El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y Oxfam Honduras, presentaron el primer Informe de Monitoreo de Medios y Discursos Políticos titulado “Ni nombradas ni escuchadas: ausencia de la agenda de las mujeres en los discursos presidenciales y violencia política durante el proceso electoral 2025”. Este informe se enmarca en el proyecto “Nosotras Construyendo Democracia, Ciudadanía activa de las mujeres en Honduras”, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El monitoreo se llevó a cabo entre enero y julio de 2025, analizando un total de 554 apariciones públicas de los siguientes presidenciales: Rixi Moncada, candidata del partido de gobierno Libertad y Refundación (LIBRE); Nasry Asfura, representante del Partido Nacional; Mario Rivera Callejas, aspirante por el Partido Democracia Cristiana (DC); Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nelson Ávila, postulante por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Además, se registraron 62 eventos en los que se manifestaron múltiples hechos de violencia política durante el mismo periodo.
Los hallazgos evidencian una realidad preocupante: las mujeres siguen siendo excluidas del relato político y violentadas en su derecho a participar, ser electas y ejercer sus funciones, lo que refleja la persistente desigualdad en la política hondureña.
Los discursos políticos deben reflejar las propuestas para mejorar el país, pero aún omiten los desafíos que enfrentan las mujeres. Según el informe, el 98 % de los discursos de la candidata y los cuatro candidatos carecen de referencias a la agenda de las mujeres y feministas de Honduras. Cuando se mencionan, suelen hacerlo de manera superficial o simbólica, sin compromisos concretos ni propuestas con enfoque de género.
“Ninguno de los actores logra articular de manera sistémica los elementos de prevención, protección, participación y empoderamiento que exige la agenda feminista. Esto evidencia una brecha persistente entre el discurso y la acción, ya que las menciones a los derechos de las mujeres carecen de integralidad, sostenibilidad y enfoque interseccional”, señala el documento.
El análisis revela que la política hondureña continúa reproduciendo un orden patriarcal, abordando temas de economía, seguridad y corrupción desde enfoques tradicionales y masculinizados, sin incorporar una perspectiva de género que reconozca las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres. En este contexto, sus derechos y propuestas son relegados, instrumentalizados o presentados de manera superficial en los discursos políticos.
En el proceso electoral, la violencia política hacia las mujeres persiste
El monitoreo documentó 62 eventos de violencia política, en los que se presentaron múltiples formas de agresión, lo que resultó en 76 categorías según el escalómetro de la violencia, un instrumento elaborado por el CESPAD. De estas, 45 se ubicaron en nivel de alerta, 17 en cuidado y 14 en peligro.
Las formas más recurrentes fueron el acoso para desalentar su participación (21 casos), amenazas físicas y digitales (10 casos) y violencia hacia la integridad personal (13 casos). También, difamación y noticias falsas (14), censura en el debate político (3), daño a la imagen pública (4), discriminación por sexo u otras condiciones (3), discursos de odio (2), daños a la propiedad (1), obstrucción del ejercicio político-electoral (4) y violencia contra familiares o círculos cercanos (1).
Estos resultados muestran que, en muchos casos, las agresiones no son aisladas, sino que constituyen una combinación de ataques simbólicos, digitales y físicos que buscan limitar la participación política de las mujeres. La mayoría de las agresiones provienen de actores estatales y partidarios, evidenciando que el Estado no solo falla en proteger, sino que en muchos casos reproduce la violencia institucional.
Un llamado urgente a la transformación en las prácticas y en la cultura política
Frente a este panorama, el informe propone tomar medidas concretas, como las siguientes:
- Aprobar la Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Político, pendiente desde 2022.
- Reconocer en el Código Penal la violencia política de género en todas sus formas —simbólica, digital, institucional o coercitiva— e incluir mecanismos de reparación simbólica y pública.
- Consolidar un Sistema Nacional de Prevención de la Violencia Política, articulado entre el CNE, TJE, Ministerio Público y organizaciones feministas.
- Reformar el Código Electoral, estableciendo sanciones por incumplimiento de la paridad y promoviendo financiamiento público diferenciado que garantice la participación efectiva y segura de las mujeres.
- Crear un Observatorio de Medios con enfoque feminista, que monitoree la cobertura política de las mujeres y fomente prácticas comunicacionales responsables e inclusivas.
- Implementar campañas de sensibilización ciudadana destinadas a visibilizar las distintas formas de violencia simbólica y fortalecer una cultura democrática basada en la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad social.