núñez y otros[14] postulan que:
Las pretensiones de desarrollo han sido encarnadas por el Estado hondureño a través de la profundización del extractivismo por la vía de proyectos y marcos normativos que han configurado sofisticados mecanismos de despojo y traslación de bienes naturales de propiedad comunitaria, hacia la acumulación económica en arcas privadas, y muchas veces extranjeras.
Los tres niveles descritos adquieren expresiones diferenciadas en los territorios. A partir del mapeo de conflictividad realizado por el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, es posible identificar espacios donde convergen presiones económicas sobre la tierra y los bienes naturales, cambios jurídicos o institucionales, mecanismos coercitivos y respuestas estatales insuficientes frente a la violencia y la conflictividad. Estas dinámicas permiten observar cómo la reconfiguración del Estado se traduce, en términos concretos, en nuevas formas de control, uso y disputa territorial.
Bajo estos criterios, el mapeo del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial identifica cinco expresiones territoriales clave:
- Valle del Aguán (Colón). Zona de concentración histórica de la tierra (palma aceitera) y contrarreforma agraria desde los años 90. Caracterizada por la mora en la tenencia de la tierra, ausencia de resolución de conflictos relacionados con grupos campesinos, militarización permanente y presencia de seguridad privada, y de actores armados no estatales.
- El Merendón (Cortés). Reserva forestal y cuenca estratégica presionada por propuestas de recategorización espacial que responden a intereses de inmobiliarias y políticos locales, con pretensiones de extensión hacia la zona de Cuero y Salado, en Atlántida.
- Territorios garífunas (Atlántida, Colón, Gracias a Dios). Tierras ancestrales colectivas, reconocidas internacionalmente, bajo presión de proyectos turísticos, mineros y agroindustriales. Ante el desacato estatal de sentencias internacionales, se transforman de facto en enclaves turístico-agroindustriales mediante despojo y criminalización.
- Territorios indígenas lencas (Cortés). Espacios organizados con histórica resistencia, intervenidos por proyectos hidroeléctricos, mineros y agroindustriales, acompañados de una alta criminalización de defensores. Se documenta el intento de asesinato de Yesenia Posadas, defensora indígena lenca (2 de marzo de 2026, caso 8) y la sentencia condenatoria por usurpación en contra de Yadira Mendoza Flores, Berta Lidia Izaguirre, Tomás Díaz y José López Izaguirre, integrantes del Consejo Indígena Lenca de El Cacao (4 de junio de 2026, caso 13).
- Zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y cuencas. Áreas protegidas oficiales, habitadas por comunidades campesinas e indígenas, expuestas a procesos de «ordenamiento territorial» que facilitan la entrada de capitales. Los desalojos en Villanueva, Cortés (7 de abril de 2026) y en Villa de San Antonio (9 de abril de 2026) evidencian el uso de la fuerza policial y la destrucción de medios de vida en respuesta a las ocupaciones de tierra. La reconfiguración en curso transforma estos territorios campesinos en zonas de amortiguamiento «ordenadas» para inversiones.
Si se ubican de manera cartográfica esos patrones, estas dinámicas configuran un archipiélago extractivo compuesto por: i) enclaves de valorización con alta concentración de capital extractivo, ii) zonas de sacrificio donde la violencia y el despojo son intensos, iii) corredores logísticos que conectan enclaves (carreteras, puertos, corredores interoceánicos), iv) territorios en resistencia con comunidades organizadas que mantienen formas propias de defensa del territorio mediante movilización, tomas de carreteras, campamentos y recuperación territorial.
Estos últimos recuerdan que la reconfiguración territorial ocurre sobre espacios habitados, organizados y disputados, donde comunidades campesinas, indígenas y garífunas mantienen formas propias de defensa y control del territorio.
Los casos expuestos y analizados desde el informe de conflictividad revelan una articulación deliberada entre violencia legal (marco jurídico punitivo, desalojos, judicialización) y violencia ilegal (masacres, ataques armados, amenazas) coordinada desde la estructura estatal para beneficiar a las estructuras de poder que están íntimamente vinculadas: élites económicas nacionales vinculadas a la agroindustria, capital transnacional (agroindustria, minería, energía, turismo), actores criminales y paraestatales, élite política gobernante y sector militar.
Analizada en conjunto, la reconfiguración extractivista del Estado se manifiesta en el viraje de sus prioridades, la reorganización institucional, sus lógicas de intervención territorial y en las respuestas diferenciadas hacia quienes disputan el control del espacio. Así, la tierra, los bienes naturales y los derechos colectivos se encuentran en el centro de una disputa que define qué intereses gozan de protección estatal y qué lugar ocupan las comunidades en las decisiones sobre sus propios territorios. En esa disputa se juega, finalmente, la capacidad democrática del Estado hondureño para gestionar la conflictividad, garantizar derechos y revertir las profundas desigualdades estructurales.
A manera de cierre, este análisis advierte que la administración de Nasry Asfura está profundizando una reconfiguración del Estado orientada a blindar la expansión del capital privado. Esta transformación se expresa en la redefinición de las prioridades de la gestión estatal: la seguridad jurídica de las inversiones, la protección de la propiedad concentrada y la promoción de proyectos considerados estratégicos adquieren centralidad frente a las obligaciones estatales relacionadas con la redistribución de la tierra, la protección ambiental, los derechos colectivos y la resolución democrática de los conflictos. En esta dinámica, el Estado no se limita a regular las actividades económicas, sino que adapta progresiva y activamente su marco jurídico, burocrático y sus dispositivos de seguridad para “producir” territorios plenamente disponibles para la valorización del capital.
La actual reconfiguración del Estado hondureño no debe entenderse como el paso desde un modelo previamente consolidado de redistribución de la tierra, gestión democrática de la conflictividad y protección de los bienes comunes hacia un Estado extractivo. Esos principios han coexistido históricamente con la concentración agraria, la mercantilización de los territorios, la entrega de concesiones y respuestas estatales insuficientes o represivas frente a las demandas comunitarias. Lo que verdaderamente singulariza la coyuntura actual es la profundización y reorganización de estas tendencias, erigiendo un marco jurídico e institucional que otorga mayores garantías a la inversión agroindustrial, extractiva y territorial.
En síntesis, el proceso actual se resume en tres tendencias principales:
- El debilitamiento de la función redistributiva y mediadora de la institucionalidad agraria en favor de la propiedad concentrada.
- La creciente utilización de mecanismos penales y de seguridad pública para gestionar conflictos que tienen raíces agrarias, sociales y territoriales.
- La ampliación de las condiciones para valorizar bienes comunes y territorios comunitarios.
Más que desplazamientos absolutos, se trata de cambios en la intensidad, la orientación y los instrumentos de la intervención estatal. Este proceso, sin embargo, continúa siendo disputado por las comunidades campesinas, indígenas y garífunas en resistencia.
[1] CESPAD. 2026. A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: Preocupaciones y demandas del CESPAD. Centro de Estudio para la Democracia. https://cespad.org.hn/cespad-presenta-balance-critico-a-100-dias-de-la-administracion-de-nasry-asfura-en-honduras/
[2] CESPAD. 2026. Alerta: Honduras, Congreso Nacional avanza con ley que blinda a la agroindustria y criminaliza a sectores campesinos. https://cespad.org.hn/alerta-honduras-congreso-nacional-avanza-con-ley-que-blinda-a-la-agroindustria-y-criminaliza-a-sectores-campesinos/; CESPAD. 2026. Análisis semanal: El nuevo régimen agrario en Honduras y las amenazas al ejercicio de las libertades democráticas. https://cespad.org.hn/analisis-semanal-el-nuevo-regimen-agrario-en-honduras-y-las-amenazas-al-ejercicio-de-las-libertades-democraticas/
[3] CESPAD. 2026. El giro programático: Agroindustria y reconfiguración institucional del conflicto agrario en el plan de gobierno de Nasry Asfura. https://cespad.org.hn/analisis-semanal-el-giro-programatico-agroindustria-y-reconfiguracion-institucional-del-conflicto-agrario-en-el-plan-de-gobierno-de-nasry-asfura/
[4] CESPAD. 2026. El giro programático: Agroindustria y reconfiguración institucional del conflicto agrario en el plan de gobierno de Nasry Asfura. https://cespad.org.hn/analisis-semanal-el-giro-programatico-agroindustria-y-reconfiguracion-institucional-del-conflicto-agrario-en-el-plan-de-gobierno-de-nasry-asfura/
[5] CESPAD. 2026. Informe de conflictividad socioterritorial. Observatorio Socioterritorial. https://observatorio.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2026/06/Informe-de-Conflictividad-Socioterritorial-Observatorio-2026.pdf
[6] CESPAD. 2026. Informe de conflictividad socioterritorial. Observatorio Socioterritorial. https://observatorio.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2026/06/Informe-de-Conflictividad-Socioterritorial-Observatorio-2026.pdf
[7] Gudynas, E. 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. En Extractivismo, política y sociedad (pp. 187-225). CAAP y CLAES; Gudynas, E. 2013. Extracciones, extractivismos y extrahecciones: Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, 18(18), 1-17.
[8] Acosta, A. 2009. La maldición de la abundancia. CEP, SwissAid y Abya Yala.
Acosta, A. 2011. Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Más allá del desarrollo (pp. 83-118). Fundación Rosa Luxemburgo.
[9] Svampa, M. 2019. Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Bielefeld University Press; Svampa, M., & Viale, E. 2014. Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. Katz Editores.
[10] Machado Aráoz, H. 2015. Ecología política de los regímenes extractivistas: De reconfiguraciones imperiales y re-ex-sistencias decoloniales en Nuestra América. Bajo el Volcán, 15(23), 11-51.
[11] Escobar, A. 2010. Territorios de diferencia: Lugar, movimiento, vida, redes. Envión Editores.
[12] GIEI Honduras. (2026). Informe final sobre el asesinato de Berta Cáceres, delitos conexos y medidas de reparación integral.
[13] Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones: Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, 18(18), 1-17.
[14] Núñez, S., et al. (s.f.). Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y el perfeccionamiento de los mecanismos de despojo en Honduras. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales. https://www.redalyc.org/journal/153/15363782007/html/