Por Claudia Mendoza, Aimée Cárcamo y René Estrada
Foto: Criterio.hn
Yuri Fernando Melara Berlioz es el exfiscal adjunto del Ministerio Público que decidió participar en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras. Sin embargo, a su determinación le antecede el hecho de que, en el 2004, la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa notificó en un comunicado que le retiraba su visa, “de acuerdo a la proclamación presidencial número 7750, que provee la autoridad para negar la entrada a Estados Unidos a personas involucradas en actos de corrupción.
Aunque en el comunicado no se especificaron las acciones vinculadas con actos de corrupción que habría cometido el exfuncionario público, el hecho ocurrió, específicamente, el 7 de diciembre 2004, cuando la embajada estadounidense refirió en ese comunicado que “el Departamento de Estado revocó la visa a Melara Berlioz, bajo la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.
Melara Berlíoz, por su parte, sostuvo ante los medios de comunicación que “Estados Unidos no me ha notificado nada al respecto. No tengo nada que esconder, tengo la conciencia tranquila”.
Agregó que, “todas las actuaciones de mi vida han estado enmarcadas en la ley y por algo he llegado hasta la posición que ostento en la actualidad, lo que demuestra que no he engañado a nadie”, y advirtió en ese entonces que “investigaré la situación a fin de conocer a profundidad lo que presuntamente ha hecho Estados Unidos en mi contra”.
El propio Ministerio Público lo investigó
Al aspirante a magistrado para la Corte Suprema de Justicia de Honduras (2023-2030), y expresidente del Colegio de Abogados (de reconocida militancia en el Partido Liberal) también le precede una investigación que, en junio del 2005, según documentan los medios de comunicación, habría ordenado realizar la fiscal especial contra la Corrupción Soraya Morales.
La funcionaria del Ministerio Público no especificó, sin embargo, las acciones corruptas que habría cometido el entonces fiscal adjunto, pero algunas versiones que trascendieron en la prensa referían del malestar en Washington porque Melara defendió a un estadounidense encausado por presuntas acciones de fraude y lavado de activos en su país.
Melara deja el MP
Melara fungió como fiscal adjunto hasta el mes de junio del 2005, año en el que dimitió de su cargo, en medio de una serie de escándalos que lo salpicaban, al igual que a Ovidio Navarro, Fiscal General de ese entonces, quien también renunció a su puesto apenas ocho meses después de haber asumido ese cargo.
Navarro, en ese momento, estaba inmerso en cuestionamientos que le hacía la sociedad porque decidió no seguir apelando los nueve casos, por presunta corrupción, que su dependencia impulsaba desde 1994, en contra del ex presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), y de otros 14 ex funcionarios públicos y militares.
Melara, en ese entonces con 38 años, dejó el MP instado por diversas organizaciones profesionales que pedían su renuncia, al igual que sus propios colegas de su oficina, registran diversos medios de comunicación en las publicaciones de ese tiempo.
Lo acusan de falsificar documentos públicos
Melara, abogado y notario público, con especialidad en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca España y una Maestría en Derecho Empresarial con subespecialidad en Derecho Corporativo en la Universidad Tecnológica Centroamericana, fue noticia nuevamente en el mes de agosto del año 2017.
Ese año, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra por el delito de falsificación de documentos públicos, para la constitución fraudulenta de bienes inmuebles. La acción se presentó por su ejercicio profesional como abogado, refiere el periódico digital criterio.hn.
Este medio de comunicación también refiere que, tras una investigación de cinco años, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes (FEDCOM), presentó un requerimiento fiscal contra 15 personas, de las cuales ocho fueron acusadas por el delito de falsificación de documentos públicos y siete por estafa continuada, de acuerdo con información del Ministerio Público.
Criterio.hn dice en el texto periodístico que, “de acuerdo a la relación de hechos un grupo de herederos de la Familia Velasco, miembros de una empresa comenzaron a falsificar documentos con el fin de traspasar propiedades a nombre de otras personas las cuales fueron inscritas en el Instituto de la Propiedad”.
Entre las personas acusadas en el requerimiento fiscal, por el delito de falsificación de documentos públicos, se encuentran los profesionales del derecho, Guillermo Thuman Conde, hermano de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), José Dolores Cantarero Bonilla y Yuri Melara Berlioz.
El 26 de septiembre del año 2022, Melara, quien actualmente es profesor titular de la clase Teoría General del Proceso, en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue sobreseído de esas acusaciones.
2018: Yuri Melara y el escándalo de corrupción por madera
El 24 de abril del año 2018, el periódico digital El Pulso realizó un reportaje de investigación en el que se destacó información sobre la vinculación de Yuri Melara, con un escándalo de corrupción por madera.
El texto periodístico refiere que, en mayo del 2004, aparentemente por presiones de los Estados Unidos, el presidente hondureño, Ricardo Maduro, ordenó una investigación sobre las actividades de la Comercial Maderera Noriega, una empresa que sería el centro de un gran escándalo de corrupción.
Según este medio, Yuri Melara intervino para obstruir las investigaciones sobre la tala ilegal de árboles en Olancho, primero, mediante llamadas telefónicas a los funcionarios que estaban realizando las pesquisas, para insistirles que dejaran de realizarlas y, luego, dando órdenes por escrito para que se suspendiera la investigación.
La investigación que Melara interrumpió, sigue destacando El Pulso, estaba relacionada con las actividades de la maderera Noriega y la empresa Maderas Tucán.
En ese entonces, el director de Fiscales Ministerio Público, Humberto Palacios Moya (ya fallecido), suministró pruebas de que Melara intervino en la investigación del aserradero de Noriega en Olancho, durante el año 2004.
Por orden de Palacios Moya, los fiscales ingresaron a las oficinas de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), en Juticalpa, sede en la que revisaron toda la documentación relacionada con el aserradero de Noriega, sobre el que existían sospechas de que estaba funcionando sin la debida licencia ambiental.
Fue entonces cuando Melara intervino para suspender la investigación y, después de discutir con la oficina del fiscal general en Olancho, los fiscales abandonaron las oficinas de COHDEFOR. Cuando regresaron al día siguiente, los documentos de Noriega ya habían desaparecido.
El escándalo llegó al Congreso Nacional de Honduras. Allí se nombró una comisión independiente que develó las pruebas, analizó la conducta y las acciones de Melara, luego que la embajada de Estados Unidos le despojara de su visa por corrupción.
Fue así como el exfiscal adjunto dejó su cargo. Pero ahora, luego más de una década de vinculación con escándalos, Yuri Melara aspira a convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Honduras, para el periodo 2023-2030.
