El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el primer informe del monitoreo Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, un documento que tiene objetivo analizar los avances, retrocesos y desafíos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ofrecer recomendaciones para contribuir con el desmantelamiento de las redes criminales que han permeado el Estado de Honduras[1].
El primer informe comprende el monitoreo del período entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre de 2022, y pone la mirada en la Agenda Estratégica Anticorrupción del Congreso Nacional 2022-2025[2], elaborada por la Comisión Ordinaria Anticorrupción de ese Poder del Estado.
El combate de la corrupción es una de las promesas de gobierno de la presidenta Xiomara Castro[3], pero eso pasa por el desmantelamiento/abolición de las normativas que en Honduras se les denominan “pactos de impunidad”, que fueron aprobados en anteriores legislaturas (gobiernos nacionalistas) para cooptar las instituciones del Estado y garantizar la impunidad de las élites de poder[4].
Los pactos de impunidad son al menos 10, entre decretos, leyes y reformas de leyes aprobadas. Algunas de esas disposiciones legales son: el decreto 116-2019, que le resta capacidad de investigación y acusación al Ministerio Público; un Código Penal que reduce las penas por delitos de corrupción, y el decreto 117-2019, que blinda a los diputados de cualquier responsabilidad penal, civil y administrativa en el marco de sus actuaciones como legisladores[5].
La derogación de esos pactos de impunidad, aprobados por los grupos de poder para blindarse de las acusaciones que realizó la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)[6], es una de las demandas que incluye la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la instalación de una Comisión Internacional Contra la corrupción en Honduras[7].
La ONU también plantea la aprobación de normativas como la Ley de Colaboración Eficaz, que contribuyan al efectivo combate de la corrupción. De allí que el papel del Congreso Nacional en la configuración de un escenario favorable para desmontar la corrupción es de vital importancia.
En ese contexto, el papel de la sociedad civil como veedor es relevante, generador de debate y propulsor de los cambios que necesita Honduras para el fortalecimiento democrático y la reconstrucción del Estado de derecho.
En ese contexto, el CESPAD pone a disposición (a partir de este informe) una serie de documentos que darán seguimiento al avance de la Agenda Estratégica Anticorrupción del legislativo, a través de un monitoreo mensual de los hechos que son clave en el proceso de transición en que se encuentra el país.
[1] https://tiempo.hn/estructura-criminal-estado-honduras-opinan-analista
[2] https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-estrategica.pdf
[3] https://www.libre.hn/plan-de-gobierno-de-xiomara-2022-2026
[4] https://cespad.org.hn/los-pactos-de-impunidad-para-proteger-la-corrupcion-en-honduras
[5] https://cespad.org.hn/el-reto-en-honduras-la-derogacion-de-leyes-que-blindan-a-los-corruptos-y-la-creacion-de-un-sistema-normativo-contra-la-corrupcion/
[6] http://v1.cespad.org.hn/2021/10/17/la-relacion-entre-las-reformas-del-codigo-penal-y-las-luchas-territoriales-en-honduras
[7] https://criterio.hn/Cuentas/memorando-de-entendimiento-la-cicih-apunta-a-estar-concluido-antes-de-finalizar-202
