Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD Descargue PDF aquí
27 de mayo, 2024
Dentro de las múltiples crisis que atraviesa Honduras, la crisis climática ha tenido una fuerte manifestación en este ardiente verano, con elevadas temperaturas (en promedio cercanas o mayores a los 40 grados centígrados) y con una intensa sequía. Por el momento, su expresión más intensa ha sido la alta contaminación del aire en la mayoría de los departamentos del país. En esta situación confluye, por un lado, el calentamiento global con la quema de combustibles fósiles en el proceso de producción de las grandes corporaciones capitalistas en el mundo y, por otro lado, un conjunto de elementos contaminantes generados localmente, es decir, a nivel del país.
Y en este último nivel, un factor predominante en esta crisis ha sido la extendida deforestación, como la expresión del grave desajuste estructural provocado por el modelo económico extractivista hondureño que genera la permanente extensión de la frontera agrícola a cargo de grandes ganaderos y empresas agroindustriales. También, debido a la agresiva presencia del crimen organizado en las zonas de reserva, áreas extensas que se han convertido en fincas para la siembra y procesamiento de la hoja de coca, y el desarrollo de una diversidad de actividades productivas para el lavado de activos. Ambas manifestaciones de estos actores, destruyen anualmente miles de hectáreas de bosque para el desarrollo de sus proyectos empresariales.
No obstante, tampoco es posible desconocer como causal de contaminación, la tradicional práctica campesina de la quema, para preparar la tierra para los cultivos; las quemas para la siembra de caña de azúcar (en el norte y sur del país) y las actividades de la industria nacional, entre otras más.
Según datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en abril de este año se registraron 1,783 incendios forestales, afectando 118,142 hectáreas de bosque. Y en los primeros 20 días de mayo la contaminación del aire, de acuerdo con la medición de AQI, alcanzó la categoría de “muy perjudicial”, con más de 300 puntos, en una escala máxima de 500. Debido a esta situación, varios aeropuertos cancelaron vuelos, el sistema escolar fue cerrado y el gobierno central ordenó el teletrabajo para el sector público.
En estas circunstancias era inevitable la intervención del Estado, la que se produjo desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), ente que el 23 de mayo dio a conocer su estrategia de “cero deforestación al 2029”.
En este marco, es preciso resaltar que las zonas de bosque en Honduras son espacios de una intensa conflictividad social que enfrenta a las comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes con grandes terratenientes, transnacionales y organizaciones criminales del narcotráfico. Esta situación plantea, de entrada, las grandes dificultades sociales, políticas y logísticas que implica una estrategia del Estado en la protección del bosque.
Esta estrategia presenta aciertos, pero también preocupantes limitaciones.
Aciertos principales
Derivados de la estrategia gubernamental “cero deforestación”, es posible identificar los aciertos siguientes:
El primero, es el reconocimiento del Estado de que la causa principal de la deforestación está focalizada en “el el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, el comercio inescrupuloso de la explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y bosques de pino”, señalando como responsables a “la ganadería ilegal” y el narcotráfico, los que están “arrasando con los bosques y desestabilizando la región” (en referencia a las selvas de Olancho y la Mosquitia).
El segundo, es el convencimiento de que la dinámica anterior está “poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y del agua, vital líquido para la sobrevivencia humana, y en especial de las comunidades locales e indígenas, además, el daño que le causa la contaminación ambiental y el clima global”.
El tercero, es la formulación, por primera vez en la historia del país, de una estrategia interinstitucional integral para enfrentar el grave problema de la deforestación. De acuerdo con el documento, el Ministerio Público investigará “el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal en la región” y la legalidad de los títulos de propiedad dentro del patrimonio forestal nacional, asimismo, dispondrá de 3 fiscales de jurisdicción nacional. La Corte Suprema de Justicia contará con 3 jueces de jurisdicción nacional para que actúen en la región. El Congreso Nacional tendrá que “reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de los delitos ambientales”. También se creará la Comisión para la “cero deforestación” al 2029, presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) e integrada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), ente que actuará como Secretario de la Comisión; también tendrán el acompañamiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), Secretaría de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, policía nacional, representante del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General del Estado.
Y, el cuarto es la puesta de atención y el control que se ejercerá sobre las municipalidades, las que han usurpado la facultad legal del Estado en la autorización del “dragado de ríos” y en la extensión “de permisos de explotación de montañas”.
Preocupaciones centrales
A pesar de los aciertos de la estrategia, sobresalen dos preocupaciones relevantes:
- la primera, es el reforzamiento de la militarización del Estado y la sociedad
- la segunda, la ausencia de la participación y representación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la estrategia delineada.
Sobre el reforzamiento de la militarización
La estrategia otorga roles centrales a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Entre estos roles sobresalen:
- i) El “decomiso inmediato y la posterior destrucción, de acuerdo con la ley, de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas”.
- ii) El “desalojo de actividades de agricultura, ganadería, minería y dragado de ríos, y construcción de proyectos de urbanización, dentro de las zonas núcleo de las áreas protegidas”.
- iii) El incremento de hasta 8,000 efectivos “asignados a los Batallones de Protección Ambiental para garantizar el ejercicio de la soberanía nacional y defensa de las áreas protegidas”.
Estos roles podrían estar justificados por la presencia dominante de poderosas organizaciones narcotraficantes en la región. No obstante, esta situación, inevitablemente, nos conduce al reforzamiento de la militarización del país lo que implicará el aumento de los efectivos de la PMOP y del presupuesto del sector defensa. En cuatro años (2024-2027) esta estrategia contempla una asignación presupuestaría de 19,000 millones de lempiras; un porcentaje importante del total será destinado a las Fuerzas Armadas.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la amplia presencia de los militares en las zonas forestales del país es muy preocupante, debido al rol desempeñado por las Fuerzas Armadas en el pasado reciente en la represión y criminalización de las organizaciones sociales territoriales (campesinas, indígenas y afrodescendientes) que han defendido sus bienes naturales comunes del acaparamiento y la depredación, por parte de actores empresariales, narcotraficantes, e incluso ex militares (oficiales de alto rango).
Además, desde la mirada del sistema interamericano de los derechos humanos (ver el Informe reciente de la CIDH), la estrategia analizada en este artículo fortalece las inquietudes en torno a:
- la persistencia del CNDS, organismo que, desde el período de gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), rompió el carácter republicano del Estado hondureño (independencia y complementariedad de los diferentes poderes y ha llevado a la concentración del poder en el Ejecutivo).
- el mantenimiento y operación de los jueces y fiscales de jurisdicción nacional, a pesar de los reiterados señalamientos de que su existencia está alejada de los estándares internacionales de un Estado de derecho.
- el fortalecimiento y eventual crecimiento numérico de la PMOP, que se aleja de la promesa de reducir sus funciones policiales y definir su temporalidad.
- la extensión de la militarización ya no sólo en la seguridad pública y administración de los centros penales, sino que ahora en la estrategia del control de la deforestación, una situación que se distancia de la promesa del Plan del Bicentenario de desmilitarizar el Estado y la sociedad hondureña.
Sobre la participación y representación comunitaria
El grave problema de la deforestación atañe directamente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, en la medida que se relaciona directamente con la conflictividad que afectan sus vidas diariamente. De más está decir que la conflictividad ambiental y territorial es la principal conflictividad social en Honduras. El acaparamiento y depredación del bosque es una de las causas de la conflictividad que ha causado el desplazamiento territorial y la afección de los principales derechos humanos de las comunidades.
Además, Honduras es signataria del Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (suscrito en 1995) y de la Convención Internacional Contra Todas las Formas de Discriminación (firmado en 2002). En ambos instrumentos se establece la obligación del Estado hondureño de asegurar la participación de los pueblos indígenas y tribales en los asuntos que afecten sus vidas. En el Convenio No 169 se establece en el artículo 6, numeral 1 e inciso b, y, artículo 7, numeral 1), mientras, en la Convención contra la Discriminación en el artículo 5, inciso c.
En ese sentido, la estrategia “Cero Deforestación” aún carece del necesario componente y enfoque de participación social, los que son esenciales para asegurar la sostenibilidad de la estrategia y apropiación social democrática de las comunidades, alejándose del enfoque predominantemente militarista y centralista que actualmente tiene. Es más, potenciar la participación comunitaria es el camino para asegurar la democratización social del país, colocando en el centro a los y las sujetas del cambio político y social. Este enfoque es más consistente con el propósito del actual gobierno de sentar las bases de la refundación del país, pasando de un régimen autoritario y permeado por el narcotráfico, a un régimen efectivamente democrático y socialmente participativo.
La estrategia contra la deforestación debería abrir el espacio para la descentralización y regionalización democrática del país, con una participación balanceada y complementaria de los poderes centrales, locales y de la representación comunitaria.
