Escrito por Rubén Escobar.
Aunque el asesinato de Berta Cáceres y el caso “Fraude sobre el río Gualcarque” están estrechamente ligados, ambos casos permanecen con la impartición de justicia a medias, una situación que significa para el pueblo lenca, la negación de la justicia en Honduras.
Desde el golpe de Estado en junio de 2009, el gobierno de facto de Roberto Micheletti, a través del Congreso Nacional, aprobó decenas de concesiones de recursos naturales para que industrias extractivistas los explotaran indiscriminadamente. La empresa DESA fue constituida ese mismo año y beneficiada con una concesión para explotar el río Gualcarque, saltándose toda clase de requisitos.
Desde entonces, Berta Cáceres -quien fue coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)-, documentó decenas de irregularidades administrativas y legales respecto al proyecto “Agua Zarca”, la represa que DESA pretendía construir sobre el río Gualcarque. Su trabajo la llevó a presentar al menos 40 denuncias ante el Ministerio Público e instancias internacionales. Por eso, para acallarla fue asesinada el 2 de marzo de 2016.
El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal condenó a siete ejecutivos y exempleados de DESA a penas de entre 30 y 50 años de reclusión por el crimen. El 5 de julio de 2021 el mismo tribunal halló culpable como coautor a Roberto David Castillo, exgerente de DESA, por lo que el 20 de junio de 2022 dictó una sentencia de 22 años y 6 meses de prisión.
Sin embargo, ambas sentencias se encuentran en el aire porque la Sala de lo Penal del Poder Judicial no ha resuelto el recurso de casación, una instancia en la que se podrían anular los fallos del Tribunal de Sentencia. Han pasado seis y tres años, respectivamente, desde la emisión de ambas sentencias, sin embargo, la anterior Corte -que concluyó su periodo en febrero de 2023-, no ratificó la sentencia, tampoco lo ha hecho la actual. La decisión está en manos de los magistrados Nelson Mairena Franco, Walter Miranda Sabio y Mario Díaz.
Algunas de las 40 denuncias promovidas por Berta Cáceres fueron investigadas por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Es así que el 4 de marzo de 2019, tres años después del asesinato, la misión anticorrupción presentó un requerimiento fiscal contra 16 personas por delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado.
En mayo de 2024 los tribunales encontraron culpables a tres personas en el caso conocido como “Fraude sobre el río Gualcarque”, porque cometieron delitos para allanar el camino a DESA y facilitaron, a la vez, una cadena de abusos y crímenes contra los pobladores indígenas.
El fallo de culpabilidad se emitió contra tres de los implicados: Roberto David Castillo Mejía, gerente de la empresa DESA y coautor del asesinato de Berta Cáceres; Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la ENEE, declarada culpable por fraude, y Raul Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, culpable por usurpación de funciones y falsificación de documentos.
Sin embargo, la audiencia para decretar una pena concreta en contra de los tres encausados se ha pospuesto en cuatro ocasiones, volviéndose un patrón repetitivo en cuanto a la impartición de justicia a favor del pueblo lenca.
La justicia y las presiones debajo de la mesa
Para Camilo Bermúdez, integrante del Equipo de Litigios del COPINH, el “Caso Fraude sobre el Gualcarque” representa un precedente histórico al evidenciar, con sólida documentación, la colusión entre operadores estatales corruptos y empresas extractivistas. El caso expone la red de complicidades que permitió a DESA ignorar la oposición indígena, violentar sus derechos humanos y avanzar con el proyecto hidroeléctrico a cualquier costo.
Otro factor destacado de este proceso es que se sentó un precedente jurídico al establecer como víctimas a las comunidades indígenas y a organizaciones que defienden sus derechos, como el Copinh. Usualmente en los casos de corrupción se reconoce únicamente al Estado como víctima, porque en su mayoría son delitos contra la administración pública.
También dejó una huella en la memoria histórica porque las investigaciones dejaron claro cómo los grupos económicos dieron un golpe de Estado en el 2009, para poder echar mano a discreción de los recursos naturales que pertenecen a pueblos originarios.
Precisamente al considerar que en el 2009 ocurre la génesis de los hechos, Bermúdez cuestiona que es injustificable que 15 años después aún no tengan justicia como pueblo. Son hechos que se dieron en el 2009, 2010, 2011, 2012, “actos de corrupción donde a la empresa DESA, de la familia Atala”, les aprueban un contrato de operación, un estudio de factibilidad, una contrata de agua, un contrato de suministro de energía, y se dan licencias ambientales de forma fraudulenta, señala el activista.
La falta de justicia no es solo un tema abstracto, sino que afecta directamente el estilo de vida de las personas. Las comunidades violentadas en Intibucá no han podido ser reparadas y muchas personas mayores cuyos derechos fueron usurpados han ido muriendo, como Lucio Sánchez, quien fue coordinador del Consejo Indígena de la comunidad de Río Blanco.
Bermúdez apunta que, en parte, la dilación del proceso se ha generado por las acciones de la defensa de los imputados, quienes utilizan argucias como no presentarse a las audiencias. Esto tiene dos propósitos: el primero, debilitar la expresión de los pueblos, los que para brindar su apoyo se desplazan desde comunidades remotas del norte de Intibucá hasta los tribunales de Tegucigalpa. El segundo, es que mientras el tiempo pasa se va retirando el tema del foco mediático, se enfría la opinión pública y el proceso se vuelve más influenciable para el poder económico y político.
“Los intereses económicos afectados por su vinculación con el asesinato de Berta Cáceres son los mismos intereses afectados por la verdad sobre la corrupción del proyecto Agua Zarca. ¿Cuáles son esos intereses económicos? Pues los del grupo económico de la familia Atala Zablah”, indicó Bermúdez.
Dunia Sánchez, integrante del Equipo de Trabajo Comunitario del Copinh, aseguró que las comunidades lencas sienten preocupación ante la falta de confirmación de los fallos judiciales en los casos de Berta Cáceres y del “Fraude sobre Gualcarque” porque hay “intereses”, hay “poderes económicos nefastos” que estarían manipulando, acosando y actuando “debajo de la mesa”.
Acusó que los retrasos tienen el objetivo de impedir que salgan a la luz nombres de otros implicados, especialmente de la familia Atala Zablah, “que sabemos que están en investigación”. Daniel Atala, quien fue gerente financiero de DESA, está prófugo por su supuesta vinculación al crimen de Berta Cáceres.
Indicó que como comunidades lencas seguirán siempre fuertes, resistiendo, hasta ver el final de un proceso que ratifique las condenas, acorde con las leyes vigentes. Pero si las autoridades no actúan, seguirán alzando sus voces en busca de justicia.
