Por Aimée Cárcamo, Claudia Mendoza y Rubén Escobar
En el listado de las 185 autopostulaciones que recibió la Junta Nominadora para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030, Daniel Arturo Sibrián Bueso ocupa el número 72. Pero en la estructura jerárquica del Ministerio Público ocupa el segundo cargo más importante, el de fiscal general adjunto.
La familia del fiscal general adjunto ha estado muy ligada al Partido Liberal. Su hermano, Francisco Sibrián Bueso, fue diputado suplente y coordinador de la Oficina Normativa de Compras del Estado (ONCAE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, que estaba a cargo de Yani Rosenthal en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Actualmente es el secretario de finanzas del Partido Liberal, en el que forma parte del movimiento “yanista”.
Su abuelo, Romualdo Bueso Peñalva, fue asambleísta constituyente en 1981 y ministro de Gobernación en el gobierno liberal de José Simón Azcona. Su tío, Romualdo Bueso Melghem fue diputado del Congreso Nacional, con el cargo de vicepresidente de la Comisión de Etnias; fue señalado por tratar de estrangular a una periodista indígena. Su otro hermano, Alejandro José Sibrián Bueso ocupó el cargo de agregado en Washington.
Administración pública
Daniel Arturo Sibrián Bueso, originario del departamento de Intibucá, tiene también una trayectoria en la administración pública. En la Corte Suprema de Justicia se desempeñó como secretario de la Sala de lo Constitucional, secretario de la Sala de lo Penal y jefe de Relatores de la Secretaría General de ese poder del Estado.
Cuando se postuló para el cargo de fiscal general adjunto, para el período 2018-2023, era el jefe de la División Legal del Ministerio Público (como se lee en su perfil del proceso de selección) y asesor del despacho del fiscal general Oscar Chinchilla, de quien fue asistente cuando ocupó el cargo de magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el período 2009-2013.
“Nunca ha sido fiscal, ni juez en materia Penal y tampoco litigante en esa materia de la que se ocupa el Ministerio Público”, publicó el periódico digital El Pulso.
Golpe de Estado
Este medio de comunicación también señala que la firma y el sello de Sibrián Bueso aparecen en la orden de captura contra el expresidente Zelaya, dirigida al teniente coronel René Antonio Hepburn Bueso, quien la ejecutó dos días después, el 28 de junio de 2009. “Sibrián Bueso asistía en aquel tiempo al magistrado Tomás Arita Valle”, dice el medio.
La firma de Sibrián Bueso aparece también en un fallo del 10 de agosto de 2009 de la Sala Constitucional, que sobresee un recurso presentado por el expresidente Zelaya contra el comandante de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, la jefatura de la Fuerza Aérea Hondureña y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, por impedir “mediante actos de fuerza” su ingreso al país.
El Pulso recuerda también que Sibrián Bueso “actuaba como secretario de la Sala Constitucional” en el 2012, cuando el Congreso Nacional asestó un golpe técnico al Poder Judicial al destituir a cuatro magistrados que votaron contra las Ciudades Modelo y la aplicación de pruebas de confianza en la Policía Nacional.
“Él único magistrado de la sala que sobrevivió a la barrida del Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández fue Óscar Chinchilla”, acotó el medio digital.
Polémica en Medicina Forense
Como fiscal general adjunto, el fiscal general reelecto Oscar Chinchilla le delegó la supervisión de la Dirección de Medicina Forense, según dijo su exdirectora (y actual viceministra de Seguridad), Julissa Villanueva, al dejar entrever que Sibrián Bueso la había destituido (en 2018) por denunciar irregularidades. “No les gusta que nadie les diga nada”, dijo la galena en un video que subió a sus redes sociales y su página web, el periódico Confidencial Honduras.
Sibrián Bueso juramentó como director interino de Medicina Forense al doctor Ismael Raudales quien, según el medio digital Criterio.hn, no cumple los requisitos de ley.
El mismo medio publicó que en octubre de 2020, en medio de la pandemia, Sibrián Bueso juramentó a 47 profesionales de la medicina que no reunían los méritos para los cargos destinados.
En noviembre de ese año, un grupo de los denominados “indignados” realizó un plantón en el Ministerio Público para exigir la salida Chinchilla y Sibrián, porque a pesar de tener evidencias de actos de corrupción la fiscalía “no hace nada al respecto”, por lo que serían “parte de la corrupción y cómplices”, dijo el dirigente de la protesta Miguel Briceño, actual Comisionado Presidencial de Reforestación y Cambio Climático.
Criminalización de la protesta
El 9 de agosto del 2022, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los integrantes de las comunidades garífuna e indígena llegaron a la sede del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para exigir respuesta por la desaparición forzada de cinco miembros de la comunidad Triunfo de la Cruz, ocurrida en julio de 2020.
Pese a que la movilización fue pacífica, publicó el diario digital Criterio.hn, el fiscal adjunto hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter a la Secretaría de Seguridad para “resguardar nuestras instalaciones y la seguridad de nuestro personal y usuarios”.
Posteriormente, el Ministerio Público abrió una denuncia contra los defensores Miriam Miranda, Luther Castillo y Edy Tábora.
“La demanda incluye al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la coordinación general del Ofraneh y Sunla por el delito de privación injusta de la libertad de 600 funcionarios del Ministerio Público”, señaló Tábora, en declaraciones brindadas a Expediente Público.
Ministerio Público y JOH
En enero de 2019, la Acción Ciudadana Contra la Dictadura (ACCD), exigió al Ministerio Público investigar criminalmente al entonces presidente Hernández por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril pasado, donde aguarda un juicio por delitos relacionados con las drogas y armas de fuego.
Según la acusación formal, “desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández (…) participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos” y “supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”
En octubre, Sibrián Bueso declaró que nunca hubo un requerimiento fiscal contra el expresidente porque “no existió una prueba objetiva”.
