El 6 de diciembre del 2022, el gobierno de Xiomara Castro (en Consejo de Ministros) decretó un estado de excepción mediante el que se suspendieron 6 garantías constitucionales en 187 barrios de Tegucigalpa-Comayagüela, San Pedro Sula y varios municipios de otros departamentos del país. La medida, que inicialmente fue aprobada por 30 días, se fue extendiendo hasta el 6 de abril. La acción se justificó en el objetivo de combatir la extorsión y delitos conexos cometidos por las maras y los grupos criminales.
Después de 3 meses de haberse declarado el estado de excepción y ante la ola de violencia, masacres y femicidios, las criticas sobrevinieron, poniéndose en duda la efectividad de esta medida. Ante el excesivo cuestionamiento sobre este aspecto de su gestión, en un tweet publicado después de varios asesinatos múltiples con los perdieron la vida varios hondureños, Castro se dirigió a la Policía Nacional de la siguiente manera:
«Todo lo que me han solicitado se los he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional. No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros. ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!»[1].
Sin duda, la violencia y la criminalidad, agravados por la proliferación del crimen organizado, constituyen los problemas graves de país debido a que impactan de manera directa en la calidad de vida de las y los hondureños y erosionan el Estado de derecho. Además, socavan la confianza en la capacidad del Estado de resolver los problemas mediante su institucionalidad y presionan a los gobiernos a la búsqueda de salidas rápidas y emergentes que no abonan y, al contrario, restan puntos a la aceptación al gobernante.
En ese contexto, durante los años 2022 y lo que va del 2023, el gobierno de Castro también ha adoptado otras medidas para devolver las funciones a la policía, que durante los gobiernos nacionalistas se dejaron en manos de los militares. Entre estas funciones se enlistan: el 20 de marzo del 2022 se hizo el traspaso de los centros penales que estaban bajo el control de los militares a la Policía Nacional; el 1 de septiembre del 2022 (en reunión del primer Consejo de Seguridad y Defensa -CNSD-), fue nombrado el director y subdirector adjunto de la Dirección de Investigación e Inteligencia, comisionados Raúl Mejía Erazo y Ángel Josué Luque, respectivamente, cargos que anteriormente estaban ocupados por militares[2]. En julio de 2022 también fue transformada la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAP), en la Dirección Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado (DIPAMPCO), con la función de desmantelar las estructuras criminales (no solo enfrentar a los delincuentes asociados a las organizaciones pandilleriles)[3].
Estas medidas siguen siendo parciales si se valoran en términos de los compromisos adoptados por Castro en el Plan de Gobierno “Refundar Honduras 2022-2026”, que incluye la desmilitarización, la separación clara de las funciones de Seguridad y la Defensa, la definición de temporalidad a la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la desmilitarización de la seguridad pública y la priorización de los presupuestos de Salud y Educación por encima de los presupuestos de Seguridad y Defensa.
En el marco de las críticas que ha recibido el estado de excepción, en especial ante las masacres, femicidios y otras formas de violencia, el 31 de marzo, la presidenta de Honduras convocó al Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS). Este ente aprobó una segunda fase del Plan de Seguridad “Solución Contra el Crimen”, y amplió el estado de excepción por 45 días más, dividiendo el territorio nacional en tres fracciones para que las tres fuerzas de seguridad, compuestas por las Fuerzas Armadas, la Policía Militar de Orden Público y la Policía Nacional respondan, individualmente, por los resultados del estado de excepción en las zonas asignadas.
En ese contexto y tomando en cuenta las decisiones adoptadas por el gobierno (respaldadas por el CNDS), surgen algunas interrogantes: ¿quién gana y/o pierde legitimidad y poder en el reparto territorial: la policía o los militares?, ¿por qué los gobiernos, indistintamente de su ideología, siguen adoptando la militarización y el establecimiento de políticas de mano dura como salida a la crisis por seguridad? y ¿es la violencia un problema exclusivamente policial?
La participación de los militares en tareas de orden público en Honduras ha sido un problema histórico. En los últimos 12 años de gobiernos nacionalistas, la seguridad pública fue militarizada; paradójicamente, el presente gobierno ha optado por continuar por la vía de la militarización para enfrentar la seguridad pública y otorgar certidumbre y poder a los militares.
Diversos organismos internacionales y nacionales han advertido el impacto negativo de medidas como el estado de excepción y la militarización de la seguridad pública en los derechos humanos, debido a las frecuentes violaciones y los abusos que se producen en contextos en los que se suspenden garantías constitucionales y se coloca a los militares en funciones policiales.
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[1] Contracorriente. 6 de marzo del 2023.https://contracorriente.red/2023/03/15/comayagua-despues-de-la-masacre-el-estado-sigue-ausente/
[2] La Prensa. 1 de septiembre, 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/xiomara-castro-dirige-cnds-reactivala-direccion-investigacion-GM9853293
[3] https://www.policianacional.gob.hn/noticias/20464