Escrito por Aimée Cárcamo
A lo largo de su historia, la comunidad garífuna de San Juan ha padecido la venta y adjudicación de su territorio a terceros, la exclusión en asuntos de su interés y un clima de amenazas y violencia, razones por las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a su favor el 29 de agosto de 2023.
El fallo de la Corte IDH[1] declara al Estado de Honduras responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, a la obligación de garantizar la participación en los asuntos públicos y el acceso a la información pública en perjuicio de San Juan y sus miembros, y ordena una serie de medidas de reparación que siguen pendientes de cumplimiento.
La sentencia en el caso de San Juan es la tercera en relación con las poblaciones garífunas de Honduras, que emitió la Corte IDH el 8 de octubre de 2015. En esa sentencia también falló a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, comunidades que comparten historias similares de despojo y violencia por la tenencia de sus tierras ancestrales.
Antecedentes del conflicto en San Juan
Los primeros asentamientos de la comunidad garífuna de San Juan, ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, a orillas del mar Caribe, empezaron en la década de 1870 y su fundación data de 1901. De su población aproximada de 4,224 habitantes, 3,285 residen en nueve colonias ubicadas en el territorio reclamado ante la Corte IDH.
Es a partir de 1979 que el Estado de Honduras comenzó a otorgar títulos de propiedad sobre áreas en garantía de ocupación, en favor de la comunidad: el primero de 46.40 hectáreas y el segundo de 70 manzanas en 1984. Luego, en dominio pleno, en el año 2000, sobre un área de aproximadamente 63 hectáreas.
La comunidad hizo en 1997 una solicitud de dominio pleno sobre un territorio equivalente a 1,770 hectáreas, pero el expediente se extravió, por lo que hicieron nuevas peticiones en 1998, 2000 y 2002.
En el año 2000, el Instituto Nacional Agrario (INA) resolvió otorgar título definitivo de propiedad en dominio pleno sobre un área de 328 hectáreas, 31 áreas y 87.87 centiáreas, de las que se debían excluir 265 hectáreas, 64 áreas y 8.06 centiáreas, ya que 172 hectáreas y 80 áreas correspondían a la Sociedad Promociones y Turismo S.A (PROMOTUR), y el resto a más de una decena de personas particulares no indígenas.
En un acta levantada en una asamblea extraordinaria realizada en 2007, la comunidad garífuna exigió nuevamente el reconocimiento de sus tierras, ratificó su rechazo al título entregado por el INA en el año 2000, y solicitó que el Estado hiciera aparecer el expediente extraviado.
Distintas problemáticas
En su sentencia, la Corte IDH reconoce las distintas problemáticas que se han suscitado en torno al territorio de San Juan, que incluyen los procesos judiciales y administrativos presentados en relación con las solicitudes de titulación.
Además, la venta y adjudicación de tierras reivindicadas por esa comunidad garífuna a terceros, la ampliación del radio urbano de Tela en 1989 (que abarca parte del territorio reclamado por ellos y reconocido por el Estado) y la creación del área protegida Parque Janeth Kawas, en parte de su territorio.
Tanto en la ampliación del radio urbano como en la creación del parque Janeth Kawas, no se garantizó ni se respetó el derecho a la participación de la comunidad garífuna.
Sobre la ampliación del radio urbano, el Estado informó durante el proceso de la sentencia que dentro de las colindancias reclamadas por la comunidad existen 3,109 casas y lotes de propiedades registradas en el catastro municipal, 11 complejos hoteleros y 180 comercios o negocios legalmente registrados, entre restaurantes, talleres, pulperías o tiendas de consumo, salones de belleza, bloqueras, bares, inversiones, tour operadoras, inmobiliarias, entre otros.
El Estado hondureño también reconoció que le corresponde a San Juan un territorio equivalente a unas 674 hectáreas; sin embargo, los límites del territorio reconocido a esa comunidad no coinciden con los del área otorgada en dominio pleno en el año 2000, “por lo que el Estado no ha cumplido con su obligación de titular y demarcar el territorio”, señala la Corte IDH.
Al no contar con un título de propiedad sobre la totalidad de su territorio, la comunidad tampoco pudo hacer uso y goce del mismo.
A lo anterior se suman investigaciones relacionadas con hechos de muerte, amenazas y violencia contra esa comunidad garífuna protagonizada por terceros y, en algunos casos, por miembros de la fuerza de seguridad pública.
“En algunos casos el clima de amenazas y de violencia se concretó a través del homicidio” y ese contexto de violencia responde en parte a un conflicto territorial que lleva décadas sin ser resuelto, estima la Corte IDH. Todo apunta a que el Estado es, en parte, responsable por ese clima de amenazas y de violencia y, en consecuencia, también es responsable por violación del derecho a la integridad personal.
Trabajos preliminares
En su sentencia, la Corte IDH ordenó conferir un título de propiedad colectiva a la comunidad garífuna de San Juan sobre tierras alternativas, o pagarle las correspondientes indemnizaciones.
Además, resolver los recursos judiciales o administrativos pendientes, pagar las cantidades fijadas a un fondo por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como por concepto de reintegro de costas y gastos del proceso ante esa Corte y publicar la sentencia.
También ordenó constituir un fondo para financiar proyectos para educación, habitacionales, de seguridad alimentaria, salud, suministro de agua potable y construcción de infraestructura sanitaria y recolección de basura en beneficio de la Comunidad.
El asesor legal de la dirección ejecutiva del Instituto Nacional Agrario (INA), Roy Murillo, explicó que en el caso de San Juan se han cuantificado unos 18 barrios y colonias en áreas urbanas que quedan dentro de las “pretensiones” de la comunidad garífuna.
La sentencia de la Corte IDH “se basó, básicamente, en áreas que estaban ocupando ellos y unas mil y pico de hectáreas que el Estado de Honduras va a tener que comprar o adquirir para compensarlo”, ya que no se puede ir al centro de Tela, donde está el aeropuerto, el centro turístico Villas Telamar y dos hoteles.
Este trabajo no se ha hecho todavía, pero se va a iniciar porque la sentencia fue notificada en el mes de diciembre del año pasado y ahora están “en algunas preliminares” como la publicación de la sentencia en la plataforma del INE, acotó.
Falta, además, la traducción de la sentencia a la lengua garífuna, una tarea a cargo del gobierno central. La Procuraduría General de la República, por otro lado, está manejando lo relativo a los gastos incurridos en el proceso de la sentencia, afirmó.
“La verdad es que casi todas las pretensiones están en zonas urbanas y eso es lo que hace más complicado los efectos de indemnización y reconocimientos”, señaló el apoderado legal del INA, quien adelantó que vienen otras demandas de la comunidad garífuna contra el Estado de Honduras, entre ellas del caso de Travesía, en Puerto Cortés.
Optimistas sobre el futuro
Aunque la sentencia a favor de San Juan es reciente, la petición contra el Estado de Honduras fue realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006, por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), entidad que también solicitó medidas cautelares en favor de esa comunidad garífuna, las que fueron otorgadas ese mismo año y se encuentran vigentes.
La CIDH sometió el caso ante la Corte IDH el 12 de agosto de 2020 y, en el marco del proceso de sentencia, el Estado de Honduras hizo en 2022 una tentativa de delimitación del territorio reconocido a San Juan.
Pero con el antecedente de más de ocho años, esperando que el Estado de Honduras cumpla con las sentencias de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, la Ofraneh instaló un campamento el pasado 9 de abril en los bajos del Congreso Nacional para exigir la instalación de una comisión para la implementación de las tres sentencias.
“Nosotros venimos a exigir un derecho que tenemos como comunidad garífuna; nosotros no venimos a pedir cosas que no nos corresponden”, declaró la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda.
El 12 de abril, cuando se conmemoraban los 227 años de la llegada de los garífunas a las costas de Honduras, Ofraneh realizó una marcha hasta Casa Presidencial y ese mismo día el gobierno juramentó a los miembros de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel, para el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH en Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
A petición de la Ofraneh, en el acta de constitución de la comisión fue incluido también el cumplimiento de la sentencia del caso de San Juan.
La organización garífuna también se pronunció, a través de un comunicado, sobre las medidas de reparación de la sentencia de la Corte IDH y en lo relativo a proporcionar tierras alternas defiende que “las únicas tierras de igual o mejor calidad son las mismas que han sido históricamente de la comunidad”.
El coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), Edy Tábora, expresó que hay optimismo, ya que “se ha dado el paso más importante para pasar al cumplimiento de las sentencias, pero va a requerir mucho trabajo y de mucha constancia por parte del Estado”.
Lo que sigue es la aprobación del reglamento para el funcionamiento de la comisión intersectorial, que según el decreto de su creación debe estar listo en un plazo de tres meses.
“La ejecución de las decisiones va a ser un poco más adelante, que es la reubicación de la gente o la expropiación, pero eso es un poco más adelante, lo primero es el reglamento, equipo técnico y presupuesto”, resumió
[1]https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/serie-c/sentencia/953775275
