Escrito por René Estrada
Uno de los aspectos que evidenció el caso de corrupción Pandora es que el robo de los 12 millones de dólares estuvo estrechamente vinculado a instituciones políticas y al financiamiento de las elecciones del año 2013, las que facilitaron la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández.
En concreto, hace siete años, en junio de 2018, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) en colaboración con la Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC), presentó una investigación que reveló cómo se desviaron más de 282 millones de lempiras para diversos fines, entre ellos financiar la “tarjeta cachureca”, subsidiar fondos entregados a las y los coordinadores de la campaña del Partido Nacional, pagar préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras, y costear la logística utilizada durante las elecciones del 24 de noviembre de 2013.
También, según la fenecida MACCIH, los fondos que provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fueron depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y directamente a las arcas del Partido Liberal (PL)[1].
A menos de seis meses para que se realicen las elecciones generales en Honduras y en medio del intenso proceso de campaña electoral, resulta imprescindible analizar, a partir del caso Pandora, el ciclo de impunidad que permite que los fondos públicos sean utilizados para financiar campañas políticas y los mecanismos necesarios para prevenir que ellos siga ocurriendo.
El ciclo que refleja el Caso Pandora
De acuerdo con el requerimiento fiscal[2] presentado por la UFECIC, 38 personas estuvieron involucradas en el caso Pandora. A los imputados e imputadas se les acusó de una diversidad de delitos debido a su involucramiento en el caso. Entre los delitos se destaca el abuso de autoridad, la malversación de caudales públicos, el lavado de activos, la violación de los deberes de los funcionarios y la falsificación de documentos públicos, entre otros.
Aunque la fiscalía presentó evidencia significativa, el proceso legal del Caso Pandora evidenció diversos hitos que reflejan cómo el sistema de justicia perpetúa la impunidad y facilita que los fondos provenientes de la corrupción pública sigan financiando campañas electorales.
A continuación, los hechos más relevantes en orden cronológico[3]:
- Las órdenes de captura para los implicados se emitieron un mes después de la presentación del requerimiento fiscal, pese a que se expiden de manera inmediata.
- Sólo 20 de los 37 imputados comparecieron a la audiencia de declaración de imputados.
- La jueza responsable del caso modificó el delito de lavado de activos por el delito de encubrimiento.
- En la Corte de Apelaciones, se dictó sobreseimiento definitivo a 22 de los imputados.
- A pesar de los recursos de amparo presentados por el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió sobreseer definitivamente a 32 de los 38 imputados.
Entre los 32 implicados que fueron sobreseídos, sobresalen siete congresistas: Rodolfo Irías Navas, José Celín Discua Elvir, Miguel Martínez Pineda, Elden Vásquez, Elvin Santos, Teresa Cálix y Ramón Villeda Aguilar. De los diputados implicados, cuatro votaron a favor de la elección de los magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia (2015-2022) y que juzgaron a los imputados en el Caso Pandora: Discua, Martínez, Vásquez y Villeda.
Es importante señalar que la participación de estos congresistas en la elección de los magistrados revela dos aspectos fundamentales que favorecen los ciclos de impunidad en el país.
- El nombramiento de funcionarios en segundo grado, según la conveniencia de los partidos políticos.
- El incumplimiento del principio de ingratitud por parte de los altos jueces con las y los congresistas que los eligieron.
Respecto a este último punto, la Junta Nominadora para la selección de magistrados y magistradas de la CSJ (2023-2030) justificó en una de sus resoluciones la exclusión de los candidatos Edwin Ortez, Jorge Zelaya y María Fernanda Castro, por haber sido acusados del delito de prevaricato. Argumentó que “el 4 de agosto de 2020, aun cuando el Ministerio Público habría presentado los suficientes indicios de culpabilidad en su requerimiento fiscal, estos tres magistrados favorecieron a los 22 implicados con sobreseimientos definitivos”[4].
Más allá de los responsables en los altos cargos de la Corte Suprema de Justicia, el ciclo se consolida con el proceso especial de juzgamiento a altos funcionarios públicos que se establece en los artículos 414 a 417 del Código Procesal Penal de Honduras. Estos artículos disponen que los casos de altos funcionarios públicos del país no son juzgados en tribunales ordinarios, sino por la Corte Suprema de Justicia, la cual es elegida por los diputados.
En el Caso Pandora, el uso de este fuero especial fue clave para garantizar que los acusados con cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo fueran juzgados por magistrados y magistradas, y no por jueces especializados. Esto demuestra que el proceso penal y la utilización de fondos provenientes de la corrupción pública en las campañas electorales refuerzan las redes de poder en los ámbitos públicos, privados y de grupos armados, que se resguardan en un sistema de justicia que favorece a quienes detentan el poder.
Una clase política renuente a cambiar
A pesar de que han pasado varios años desde que el Caso Pandora reveló una de las maneras en las que se utilizan los fondos de la corrupción pública para financiar campañas electorales, no ha habido cambios sustanciales para evitar que esta situación siga sucediendo. En parte, este fenómeno se podría explicar por un factor determinante: la falta de voluntad política, que se manifiesta en la aprobación de normativas que obstaculizan la fiscalización del financiamiento ilícito y la poca participación de candidatos y candidatas en las iniciativas existentes.
Por otro lado, pese a que el financiamiento ilícito de campañas electorales es un eslabón clave para mantener el sistema político de impunidad en Honduras, en el convenio con la MACCIH, entre las líneas de acción de la Misión, se establecieron reformas político electorales que potenciaban “una nueva legislación sobre financiamiento, transparencia y fiscalización de organizaciones políticas y campañas electorales”.
Como consecuencia, en enero de 2017, se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos, más comúnmente conocida como la ley de política limpia. Este decreto originó la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, con la obligación de convertirse en un ente rector, garante de la aplicación de la nueva ley. Sin embargo, en la realidad, esta unidad realmente no tiene poderes para asegurar el cumplimiento de la ley.
La ley establece que, si las y los candidatos no cumplen con la entrega de los informes de gasto de campaña, serán sancionados con una multa inicial de entre 5 y 15 salarios mínimos, y una sanción máxima de 100 salarios si se persiste en la no entrega del informe. Pese a lo anterior, no hay manera de obligar a los candidatos y candidatas a pagar.
Durante las elecciones generales de 2021, más de 1700 candidatos a cargos de elección popular fueron sancionados por incumplir la normativa. Pero, de acuerdo con los datos de la Unidad de Política Limpia, las multas no fueron pagadas y, al final, se archivó una deuda valorada en 2 mil millones de lempiras[5]. Pero, más allá del no cumplimiento de la sanción, quedó evidenciado (una vez más) la falta de voluntad política para rendir cuentas acerca de la procedencia de los fondos de las campañas electorales.
Sin embargo, además del incumplimiento de las normativas que se citan anteriormente, se han realizado reformas que evitan que las débiles instituciones realicen su trabajo.
En el 2018, la Unidad de Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y sus Candidatos (UFTF), emitió el acuerdo 01-2018, mediante el cual solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), declarar en reserva los datos personales de los aportantes privados a campañas políticas; montos, cantidades o descripción de aportaciones incluyendo en esta clasificación las aportaciones en especie, provenientes de financiamiento privado, entre otros.
Este acuerdo permite que se sigan utilizando fondos provenientes de la corrupción pública que terminan financiando las campañas políticas, debido a que impide la fiscalización.
Es urgente poner en práctica las lecciones aprendidas
A casi una década de que la MACCIH hiciera público el caso Pandora, los avances para prevenir que las campañas electorales sean financiadas con recursos de origen ilícito siguen siendo insuficientes. Por ello, es importante destacar algunas de las enseñanzas que dejó este caso, con el fin de comenzar a romper el ciclo de impunidad que persiste en el país.
Entre las lecciones, se destacan:
- La corrupción pública está estrechamente vinculada a redes y los sistemas. Para evitar que fondos ilícitos financien las campañas electorales, es urgente adoptar una estrategia integral y en todos los niveles del Estado para combatirla de manera efectiva.
- El financiamiento ilícito debe ser sancionado y sometido a procesos penales. Actualmente, en Honduras, las consecuencias de financiar ilícitamente campañas electorales son principalmente administrativas, como sanciones económicas o restricciones en la participación polítca, pero no se aplican penas mayores que puedan disuadir este delito.
Sin duda, el caso Pandora sigue siendo una investigación clave para comprender el sistema político-electoral de nuestro país. Sin embargo, también debe convertirse en una oportunidad para que la clase política demuestre su compromiso con la democracia, avance en la lucha contra la corrupción y tome medidas concretas para frenar el uso de fondos ilícitos en las campañas electorales.
Descargue PDF aquí: Análisis Semanal
[1]https://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-004.18-Equipo-MACCIH-OEA-UFECIC-MP-presenta-cuarto-Caso-de-Investigacion-Penal-Integrada-PANDORA.pdf
[2]https://contracorriente.red/wp-content/uploads/2021/03/Requerimimiento-Pandora-66-paginas.pdf
[3]https://cespad.org.hn/pandora-casi-seis-anos-despues-la-justicia-sigue-en-un-limbo-que-favorece-la-impunidad/
[4] https://api.iaip.gob.hn/ver_archivo/MTY0ODYxNg==
[5]https://icndigital.com/excandidatos-evadieron-multas-por-l-2-mil-millones-politica-limpia-cerro-expedientes/
