El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) pone a disposición el séptimo Informe de Monitoreo de Elección de Funcionarios Públicos en Honduras. Estos informes, como se ha reiterado en otros documentos, se comenzaron a realizar desde la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el impacto y la importancia que tienen los funcionarios de segundo grado, en el buen funcionamiento de la institucionalidad del Estado.
La tesis anterior cobra mayor vigencia porque Honduras, al igual que los países de América Latina, sobrellevan un contexto de deterioro grave de la calidad de la democracia; de allí la importancia que reviste la correcta selección de funcionarios públicos que, en teoría, debe hacerse al amparo de lo que establecen los estándares internacionales relativos a la meritocracia, capacidad e idoneidad.
Desde siempre, la implementación de los procesos de selección de funcionarios no ha sido suficiente para garantizar confianza entre la población, respecto a la democracia y sus instituciones, porque la politización partidaria siempre ha estado presente, jugando un papel preponderante y determinante.
No en vano, hechos que aparentemente están distantes, como el juicio de Juan Orlando Hernández, han develado una macrocorrupción sin precedentes, que ha tenido como base la ayuda que los funcionarios públicos clave, dentro de instituciones como el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otras, que han propiciado una impunidad inimaginable.
Con estos informes, el Cespad está legando un registro para la historia, sobre la forma y el fondo con el cual la élite política de Honduras ha seleccionado funcionarios que tradicionalmente han servido de trampolín para fomentar la corrupción y la impunidad estatal. Como una organización de sociedad civil organizada, el Cespad aspira a que con estos registros, otros espacios constituidos utilicen esta información para el fomento del debate público y el detonante (como óptimo resultado) de acciones de presión que coadyuven a fortalecer y hacer de estos, procesos mediante los que se seleccione a profesionales por los méritos y las capacidades necesarias para poner freno a las inveteradas prácticas corruptas que solo han dejado más desigualdad e inequidad entre el pueblo hondureño.
En ese sentido, este séptimo informe compila los hechos relevantes comprendidos entre los meses de febrero y marzo, y una reflexión alrededor de la selección de funcionarios públicos que hizo recientemente el Congreso Nacional: Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Unidad de Política Limpia (UPL), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Registro Nacional de las Personas (RNP), y el Ministerio Público (MP).
El Cespad deja a su disposición estos informes, anhelando que se conviertan en la base de discusiones y experiencias para futuras generaciones, con el objetivo ulterior de evitar prácticas que sigan transgrediendo el Estado de derecho y fomentando una severa infracción de derechos humanos de la población hondureña.
