El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el tercer informe del monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, con el propósito de observar su cumplimiento y aportar ideas al debate en busca de crear una institucionalidad fuerte en la lucha contra la corrupción en Honduras.
La Agenda Anticorrupción fue establecida por la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo en el año 2022 y tiene entre sus tareas, el desmontaje del viejo marco jurídico y de su institucionalidad, así como la creación de nuevas leyes y una institucionalidad más transparente, independiente y legítima.
Por eso, este tercer informe, que comprende el monitoreo del período entre el 1 y el 28 de febrero de 2023, se enfoca en la necesidad de retomar los esfuerzos para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Sin embargo, paralelo a la instalación de una Misión anticorrupción, luego de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, el siguiente escollo de trascendencia histórica para este gobierno será la elección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto, evento que está previsto a realizarse en agosto próximo. El Congreso Nacional tiene seis meses en los que podrá realizar reformas importantes que allanen el camino para que la nueva Corte y la Fiscalía hagan cambios sustantivos en la aplicación de la justicia, especialmente en el tema corrupción.
Por otro lado, subyace a la instalación de la CICICH, la urgencia de que los diputados y diputadas, especialmente los que integran la Junta Directiva, pongan en la agenda la derogación de decretos que son el fundamento del modelo de corrupción de los últimos doce años. Se estima que al menos unos diez, entre decretos y leyes, constituyen los denominados “pactos de impunidad”, un marco normativo que blinda la corrupción en Honduras y que es urgente abolir (varios de esos decretos están a la espera de un tercer y último debate).
También es imperativo que, junto a las reformas legales en el Congreso, el Poder Ejecutivo realice los esfuerzos pertinentes para abrir espacios a organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos deseosos de participar en un proceso que es de interés general.
El momento histórico es ahora. Desde el CESPAD[1] así lo entendemos y por ello ponemos a disposición el presente informe, en un intento de incentivar esfuerzos en la lucha anticorrupción, con la esperanza de generar mejores escenarios para los hondureños.
Descargue el informe aquí.
[1] https://cespad.org.hn/el-reto-en-honduras-la-derogacion-de-leyes-que-blindan-a-los-corruptos-y-la-creacion-de-un-sistema-normativo-contra-la-corrupcion/
