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La aprobación de la ley de Colaboración Eficaz, la derogación de la inmunidad parlamentaria, las reformas al Código Procesal Penal y la suspensión del silencio a los fiscales del Ministerio Público son cuatro pendientes que identifica la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional para el fortalecimiento del Estado de derecho y la creación de las condiciones mínimas para la instalación de la CICIH en su último informe de rendición de cuentas.
En el documento, que presenta los resultados obtenidos a largo del 2023 hasta abril del 2024, se resalta la derogación del decreto 116-2019, la Ley especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales; el decreto 57-2020 correspondiente a reformas al Código Procesal Penal y la Ley especial contra el lavado de activos. Así como las reformas del 93-2020 y la derogación del 93-2021, referentes a reformas en el Código Penal y Procesal Penal.
El origen de la Comisión y la Agenda Anticorrupción
La Comisión Anticorrupción, establecida como una comisión ordinaria del Congreso Nacional en 2022, es la primera de su tipo en el Congreso Nacional de Honduras y en Latinoamérica especializada y dedicada exclusivamente a la materia anticorrupción. Su creación, respondió a la urgente necesidad de abordar, desde el Poder Legislativo, los altos niveles de corrupción e impunidad que históricamente han afectado al país.
Asimismo, tiene como foco de trabajo la creación de las condiciones jurídicas necesarias para que se pueda instalar en el país una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), partiendo de que es una demanda ciudadana que se remonta al 2015 y que fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, que luego fue canalizada en su plan de gobierno 2022-2026.
Desde su inicio, la Comisión estableció una agenda anticorrupción, con asesoría técnica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y Abogados sin Fronteras Canadá (ASF-C), que prioriza 10 decretos denominados “pactos de impunidad”, entre reformas, aprobaciones y derogaciones, que estima son claves para desmontar el blindaje legal que durante los últimos años ha protegido actos de corrupción. Además, se basa en convenios internacionales suscritos por el Estado hondureño como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC).
Por su parte, las y los integrantes de la Comisión admiten en su agenda que con la vigencia jurídica de los pactos de impunidad es prácticamente imposible cualquier acción del sistema de justicia en contra de la corrupción pública, perpetuando la impunidad, la cual se ha tornado estructural y sistémica.
Por otro lado, la Comisión argumenta que su trabajo prioriza cinco ejes estratégicos: legislación en materia anticorrupción, cooperación institucional, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y audiencias públicas, los cuales son claves para facilitar un entorno que propicie la lucha contra la corrupción.
Los desafíos de la Comisión
En su informe de rendición de cuentas, la Comisión Anticorrupción afirma que durante el periodo legislativo del 2023 no se les asignó ningún nuevo proyecto de decreto y que algunos, como la derogación del Código Penal, pasaron a comisiones especiales.
También, la Comisión admitió que hay deudas pendientes de parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional con la agenda anticorrupción, como el tercer debate y aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, el sometimiento del dictamen de derogación del decreto 117-2019 y la aprobación de la Ley para el Combate de la Corrupción.
Respecto a la Ley para el Combate de la Corrupción, el congresista y miembro de la Comisión Jari Dixón, afirmó que ya son más de 11 años desde que inició a proponer esta norma y que su esperanza es que al regresar del receso de medio año esta sea sometida al pleno y por fin pueda ser aprobada.
Recomendaciones de la Comisión para la lucha contra la corrupción
La Comisión Anticorrupción aprovechó la publicación del documento para recomendar la continuación de la discusión de la ley general de archivos, considerando que su vital importancia para la salvaguarda de los documentos que representan un valor histórico para la sociedad y una herramienta efectiva para la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, reafirmó su compromiso de apoyar las reformas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y las que faciliten el proceso de instalación de la CICIH. Además, las y los miembros de la Comisión hicieron un llamado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para establecer una ruta de trabajo que permita cumplir con las reformas necesarias presentadas por las Naciones Unidas .
Asimismo, la Comisión hizo un llamado para el cumplimiento del decreto 20-2022, que se plantea como una medida de control político debido a que el Tribunal Superior de Cuentas debe remitir un informe al Ministerio Público, acerca de los procesos de liquidación de fondos públicos.
Por su parte, la Comisión reiteró que busca fortalecer una lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos que reconozca a las víctimas en el centro del proceso penal, con el propósito de garantizar la justicia y reparación de los hechos.