Escrito por Rubén Escobar
Casi seis años después de que el Ministerio Público interpusiera el requerimiento contra 38 políticos, empresarios, exfuncionarios y particulares por el saqueo de casi 12 millones de dólares, de las arcas del Estado, el Poder Judicial mantiene engavetada la resolución de un recurso de amparo que bloquea el fallo contra los únicos tres imputados que el sistema llevó a juicio oral y público: Jacobo Regalado Weizemblut, extitular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG 2010-2014); Norma Keffy Montes Chandías, gerente administrativa de la misma Secretaría, y Laura Aidée Arita Palma, contadora de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
El caso, denominado “Pandora” fue una investigación que realizó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que demostró el desvío de 282 millones de lempiras de las arcas del Estado para financiar las campañas políticas de los partidos Liberal, Nacional y del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper).
Además, se pagaron tarjetas de crédito, se compraron apartamentos, terrenos y se adquirieron productos y servicios con recursos que debían servir para proyectos agrícolas de beneficio para miles de familias campesinas. El mecanismo del robo consistió en entregar el dinero a las fundaciones Todos somos Honduras y Dibattista, para luego traspasarlo a las cuentas de políticos, empresarios y personas particulares.
Sin embargo, el sistema judicial se encargó de ir liberando pausada y gradualmente a todos los imputados, hasta dejar solo a cuatro en un limbo legal que sigue sin resolverse.
Un sistema en el que prevalece la impunidad y las preferencias
El 11 de marzo de 2021, abogados defensores de derechos humanos presentaron un recurso de amparo a nombre del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Bufete de Justicia para los Pueblos (BJP) y la Coalición Anticorrupción (CAC). Estas organizaciones fueron acompañadas solidariamente por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
El recurso fue aceptado dos años después, en abril de 2023, pese a que la Ley instruye que la acción de amparo tiene “prelación a cualquier otro asunto, salvo el de exhibición personal y hábeas data” y que se le debe dar trámite “el mismo día de su presentación o el día hábil siguiente” (artículo 51 Ley de Justicia Constitucional).
El amparo es un recurso que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En el proceso contra Regalado, Montes y Arita (y en cualquier otro juicio), no se puede dictar una sentencia que posteriormente podría ser revocada o anulada por la resolución de un amparo. Por esa razón, la ley obliga a esperar la decisión sobre este recurso para evitar actuaciones procesales inciertas.
En este caso, el amparo expone que miles de campesinos hondureños fueron víctimas del saqueo de 282 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y por lo tanto el sobreseimiento de 22 de los 38 acusados es violatorio a sus derechos y a normas constitucionales.
Franklin Almendares, coordinador de la CNTC, dice que mantiene la esperanza de que la resolución del Poder Judicial sea a favor de sus compañeros campesinos, que la justicia castigue a los autores de semejantes actos de corrupción y que devuelvan los fondos sustraídos para ejecutar proyectos reales que incentiven la producción agrícola, pues ese era el propósito del dinero.
Aunque es optimista, está consciente que “nuestra justicia no es la mejor del mundo” pues suele prevalecer la impunidad y el favoritismo hacia ciertos sectores de poder económico e influencia política. Considera que, de no ser por el recurso de amparo que presentaron, el caso ya estaría en total abandono. “Esperamos se reconozcan los derechos a las víctimas y se castigue a los autores intelectuales y materiales” de la malversación, apuntó.
Santos: No resuelven para dilatar el fallo contra los tres imputados
El abogado Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), lamentó que el recurso ya tiene tres años de haberse interpuesto y la Sala de lo Constitucional no resuelve. “¿Cuándo van a resolver? ¿cuando hayan prescrito las penas que se puedan imponer a los imputados?”, se preguntó.
Reflexionó sobre la dificultad que deben tener los tres miembros de un Tribunal de Sentencia para emitir un fallo de un juicio desarrollado “tres, cuatro o cinco años” antes, particularmente en un proceso tan complejo y con tanta información como Pandora.
Señaló que esas dilatorias pueden ser causa de nulidad del juicio y recordó que el espíritu del Código Procesal Penal es que tras concluir los debates de un juicio oral y público los jueces se retiren a “hacer el derecho, tomar una decisión sobre lo que se observó y ahí mismo decir si el imputado es culpable o no”.
Explicó que existen al menos otros cinco procesos por corrupción que se mantienen estancados porque la Sala de lo Constitucional no resuelve los amparos presentados por quienes se sienten agraviados.
Sobre la expectativa de que se puedan revocar los sobreseimientos que favorecieron a los imputados, Santos señaló que la decisión de la Corte Suprema “está firme” y no cree que eso cambie con el fallo del amparo. El único objetivo de retener ese recurso es para evitar que se emita el fallo en el proceso que se sigue a los tres imputados arriba mencionados.
Mientras tanto, Regalado Weizemblut, Montes Chandías y Arita Palma siguen en libertad.
“La justicia no debería de impartirse así. La justicia tiene que ser pronta y efectiva. Además, es un perjuicio para los imputados que deben estar presentándose a los tribunales”, enfatizó. Un procesado no debería tener sus derechos restringidos solo porque el Poder Judicial no resuelve un amparo, “eso tendría que cambiar”, opinó.
Para el caso, Jacobo Regalado está cumpliendo las siguientes medidas sustitutivas: debió presentar fianza hipotecaria; está bajo arresto domiciliario con vigilancia policial y supervisión de su abogado; debe presentarse los días lunes a firmar en los tribunales; se le prohibió salir del país y no puede visitar las oficinas de la SAG.
El exfuncionario fue el único que estuvo preso por este caso durante todo el periodo que establece la ley como prisión preventiva, desde el 23 de julio de 2018, cuando se celebró la audiencia de declaración de imputado, hasta el 11 de diciembre de 2020, cuando le cambiaron las medidas cautelares.
Una estrategia diseñada desde las élites
Desde la primera audiencia en julio de 2018 hasta la última en febrero de 2024 (por el caso Pandora II), las resoluciones judiciales se han caracterizado por desestimar de inicio los delitos más graves que podrían acarrear penas privativas de libertad, como lavado de activos y asociación ilícita, manteniendo únicamente delitos menores, como encubrimiento. Asimismo, los jueces admitieron la prueba mínima sin considerar los testimonios relevantes del testigo clave: Fernando José Suárez Ramírez, representante legal de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Después, en sus resoluciones, en audiencia inicial, señalaron no haber visto pruebas suficientes para continuar con las acusaciones, pese a no ser el momento procesal para exigirlas.
El abogado Omar Menjívar, quien fue defensor de Fernando Suárez, enfatiza que su excliente aportó no solo testimonios del esquema de saqueo, sino que cada afirmación la respaldó con documentos, con comunicaciones a través de WhatsApp y correos electrónicos.
Fueron casi 25 cajas de documentos y otras pruebas que entregó al Ministerio Público, “y no pasó nada porque esa era la idea, que no pasara nada”.
Es decir, existen suficientes pruebas, pero los jueces las han ignorado deliberadamente. “Hubo un saqueo colosal y eso está acreditado. No hay ningún margen de duda”, expresó quien fuera fiscal del Ministerio Público por muchos años y ahora es vicealcalde de San Pedro Sula.
Basándose en el testimonio de Suárez, Menjívar explicó que cuando el periodista David Romero Ellner comenzó a revelar los actos de corrupción, la hermana del entonces presidente Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández, convocó a reuniones en el Ministerio Público, en las que se determinó “diseñar” una investigación plasmada en un documento que ella aprobó y en el que participarían fiscales, funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Poder Judicial. Allí se determinó que se acusaría a cuatro personas -Jacobo Regalado entre ellas- y se acordó cuáles serían las pruebas, cuáles las acusaciones y los argumentos de la defensa para “desvanecer” las imputaciones.
Se hizo una colecta entre varios imputados para pagar a los colaboradores de la trama. “Fernando Suárez dice que aportó 200 mil lempiras”, relató Menjívar. Como parte de la “investigación” hecha a la medida, había reuniones diarias coordinadas por Hilda Hernández, en las que participaron fiscales afines y personal del TSC, quienes indicaban qué facturas hacían falta, si era necesario mandar a elaborar recibos o cómo se podían justificar ciertos gastos mediante argucias legales.
Por otro lado, el Ministerio Público, con Óscar Chinchilla a la cabeza, encomendó la investigación a una joven fiscal, recién egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuya única práctica había sido en el Consultorio Jurídico Gratuito. “Pero ellos no contaban con que esta joven haría bien su trabajo”, dijo Menjívar. Al seguir la pista del dinero, su investigación comenzó a dar con grandes nombres y cuando consideró que había suficientes elementos para acusar, la envió al director de fiscales, quien engavetó el expediente.
Meses después le devolvió la carpeta a la fiscal con una nota que decía “investigación inconclusa”. Así comenzó un círculo vicioso en el que ella investigaba y daba con nuevos hechos y nombres, y su superior engavetaba el caso y lo devolvía con el mismo comentario. Ante los medios de comunicación se informaba que el Ministerio Público tenía una investigación en curso. Finalmente, ella misma archivó el expediente, convencida que nunca se presentaría en los tribunales. Y así fue, hasta que llegó la Maccih y la Ufecic, cuyos fiscales ampliaron y profundizaron la investigación, precisaron la responsabilidad de cada uno, tipificaron los delitos y presentaron el requerimiento.
En ese momento, Fernando Suárez determinó ocultarse, consciente que con toda la información que manejaba, su vida corría peligro. Bajo esas circunstancias buscó la asesoría legal de Menjívar, quien le aconsejó asumir su responsabilidad y llegar a un acuerdo de estricta conformidad con el Ministerio Público y ayudar a desentrañar la conspiración corrupta. Ignoraban que tiempo después las autoridades del Ministerio Público traicionarían el acuerdo firmado.
De los 38 imputados requeridos el 13 de junio de 2018 por la Ufecic y la Maccih, uno falleció cuatro días después de presentarse la acusación, William Chong Wong, exsecretario de Finanzas; el exdiputado por Atlántida, Rodolfo Irías Navas, se retiró de la vida política tras 42 años como constituyente y congresista.
José Celín Discua Elvir perdió las elecciones internas el 14 de marzo de 2021, mientras en las elecciones generales, en noviembre de ese mismo año, perdieron su curul los nacionalistas Miguel Edgardo Martínez (Comayagua), Elden Vásquez (Intibucá), y el liberal Elvin Ernesto Santos Ordóñez (Francisco Morazán).
El único político acusado por este caso, que fue electo como diputado para el periodo 2022-2026 es el nacionalista Wilson Rolando Pineda Díaz, del departamento de Lempira, quien era gobernador y comisionado del Programa Vida Mejor cuando lo acusaron por lavado de activos, el primer delito grave descartado. El resto de funcionarios y particulares han seguido sus vidas en asuntos privados porque sus partidos políticos, el Nacional y Liberal, no están en el poder.
¿Solo 282 millones de lempiras?
Jacobo José Regalado Weizenblut y Fernando Josué Suarez Ramírez tenían muchos años de conocerse cuando echaron a andar la trama de corrupción bajo las órdenes de los hermanos Hernández (Juan Orlando e Hilda). El 20 de noviembre de 2010 Jacobo Regalado y su esposa Geraldina fueron los padrinos de boda de Fernando y Lorena Portillo. Además, aparecen como socios en las escrituras de la Empresa Mercantil Lempira Puros S.A.
Según una auditoría del TSC, ambos firmaron dos convenios entre la SAG y la Fundación Dibattista para traspasar a esta 79.3 millones de lempiras; mientras que, con Todos Somos Honduras, establecieron seis convenios para mover 157.6 millones de lempiras. Con algunas ampliaciones presupuestarias posteriores llegaron a totalizar 282 millones 16 mil lempiras.
Sin embargo, ese monto es lo que no lograron respaldar mediante contratos, facturas y recibos fraudulentos, pues las pruebas aportadas por Suárez permiten estimar que la suma total podría ascender a miles de millones de lempiras sustraídos no solo de la SAG, sino del Seguro Social, del Patronato Nacional de la Infancia, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Congreso Nacional, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y del Instituto Nacional de Formación Profesional, entre otras entidades.
Para ello dispusieron de diversos mecanismos, explicó Menjívar. Uno de ellos fue la sobrevaloración de proyectos como los “ecofogones” y los “Honduras actívate”, para cuya ejecución contrataban ONG o empresas de maletín cercanas a la familia presidencial. Ejemplificó que, si un proyecto costaba 6 millones de lempiras, la empresa se quedaba con medio millón y devolvía los restantes 5.5 millones.
En otras ocasiones simplemente creaban proyectos “en papel” para justificar la sustracción de dinero. “En una ocasión sacaron de un solo plumazo más de 200 millones de lempiras del PANI”, supuestamente para entregar zapatos a niños de escuelas públicas. Según el testimonio de Suárez, esos fondos los manejó una pariente muy cercana de la exprimera dama Ana García Carías, pero nunca hubo ni siquiera un intento de hacer una licitación para ejecutar la compra.
En otro momento Hilda Hernández le solicitó a Suárez que elaborara un proyecto que le permitiera sustraer, con carácter de urgencia, aproximadamente 4 millones de dólares para comprar un terreno en Comayagua. Para estos casos, Suárez tenía listas unas plantillas que solo rellenaba para cumplir con el requisito, sin demorarse mucho.
Se “inventó” un proyecto que denominó “Frijoles aid” en un momento de escasez de granos básicos. En esa época, el entonces secretario de Desarrollo Económico, Alden Rivera, estaba envuelto en un escándalo público por gestionar un cargamento de frijoles etíopes que nunca llegó.
“Fernando Suárez relató que cuando Hilda Hernández vio el nombre del proyecto puso una cara de malestar, de asombro, y le dijo ‘¿por qué le puso así? Se imagina que Alden mire esto’. Él le contestó: ‘Pero ministra, solo es para resolver la cuestión, usted no le pare bola a eso’. Y así lo hicieron, con ‘Frijoles aid’ sacó la plata que necesitaban para comprar el terreno en Comayagua”.
Menjívar agregó que “era un nivel de descaro, al punto que las cantidades de dinero que sacaban ni siquiera las contaban, sino que las pesaban”.
Fernando Suárez languidece en una cárcel salvadoreña
Toda esa información en poder de Fernando Suárez fue descartada por el Poder Judicial, pero, además, buscaron su destrucción.
En enero de 2020 las bancadas de los partidos Nacional y Liberal votaron para no renovar el acuerdo con la Maccih y su salida determinó también el destino de la Ufecic. En su lugar, las autoridades del Ministerio Público crearon la Uferco (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción).
A diferencia de la Ufecic, que reportaba directamente al fiscal general Óscar Chinchilla, la Uferco pasó a la supervisión del director de fiscales. Pero ese no fue el único cambio. También desconocieron el acuerdo firmado con Fernando Suárez de resolver su caso bajo las normas de la estricta conformidad y decidieron llevarlo a juicio oral, con el propósito de aplicarle todo el peso de la ley por su “osadía” de exponer los mecanismos de la corrupción.
En esas condiciones, en noviembre de 2021, Suárez huyó de un búnker en el sexto piso del Ministerio Público y cruzó la frontera hacia El Salvador, donde la Interpol lo detuvo el 12 de julio de 2022, cuando pretendía abordar un avión hacia España, país que le otorgó asilo político.
El fiscal Santos indicó que han tratado de tener acercamientos con Suárez, pero el régimen de excepción de El Salvador impone condiciones especiales para reunirse con los reclusos, por lo que no se ha obtenido respuesta de aquel país. Por otro lado, tratados internacionales impiden a los países devolver a un refugiado político a un país del que está huyendo. En marzo de 2024 cumplió 20 meses de estar detenido en una cárcel salvadoreña.
Y así, entre un amparo que el Poder Judicial se niega a resolver con el propósito de dilatar la justicia, y un testigo clave detenido en una cárcel de otro país, el Caso Pandora sigue en un limbo legal mientras los acusados viven en libertad e impunidad.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana de agenda anticorrupción y apoyo a la instalación de la CICIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.