Escrito por: Gustavo Irías
15/10/2022
En medio de las inundaciones de septiembre y octubre y la destrucción de infraestructura caminera y de viviendas, provocadas por los fenómenos climatológicos, ha resurgido en Honduras el debate público entre el designado presidencial Salvador Nasralla y el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Más allá de los ataques personales a Zelaya y a la presidenta Xiomara Castro, Nasralla cuestiona a la actual administración al grado de aseverar que en el país se está iniciando una dictadura. Adicionalmente, por tercera vez en estos primeros 10 meses de gobierno resurgen las voces disidentes de un sector de diputados en el poder legislativo de LIBRE. Uno de sus voceros, el diputado Edgardo Castro, ha afirmado que “LIBRE aumenta la corrupción y baila la fiesta de los corruptos”. Esta situación acontece en el contexto de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, un proceso que finalizará en el Congreso Nacional, espacio en el que se tomarán las decisiones finales y donde se juegan intereses estratégicos de las élites históricamente dominantes.
Para completar el panorama, en semanas recientes, ex militares que encabezaron el golpe de Estado del 2009, acompañados de algunos civiles, lanzaron la constitución del Frente Cívico para la Defensa de la Democracia (FCD) “con el objetivo de preservar los pilares del sistema democrático […] que defenderán la democracia, respeto y vigencia de la Constitución de 1982”. Anteriormente, Gabriela Castellanos, Directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha aseverado que “El poder” se encuentra “en campaña de desprestigio y hostigamiento contra el CNA y otras organizaciones de sociedad civil, planifican un Golpe de Estado hacia la lucha contra la corrupción”. En similares términos se ha expresado la Asociación para una Sociedad Más Justas (ASJ), que fue una de las instancias de la sociedad civil que apoyó en áreas relevantes al gobierno de Juan Orlando Hernández, para el caso, la llamada depuración de la policía.
En las última semanas, LIBRE no ha logrado concitar la mayoría simple en el Congreso Nacional para aprobar la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana y la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Tanto la bancada (en pleno) del Partido Liberal y del Partido Salvador de Honduras –PSH- (con la excepción del diputado Luis Redondo, presidente del CN), han retirado su respaldo hasta que se logre un consenso inter partidario y se respeten los tres debates que establece la ley. Finalmente, el Partido Nacional ha retomado el tema de lo que considera la ilegalidad de la junta directiva del poder legislativo.
No menos importante, es el Comunicado que emitió la Conferencia Episcopal de Honduras, que, con tono moderado, ha destacado que “Se necesitan nuevas formas de hacer una buena política, profesionalizándola y ocupándose del bien común […]”, también ha destacado que “la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General del Estado, constituyen un punto culminante y decisivo para el futuro de Honduras”, el cual no debería desperdiciarse. Subrayando, en otra parte del comunicado que “Es ahora cuando se debe implementar un sincero diálogo social, una búsqueda del bien común, para que podamos avanzar hacia una auténtica refundación de Honduras y abrir las puertas a la reconciliación”.
Innegablemente, estamos frente a una gestión gubernamental cuestionada por diferentes flancos y con una creciente oposición de la élite de derecha, opuesta a la realización de reformas sustantivas, al desmontaje del modelo de la narco dictadura, a restaurar y transformar la democracia. Sin embargo, las dificultades que atraviesa la actual administración gubernamental no surgieron en las últimas semanas, tienen su origen en los resultados electorales, en el inicio gobierno y en la naturaleza política del partido LIBRE. Por lo menos cuatro hechos marcan esta situación:
- Los resultados electorales del 28 de noviembre del 2021, entregaron un amplio respaldo a Xiomara Castro en la presidencia de la república. Sin embargo, a nivel del Congreso Nacional LIBRE no alcanzó una bancada de diputados/as que le asegurara, por lo menos, la mayoría simple (solo obtuvo 50 diputados/as). Aritméticamente es viable alcanzar esa mayoría simple mediante una alianza permanente con el PSH, pero la aritmética no es igual a política, de hecho en algunas votaciones esa mayoría ha sido posible en alianza con diputados del Partido Liberal. Esta configuración política planteó, desde inicio del gobierno, limitaciones en los alcances de las transformaciones propuestas por LIBRE, especialmente las referidas a reformas constitucionales y las que requieren mayoría calificada (86 votos).
- La temprana ruptura de la bancada de diputados de LIBRE (20 en total), antes de que se realizara la toma de promesa presidencial, debilitó aún más la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, al extremo que se constituyeron dos juntas directivas paralelas. En principio, esto expresó un problema legal que se resolvió por la vía política, al integrarse todas las bancadas bajo la directiva de Luis Redondo. Actualmente, la llamada “ilegalidad” continúa siendo una bandera política del bipartidismo tradicional que, con seguridad, será utilizada en la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y será un permanente riesgo en la gobernabilidad de la actual administración.
- La integración del gabinete de gobierno con personal sin las pericias y experiencia necesaria en la gestión pública, con importantes y honrosas excepciones, continúa siendo un hecho muy preocupante en un país, asolado por múltiples crisis que requieren resolver problemas urgentes, importantes y estratégicos. Esto ocurre con el agravante que, para transparentar los procesos de gasto presupuestario, se ha reemplazado el ágil sistema de administración, instalado por las redes de corrupción (que era necesario desmontar) y se ha regresado a los clásicos e ineficientes procesos de la burocracia estatal. Encontrar el punto medio está llevando tiempo, pero, los tiempos políticos son apremiantes.
- Contrario a lo que generalmente se piensa, LIBRE es un partido político muy diverso, en el cual conviven liderazgos muy disimiles desde liberales conservadores, pasando por pensamientos centristas y democráticos, hasta viejos y nuevos liderazgos de izquierda. No todos coinciden con una agenda de cambios y reformas sustantivas. Un sector conservador ocupa importantes puestos en la estructura gubernamental, siendo un factor de bloqueo para hacer viables las reformas comprometidas con el Plan de Gobierno del Bicentenario.
Los elementos anteriores, en su conjunto, han determinado una institucionalidad frágil para hacer frente a problemas urgentes como la salud, la educación e infraestructura. Aun así, se ha respondido satisfactoriamente a demandas relevantes de la mayoría de los electores como lo constituyó la derogación de la Ley de las ZEDE. Y algunos problemas estratégicos han comenzado a abordase, tal como el proceso encaminado a recuperar la Empresa de Energía Eléctrica como empresa y bien público, empero los avances son pausados. Sin embargo, problemas estratégicos como el agrario, el ambiental, de los pueblos originarios y los derechos reproductivos de las mujeres aún no se colocan en la agenda nacional. Y aún estamos pendientes de avances efectivos en la instalación de la CICIH (“mecanismo internacional” contra la corrupción), la derogación de los pactos de impunidad en el Congreso Nacional, la adhesión al Acuerdo de Escazú, y, la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
A pesar de todo lo indicado, este gobierno continúa representando la gran oportunidad histórica para impulsar las reformas sustantivas que requiere el país para enfrentar el grave problema de la falta de desarrollo, pobreza, desigualdades y exclusiones que afectan a la gran mayoría de la población. Un dato a favor, es el alto grado de legitimidad que aún tiene la presidenta Castro (según CID GALLUP, 65% de aprobación positiva, en el mes de septiembre). No obstante, llama la atención que mientras la oposición de derecha se va reagrupando para oponerse a las reformas sustantivas o a dificultar la gestión del gobierno en general, desde el poder aún continúa cerrado el espacio cívico-democrático para el diálogo, construcción de acuerdos y formulación de una nueva generación de políticas públicas en favor de los intereses de las organizaciones sociales y de la sociedad civil que constituyeron el núcleo de las resistencias a la narco dictadura.
¿Dónde están los problemas de gobernabilidad?, ¿Es posible gestionarlos?
En este artículo limitamos el término de gobernabilidad a la “capacidad de gobernar”. Esto implica, entre otros, el talento de diagnosticar y dar respuesta a las principales demandas ciudadanas; saber procesar respuestas apropiadas y diferenciadas a los problemas urgentes, importantes y estratégicos; traducir la problemática más relevante en políticas públicas incluyentes; rediseñar la administración pública con una institucionalidad efectiva y presupuesto apropiado; conocer e interpretar la real correlación de fuerzas en las que actúa; establecer alianzas estratégicas y pactar acuerdos puntuales para viabilizar la agenda de cambios; revisar las propias políticas de actuación de la administración, así como, revisar los avances y dificultades en la gestión por resultados. Un asunto clave es cómo mejorar la eficiencia y democratización de la gestión pública.
El gran desafío del actual gobierno es impulsar las principales reformas comprometidas en el programa del Bicentenario, destrabando los bloqueos actuales para avanzar. Estas reformas son relevantes para el presente y futuro de Honduras, entre las más importantes están:
- Establecer un modelo económico alternativo: crecimiento y desarrollo económico, pan para todos y todas.
- Defender los derechos humanos.
- Transformar el sistema de educación y salud pública.
- Derechos reproductivos de las mujeres.
- Desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria.
- Protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal.
- El presupuesto y las políticas públicas al servicio de las mayorías.
- Una política exterior ciudadana, centroamericanista, soberana y solidaria.
Para resolver los actuales riesgos de gobernabilidad, probablemente, un primer aspecto que debe revisarse es la concepción de democracia que ha asumido la actual administración, que parece estar inscrita en la llamada “Democracia Delegativa”. Recurriendo a la ayuda de Guillermo O’Donnell, en esta categoría de democracia se asume que “la elección da al presidente/a, el derecho y la obligación, de tomar las decisiones que mejor le parecen para el país, sujeto sólo al resultado de futuras elecciones presidenciales”. Por esto mismo, son débiles o ausentes los procesos de rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía.
Por sus orígenes, el actual gobierno es ampliamente mayoritario y legitimo en el nivel presidencial, pero minoritario en el legislativo tanto por no haber obtenido mayoría y por el fraccionamiento de la bancada de LIBRE. En tal sentido, es esencial resolver sus problemas internos de manera sostenible.
Por otra parte, es fundamental la reconstrucción de la alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) (con Nasralla o sin Nasralla), con el sector del Partido Liberal que ha acompañado a LIBRE en la aprobación de diferentes iniciativas de ley, igual con otras fuerzas aliadas del legislativo. Un punto esencial, es que se abra el espacio cívico-democrático a las organizaciones sociales y de la sociedad civil, retomando el espíritu del gabinete de transición popular, que se instaló previo a la toma de posesión del nuevo gobierno. Solamente construyendo una nueva mayoría política y social serán posibles e irreversibles las transformaciones del programa del Bicentenario.
Adicionalmente, la evaluación del rendimiento de los y las diferentes integrantes del gabinete de gobierno es esencial para mejorar la gestión pública; su reestructuración deberá representar una mejora sustancial en el desempeño gubernamental.
Por supuesto, LIBRE y sus aliados hecho gobierno deberán tener la capacidad y el talento de pactar acuerdos con los sectores de derecha representados dentro y fuera del Congreso Nacional. Este punto es importante, porque no es posible desconocer que un núcleo del programa de reformas propuestas solamente será posible mediante el pacto entre las diferentes fuerzas políticas, sociales y económicas del país. En otras palabras, serán reformas pactadas. Un buen ejemplo del presente, ha sido la renegociación de los contratos de energía eléctrica con el sector privado.
En otras palabras, solo profundizando la democracia, dialogando, pactando y concertando con los diferentes sectores políticos y sociales del país, y abriendo el espacio cívico a las organizaciones sociales y de sociedad civil, se podrá hacer frente a los riesgos de gobernabilidad del presente y neutralizar las fuerzas que históricamente se han opuesto a las mínimas reformas y transformaciones sociales.
Pero para alejarse de las tentaciones del autoritarismo, que forma parte de la larga cultura política de la mayoría de los países de Centroamérica, es también esencial asegurar el derecho al disenso, a la crítica al poder, así como el respeto irrestricto al ejercicio de las libertades democráticas básicas.