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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y Abogados Sin Fronteras-Canadá (ASFC),
en apoyo a la Vía Campesina (LVC), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y
al Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), representantes de
las víctimas del caso de corrupción Pandora, realizaron un conversatorio en el que se analizó
la urgencia de que el Estado y gobierno de Honduras reconozcan a las y los campesinos
como víctimas y se les garantice la reparación y no repetición de los hechos.
Precisamente, el conversatorio, intitulado “El caso Pandora y la exigencia de justicia para las
víctimas de la corrupción en Honduras”, tiene como antecedente este emblemático caso de
corrupción que varios fiscales anticorrupción del Ministerio Público, respaldados por la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), presentaron en
junio del 2018.
Con Pandora se evidenció un esquema de saqueo en el que se acusó a 38 funcionarios,
exfuncionarios, diputados, exdiputados y personas particulares por el desvío de más de 282
millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) del presupuesto de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos somos
Honduras. El dinero estaba destinado a la ejecución de proyectos a favor de jóvenes,
mujeres, campesinas y campesinos de diversas regiones del país.
Los panelistas del conversatorio, que fueron Yasmín López, coordinadora general del
CODIMCA; Franklin Almendárez, coordinador de la CNTC; René Estrada, asesor en
transparencia y anticorrupción del CESPAD y Donaldo Velásquez, asesor jurídico de ASFC,
analizaron la importancia de identificar y reconocer a las víctimas de la corrupción en
Honduras, tomando como referencia a las personas afectadas con el caso Pandora y la
sustracción de más de 282 millones de lempiras que, según las investigaciones, financió las
campañas políticas del Partido Nacional, Liberal y Frente Amplio (FAPER) en el 2013.
También reflexionaron sobre qué significa la justicia para las víctimas, las maneras para
hacer las reparaciones necesarias y los mecanismos que se pueden implementar para
asegurar la no repetición de los hechos, considerando que la afectación sucedió hace más de
una década.
Un recurso sin resolverse
En octubre del 2021, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo a nombre de
la Central Nacional de Trabajadores del Campo, contra una decisión de la Corte de
Apelaciones que sobreseyó a la mayoría de los imputados en el caso de corrupción Pandora.
La Corte aún no se pronuncia sobre el fondo de la petición que, de resultar favorable, abriría
la posibilidad de llevar a la justicia a una treintena de políticos acusados de desviar más de
282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) y a demandar que restituyan lo
sustraído.
Por eso, los panelistas también tuvieron como punto central la exhortación a la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que resuelva un recurso de amparo
presentado por la CNTC en el 2020, a favor de la reparación de los y las afectadas.
De igual forma, se hizo una valoración de los aspectos y elementos que debe considerar la
Sala de lo Constitucional para que resuelva a favor el recurso de amparo, que sigue sin
resolver desde septiembre de 2021.
Corrupción y derechos humanos
En el evento también se hizo un análisis sobre los cambios que deben realizarse al marco
normativo nacional, para que la lucha contra la corrupción se realice con un enfoque de
derechos humanos, reconociendo que no es un delito sin víctimas y que se debe garantizar
el resarcimiento de los daños causados.
Por último, también se realizó un llamado para fomentar la participación de la ciudadanía en
la lucha contra la corrupción, reconociendo que es un crimen que afecta a todos y que limita
el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de nuestro país.
Además, se instó a las y los tomadores de decisiones en Honduras para cumplir con las
exigencias de justicia de las víctimas y considerar un nuevo enfoque de combate de este
flagelo social en un contexto previo a la instalación de Comisión Internacional Contra la
Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Tegucigalpa, 23 de abril de 2024
