Escrito por: Rubén Escobar
A casi un año de que el Congreso Nacional de Honduras votara a favor de su derogación, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), están lejos de ser un tema zanjado y más bien se vislumbra un conflicto que apenas comienza, con daños colaterales aún por verse.
La historia de estas entidades se remonta al año 2013, cuando mediante argumentos como la reducción de la pobreza, creación de empleo y la necesidad de ser más competitivos, el Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández (ahora preso en Estados Unidos por narcotráfico), hizo una serie de reformas constitucionales (artículos 294, 303 y 329) para aprobar la Ley de las ZEDE y otorgarle a estas jurisdicciones autonomía territorial, funcional y fiscal.
Según la ley, estas zonas podrán tener tribunales autónomos e independientes con “sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo”, con presupuesto y sistema tributario propio. El artículo 25 refiere que el “Estado de Honduras podrá expropiar (tierras propiedad de ciudadanos) previa indemnización” con el propósito de facilitar la expansión de las ZEDE.
La ZEDEs vigentes en Honduras
Cuatro años después, en diciembre del 2017, se constituye las ZEDE Próspera en Roatán, Islas de la Bahía; Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés, en el 2018 y Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca, en junio de 2021.
Mientras que la ZEDE Mariposa no alcanzó a alzar el vuelo y sus socios desistieron del proyecto en mayo del 2022 porque el 20 de abril del 2022, con el voto unánime de los 128 diputados, se derogó la estructura jurídica de las ZEDE, sólo tres meses después de que la presidenta Xiomara Castro asumiera la presidencia, como parte de sus propuestas de campaña.
Sin embargo, para que entre en vigencia, esa derogatoria debe ratificarse por el Congreso en la presente legislatura, posteriormente debe ser sancionada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Sin embargo, luego de la elección de las y los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, proceso que ocupó el quehacer legislativo entre enero y febrero de 2023, ningún diputado se ha pronunciado para poner nuevamente en el debate público la ratificación de esa derogatoria.
¿Cuál es el estatus de las ZEDE vigentes?
A la espera de un desenlace, las ZEDE instaladas en Roatán y en Choloma siguen operando, mientras que la de San Marcos, Choluteca, aceptó incorporarse al régimen de Zonas Libre (ZOLI).
Honduras Próspera Inc., asegura en la página web de ZEDE Próspera que ha realizado “importantes inversiones” (…) “atrayendo a más de 100 empresas registradas de todo el mundo, incluyendo empresas financieras, de fabricación robótica, de transporte, de salud y educativas”.
Próspera continúa promocionando inversiones y firmando acuerdos con distintas organizaciones. Por ejemplo, el 2 de marzo del 2023 anunció su adhesión al Global Blockchain Business Council (GBBC), y el nombramiento del ejecutivo de Próspera, José Luis Moncada, como “embajador para Honduras”.
GBBC es una entidad que promueve la tecnología blockchain, necesaria para registrar toda clase de transacciones electrónicas, ideal para negociar con criptomonedas.
Un día después, el 3 de marzo, el Próspera Arbitration Center anunció haber establecido un memorando de entendimiento con el Centro de Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial del Uruguay.
El propósito, dice Próspera, es llevar “a cabo programas de formación e intercambio de ideas y opiniones”, pero también “explorar conjuntamente otras áreas de colaboración, que podrían incluir la organización conjunta de conferencias, seminarios y talleres sobre arbitraje nacional e internacional en Honduras”.
Antes de eso, a finales de enero, realizaron el encuentro virtual “Qué se viene para Próspera en el 2023”, mediante el cual un grupo de posibles inversionistas de todo el mundo les presentó ejemplos de cómo zonas económicas especiales, tales como Hong Kong, Dubai y Singapur salieron de la pobreza mediante esos modelos. Hicieron énfasis en que el éxito está basado no en construir edificios sino en el tema de “gobernanza” y los invitaron a ser partícipes del proyecto.
Señalaron también que las ZEDE están avaladas por una serie de reformas legales realizadas en el 2013 y 2017, lo que les otorga “un fuerte nivel de protección legal” al ser respaldados por el voto de 120 legisladores “de todos los partidos políticos”, por el Tratado de Libre Comercio y un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Aseguran que aún si las ZEDE son abolidas completamente, la decisión no afecta a las ya existentes, y que tienen un respaldo jurídico por 50 años.
Ciudad Morazán, una Zona Libre Residencial
En la comunidad de Bejucales, al norte de Choloma, la empresa Overseas Real Estate LLC fundó Ciudad Morazán, un complejo de 24 hectáreas en el que se construyen áreas residenciales y naves industriales. También tendrá espacios comerciales, parques, iglesias, escuelas y otros espacios en los que esperan albergar a unas 10,000 personas, según refieren en sus publicaciones.
Actualmente ofrecen el alquiler de “townhouses” de 60 metros cuadrados a 3,000 lempiras mensuales, y apartamentos de entre 25 y 35 metros cuadrados a 2,000 lempiras mensuales. Hasta mediados del 2021 era sede de al menos ocho empresas, varias de ellas propiedad del fundador Massimo Mazzone y de sus socios.
Mazzone, propietario de la cadena de Farmacias del Ahorro, ha modificado su discurso en el último año. Antes de las elecciones de noviembre de 2021 aseguraba que si la oposición ganaba y derogaban las ZEDE él vendería el negocio y se iría del país.
Luego de la derogatoria, Mazzone, quien es muy activo en sus redes sociales, mostró su inconformidad con la decisión. Sin embargo, entre mayo y septiembre del 2022 sostuvo una serie de reuniones con el diputado de Libertad y Refundación, Rasel Tomé, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa.
En esos encuentros aseguró que invertirían en Ciudad Morazán 150 millones de dólares y solicitaron convertirse en una Zona Libre Residencial, cuyos habitantes tendrían “el mismo tratamiento fiscal de las grandes empresas que allí se instalarían, siempre y cuando trabajaran en las mismas”. Temas como seguridad, educación y salud estarían a cargo del desarrollador, sin carga fiscal para el gobierno, pero dándole a esta figura la facultad de supervisar su cumplimiento.
En la última reunión, a finales de septiembre, Ochoa les comunicó que no era posible brindarles los incentivos fiscales que demandaban para convertirse en Zona Libre Residencial, por lo que en ese momento las negociaciones se interrumpieron.
A finales de diciembre de 2022 Ciudad Morazán emitió un comunicado en el que informó haber tenido una nueva reunión con funcionarios, en la que le ratificaron su deseo de convertirse en ZOLI Residencial. Los representantes del gobierno indicaron que iban a “considerar” la propuesta.
Hasta ahora no ha habido ninguna resolución. En sus redes, Mazzone sigue defendiendo la existencia de las ZEDE, suele destacar que en Ciudad Morazán se puede vivir con 3,000 lempiras y pide que los “dejen trabajar”.
Orquídea, una Zona Libre agrícola
En el 2021 inició operaciones la ZEDE Orquídea en la comunidad de Las Tapias, San Marcos de Colón, en un predio de 268 hectáreas donde se levantaron 16 invernaderos en los que se cultivan vegetales que se exportan a Estados Unidos.
Sus rostros más visibles son el empresario estadounidense, nacionalizado hondureño, Víctor Wilson Canessa, y el secretario técnico de Orquídea, Guillermo Peña Panting. Aseguran que la inversión prevista sería de unos 2,000 millones de lempiras para generar unos 3,000 empleos en los próximos tres años. La empresa principal instalada es Agro Alpha.
En diversas intervenciones el ministro Barquero ha asegurado que esta ZEDE ya mostró su voluntad de adherirse al régimen de Zonas Libres, por lo que pasaría a ser un parque agrícola.
Arbitraje con Próspera
Lejos de aceptar la derogatoria, la empresa Honduras Próspera Inc., con sede en Delaware, Estados Unidos e inversionista de Próspera, planteó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, que fue admitido el 3 de febrero de 2023.
La empresa reclama una indemnización de hasta 10,775 millones de dólares por posibles daños, bajo el Acuerdo de Estabilidad Jurídica y Protección al Inversionista del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Además, se ampara en el Tratado de Inversión Recíproca Honduras-Kuwait, también aprobado por el Congreso de Juan Orlando Hernández en el 2013. Ese Tratado está contenido en el decreto 367-2013, el que señala en su artículo 16, numeral 4, que el Estado garantiza las inversiones del país asiático en las ZEDE por un período no menor a 50 años.
También la Ley Orgánica de las ZEDE, en su artículo 45, establece que de ocurrir su derogación el Estado garantiza un periodo de transición de al menos diez años en los que se mantienen los derechos de los inversionistas y los habitantes.
Para el doctor en Derechos Humanos y abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, “el Estado de Honduras tiene los argumentos necesarios para lograr una decisión favorable”.
Asegura que las ZEDES son constitucionales porque la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones avala la ley que las originó. Sin embargo, las empresas deben cumplir requisitos legales, de lo contrario no pueden presentarse ante organizaciones internacionales, como el CIADI, a “alegar que han sido expropiadas o que su inversión se ha puesto en riesgo por parte del Estado”, sostiene.
Refiere que el artículo 329 reformado manda que la creación de una ZEDE “es atribución exclusiva del Congreso Nacional por mayoría calificada”, es decir 86 votos. En las zonas pobladas se debe realizar un “plebiscito aprobatorio por las dos terceras partes”, mientras que en las zonas de baja densidad poblacional el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), debe emitir un dictamen que confirme esa característica.
Se considera de baja densidad poblacional a aquellas áreas donde el número de habitantes permanentes por kilómetro cuadrado es inferior al promedio de zonas rurales.
Adicionalmente, el artículo 255 de la Constitución, establece que “los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta”.
“¿Dónde está el decreto legislativo aprobado por 86 diputados y que ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta?, ¿dónde está el dictamen del INE publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el que se dice que Roatán es una zona de baja intensidad y, ¿cuál fue la fórmula que se aplicó?”, se preguntó Mejía.
Respondiéndose, agrega que “hasta donde yo entiendo, no existen”.
Insistió en que si no están en La Gaceta significa que no cumplieron con la Constitución ni con la Ley ZEDE. Esto es importante de probar ante el CIADI porque “hay un principio internacional que excluye la aplicación de remedios legales internacionales respecto de inversiones ilegales”.
Acotó que hay antecedentes de resoluciones en las que se establece “que no se puede alegar buena fe cuando un inversionista decide tomar el riesgo de seguir con sus inversiones sabiendo que no ha cumplido con los requisitos legales y administrativos necesarios para operar legalmente”.
Mayor transparencia, priorizar el tema
Lucía Vijil, analista del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), señala la necesidad de que la ciudadanía organizada y no organizada le exija a los diputados poner en agenda la derogatoria de la Ley ZEDE en su segunda legislatura.
En este momento “hay demandas de movimientos sociales, pero bastante dispersas”, reiteró. La derogatoria de las ZEDE “nos tiene que convocar a todos y todas. Volver a ratificar nuestro rechazo a las ZEDE, como antes lo hizo toda la ciudadanía”.
Demandó que el gobierno haga un buen proceso de selección del bufete que representará al país ante el CIADI, y que sea más transparente en las decisiones que está tomando en torno al arbitraje, porque “creo que hace falta un poco más de publicidad”.
También considera necesario que la ciudadanía esté informada para que participe en el debate y si es necesario “se sume a presionar”.
El TLC es incompatible con las ZEDE
La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), se define como una entidad defensora de los bienes comunes de la naturaleza, y desde el 2017 ha mostrado su oposición a las ZEDE.
Su coordinador general, Christopher Castillo, reitera que el arbitraje solicitado por Próspera se basa en el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, sostiene que las ZEDE no son compatibles con el TLC porque “los tratados de libre comercio no contemplan violaciones a la Constitución para establecer o proteger capitales; eso no existe”.
Refiere que el TLC establece que ningún Estado o empresa puede expropiar o nacionalizar bienes, pero la Ley ZEDE habla de expropiación, entonces “hay una incompatibilidad de normativa. La Ley ZEDE es violatoria del Tratado de Libre Comercio. Ese es un argumento que yo espero que el Estado de Honduras exponga en el momento del arbitraje”.
Tras registrar la solicitud, el CIADI no ha realizado ninguna convocatoria hasta inicios de marzo. La siguiente etapa del proceso sería el nombramiento de al menos tres árbitros, uno por parte del Estado, otro por Próspera y un tercero por ambos.
