Escrito por: Rubén Escobar, Aimée Cárcamo y René Estrada
La abogada Rosa Helena Bonilla Galindo -homónima de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo-, tiene una amplia experiencia en el Derecho Penal, especialmente como funcionaria judicial. Desde el 2008 comenzó a litigar de forma privada, representando a personajes notables de la sociedad hondureña acusados por corrupción y narcotráfico, entre ellos a Juan Orlando Hernández, Arturo Bendaña, el expresidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, y la misma ex primera dama, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
Su andar por el Poder Judicial se extendió por 22 años, comenzando en 1986 como escribiente, cuando aún era estudiante de Derecho, carrera que culminó en 1993 al egresar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con orientación en Derecho Mercantil.
Desde entonces fue escalando posiciones en el sistema judicial, primero como receptora en los juzgados Primero y Segundo de lo Civil de Francisco Morazán. Después pasó a secretaria interina del juzgado Primero de lo Civil; juez de Letras de Yuscarán, El Paraíso; juez de Letras de Francisco Morazán hasta llegar a juez de Sentencia, cargo en el que se desenvolvió entre el 2002 y el 2008.
Asegura que durante su desempeño en la carrera judicial mantuvo un “expediente limpio” y “ascendí a cada uno (de los cargos que ocupó) por medio de concursos y méritos obteniendo siempre los primeros lugares, siendo el último cargo como jueza de Tribunales de Sentencias, donde fui miembro del tribunal que realizó el primer juicio oral y público en Honduras, y la ponente de la Sentencia”, según establece en su hoja de vida.
Hace carrera fuera del Poder Judicial
Como litigante privada su trabajo ha sido relevante, ocupando importantes reseñas en los medios de comunicación a causa del impacto de esos casos en la sociedad hondureña, y también porque es muy accesible a brindar información a los periodistas. Uno de los casos documentados fue su defensa al exministro de Salud, Arturo Bendaña.
En abril de 2014, Bendaña fue requerido por el Ministerio Público porque en su periodo como ministro de Salud (enero de 2010 a septiembre de 2012) formó parte de la directiva del Seguro Social, que autorizó transferir 600 millones de lempiras del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte al Fondo de Enfermedad y Maternidad, una acción que está prohibido por la ley. A Bendaña se le acusó por los delitos de abuso de autoridad, delitos contra la administración de fondos públicos y privados de fondos y pensiones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Finalmente los exdirectivos fueron absueltos en diciembre de 2020.
La abogada Bonilla también fue parte del equipo legal que representó al empresario Benjamín Bográn (QDDG), quien en julio de 2015 fue acusado por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio, en uno de los casos de corrupción vinculados al Seguro Social, pues él integró su junta directiva. Según el Ministerio Público, el empresario habría aceptado recibir coimas por 692,000 dólares de la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem), entidad que tenía un contrato con el Seguro Social y pagaba para recibir beneficios, según reconocieron sus propietarios, Óscar Roberto Laínez y Jorge Daniel Herrera, conocidos como “Los Tetos”.
Luego de permanecer prófugo durante un año, Bográn se presentó a los tribunales de justicia en el 2016. Por este caso fue condenado a una pena de dos años de reclusión, en un juicio que culminó en enero del 2020. En el proceso se descartó el delito de lavado de activos y se aseguró que el dinero de la coima no lo habría recibido porque quedó “congelado” en una cuenta bancaria en Panamá. Bográn murió en julio del 2022.
En agosto de 2018 la abogada Bonilla defendió al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, acusado por el desvío de 13.5 millones de lempiras del Poder Judicial, en su calidad de miembro del Consejo de la Judicatura. Junto a él fueron acusados los también concejales Teodoro Bonilla, Julio Barahona, Liliam Maldonado, Celino Aguilera y José Francisco Quiroz. Los imputados estuvieron detenidos en un batallón de Tegucigalpa entre agosto y septiembre de 2018, pero finalmente la Corte los absolvió a principios de noviembre de 2021.
A mediados del 2018 defendió al diputado Elden Vásquez, uno de los 38 requeridos por Pandora, un caso de corrupción que consistió en el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El dinero que se drenó mediante este caso estaba destinado para desarrollar proyectos en zonas rurales, especialmente a mujeres jefas de hogar, pero en su lugar lo utilizaron para financiar, en el año 2013, las campañas políticas de los partidos Liberal, Nacional y del Frente Amplio Político Electoral (Faper). En agosto de 2020 una Corte de Apelaciones de Tegucigalpa absolvió a la mayoría de los imputados y decidió seguir el proceso a cuatro de ellos, pero dejando en prisión únicamente al exministro Jacobo Regalado. Finalmente a Regalado le concedieron la medida de arresto domiciliario en diciembre de 2020.
Bonilla también integró el equipo de defensa de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, principal acusada en el caso conocido como “Caja chica de la dama”, el cual fue investigado por el Consejo Nacional Anticorrupción y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción de la Impunidad en Honduras (MACCIH). Según el Ministerio Público, Bonilla de Lobo transfirió 12 millones de lempiras de una cuenta de su despacho a una cuenta personal, cinco días antes de que terminara el periodo presidencial de su esposo.
Desde esa cuenta se emitieron 70 cheques que fueron cobrados por personas de su entorno. En septiembre de 2019 se le dictó una pena de 58 años de reclusión, pero la condena fue anulada en marzo del 2020 y se ordenó la repetición del juicio. Nuevamente fue encontrada culpable y en septiembre de 2022 Bonilla de Lobo fue condenada a 14 años de cárcel y a una multa de 13.8 millones de lempiras, mientras que su secretario, Saúl Escobar, recibió una pena de 7 años y 10 meses y la misma multa.
Bonilla Galindo y su esposo Iván Martínez también fueron parte del equipo de abogados que tuvo como estrategia bloquear la extradición del expresidente Hernández. Para ello presentaron diversos argumentos: la supuesta inmunidad derivada de su juramentación como miembro del Parlamento Centroamericano; la existencia de 32 denuncias en el Ministerio Público contra el expresidente por diferentes delitos, incluso narcotráfico, y demandaron que fuera juzgado en Honduras por los delitos atribuidos por la justicia estadounidense. Al final nada funcionó y Hernández fue extraditado el 21 de abril de 2022, donde espera juicio.
La abogada Bonilla Galindo fue aspirante a magistrada en el proceso de selección de 2016, pero no calificó para la nómina de 45 presentada al Legislativo. Para el actual proceso se postularon ella y su esposo Iván Martínez, pero él no superó las primeras etapas y ya no está en la lista de los 105 profesionales que están en fase de investigación.
