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Avances alentadores, pero no suficientes en el proceso de instalación de una CICIH en Honduras

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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el VIII informe de monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional (CN), con el propósito de analizar los avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción en el país, especialmente en torno a la agenda legislativa dentro del Congreso Nacional que busca acompañar los esfuerzos para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

La Agenda Anticorrupción, establecida por la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo en el año 2022, es un conjunto de acciones destinadas a combatir la corrupción en todas sus formas. Una de las principales tareas de esta agenda es el desmontaje del viejo marco jurídico y de su permeación en la institucionalidad del Estado, que ha permitido la impunidad y el abuso de poder.

Este octavo informe plasma la reflexión y el análisis de los hechos noticiosos relevantes ocurridos entre el 1 y el 31 de julio de 2023, pero se enfoca en la relevancia de uno de los decretos derogado y otro reformado, que forman parte de la normativa llamada popularmente como “pactos de impunidad”, como un paso significativo hacia la restauración del Estado de derecho y la justicia en nuestro país. Asimismo, en la llegada de la misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como paso fundamental para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). También se enfatiza la necesidad de que se deroguen otros decretos que constituyen bloqueos a la lucha contra la corrupción, heredados e impuestos durante los doce años de gobiernos nacionalistas.

De igual manera, este informe resalta y analiza los hechos que ocurrieron en relación con el respeto de derechos como el espacio cívico democrático y la importancia de proteger la libertad de asociación como un pilar fundamental de la democracia.

El CESPAD pone a disposición este informe para registrar situaciones importantes a favor de la lucha contra la corrupción y, no menos relevante, para que sirvan de insumos para el debate público y ciudadano, en el marco de la necesidad de que más estructuras organizadas se sumen a exigir una lucha frontal contra ese flagelo social, que sigue tan intacto como incólumes continúan las mismas redes que lo sustentan.

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