Escrito por Rubén Escobar
El proceso de selección del fiscal general y fiscal adjunto avanza en marcha forzada, en medio de plazos perentorios y una crisis de credibilidad por la diversidad de voces que aseguran que los ungidos ya están a la espera de ser oficializados y por el temor de que se repitan los vicios del pasado reciente, cuando se eligió a un fiscal que ni siquiera estaba en la lista de los preseleccionados.
Al escenario anterior se suma la escasa participación de la sociedad civil en la veeduría de un proceso que ha evidenciado un compromiso parcial de los miembros de la Junta Proponente, porque llevan una agenda compartida con otras obligaciones y con un reglamento flexible, diseñado para nominar a cinco de los diez mejor calificados, lo que podría derivar en una lista marcada por la subjetividad.
Los plazos fatales
Aunque han sido fatales, los plazos se han ido cumpliendo. El recuento del proceso de selección de las dos figuras más importantes del Ministerio Público (MP) de Honduras comenzó con la constitución de la Junta Proponente, en el mes de mayo.
El 15 de junio se publicó en La Gaceta el reglamento para delinear la escogencia de los cinco candidatos que serán presentados al Legislativo y, cuatro días después (el 19) se hizo la convocatoria oficial, la que tuvo una lenta respuesta de parte de los profesionales del Derecho pues fue hasta el 23, el día en que se hizo la primera inscripción.
Y justo cuando algunos sectores comenzaban a hablar de extender el plazo por la falta de interés, la convocatoria cerró con un total de 26 profesionales del derecho que se autopostularon.
Desde esa fecha, el número se fue reduciendo hasta quedar cinco fuera de contienda: Sobeyda Andino porque no tiene los diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión, como lo demanda la Ley del Ministerio Público; la ministra de Trabajo, Sarahí Cerna, porque tiene 30 años de edad y la ley establece que la edad mínima es de 35. Karen Alicia Motiño y Óscar Armando Alvarado, porque no subsanaron algunos problemas de documentación en el tiempo estipulado, y Alejandro Alvarenga Padilla, quien renunció el 10 de julio argumentando falta de credibilidad en el proceso.
Del 5 al 10 de julio se llevó a cabo el periodo de tachas y denuncias. Diecisiete postulantes sumaron 35 tachas y denuncias. Para el 17 de julio, último día para recibir descargos, todos habían presentado sus argumentos en un intento de descartar los señalamientos. El 20 de julio, la Junta Proponente emitió un comunicado anunciando que seis de los postulantes no habían superado esta fase. Ellos son: Omar Bonilla Jiménez, Plinio Leonel Consuegra Mondragón, Olga Yaneth Flores Aguilar, Luis Javier Santos, Marco Antonio Zelaya Reyes y Mario Roberto Urquía Fajardo.
El último de la lista, quien era considerado el candidato del oficialismo, anunció que interpondrá un recurso de reposición para intentar demostrar la legalidad de su candidatura. Mientras, al abogado Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), la Junta Proponente lo dejó fuera cuando la Procuraduría General de la República (PGR), remitió un escrito explicando que actualmente está demandado por el gobierno de Honduras, por el caso relacionado con el asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas, en 1995. Sin embargo, se trata de una demanda que, de acuerdo con expertos, tiene muchas irregularidades y aspectos tomados en cuenta con la intención de dejar a Santos, fuera del proceso.
Pero, en medio de estas situaciones, la JP debe remitir la nómina final al Congreso Nacional, el 1 de agosto.
Una historia marcada por la política
De esta forma, 21 abogados aspiran a convertirse en el octavo fiscal general o en el fiscal adjunto, en un proceso de selección que está en manos del Congreso Nacional desde 1994. El primer fiscal general electo, mediante cabildeos en el Congreso Nacional, fue Ángel Edmundo Orellana Mercado, de filiación liberal; su fiscal adjunto fue Jesús Florentino Álvarez, de tradición nacionalista.
Desde entonces el proceso está cruzada por una tradición no escrita de repartición de cargos por parte del bipartidismo.Para la elección del año 1999 se dispuso, por primera vez, de la conformación de una Junta Proponente. Así, sucesivamente, fueron ocupando el cargo de fiscal general y adjunto, respectivamente: Roy Medina y Juan Arnaldo Hernández Espinoza (1999-2004); este último hermano de Juan Orlando y Tony Hernández, procesados por narcotráfico en Estados Unidos.
Ovidio Navarro y Yuri Melara Berlíos (actual aspirante), fueron titulares del MP entre el 1 de marzo de 2004 y el 28 de junio de 2005, porque renunciaron luego de permanecer apenas 14 meses en el cargo, por acusaciones vinculadas con corrupción.
Navarro y Melara fueron sustituidos por Leónidas Rosa Bautista y Omar Cerna García, quienes estuvieron como fiscales del 1 de julio de 2005 al 9 de marzo de 2009; Luis Alberto Rubí Ávila y Roy David Urtecho López fueron sus sucesores (10 de marzo de 2009 – 1 de julio de 2013), sin embargo, también renunciaron tras ser señalados de incompetencia.
Pero el caso excepcional lo constituyó Óscar Fernando Chinchilla Banegas, quien junto a Rigoberto Cuéllar Cruz fueron nombrados fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente (1 de septiembre de 2013-31 de agosto de 2018). Sin embargo, Óscar Fernando Chinchilla Banegas fue electo nuevamente, junto a Daniel Arturo Sibrián Bueso, como titulares del MP (1 de septiembre de 2018- hasta la actualidad).
Empero, los dos periodos de Chinchilla están marcados por actos de ilegalidad. En su primer periodo debió dejar el cargo en el 2014, pero el gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández en la presidencia del país y Mauricio Oliva, en la presidencia del Congreso Nacional, lo mantuvieron por cinco años. Mientras que, en el 2018, Chinchilla, quien ni siquiera participó en el proceso de selección, fue impuesto por la aplanadora legislativa, liderada por el Partido Nacional, ente que lo ratificó en el cargo arbitraria e ilegalmente.
Una historia que podría repetirse
Tal y como lo establece el Informe “Elección de altos funcionarios públicos de Honduras”, elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la ausencia de un marco legal sólido plantea dudas sobre la idoneidad en la elección. “En la actualidad, Honduras asiste a un proceso, sobre la base de las mismas debilidades que permitieron la irregular elección de Chinchilla en el 2018”, refiere el documento.
Jimena García, de la organización HN Resurge, y miembro de la Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Democracia (ACTD), considera que la posibilidad de que el Congreso Nacional vuelva a elegir a un profesional del derecho que no esté en la lista de los cinco propuestos o, peor, que no se logren los 86 votos y se mantenga a Chinchilla en el cargo, “es un escenario trágico realmente”.
Enfatiza que eso sería un golpe muy fuerte a la democracia, al Estado de derecho y a las esperanzas de la población. Advierte a los políticos que, si llegan a adoptar una decisión de esa clase, deben saber que “como pueblo reaccionaríamos en las calles, de manera pacífica, pero ejerciendo nuestro derecho, nuestro deber y nuestro poder como pueblo soberano”.
Para el exdiputado Aníbal Cálix y director de la organización Congreso Primero, existe un alto riesgo que la elección no se realice y que los diputados de oposición insistan en mantener a Chinchilla al frente del Ministerio Público, mediante maniobras que impidan sumar los 86 votos que dan la mayoría calificada, aprovechando que el Partido Libertad y Refundación no ha cultivado una buena relación con las otras bancadas.
Los funcionarios son electos con un marco legal débil
El citado informe del Cespad refiere que la debilidad en estos procesos se genera porque no existe un marco regulatorio, basado en el contexto específico del proceso de selección 2023-2030, lo que evidencia la necesidad de incorporar mecanismos transparentes para el proceso de elección de altos funcionarios del Estado, aplicando altos estándares internacionales.
García también considera que el proceso es “débil” en los aspectos normativos, porque la Ley del Ministerio Público y la Constitución no establecen mecanismos claros para la elección del fiscal general y adjunto. Tampoco existe una ley que defina la escogencia de altos funcionarios.
En consecuencia, cada Junta Proponente ha tenido la discrecionalidad de aprobar un reglamento distinto para cada elección de fiscal general y adjunto. Un ejemplo de esa discrecionalidad es el artículo 62 del actual reglamento, que habla de elaborar “un listado de las diez personas mejor evaluadas que hayan llegado al final del proceso”, conformado por cinco hombres y cinco mujeres. De entre esas diez, la Junta escogerá “por mayoría simple de votos”, a la nómina final de cinco a ser presentada ante el Legislativo.
Para la Articulación Ciudadana – ente que realizó veeduría de la escogencia de magistrados a la Corte Suprema y ahora hace lo mismo con la elección del fiscal general-, esa disposición “hizo saltar las alarmas” porque “puede prestarse para que ingresen al Congreso, como candidatos, personas que, por ejemplo, no tengan la experiencia en procesal penal, que no hayan sido parte del sistema de justicia desde el lado del pueblo, que no hayan tenido una carrera dentro del Ministerio Público”.
Ejemplificó que algunos abogados tienen una amplia experiencia en derecho mercantil, pero ninguna en el área penal. Sin embargo, podrían ser seleccionados si quedan entre los primeros diez. “Y no nos parece justo en un proceso donde se debe evaluar a todos por igual, donde los mejores cinco calificados deberían ser los que pasen al Congreso”, acotó la activista social.
En ese sentido, la Articulación Ciudadana hace un llamado para que se respete la selección de los cinco profesionales del derecho que obtengan las mejores calificaciones.
Poca participación de la sociedad civil y poca transparencia
En el Informe “Elección de altos funcionarios públicos de Honduras”, el Cespad también manifiesta su preocupación porque no existen mecanismos regulatorios que permitan a la sociedad civil una observación vinculante, y tampoco hay garantías de que el proceso “se realice transparentemente y con la máxima publicidad que amerita”.
Sobre la participación de la sociedad civil, el 21 de junio diferentes organizaciones fueron convocadas a conversar con los miembros de la Junta Proponente. Sin embargo, García considera que esa reunión “tuvo un objetivo más protocolar que para atender recomendaciones con fines prácticos, porque el reglamento había sido publicado seis días antes y no hubo forma de incidir”.
Además, una agencia de las Naciones Unidas presentó un documento que establecía un compromiso ético y de integridad por la Junta Proponente, el cual era respaldado por las organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, al final terminaron firmando un acuerdo muy diferente al que se había propuesto, a causa de las modificaciones realizadas en el camino.
Más recientemente, y a raíz de la observación del proceso, el Cespad emitió un comunicado en el que advirtió que falta acceso a información relevante que no es de carácter reservado sobre los y las postulantes. Además, se denunció falta de fluidez en la publicación de los resultados en las etapas en las que avanza el proceso.
Otras entidades también han advertido esta falta de transparencia disfrazada de desorganización. García resaltó la dificultad que implica hallar ciertos documentos, especialmente para un ciudadano común interesado en informarse, y reiteró que transparencia no es solo que la información esté disponible en un sitio web, sino que debe tener un sentido de oportunidad y estar completa.
Ante los señalamientos sobre la poca transparencia, la Junta Proponente emitió una “aclaración pública”, en la que asegura que han ido cumpliendo con la subida de los documentos a su portal, de acuerdo con la culminación de las diferentes etapas.
Agendas demasiado ocupadas
El Cespad advierte que los miembros de la Junta Proponente no se han involucrado a tiempo completo en el trabajo técnico, una situación que deja esta labor en manos de la secretaría técnica y de los asistentes. Y esto trae consecuencias.
Por ejemplo, García refiere que en la reunión que tuvo la Junta Proponente con la sociedad civil, no estuvieron presentes los magistrados Rebeca Raquel y Warner Vallecillo, seguramente por sus ocupaciones en el Poder Judicial, por lo que no escucharon las inquietudes de los representantes de la ciudadanía. Tampoco estuvo la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, porque un día antes (20 de junio) había ocurrido la matanza en la cárcel de mujeres de Támara, que dejó 46 víctimas.
También, la sociedad civil advierte que las reuniones no se han ejecutado con la frecuencia necesaria, especialmente si se compara con el trabajo realizado por la Junta Nominadora de magistrados del Poder Judicial. Esto afecta a la toma de decisiones, especialmente a la ratificación de actas, las que permiten dejar en firme las resoluciones. “Entonces es importante que estén físicamente presentes, juntos, para que, bajo los principios de democracia, de técnica, de profesionalismo, tomen las decisiones racionales, siempre en apego a la moral y a la ética”, dijo García.
Para el exdiputado Cálix, las advertencias del Cespad, relacionadas con la poca transparencia y el no involucramiento a tiempo completo de los miembros de la Junta, afecta la confianza en el proceso de selección y deja una sensación de decepción, especialmente cuando se compara con el trabajo realizado por la Junta Nominadora, que tuvo criterios más claros, una mejor plataforma tecnológica y una participación total de sus integrantes, apuntó.
La clave del cambio está en elegir un mejor Congreso
Cálix señala que el proceso de elección del fiscal general está muy lejos de cumplir con los estándares internacionales que demandan requisitos de mérito, capacidad, idoneidad, honradez, independencia y respeto a los derechos humanos, tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esos criterios han sido ignorados de forma histórica y el Congreso Nacional actual podría repetir la historia al repartirse los cargos entre los partidos Libre, Nacional y Liberal. Sin embargo, hay un elemento que podría dificultar aún más seleccionar a un buen candidato.
Considera que el presente gobierno ha carecido de “tacto y capacidad política” al mantener actitudes que tenían cuando eran oposición: culpar, atacar y a veces hasta insultar, lo que le está afectando para obtener apoyos en la toma de decisiones importantes. Eso agudiza la crisis de credibilidad en torno a la elección del fiscal general, pues muchos de los diputados no estarán de acuerdo en votar por ciertos candidatos debido a los conflictos políticos, olvidándose de los intereses del país.
Asegura que la clave para lograr, entre otras cosas, “que nos acerquemos a una selección de altos funcionarios con estándares internacionales, está en saber elegir a los diputados para poder tener un Congreso distinto. Eso implica quitar ese Poder del Estado de manos de los partidos y políticos tradicionales, pues el interés de estos es poner en los puestos importantes a personajes que los representen a ellos y a los grupos de poder que los patrocinan”.
Agregó que “en el momento que tengamos un mejor Congreso, vamos a generar cambios necesarios: un mejor proceso de elección para la Corte Suprema, para el fiscal general y adjunto, para el Tribunal Superior de Cuentas. Un nuevo Congreso que pueda hacer reformas, incluyendo la reforma electoral porque cuando ya tenemos los procesos encima es difícil hacerlo, porque todo el mundo está cuidando sus intereses”.
“Sin embargo, tener mejores diputados es una decisión de los ciudadanos durante el momento de elegir”, concluyó.