Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
Honduras ingresó a la primera fase de las elecciones primarias. Hasta el momento, en contra de las expectativas de algunos sectores políticos y de varios analistas, el proceso discurre en la “normalidad” que se espera de toda contienda democrática. Las decisiones adoptadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), con la única excepción del orden de precedencia de la presidencia de este organismo, han sido adoptadas por unanimidad: el cronograma electoral, los criterios y pliegos de condiciones para la selección de la empresa encargada de la gerencia del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), y la contratación de Smartmatic (de origen venezolano) como empresa ganadora de la licitación.
Pero, a pesar de esa “normalidad”, hay diferencias que comienzan a aflorar. Para el caso, la decisión unánime del CNE sobre la contratación de Smartmatic ha sido cuestionada por algunos dirigentes del Partido Liberal (Jorge Calix y Salvador Narsarlla) y del Partido Nacional (Tomas Zambrano). Es posible que esta situación explique porque actualmente no se haya firmado el contrato con Smartmatic para el manejo del TREP y aún está por resolverse la definición de la empresa a la cual se le asignará lo relacionado con la biometría (sistema de huella digital para ejercer el sufragio).
Si estos dos aspectos no se solucionan en los próximos días, el proceso electoral primario podría ingresar a un momento crítico. Sin embargo, todo parece indicar que la dirigencia de los partidos políticos se moverá en el ámbito del pragmatismo, respetando y acatando las unanimidades técnicas de los consejeros del CNE, que, en última instancia, representan los intereses de los tres principales partidos políticos del país.
Sin embargo, en este momento, desde una perspectiva democrática, generan mayor preocupación otros aspectos de fondo relacionados con la legitimidad, la pérdida de apoyo político y la desconfianza en el sistema político hondureño. Si reflexionamos sobre los datos de la última encuesta (2024) del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y de Latino barómetro (2023) , con facilidad surgen las siguientes conclusiones:
La primera, es la pérdida de la fidelidad ciudadana hacia los partidos políticos. Esta situación se hizo evidente a partir de la ruptura constitucional del 2009, un evento que dejó consecuencias no se superan y que se reflejan en el alto porcentaje de la ciudadanía que se declara sin partido (56%).
La segunda, es el debilitamiento del apoyo a la democracia como sistema político. Según Latino barómetro, en Honduras apenas el 32% de la población apoya la democracia, un porcentaje de los más bajos de la región. Y según el ERIC, apenas al 21% le interesa mucho o algo la política.
La tercera, es la desconfianza en las instituciones, la que se refleja en más de un 80% hacia el Congreso Nacional, el CNE y los partidos políticos.
Estos fenómenos han estado presentes desde hace muchos años, pero se acentuaron tras el golpe de Estado de 2009, en especial durante los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández, marcados por altos niveles de corrupción y las acusaciones por estar vinculado a la narcoactividad. Empero, estos datos de ninguna manera indican el probable fin o una crisis terminal de la democracia y del sistema de partidos políticos en Honduras. Sin embargo, sí reflejan los graves déficits y el cuestionamiento ético de la ciudadanía a la falta de respuesta a sus problemas esenciales y los crecientes grados de corrupción de la élite política.
El debilitamiento de las instituciones, la corrupción y el narcotráfico
La sistemática corrupción de las últimas décadas ha sido un factor clave en el debilitamiento de las instituciones públicas. La reforma constitucional del 2002 “estableció un nuevo sistema de rendición de cuentas” que implicó la creación del Tribunal Superior de Cuentas (Decreto 10-2000-E), la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001), la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto 170-2006), y una nueva Ley Electoral en el 2004. De igual forma, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (Decreto No.137-2016), entre otras más.
Sin embargo, los resultados de la aplicación de este marco jurídico han sido decepcionantes. En concreto, estas normativas no han logrado impedir, neutralizar y/o sancionar a las poderosas redes criminales vinculadas al narcotráfico, las que se constituyeron, ampliaron y cooptaron el Estado hondureño (en otras palabras, lograron controlar y utilizar la institucionalidad estatal en función de sus intereses). El caso más significativo en este contexto, ha sido la extradición a los Estados Unidos del ex presidente de la república Juan Orlando Hernández (JOH) y su condena por los delitos de conspiración en la importación de cocaína a los Estados Unidos y por poseer “dispositivos destructivos”.
En la sentencia se establece que “Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para gestionar el país como un Estado narcotraficante donde se permitía a narcotraficantes violentos operar prácticamente con impunidad”. Hasta el momento, según un medio de comunicación nacional, 72 narcotraficantes han sido extraditados y enfrentado la justicia estadounidense, entre ellos un expresidente de la república, exdiputados, exalcaldes, y una mezcla de categorías de narcotraficantes.
El problema de fondo es que las extradiciones de narcotraficantes a los Estados Unidos podrán continuar, pero si no se desmonta el ecosistema nacional que permite su operación, el país continuará atrapado en las redes de la criminalidad organizada. El núcleo de este contexto es el sistema de partidos políticos porque, precisamente, son los políticos los que necesitan y buscan a los “barones de la droga” para financiar las campañas política primarias y generales, estableciendo una suerte de círculo perverso que apunta a mantener un status quo favorable al crimen y a determinados intereses políticos partidarios. Esto genera una deformación profunda de la democracia electoral.
La sentencia de JOH (junio, 2024) y la publicación del llamado Narco video, en el cual aparece el hasta hace poco vicepresidente del actual Congreso Nacional, Carlos Zelaya (septiembre, 2026), deberían haber tenido un impacto demoledor en la elite política en su conjunto, forzándola a impulsar una agenda de reformas jurídicas y de carácter ético, orientadas a desmantelar o neutralizar el ecosistema de corrupción y captura del Estado, a recuperar la confianza ciudadana y diseñar una campaña de recuperación de la adhesión partidaria y de interés por la política.
En este contexto, las elecciones primarias y generales representaban una oportunidad para comenzar una profunda reforma política y moral. Desafortunadamente, ninguna de las fuerzas políticas actuales logró posicionarse como fuerza abanderada de estas reformas. Nos acercamos a las elecciones primarias, prácticamente con las mismas reglas del juego de las últimas décadas. Las modificaciones actuales son mínimas, destacando la introducción de la identificación dactilar para los tres niveles de elección en cada partido político (presidencial, gobiernos locales y congreso nacional), como lo más significativo. Pero, no se han realizado modificaciones en temáticas sensibles como la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
La resistencia a las reformas y la renovación
En los últimos años, diversos sectores de la sociedad e instancias internacionales de observación electoral han colocado en la agenda nacional una variedad de propuestas de reformas electorales: la segunda vuelta, la separación de los tiempos de elección de los diversos cargos electivos, la ciudadanización de las mesas de votación, la reducción del número de integrantes del Congreso Nacional, entre otras más. Sin embargo, el denominador común de los principales partidos políticos ha sido el rechazo a estas reformas.
Dejando a un lado las reformas anteriores, el contexto de la innegable cooptación del Estado por la criminalidad organizada, requiere otro tipo o generación de reformas de carácter urgente, por lo menos de dos tipos:
- De tipo ético y moral. Mediante reformas a la Ley Electoral o, preferiblemente, a través de una autodepuración partidaria se debería asegurar el cumplimiento de requisitos básicos de honorabilidad de candidatos y candidatas. Este tipo de reformas éticas y morales debe fomentar, además, la transparencia y el acceso de información, al grado que la ciudadanía tenga la posibilidad de presentar tachas (denuncias y cuestionamientos) con base en el previo conocimiento de los expedientes de cada candidatura.
- De tipo jurídico. Se debería incorporar en el Código Penal la figura del delito del financiamiento ilícito y las penas para los sujetos obligados, tanto públicos como privados. Es significativo que, en un país profundamente afectado por el financiamiento ilícito de campañas políticas, esta práctica ilegal no esté regulada en el marco jurídico.
En esta dirección el CESPAD, en meses pasados, presentó un conjunto de propuestas de reformas a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. Sin embargo, ninguna fuerza política mostró interés en impulsar este tipo de reformas.
Una de las noticias más llamativas de estos últimos días fue la exigencia de la Unidad de Política Limpia, para propiciar la aprobación del presupuesto para su funcionamiento en las primarias. Esta demanda tuvo el respaldo del liderazgo de varios partidos políticos, debido al argumento que es esencial controlar el financiamiento ilícito. No obstante, es sabido que el mismo sistema de partidos políticos desactivó las capacidades de esta Unidad al declarar secreto, datos como los nombres de los financistas privados (naturales y jurídicos). Asimismo, al impedir el acceso a la información de toda la documentación financiera de los partidos políticos, originalmente permitida por la Ley del control del financiamiento (bloqueo que fue refrendado por la Resolución 086 del Instituto de Acceso a la Información Pública).
Este panorama evidencia la persistencia de una cultura política tradicional que cruza todo el sistema político e impide su necesaria depuración. Por ello sostenemos que, sin una profunda reforma ética en lo interno de cada partido político (particularmente de los que se consideran abanderados del cambio social) y una reforma jurídica sustantiva, enfocada en el financiamiento político de campañas, será imposible depurar las precandidaturas y posteriores candidaturas, de sus vínculos con la criminalidad organizada y la corrupción. En consecuencia, no será posible avanzar hacia la conformación de una nueva élite política comprometida con la transformación democrática del país, fiel representante de los intereses de sus electores y comprometida con los valores de la transparencia y rendición de cuentas.
Las elecciones primarias e internas representaban el mejor momento para la implementación de esta reforma ética y política. Desafortunadamente, ha sido una oportunidad perdida.
