Escrito por: Gustavo Irías
En la última semana de septiembre se mantuvo el debate en torno a la propuesta de la “Ley de la Mesa de Participación Ciudadana”. Algunos actores sostienen que esta Ley representa un grave peligro para la supresión de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil críticas al actual gobierno, en especial para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Sin embargo, una lectura detenida del dictamen de esta Ley no sugiere este riesgo porque su contenido apunta a dos propósitos: el primero, suprimir el funcionamiento del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), y, el segundo, crear una instancia nacional de diálogo y construcción de consenso en relación con la actualización y ajuste de la Visión de País y Plan de Nación.
En el período de transición que vive el país, del viejo régimen autoritario a los esfuerzos por reconstruir y transformar la democracia, es inevitable que, desde el actual gobierno surgido de una larga oposición al autoritarismo, se proponga la cancelación del FONAC. Esta instancia fue un instrumento relevante de la dictadura para maquillar la desenfrenada corrupción gubernamental durante la pandemia.
Constituido en 1994, el FONAC ha desempeñado un rol irrelevante en el debate y en la construcción de políticas públicas y por largos períodos, prácticamente, su trabajo fue invisible. Resurgió a la escena nacional en el 2020, amparado en la “Ley especial de aceleración económica y protección social frente a los efectos del Coronavirus COVID-19”, la que en su artículo 1, lo habilita como veedor para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la “contratación de obras públicas, así como la adquisición de bienes y servicios a las instituciones autorizadas”. Una de las constataciones del papel del FONAC al servicio del Ancien Régime, fue su valoración y defensa pública de los hospitales móviles –considerados la estafa del siglo-.
En tal sentido, suprimir el FONAC no sólo es un acto simbólico en contra de lo que personificó el régimen de JOH, sino también la necesidad de repensar la legitimidad de la representatividad ciudadana en el actual contexto.
Las virtudes y limitaciones de la Ley de la Mesa Nacional de Participación
En los considerandos de la propuesta de Ley se recogen principios democráticos universalmente aceptados, tales como la democracia participativa, entendida como la “participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras, basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional”. Igualmente, “la inclusión del ciudadano en la formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas y acciones del Estado, convirtiéndolo en protagonista y gestor de su propio destino”.
Además, se registra la apuesta por “promover y fomentar diversas formas de participación” ciudadana para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. Esta apuesta forma parte de un largo debate en las ciencias políticas y sociales en torno a la democracia representativa y la democracia directa . Para el caso, Norberto Bobbio, politólogo italiano, sostenía la necesidad del proceso de democratización de la sociedad, no tanto pensado como “el tránsito de la democracia representativa a la democracia directa”, sino, más bien, “en cuanto al paso de la democracia política en el sentido estricto, a la democratización social”, en la cual se asegurase la apertura de los espacios para la participación en los barrios, comunidades, fábricas, centros de estudios, etc.
Explicitaba la aseveración anterior, con la sentencia siguiente: “Si queremos tomar hoy un índice del desarrollo democrático, éste no puede ser ya el número de personas que tienen derecho a votar, sino el número de sedes, distintas de la política, en las que se ejerce el derecho a voto; breve y eficazmente: para emitir un juicio del estado de democratización de un determinado país, el criterio no debe ser ya el de «quién» vota, sino el de «dónde» se vota (y que quede bien claro que aquí entiendo el «voto» como el acto típico y más corriente de la participación, pero en modo alguno sugiero la limitación de la participación en el voto)”.
Con base en las consideraciones expuestas, la normativa en discusión sobre la “Mesa Nacional de Participación Ciudadana” posee limitaciones. Aunque aún no se conoce lo que sería su reglamento interno, el contenido de la Ley no se diferencia sustancialmente del decreto original del FONAC (Decreto Legislativo 155-94). Es decir, una mesa nacional mixta: representantes gubernamentales y de la sociedad civil, en la cual se discuten los problemas del país y se busca construir consensos. Este tipo de esfuerzos reiteradamente han terminado siendo fallidos en el país, porque solo logra reunir a la élite de organizaciones ciudadanas, dudosamente con mandatos representativos, y sus deliberaciones (si es que las hay) están controladas por la institucionalidad del gobierno central. Precisamente la estructura altamente centralizada del Estado hondureño, es uno de los mayores bloqueos a la participación ciudadana.
El gran desafío: la reforma democrática y descentralización del Estado
El momento histórico por el que atraviesa Honduras requiere transformaciones sustantivas, que apunten a la reforma democrática del Estado y su descentralización, abriendo, de esta manera, espacios para la más amplia, plural y diversa participación ciudadana en la construcción de un Estado social y democrático que dé respuesta a las grandes demandas de la ciudadanía, genere trabajo, riqueza y bienestar. Por supuesto, este gran desafío no se resuelve con una Mesa Nacional de Participación.
Honduras es uno de los Estados más centralizados de América Latina, con un poderoso nivel central y un heterogéneo y disperso nivel local, compuesto por 298 gobiernos locales y unas pocas mancomunidades. Por otro lado, el Estado hondureño es territorialmente pequeño, pero con una gran diversidad de regiones (incluidas las de los pueblos originarios) con problemáticas particulares, potencialidades y retos diferenciados. Desde la década de los 70, empezando por lo que fue Consejo Superior de Planificación Económica (CONSUPLANE), se han formulado propuesta de regionalización del país. Luego, la Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto No 180-2003, aún vigente) que planteaba ordenar el país en “entidades territoriales”, “entidades o áreas bajo régimen especial”, y, “entidades de integración”. En el 2010, la Visión de País y Plan de Nación colocó otro esquema de regionalización que fue inviable en un contexto de ruptura constitucional. Adicionalmente, el país cuenta con una regionalización del sistema de salud pública, muy diferente al modelo de descentralización del sistema de educación pública.
En un esquema de Estado centralista, las grandes decisiones del país han sido tomadas por las élites dominantes que han diseñado un Estado excluyente, socialmente insensible e inefectivo para responder a los intereses legítimos de la mayoría de la población. Para superar esta situación es completamente justificado avanzar hacia una democracia participativa, tal como lo plantea el proyecto de Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, pero resulta inevitable, si queremos habilitar esa participación, insertarla en una reforma profunda del Estado abierto a la diversidad de poblaciones, pueblos y sectores sociales en los ámbitos territoriales donde habitan, trabajan, producen y tejen sus sueños de porvenir.
En un viejo documento del CESPAD, reflexionando sobre este mismo tema, sosteníamos que: “Las políticas públicas implementadas, hasta ahora, por el Estado hondureño han resultado ineficientes para resolver el problema de la pobreza y la desigualdad. Y esto tiene que ver tanto con el modelo de crecimiento neoliberal, mantenido por más de treinta (30) años, como también con el modelo y dinámica de funcionamiento del Estado mismo. Por ello, estamos ante un Estado fuertemente debilitado en su legitimación social y política; ineficiente, corrupto, excluyente y sin responsabilidad social”. Hoy, después del 28 de noviembre pasado, en un nuevo contexto político, es el momento de su reforma, descentralización y democratización profunda.
Y sobre la participación ciudadana, es necesario insistir en el carácter plural de esta participación que lleva implícito el disenso. Regresando al profesor Bobbio, sostenemos que el “carácter fundamental de la democracia de los modernos, en comparación con la de los antiguos: la libertad, más aún, la licitud del disenso. Este carácter fundamental de la democracia de los modernos se basa en el principio según el cual, el disenso, aunque mantenido dentro de ciertos límites, que son establecidos por las llamadas reglas del juego, no es destructivo de la sociedad, sino apremiante, y una sociedad en que no se admita el disenso es una sociedad muerta o destinada a morir”.
Cerrando este pequeño artículo dejamos tres puntos:
El primero: es necesario suprimir el FONAC (en su última versión) como un triste legado de la narco dictadura pero, especialmente, para repensar la efectividad de la participación y representación ciudadana.
El segundo: no es necesario una normativa jurídica que habilite “espacios de diálogo y debate para el logro de consensos que permitan readecuar y reformular la Visión de País y el Plan de Nación”. Sin normativa jurídica, el Estado puede constituir Mesas nacionales, regionales y locales para realizar esta discusión. Es más, reabrir el espacio cívico-democrático no requiere de leyes especiales, sino de voluntad política para escuchar, dialogar y concertar con las organizaciones sociales y, en general, con la sociedad civil.
Y, el tercero: es urgente una agenda para la reforma, descentralización y democratización del Estado, con amplia participación ciudadana, con metas de corto, mediano y largo plazo.
