Escrito por Claudia Mendoza
Cuando Nasry Asfura anunció que asumiría personalmente la conducción de la Secretaría de Salud (SESAL) para resolver la profunda crisis sanitaria, su declaración causó revuelo, generó posiciones encontradas y planteó una preocupación central: ¿tiene el propio presidente de Honduras el tiempo y la preparación necesarios para encargarse de la conducción del país y, al mismo tiempo, resolver la crisis de un sector tan complejo como el de la salud? A seis meses de esa aseveración, las constantes denuncias del gremio médico sobre el desabastecimiento generalizado de medicamentos, insumos y reactivos en los hospitales públicos colocan nuevamente al sistema sanitario en un estado de emergencia.
El 28 de julio de 2026, con un tono muy molesto, el médico ortopedista Fredy Portillo, quien labora en el Hospital Santa Teresa de Comayagua, denunció en las redes sociales el crítico desabastecimiento de anestesia que paraliza las intervenciones quirúrgicas en ese centro asistencial. “Pese a la promesa del presidente Nasry Asfura de que tomaría las riendas del sistema de salud del país, todo apunta a que vamos de mal en peor con un sistema que cada vez se hunde más en la miseria y que no cumple con las expectativas de los hondureños”, dijo. Apenas trece días antes, el 15 de julio, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, ratificaba ante los medios de comunicación la magnitud de ese colapso: “La crisis que enfrentan los hospitales públicos de Honduras no se limita al desabastecimiento de fentanilo, sino que se ha extendido a la falta de medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorio”.
El país se enfrenta nuevamente a la visibilización de un problema a través de denuncias públicas del gremio médico en redes sociales y medios de comunicación. Estas denuncias encendieron durante la semana una alarma más que se suma a las que, durante décadas, han tejido una interminable crisis en el sistema sanitario de Honduras, en un contexto en el cual, a finales de enero de 2026, Asfura prometió que se encargaría personalmente del sector salud. Pero esta situación, lejos de vislumbrar una solución, evidencia que la combinación entre el vacío de liderazgo ministerial y las políticas en salud que aprobó el gobierno están profundizando un nuevo fracaso. Este texto, en lugar de analizar la nueva crisis del sistema de salud desde lecturas teóricas, coyunturales o puramente políticas, tiene como base la experiencia del personal médico y gremial, que ofrece una mirada “desde adentro”.
Una histórica crisis estructural
En el 2014, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) hizo público el documento titulado Primer informe especial sobre aspectos del Servicio público de salud en Honduras, en el que registra la vulneración sistemática del derecho a la salud, las deficiencias en el abastecimiento hospitalario y la ineficiencia en la compra pública de los anteriores periodos presidenciales.
“El hospital ha sido denunciado tanto por autoridades en general como por la misma población que utiliza el servicio, por la carencia de medicamentos y suministros, hacinamiento y deficiencias en las salas de pediatría, crisis en la Unidad de Cuidados Intensivos, deterioro de las instalaciones físicas, inseguridad interna, mora en consulta externa y cirugías, entre otros”, consignó también el informe refiriéndose puntualmente al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, como parte de la evaluación que realizó el CONADEH en todos los hospitales públicos.
El documento también refiere que la situación del Instituto Hondureño de Seguridad Social no era nada diferente a la actual: “En el IHSS de Tegucigalpa, la situación es alarmante. Además de los problemas generales de desabastecimiento y de los que adolece el resto del sistema, se pudo observar que las condiciones en las que está trabajando el personal son críticas, ya que no cuentan con los insumos necesarios para la atención de los pacientes (pág. 24)”.
Existe una vasta cantidad de documentos, informes y análisis que brindan una perspectiva clara de la histórica crisis a la que ha sido sometido el sistema de salud público hondureño. Sin embargo, la radiografía expuesta por el CONADEH hace más de una década fortalece una tesis de fondo: las crisis sanitarias pasaron de ser una coyuntura a convertirse en un modo de gestión que se ha acomodado a los intereses político-partidarios del momento.
El binomio: declaratorias de emergencia y reformas
El 31 de julio de 2026, Asfura presentó su informe de gestión con el lema “Un gobierno que hace” en el que destacó acciones y metas alcanzadas por su gobierno. En particular, en materia de salud, Asfura dijo que “…en el tema de la mora quirúrgica ya comenzó a funcionar el call center que ya está llamando a los pacientes que están pendientes de cirugía, mientras que en la distribución de medicinas ya se hizo la primera compra mediante el fideicomiso y viene una segunda compra”.
A su autoevaluación de los primeros seis meses le precede la aprobación de un binomio normativo: la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud y el Decreto Ejecutivo PCM 007-2026. Ambas leyes, que fueron aprobadas entre enero y febrero de 2026, tienen como objetivo sacar del colapso al sistema sanitario del país. Sin embargo, la opacidad y la falta de rendición de cuentas a la sociedad sobre sus resultados, más la evidente y vigente crisis en el sistema hospitalario y del seguro social sugieren que ambas medidas no han tenido los resultados esperados.
De hecho, el 30 de julio de 2026, el Colegio Médico manifestó su enorme preocupación por la ausencia de un informe público y verificable sobre la ejecución de los recursos asignados mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud. Señala que la población, los pacientes y el personal de salud desconocen cómo se han administrado esos fondos públicos de emergencia y qué resultados han alcanzado hasta la fecha.
El comunicado establece exigencias de rendición de cuentas a la SESAL y demanda la presentación de un informe público que detalle, entre otros aspectos, lo siguiente:
- El monto total ejecutado y el detalle de contratos, convenios y fideicomisos.
- Criterios técnicos de selección de pacientes y la cantidad de personas atendidas por hospitales, regiones, especialidades y procedimientos.
- El estado actual de la mora quirúrgica, con un comparativo que establezca un antes y después, al igual que la metodología para definir las listas de espera para evitar la discrecionalidad.
- Indicadores de resultados clínicos y copia de los informes enviados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Congreso Nacional (CN) y a entes de control.
El CMH remarca la necesidad de que los informes se hagan públicos de manera continua y permanente para permitir el control social y la auditoría ciudadana. Aclara que la solicitud no responde a intereses políticos ni busca obstaculizar la resolución de la crisis sanitaria, sino que se facilite una vigilancia institucional apegada a la ley.
La visión desde adentro
El sistema de salud ha estado colapsado crónicamente porque los gobiernos no han hecho la inversión necesaria para dotar del suficiente y necesario presupuesto a la salud pública. El análisis A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas del CESPAD, visibiliza datos neurálgicos. Entre el 2024 y 2025, durante el gobierno de Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), el presupuesto del sector salud apenas se incrementó en L 138.3 millones. El dato representa un incremento de apenas 0.47%. Mientras que, entre el 2025 y el 2026, en el gobierno de Nasry Asfura, el presupuesto aumentó en L 2,126.7 millones. Esto equivale a un aumento de 7.27%.
Santos afirma que para que el sistema sanitario opere con niveles aceptables y comiencen a abordarse sus problemas estructurales, se requiere un presupuesto estimado en 58 mil millones de lempiras. El déficit histórico, que ronda los 20 mil millones, ha facilitado una crisis que mantiene a la salud pública en estado de colapso permanente desde hace más de cinco décadas. Pero, a la par del desafío financiero, resulta urgente hacer de la compra de medicamentos un régimen diferenciado. Simplificar la engorrosa cadena de trámites que obstaculiza la gestión pública permitirá garantizar procesos ágiles y asegurar el acceso inmediato a tratamientos para pacientes con enfermedades de base, quienes continúan recibiendo un “no hay” como respuesta en la red sanitaria del país.
No menos preocupantes son los indicadores de cobertura sanitaria, los que estiman que Honduras cuenta con apenas entre 5 y 6 médicos por cada 10,000 habitantes, una cifra distante del estándar internacional fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que exige 23 médicos por cada 10,000 habitantes. Esta brecha incide directamente en el deterioro de la atención, reduce el tiempo de consulta por paciente y contribuye a la saturación de los hospitales.
Esta realidad es ratificada por el gremio médico, cuyos representantes señalan que la carencia de personal responde a un patrón recurrente: cada cuatro años, el gobierno entrante alega falta de presupuesto para contratar los médicos que el sistema requiere. A este problema se suma el sesgo político-partidario, manifestado en el despido de especialistas con mucha experiencia para reemplazarlos por galenos afines al partido de gobierno, indistintamente de su experiencia o de su perfil técnico.
Los expertos en el tema coinciden en que, aparte de la urgencia en la asignación presupuestaria que el sistema necesita, el déficit acumulado de aproximadamente 18,000 médicos solo podrá resolverse si se establece una política de contratación sostenida de, al menos, 1,000 médicos por año. Bajo este esquema, cada administración aportaría 4,000 nuevos galenos al sistema público. Sin embargo, se requeriría la continuidad de esta medida, al menos, a lo largo de cuatro periodos de gobierno, hasta cubrir el déficit y garantizar una adecuada atención en la salud pública.
En este contexto, la emergencia sanitaria y la mora quirúrgica constituyen problemas de enorme trascendencia nacional debido a que las facultades excepcionales otorgadas por el Congreso Nacional exigen un nivel superior de transparencia, rendición de cuentas y un control social que garantice que los recursos invertidos beneficien efectivamente a los pacientes que más los necesiten.
Ambas normativas han facilitado la tercerización de los sistemas de salud a través de la mora quirúrgica. En enero de este año, el dato oficial de los médicos era de 5,450 cirugías en mora. Mientras que el 25 de marzo, la Secretaría de Salud informó que “activó un plan de emergencia para reducir la mora quirúrgica que asciende a más de 14,000 pacientes”. También, que se tenía previsto realizar alrededor de 30 cirugías diarias en hospitales privados.
Sin embargo, la ausencia de un informe fehaciente sobre la efectividad de estas normativas continúa generando suspicacia en diversos sectores del país. La preocupación se profundiza ante constantes denuncias sobre la falta de equipamiento en quirófanos y el desabastecimiento de insumos hospitalarios básicos (hilos de sutura, ropa estéril, guantes, medicamentos) en la red hospitalaria pública. A la larga, este escenario terminará provocando un “efecto búmeran” que aumentará la mora quirúrgica en el sistema sanitario del país.
Urgente: Asfura debe nombrar a una persona capaz al frente de la SESAL
Tras seis meses de gobierno, el anuncio de Asfura de asumir la titularidad de la SESAL se considera un error colosal. Esa decisión ya evidenció que, en su condición de presidente del país, carece del tiempo necesario para atender toda la estructura gubernamental. Mientras, en el plano personal, los expertos cuestionan que Asfura no tiene capacidades técnicas, conocimientos en medicina, experiencia en administración de hospitales y, en general, en el sistema de salud público hondureño.
Para dirigir una secretaría como la SESAL, en un contexto estructuralmente complejo como el de Honduras, los expertos recomiendan que el perfil no debe reducirse a la formación clínica; quien lidere la entidad de la cual depende el abordaje de la salud de la población, casi en su totalidad, debe contar con un perfil con enfoque de alta gerencia pública, una visión sistémica y liderazgo técnico-político.
La crisis del sistema sanitario requiere también equipos de personas muy versadas en materia de administración en salud pública, “no necesariamente de un solo partido político; se puede hacer un llamamiento de todos los partidos políticos en el gobierno para que le ayuden a tener esa gobernanza en salud pública y sacar adelante el sistema para el bien del pueblo de Honduras”, sostiene el presidente del Colegio Médico.
Diversos sectores han instado a Asfura a que revierta esa decisión porque violenta la Constitución de la República y la Ley General de la Administración Pública.
Reflexiones finales
- La decisión de Nasry Asfura de asumir la titularidad de la Secretaría de Salud debe revertirse cuanto antes. En su lugar, se debe nombrar al frente a una persona con formación clínica, gerencia hospitalaria y conocimientos en el manejo de redes de salud públicas, entre otras capacidades. La acefalía actual sigue profundizando el colapso de un sistema que lleva décadas inmerso en una crisis interminable.
- Es urgente que el gobierno de Asfura tome conciencia de la importancia del sector salud para la población (especialmente los sectores empobrecidos) y que evalúe realizar ajustes al presupuesto que se le asigna a la SESAL. No hacerlo equivale a consolidar en los próximos tres años una nueva crisis que se intenta paliar con medidas que no atacan los problemas estructurales.
- A la par de un progresivo aumento presupuestario, se sugiere comenzar a sentar las bases de un plan de contratación de médicos con los perfiles idóneos para erradicar el serio déficit de personal con experiencia y capacidades.
- El gobierno debe brindar informes periódicos y transparentes a la población sobre la implementación de la Ley de Medidas Excepcionales y del Decreto Ejecutivo PCM 007-2026. Esto permitiría la vigilancia ciudadana y evitaría la gestación de otro episodio de corrupción en el sistema sanitario hondureño.
- El gobierno debe comenzar a fortalecer los pabellones quirúrgicos de la red hospitalaria con equipo, con la contratación de personal especializado (médicos, enfermeras, cirujanos, anestesiólogos, entre otros) y con el abastecimiento de medicamentos. No hacerlo generará, en el mediano plazo, un aumento de la mora quirúrgica que fortalecerá la tercerización de este servicio y precarizará aún más esta área.