Por: René Estrada
Según las redes oficiales de la Secretaría de Prensa, el Gobierno de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas acordaron acelerar el proceso de instalación de la CICIH, en la 77 reunión de la Asamblea General. Sin embargo, para poder dar inicio a ese proceso se debe comenzar con la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambas partes. Y la pregunta que aflora en el contexto es ¿por qué no se ha firmado?
El Memorándum de Entendimiento es el documento que plantea el proceso que debe seguirse previo a la instalación del mecanismo internacional. También establece las condiciones que debe cumplir Honduras antes de su instalación, al igual que otras acciones complementarias vinculadas con el contexto político hondureño y los procesos de selección de altos funcionarios que se realizarán en los próximos meses.
¿Cómo llegamos al Memorándum de Entendimiento?
La lucha por la instalación de una CICIH comenzó en el año 2015, con las “Marchas de las Antorchas”, acciones de protesta que surgieron como respuesta ciudadana al millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, a pesar de las múltiples movilizaciones que se realizaron en el territorio nacional, que exigían una lucha contra la corrupción en manos de una CICIH, el gobierno de turno, presidido por Juan Orlando Hernández, apuntó por la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), mediante un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante su periodo de funcionamiento, la MACCIH instaló un circuito anticorrupción, investigó y presentó más de 13 casos de macro corrupción ante el sistema de justicia y consolidó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que luego pasó a convertirse en la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO).
Sin embargo, a pesar del trabajo realizado, el gobierno de Hernández decidió no renovar el convenio con la OEA, lo que resultó en la pronta expulsión de la Misión en el año 2020, cuatro años después de la firma del convenio. Desde entonces, las exigencias del pueblo hondureño por un nuevo mecanismo internacional que ayude a desmontar las redes de corrupción e impunidad en el país no han cesado.
De allí que, con el cambio de gobierno, Xiomara Castro, quien tomó posesión el 27 de enero de 2022, hizo la solicitud a la ONU para la instalación de un nuevo Mecanismo Internacional Anticorrupción, de manera oficial, a mediados del mes de febrero del 2022.
Como bien registra la prensa local, Naciones Unidas dio una pronta respuesta a la solicitud del gobierno hondureño, y en el mes de mayo mandó una Misión Técnica de Evaluación que se reunió con diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a la Coalición Anti-Corrupción.
Después de la visita, en los primeros días de agosto circuló la propuesta de un Memorándum de Entendimiento por parte de la ONU, que fue contestado semanas después por el Gobierno de Honduras. Actualmente, con la contestación de ambas partes, se debe dar inicio al proceso de diálogo y negociación, ya que hay aspectos de las propuestas que se deben consensuar previo a su firma.
Una serie de condiciones previas
En el primer borrador del Memorándum de Entendimiento, la ONU plantea un “Mecanismo Internacional imparcial e independiente” que establece una serie de acciones y condiciones a las que el gobierno de Honduras deberá acceder previo y durante la instalación del Mecanismo. Además, en el borrador se planea que el proceso se realizará en fases.
Entre las premisas del Memorándum se cita:
- el envío de un equipo de expertos de la ONU encargado de realizar un diagnóstico de las capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras
- brindar asistencia técnica, en relación con las reformas legales necesarias para el correcto funcionamiento del mecanismo
- establecer un diálogo con el Ministerio Público y demás instituciones ligadas brindando asistencia técnica de ser requerida y
- apoyo técnico a la implementación de la nueva ley para la elección de la Corte Suprema de Justicia.
Estos cuatro aspectos se presentan como una condicionante ya que, en un apartado posterior se menciona que “el Gobierno reconoce que la implementación del equipo de expertos que será enviado durante la Fase 1, que podrá incluir, mas no podrán estar limitadas a, la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes”. Es decir, que el Gobierno de Honduras debe estar dispuesto a hacer los cambios recomendados en el marco normativo legal, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la Misión Internacional.
Además de lo antes mencionado, el borrador de la ONU nombra dos puntos que serán claves durante el momento de tomar la decisión de instalar o no un Mecanismo Internacional Anticorrupción.
Estos, de mucha importancia, son:
- a) la derogación de los Pactos de Impunidad, entre ellos la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, (decreto 116-2019) y
- b) la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que se encuentra actualmente en estatus de dictamen en el Congreso Nacional.
Los consensos y las discrepancias en la negociación
En ambos documentos hay acuerdos, entre ellos, la aceptación de que se necesitan reformas estructurales al marco normativo legal, que permitan la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país y que el proceso se realice en fases y con constantes diálogos entre las partes.
No obstante, existen factores que deben ser consensuados entre la ONU y el Gobierno de Honduras. Por ejemplo, en un análisis publicado por el CESPAD, se mencionan los siguientes:
- el enfoque del mecanismo: la ONU plantea un mecanismo enfocado en el “fortalecimiento del sistema de justicia” mientras que para el gobierno el foco debe ser “combatir el crimen organizado y las redes de corrupción”.
- asesoría técnica: si bien el Estado de Honduras acepta la asesoría en materia legal, se limita a las necesidades que ellos identifiquen únicamente. Además, no menciona la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
- la implementación de las recomendaciones técnicas: por parte de Naciones Unidas, las recomendaciones del equipo técnico deben ser implementadas en su totalidad, pero el gobierno de Honduras se compromete a implementar solamente aquellas que considere “pertinentes”.
- diálogo y asesoría del Ministerio Público: el gobierno de Honduras plantea que un diálogo y asesoría no es suficiente con el Ministerio Público y aspira a un “diagnóstico de sus actuaciones, señalando sus fortalezas y debilidades”.
- apoyo técnico en la elección de la nueva CSJ: aunque se menciona la aceptación de este apoyo por parte del gobierno de Honduras, se sobreentiende que el mismo se limita al proceso de elección de candidaturas y no a la elección en el Congreso Nacional.
Sin que exista un consenso entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras en estas discrepancias, no se puede avanzar con la firma del Memorándum de Entendimiento.
El tiempo como factor determinante
En un contexto de país como el de Honduras, donde el marco normativo legal blinda la acción penal contra las y los corruptos, la firma del Memorándum de Entendimiento como compromiso del nuevo gobierno para hacerle frente a la corrupción, es vital.
La instalación de la CICIH parece que va para largo y en el proceso se determinarán algunos factores claves para definir el rumbo del Mecanismo Internacional. Sin embargo, mientras no se firme el Memorándum de Entendimiento, será poco o nulo el avance.