Escrito por: Rubén Escobar
Rode Murcia es una lideresa de la etnia maya chortí, en el Occidente de Honduras. Su defensa de la tierra y los derechos de las mujeres le han generado amenazas y atentados a balazos de los que ha logrado salir ilesa. La historia de Rode está impregnada de coraje y convicción por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, pero ¿de qué forma se vincula con el acuerdo de Escazú, que Honduras aún no firma?
Desde el 2017, el Sistema Nacional de Protección, dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos, le brinda seguridad a Rode ante la amenaza de terratenientes y testaferros de narcotraficantes que hacen negocios con mineras u otras empresas que promueven proyectos extractivistas en su zona.
Muchos de estos proyectos ponen en riesgo los bosques y los ríos necesarios para la sobrevivencia de los pueblos originarios. Por eso, el caso de Rode no es único en un país donde las muertes violentas son una constante. Algunas de sus compañeras han sido judicializadas, amenazadas por desconocidos que llegan a medianoche a golpear puertas y ventanas de sus casas o han visto cómo pistoleros les disparan a perros en plena calle para después decirles que las próximas podrían ser ellas.
Murcia es coordinadora de la Coalición Ambientalista de Copán, una entidad conformada por representantes de unas 45 comunidades que buscan proteger sus ríos y bosques. También es parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras.
Como otro ejemplo, Rode cita el caso de una de sus compañeras, activista de la comunidad El Florido, en Santa Rita de Copán, que está siendo amenazada por el testaferro de un narcotraficante que ya fue extraditado a Estados Unidos.
Lo mismo sucede en San Francisco Locomapa y en Agalteca, comunidades tolupanas que están siendo asediadas por representantes de empresas que intentan apropiarse de tierras ancestrales en el departamento de Yoro.
Proteger los derechos humanos y ambientales en Honduras nunca ha sido fácil, especialmente durante los años en que gobernó el Partido Nacional, institución política que cimentó una especie de cacería contra quienes defienden los ríos y territorios en sus comunidades.
Según datos de Global Witness, entre los años 2010 y 2017 más de 120 personas fueron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o sicarios por oponerse a la construcción de presas, a las minas, la tala o la agricultura en zonas protegidas.
Otro informe de la misma organización documentó 17 ataques letales solo en el 2020 y 14 en el 2019. Además, un reporte de Diario El País, de España, establece que del 2012 al 2021, se asesinó en Honduras a 114 activistas, convirtiéndose en ese periodo en el cuarto país con las tasas más altas de asesinatos a defensores de la tierra y el agua en la región.
Ya en el actual gobierno, pese a los buenos propósitos expuestos por la presidenta Xiomara Castro, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), destaca que “Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y medio ambiente”. Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022, esta organización registró agresiones en contra de 78 defensores medioambientales, de los cuales al menos 51 son personas indígenas y 9 afrohondureños.
Escazú, Rode y sus compañeras
Debido al contexto anterior, Rode está convencida de la necesidad de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018, y entró en vigencia el 22 de abril de 2021 en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra.
Para que entre en vigencia debe ser firmado por la presidenta Castro y ratificado por el Congreso Nacional, pero ninguna de las dos cosas ha sucedido. En Centroamérica sólo Nicaragua, Panamá y Belice lo firmaron y ratificaron; Guatemala y Costa Rica no lo han ratificado.
En Honduras, el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales han sido históricamente limitados, lo que ha llevado a conflictos socioambientales y a violaciones de los derechos humanos.
Rode asegura que el Acuerdo sería una herramienta fuerte para disminuir los conflictos en la defensa de los territorios misquitos, garífunas, pech, tolupán, maya-chortí y lenca, etnias que son parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres.
“El Acuerdo sería una herramienta fundamental para nuestra lucha, una herramienta legal que ayudaría a tomar decisiones”, sobre la conflictividad territorial y ambiental, refiere.
Kelly Sorto coincide con el criterio que el Acuerdo de Escazú podrá generar una reducción de los conflictos ambientales y, por tanto, garantizará un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales, para que actúen sin amenazas, sin restricciones ni inseguridades.
Kelly es coordinadora de proyectos de FIAN Honduras, subsidiaria perteneciente a FIAN Internacional, una entidad que trabaja por la protección, promoción y defensa del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada. Ellos están convencidos que el Acuerdo de Escazú permitirá construir un entorno de justicia ambiental que vendrá a mejorar la vida de las personas y con ello garantizará el acceso a los alimentos.
Pero no solo eso, al ponerse en práctica decisiones públicas inclusivas y transparentes en materia ambiental y de derechos humanos, se fortalecerá la democracia ambiental y ello también traería beneficios económicos a los hondureños, dice Kelly.
Al reducir los conflictos ambientales y “mejorar los estándares internacionales se generará confianza en la inversión extranjera y el turismo. El Acuerdo de Escazú, con los Estados Parte, contribuirá a que las instituciones gubernamentales se capaciten en derecho al acceso a la información, se involucrará a la Academia, e incluso se podría tener acceso a los Fondos Verdes”, indicó.
Esos Estados Parte, que ya firmaron y ratificaron el Acuerdo, son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
La Red Hondureña por Escazú en Honduras
Rode y Kelly forman parte de la Red Hondureña por Escazú, una iniciativa que reúne a organizaciones de la sociedad civil y que hace incidencia, capacitaciones y campañas educativas para dar a conocer y hacer conciencia de la importancia del Acuerdo. En el camino la Red ha involucrado a jóvenes, representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes y organizaciones comunitarias.
Lucía Vijil, analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), señaló que en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), engavetó la iniciativa, pero en la actual administración han encontrado receptividad en algunas gestiones con el Poder Ejecutivo y han participado en reuniones con la Comisión de Medioambiente del Legislativo, por lo que consideran que se ha avanzado.
En ese contexto el Cespad ha tenido una participación activa en la promoción del Acuerdo, realizando estudios e investigaciones, como la Armonización del Acuerdo de Escazú al Derecho Interno, ha aportado recursos financieros en apoyo a la realización de eventos, ha promovido foros con diputados y, en época electoral, con candidatos a diputados que se comprometieron a brindar su apoyo. También ha contribuido con organizaciones territoriales en diversas actividades que los acercan al Acuerdo.
Sin embargo, Vijil está consciente que toda decisión está muy marcada por los tiempos políticos. “Esas calculadoras políticas no están considerando de forma oportuna la vida de los defensores y defensoras (medioambientales y de derechos humanos). Se ha avanzado, pero falta un último empujón, ese cuando nos enteremos que la presidenta ha firmado el acuerdo”, apuntó.
La no adopción del Acuerdo de Escazú en Honduras es preocupante. La falta de acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ha llevado a la aprobación de proyectos que tienen graves impactos ambientales y sociales en las comunidades. La falta de acceso a la justicia en materia ambiental también ha permitido que las empresas y las autoridades locales actúen impunemente, lo que ha llevado a la violación de los derechos de las personas y al deterioro de los recursos naturales.
El Acuerdo de Escazú podría hacer la diferencia en la administración del medioambiente y el respeto a los derechos humanos, pero es necesario que el gobierno de Xiomara Castro lo firme y que el Congreso lo ratifique. Después de eso, que la sociedad civil en su conjunto vele por su cumplimiento, lo que implica un ajuste en las leyes internas pero, sobre todo, en generar la voluntad para que su aplicación se vuelva una norma.